Desde el 11 de agosto de 1936, el día que lo detuvieron y encerraron en el calabozo del Regimiento de Artillería de Costa nº 1, el soldado José Marchena Barba no dejaría de lamentar la decisión de incorporarse a filas. Pertenecía al reemplazo de 1934, uno de los movilizados el 18 de julio por el general golpista Gonzalo Queipo de Llano en su bando declaratorio del estado de guerra en el territorio de la II División. El comandante del puesto de la Guardia Civil de Trebujena lo citó el 21 de julio, dándole un plazo de veinticuatro horas para que se presentase e incorporase a filas, pero tardó varios días en hacerlo y –según el guardia Isidoro Martínez García– durante ese tiempo «no permaneció en el pueblo».
Trebujena es uno de los pueblos donde los trabajadores, organizados por sus dirigentes políticos y sindicales –el diputado socialista Juan Campos Villagrán y el líder anarcosindicalista Juan Galán Requejo, entre otros– intentaron hacer frente a los golpistas. La Guardia Civil estaba dispuesta a sublevarse, pero no se atrevió a declarar el estado de guerra y permaneció acuartelada, mientras los trabajadores se declaraban en huelga, recogían armas, controlaban el único teléfono que había en el pueblo y trataban de obstaculizar la entrada de fuerzas sublevadas externas abriendo dos zanjas en los accesos al casco urbano por las carreteras de Sanlúcar de Barrameda y Jerez de la Frontera.
El primer intento de ocupar el pueblo vino por la parte de Sanlúcar, a las 16:00 horas del 20 de julio: el teniente jefe de línea de la Guardia Civil con doce hombres entre guardias y falangistas. El camión en el que viajaban quedó detenido en la zanja y los trebujeneros, apostados en los alrededores, los recibieron a tiros y les causaron un muerto y siete heridos. Una hora y media después llegó, por la carretera de Jerez, una sección del Depósito de Recría y Remonta. Unos pocos –los más osados– trataron de hacerle frente, pero no pudieron impedir que ocupasen el pueblo. Reforzados por la dotación del puesto de la Guardia Civil, los militares se hicieron rápidamente con el control de la situación. A lo largo de la tarde se oyeron algunos disparos aislados de pistola, pero a las 21:00 estaba sofocado todo conato de resistencia.
José Marchena Barba, el zapatero de veintitrés años a quien conocían en el pueblo por el apodo Capachita, estaba afiliado a la CNT. Se decía que fue uno de los trabajadores que hicieron frente a la Guardia Civil en la carretera de Sanlúcar. Debió de temer represalias y quizás por eso se ausentó temporalmente del pueblo. Se reincorporó a filas el 3 de agosto, tres días después de que la represión fascista causase las primeras víctimas mortales en Trebujena. Acaso creyó que estaría más seguro vistiendo uniforme de artillero que si se quedaba en el pueblo o intentaba ocultarse en las marismas, pero de nada le iba a servir.
En Trebujena los sublevados se afanaban en descubrir quiénes fueron los trabajadores que intervinieron el 20 de julio en el tiroteo de la carretera de Sanlúcar. Esa fue una de las misiones que se encomendó al sargento Juan Gutiérrez Rojas cuando se hizo cargo del mando del puesto de la Guardia Civil. En el atestado que remitió el 9 de agosto a Salvador Arizón Mejías, comandante militar de Jerez de la Frontera y responsable de la represión que causó más de trescientas víctimas mortales en la ciudad, consta que al menos trece trebujeneros habían sido ya detenidos. En el atestado declararon diez de ellos, a quienes se suponía partícipes en la resistencia, y todos o la mayor parte serían asesinados a principios de septiembre en la Peña del Toro, junto a la carretera de Sanlúcar. Para desgracia de Capachita, de las declaraciones de dos de esos detenidos, Miguel García Díaz, Neguito y Antonio Ruiz Tejero, Zapata, se deducía que también él había participado activamente en la resistencia: el primero decía que fue con él hasta el «sitio de la agresión» y Zapata confesó que le dio una pistola con cuatro balas y le dijo «que había que defender el pueblo» y «que disparase a cualquier fuerza que llegara».
El gobernador militar de Cádiz, el general López Pinto, ordenó detener a Capachita en cuanto Arizón le trasladó el atestado del sargento Gutiérrez. El trebujenero, que estaba destinado en la Escuela Central de Tiro, dependiente del Regimiento de Artillería de Costa nº 1, quedó preso en el calabozo del acuartelamiento a disposición del comandante Eduardo Bonal Monreal, de la misma unidad, que había sido designado para instruir el procedimiento sumarísimo por su presunta participación en la «agresión» a la Guardia Civil el 20 de julio. Acompañado por el alférez de complemento Manuel de la Quintana Ferguson en funciones de secretario, el día 11 de agosto Bonal tomó declaración a Capachita y después se trasladó a Jerez de la Frontera para que el comandante Arizón ratificase el parte y a Trebujena para que varios vecinos del pueblo prestasen declaración.
José Marchena negó haber tomado parte en el enfrentamiento con la Guardia Civil en la carretera de Sanlúcar. Según su versión, el 20 de julio se quedó en su domicilio (en la calle Castelar, hoy Sol) atemorizado por los disparos. Ese día ni siquiera vio a Neguito y a Ruiz Tejero, que se presentó en la casa buscando armas, le entregó una pistola antigua que tenía y cuatro balas por «temor a incurrir en responsabilidades si guardaba el arma en su domicilio». Que había permanecido en la casa lo podían atestiguar varias vecinas que frecuentaban la tienda que tenía la familia en el propio domicilio: Carmen García Guerra, la Algabeña, Juana Fernández Pulido, la Canelita, Dolores Rincón Herrera, la Bolaña, y otras dos mujeres apodadas la de la Canasto y Pepa de Manolo el Ataturras. Solo salió unos diez minutos que estuvo en casa de la Bolaña, cercana a la suya.
Capachita también tuvo que responder a algunas preguntas con las que el juez instructor trataba de averiguar cuáles eran sus vínculos con la izquierda. Admitió pertenecer a la CNT, pero apostillando que era necesario estar afiliado para poder trabajar. Y negó cualquier relación con los ciudadanos que, según el atestado del sargento Gutiérrez Rojas, habían tenido un compromiso político más activo: el diputado Juan Campos Villagrán, huido a zona republicana, el médico Antonio Cañadas Salcedo, ya asesinado, y Jacinto Rueda Valiente, que estaba detenido. Interrogado acerca de quiénes organizaron la resistencia, respondió que los más destacados fueron los directivos del Centro Instructivo de Obreros del Campo, entre ellos su tío Juan Galán, el Zarandaor, y Miguel Caballero Pazos, el Manzana, –ambos habían huido del pueblo– y un grupo de concejales cuyos nombres no reveló.
«Con el susto que tenía, estuve en casa recogida» –aseguró la Canelita. La coartada de José Marchena se derrumbó cuando el juez instructor tomó declaración a la Algabeña, la Canelita y la Bolaña en el cuartel de Trebujena. Las tres mujeres dijeron que el 20 de julio permanecieron en sus domicilios sin salir a la calle para nada, que no lo habían visto en la tienda y que no habían hablado con él. A eso se sumó el demoledor testimonio del guardia civil Isidoro Martínez García, que presentó a Capachita como «persona de mala conducta y muy peligroso». Declaró que desde el cuartel lo vio pasar por una calle cercana empuñando una pistola Browning, que le constaba que había repartido seis pistolas entre la gente del pueblo y que había disparado contra la fuerza procedente de Sanlúcar desde una viña cercana a la zanja donde se detuvo el camión.
Desconocedor del rumbo que iba tomando la instrucción del sumario, José Marchena apeló al director de la Escuela de Tiro para que se interesase por su situación:
Cádiz 13 de agosto de 1936.
Sr. Coronel de la Escuela Central de Tiro.
El Artillero 2º José Marchena Barba perteneciente al remplazo [sic] de 1934 y actualmente incorporado a la Escuela Central de Tiro se ve en la necesidad de suplicar a Usía se interese por la situación en que se encuentra por considerarlo de justicia.
Encontrándose detenido en el calavozo [sic] del Regimiento a los 8 días de haberme reintegrado a fila obedeciendo inmediatamente las órdenes que se me dieron, y crelléndome [sic] víctima de una mala interpretación por el siguiente hecho en que me vi envuelto contra mi voluntad, le hago saber que:
Con motivo de una orden dada por el Ayuntamiento de Trebujena los vecinos de aquella localidad fueron requeridos para que entregaran a dicho Ayuntamiento las armas que tuvieran, para las cuales varios individuos se encargaron de exesgir [sic] de casa en casa la entrega de armas de todas clases.
Este artillero se vio obligado a declarar que tenía una pistola de dos cañones antigua, la que tuvo que entregar para salvar sus responsabilida [sic] y la de su familia.
El individuo al que entregué el arma abrá [sic] sido detenido, luego lo cual dio lugar a que se sospechara de mí injustamente pues no he estado mesclado [sic] en ningún asunto y menos he cometido delito alguno.
Lo espuesto [sic] el que suscribe tiene el atrevimiento de acudir a Usía de cuya generosidad espero algo que mejore mi triste suerte.
Su servidor y subordinado
[Rubricado: José Marchena Barba]
El director de la Escuela Central de Tiro, el coronel Julián Yuste Segura, es uno de los militares que se sumaron al golpe en Cádiz y también fue uno de los vocales del Consejo de Guerra que, apenas una semana antes, condenó a muerte por delito de «rebelión militar» al gobernador civil, Mariano Zapico Menéndez-Valdés, y a otros civiles y militares que se opusieron a la sublevación. La carta, que fue entregada al instructor y ese mismo día quedó incorporada al sumario, no iba a modificar el juicio que ya se había formado el comandante Bonal sobre la intervención de Capachita en los sucesos del 20 de julio. El 14 de agosto decretó el auto de procesamiento y prisión contra José Marchena Barba por un delito comprendido en el bando del Estado de Guerra, concluyendo, en el único considerando del mismo, la existencia de «vehementes indicios de culpabilidad por su participación en los hechos desarrollados en la villa de referencia en el citado día».
Capachita fue trasladado del calabozo del regimiento a la prisión militar del Castillo de Santa Catalina. Le notificaron el auto de procesamiento, designó defensor ante el consejo de guerra y prestó una nueva declaración en la que se ratificó en lo ya dicho y volvió a negar su participación en los hechos que se le atribuían. Ante la insistencia del juez para que confesara que el día de autos había repartido seis pistolas entre distintos vecinos de la villa, que transitó por las calles de Trebujena empuñando un arma corta y que disparó contra la Guardia Civil en la carretera de Sanlúcar, volvió a negarlo todo, reafirmándose en que desconocía en absoluto los detalles de los sucesos desarrollados en el pueblo y manifestando, una vez más, que ese día solo salió de su domicilio el rato que estuvo en casa de la Bolaña.
A los cinco días de haberse iniciado la instrucción sumarial, el 16 de agosto, el comandante Bonal la dio por terminada, remitió sus conclusiones al auditor de la II División Orgánica y solicitó la elevación del procedimiento a plenario, es decir, su vista en consejo de guerra. Lo normal, en otras circunstancias, habría sido que la vista se celebrase al cabo de unos pocos días o semanas, pero el expediente estuvo paralizado durante cuatro meses y medio. Es más que probable que, de haberse celebrado su consejo de guerra, José Marchena Barba hubiese sido condenado a muerte. Pero ni siquiera hubo juicio. El 4 de enero de 1937 la Auditoría de Guerra de Sevilla devolvió el expediente a Cádiz con la nota:
[…] vuelva esta causa a su Juez Instructor a fin de que una constancia a la misma de haberle sido aplicado el Bando de Guerra al soldado de Artillería procesado José Marchena Barba.
Lo habían fusilado sin juicio. No se mandaba averiguar en qué situación se hallaba el procesado, ni se barajaba como posibilidad que le hubiesen aplicado el bando de guerra. Se daba por hecho. Quizás porque cuando el expediente llegó a sus oficinas ya llevaba escrita en la cubierta, con lápiz rojo, la marca «X.II», que no parece sino una variante de escritura de la clave «X-2» que los militares rebeldes utilizaban para referirse a las ejecuciones sin formación de causa. Según un informe de la Delegación de Orden Público de Cádiz, a Capachita le aplicaron el bando de guerra el 16 de agosto, el mismo día que concluyeron las actuaciones sumariales. No fue víctima de la justicia militar rebelde, sino de ese otro mecanismo represivo, también controlado por los militares, pero más expeditivo y menos burocratizado del que se valieron los rebeldes para asesinar a más de tres mil hombres y mujeres en toda la provincia de Cádiz desde final de julio de 1936. Casi un centenar, en Trebujena.
Fuentes
● L. Caro Romero: Trebujena 1936. Historias de la represión. Ayuntamiento de Trebujena, 2010.
● J. García Cabrera y F. Romero Romero: «Justicia militar y represión en Trebujena en 1936: el procedimiento sumarísimo contra el anarquista José Marchena Barba”, en Almajar, nº 4-5, 2013-2014.
● Archivo del Tribunal Militar Territorial nº 2, Serie 8.000, legajo 101, documento 2.734.
