Francisco Espinosa. Prepublicación: ‘Por la sagrada causa nacional'

Prepublicación: ‘Por la sagrada causa nacional' de Francisco Espinosa

Público

11/01/2021

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Fragmento del capítulo ‘Represión’ del libro 'POR LA SAGRADA CAUSA NACIONAL. Historias de un tiempo oscuro. Badajoz, 1936-1939', de Francisco Espinosa (Ed. Crítica), que sale a la venta esta semana.

Represión

27 DE JULIO DE 1936. SAN VICENTE DE ALCÁNTARA. ASÍ SE TOMABAN LOS PUEBLOS

San Vicente tenía algo más de diez mil habitantes en 1936.
Con los datos incompletos con que contamos,
la represión fascista acabó con la vida de sesenta personas.

Lo ocurrido en San Vicente con motivo del golpe militar de julio de 1936 es ya conocido por varios trabajos. Lo que ahora interesa, y constituye el motivo de traerlo a esta obra, es ver en detalle y con un caso práctico cómo la forma de entender la justicia impuesta por los militares golpistas aplastó totalmente la jurisdicción civil y su estructura: autoridades locales, juzgado municipal de San Vicente y juzgado de instrucción de Alburquerque. El expediente, con fecha 28 de julio de 1936, se inicia con un certificado que el médico Laureano Carlos Herrero envía al juez municipal por el que le comunica que ha reconocido los cadáveres de Casimiro Madera Correa, Narciso López Serrano, Antonio Entonado Preciado y Ramón Camisón Serrano, fallecidos todos a consecuencia de heridas de arma de fuego, menos Narciso López, que por tener problemas cardíacos debió de morir de shock nervioso. Eran las primeras víctimas habidas en la localidad,  una de las que ante las turbulencias que se avecinaban tras el golpe,  según el testimonio de Enrique Santos, conoció dos hechos singulares: la decisión de los izquierdistas de proteger al párroco don Facundo y el acuerdo entre izquierdas y derechas de que se protegerían unos a otros ante la posible violencia.

Dos días después el juez municipal Ramón Albino tomó varias declaraciones con el fin de esclarecer los hechos. En primer lugar, declaró Facunda Gaspar, viuda de Casimiro Madera, zapatero de 60 años. Contó que a las 12 horas del día 27 se presentaron en su casa fuerzas de Carabineros y milicianos procedentes de Badajoz para ocupar la terraza y desde allí hacer frente a la columna que venía de Cáceres. Ella se fue con los niños y el marido se quedó allí para no dejar la casa abandonada. Ya calmado el combate, sobre las 16 horas, volvió a la casa. Una hora después se presentó allí un grupo de fascistas entre los que destacaba Joaquín Cabrera Benito, hijo de Carlos Cabrera Orellana, conocido por «El vizconde de la Torre», quien dirigiéndose a las fuerzas «les exigía hacer los crímenes que habían acordado y los exhortaba a que obraran sin piedad».

Tras registrar la casa y subir a la terraza se llevaron a Casimiro Madera junto con otros detenidos que ya traían, golpeándolos con las culatas de los fusiles. Poco después oyeron un intenso tiroteo, pero no pudieron ver qué había pasado porque les habían prohibido asomarse. Así estuvieron hasta que en la madrugada del día siguiente vieron los cadáveres en la mitad de una carretera a unos doscientos metros de la casa. A Madera le habían disparado en la cabeza. Como la autoridad judicial no podía intervenir por estar declarado el estado de guerra en la localidad, trasladaron el cadáver a la casa, avisaron al médico para que certificara la defunción y finalmente lo enterraron esa misma tarde. Lo último que preguntó el juez a la mujer es si se acogía al derecho que le proporcionaba el artículo 109 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a lo que respondió que «no se muestra parte en el sumario pero que no renuncia a la indemnización que le pueda corresponder».

En su declaración, el hijo, Francisco Madera Gaspar, de 31 años,  aclaró que estaba en la casa del alcalde cuando lo detuvieron. Se lo llevaron con otros a la puerta del Ayuntamiento, asegurándole que iban a destruir la casa de su familia desde la que se había disparado.  Pidió acompañarles y les explicó lo ocurrido, pero sirvió de poco ya que durante el camino fue maltratado «de obra y de palabra». El padre tuvo que salir con los brazos en alto, tras lo cual se lo llevaron en dirección a la carretera y le dispararon a la cabeza. A Francisco no le dejaron acercarse. Tras ser conducido de nuevo al Ayuntamiento fue liberado y pasó la noche en casa cercana, no atreviéndose a salir porque andaban por las calles disparando a las casas con todo el pueblo escondido y atemorizado. El que ordenó la salida del padre para matarlo fue Joaquín Cabrera Benito, que como jefe de los fascistas era el que daba órdenes. Solo a las 6 de la mañana, cuando se habían marchado estos, pudo acercarse a la carretera y hacerse cargo del cadáver del padre. Respecto al artículo 109 dijo lo mismo que la madre. La viuda de Antonio Entonado Preciado, de 40 años, explicó que este fue asesinado por Cabrera cuando al entrar los fascistas en la casa trató de saltar por una ventana a la calle. Por su parte la familia de Narciso López Serrano se limitó a decir que murió de fallo cardíaco por la impresión de la descarga que se hizo junto a él. Luego veremos el caso de Camisón.

El día 11 de agosto el alcalde accidental Ramón Villa elaboró un informe sobre los hechos ocurridos el 27 de julio. Ese mismo día a primera hora tuvieron noticia de que se acercaba una columna procedente de Cáceres formada por una sección de Asalto al mando del teniente Girbal, guardias civiles, un grupo de fascistas dirigidos por el capitán Luna Meléndez, dos compañías de fusileros y una de ametralladoras con dos cañones. En total unos seiscientos hombres. Alarmado, el alcalde José Pizarro Borrega solicitó ayuda al Gobierno Civil de Badajoz, desde donde se les dijo que no opusieran resistencia y que las fuerzas que hubiera se replegaran al sur, hacia Alburquerque. Entonces Pizarro, Villa y el brigada de Carabineros «salieron en automóvil con bandera blanca al encuentro de los facciosos para entregar el pueblo», pero el propio tiroteo de los de la columna los echó para atrás. A las 14 horas, tras un breve cruce de disparos, entraron los fascistas practicando registros y detenciones. Estuvieron disparando hasta las 17 horas, unas veces contra personas como las mencionadas y otras contra las casas cerradas.

En el Ayuntamiento, donde ondeaba la bandera blanca, les salieron al encuentro el secretario, el depositario, un guardia civil, el brigada, un carabinero y un guardia municipal, «todos los cuales fueron objeto de malos tratos, amenazas de fusilamiento (dispararon contra la fachada del Ayuntamiento) e insultos soeces». En el interior «fueron revueltos todos los documentos, algunos han desaparecido, entre ellos las copias de las órdenes del Gobernador, y descerrajados los cajones, habiendo desaparecido dinero procedente de recaudaciones de ganado, cédulas personales, etc.». Se llevaron unas 1.500 pesetas y un aparato de radio propiedad de un concejal. «Mientras hacían el saqueo los fascistas estaban protegidos por la Guardia Civil, que con sus fusiles impidió entrar en el edificio al alcalde y al secretario».

Sobre las 17 horas llegó la parte militar de la columna disparando ametralladoras y fusiles por las calles y «en la plaza Joaquín Sama se hizo un simulacro de fusilamiento del Alcalde, el secretario, el depositario y tres paisanos más, lo que cortó un capitán llevándose a estos protegidos por él y entregándolos a un sargento…». Más tarde algunos de ellos fueron conducidos a Valencia de Alcántara, justificando entonces su puesta en libertad en que «no se les cogió armas ni opusieron resistencia». Quedaron presos diecisiete paisanos y los carabineros. Los daños causados en el pueblo fueron numerosos, quedando su valoración a cargo del Juzgado de Instrucción de Alburquerque. Además, según el informe, «la alarma y el temor en el vecindario es tal que más de la mitad del mismo ha huido al campo». Y concluía: «Estos son los principales hechos ocurridos, los que comunico a fin de que surtan los efectos para que han sido pedidos».

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