En respuesta a una orden dada por el comandante encargado de la llamada Delegación Nacional de Servicios Especiales, dependiente de la secretaría particular del Generalísimo, en Salamanca, el jefe de la línea de la Guardia Civil de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Juan Mesa Nieto, informó el 31 de agosto de 1937 que Ataulfo de la Cruz Bono, miembro de la logia Filipinas, con el nombre simbólico de Alcalá Galiano, y de profesión cosario, «fue detenido y puesto en libertad por la autoridad judicial correspondiente», «a raiz del Glorioso Movimiento Nacional».
En realidad, Ataulfo se encontraba en esa fecha en la cárcel de Cortegana, preso y procesado por auxilio a la rebelión. Su detención, producida el 10 de agosto de 1937, la llevó a cabo el comandante militar del vecino pueblo de Almonaster la Real, quien ese mismo día explicaba así sus motivos en un escrito dirigido al capitán jefe del sector de Cortegana:
Teniendo conocimiento el que suscribe de que sobre las 3 horas de hoy, hallándose en una taberna de Almonaster el soldado Ataulfo de la Cruz Bono, éste, en estado de embriaguez, había hecho manifestaciones en contra del movimiento nacional, se procedió a su detención e interrogatorio. Resultando que dicho soldado, perteneciente a la 4ª Compañía del 9º Batallón del Regimiento de Infantería Granada nº 6, destacado en la estación de Almonaster-Cortegana, salió ayer tarde de su destino, con permiso concedido por la superioridad, para tomar en Almonaster «el coche de la empresa Casal» que lo habría de trasladar a Sevilla y desde allí marchar a su casa en Alcalá de Guadaíra, donde residen sus familiares. Que el soldado «tomó unos vasos más de la cuenta» y, según testigos presenciales, dijo las siguientes frases: «que al Capitán de su compañía los rojos le habían destrozado dos o tres Batallones»; que, en materia de subsidios a los combatientes, «no se llevaban las cosas en regla»; que «Franco había hecho desaparecer las Milicias», y «otras frases análogas en desprestigio de la Causa Nacional».
Los testigos presenciales citados en el escrito del comandante militar de Almonaster fueron José García Romero y Miguel Vargas Sánchez, dos jornaleros, vecinos de ese pueblo y «pertenecientes en la actualidad a Falange Española de las JONS». Ambos manifestaron después que Ataulfo «se hallaba en estado de embriaguez» y que fue advertido por ellos de que «si se mantenía en lo dicho darían conocimiento al Comandante de Puesto de la Guardia Civil»; reconociendo el tal Vargas que fue él quien dio parte de lo ocurrido al juez municipal y luego, en unión de éste, a la Guardia Civil.
Un alférez de su compañía informó que el soldado alcalareño se había incorporado a ella el 10 de mayo de 1937 y que, desde entonces, su conducta había sido buena, no había sufrido ningún arresto y le merecía buen concepto.
Desde Alcalá, informaron el comandante del puesto de la Guardia Civil y el jefe local de la Falange. Quien, en un telegrama, puso lo siguiente: «Ataulfo de la Cruz Bono filiación Izquierda Republicana detenido en ésta por estar afiliado en la masonería y tener escopeta en la calle durante los días que actuaron en ésta». Por su parte, el sargento Manuel Espinosa del Pino manifestó que Ataulfo era de antecedentes izquierdistas y estaba afiliado a la masonería; que se ignoraba si al iniciarse el glorioso movimiento nacional había intervenido activamente en contra del mismo»; y que, aunque fue detenido una vez que las tropas liberaron Alcalá, permaneciendo detenido «bastantes días», fue puesto en libertad porque no se le pudo «concretar» ningún cargo «en contra del Glorioso Movimiento». Respecto a su conducta pública y privada, el guardia civil aseguró que tampoco existían antecedentes en el puesto de que Ataulfo de la Cruz hubiera sido «corregido alguna vez por ningún concepto».
Interrogado por un capitán sobre lo ocurrido en Almonaster la Real la madrugada del 10 de agosto de 1937, el soldado alcalareño contestó que el día 9, por la tarde, y debido a la enfermedad grave de un hermano suyo, llegó a Almonaster con el objeto de tomar al día siguiente un coche de la empresa Casal para marchar a su domicilio; quedándose mientras tanto en un establecimiento de bebidas, donde tomó unas cuantas copas y, «algo embriagado», comentó «en confianza» con unos paisanos allí reunidos el hecho de que a un soldado compañero suyo no le habían dado permiso sus superiores por la muerte de su madre, y que a los familiares de otro compañero no le pagaban el subsidio pro-combatientes desde hacía unos tres meses. Declaró asimismo que no recordaba lo que dijo sobre la actuación del capitán de su compañía, ni sobre las milicias que Franco había hecho desaparecer; pero que era cierto que estuvo hablando acerca de ello, aunque sin intención de «perjudicar la honorabilidad del Ejército en ningún sentido», ni de ofender a nadie «y menos a la Causa Nacional».
Después, a nuevas preguntas, respondió lo siguiente:
Yo pertenecí a la masonería. Ingresé en la logia Filipinas, de Alcalá de Guadaíra, sobre el mes de enero o febrero de 1936, antes de las elecciones que se celebraron este último mes. El que me introdujo en la logia fue mi amigo Antonio Cano Serrano, que vivía en Alcalá; y, en ella, yo tenía el grado de aprendiz y el nombre simbólico de «Galiano». Pagaba una peseta de cuota y daba, además, una peseta y cinco céntimos «de auxilio masónico». Las «Tenidas», o reuniones de los afiliados a la logia, las celebrábamos indistintamente en el sindicato ferroviario, en la taberna de «Emilio Lara» o en «la Cooperativa» que estaba establecida en la Plazuela. Pero en estos sitios sólo nos reuníamos los masones que teníamos el grado de aprendiz. También estaba afiliado a la CNT; concretamente, al sindicato de oficios varios, sección de trasportes, y pagaba 50 céntimos de cuota. Antes de las elecciones de febrero de 1936, desempeñé el cargo de vocal, y luego el de tesorero, en el comité local de Unión Republicana, cargo este último en el que cesé cuatro meses antes de dichas elecciones. En las cuales actué de interventor, por el citado partido, en el distrito 4º sección 3ª; pudiendo dar referencias sobre mi actuación «D. Joaquín García Bono, interventor que fue por las derechas en el mismo Colegio, en el cual tuvieron mayoría las izquierdas». Durante «el dominio rojo» en Alcalá, lo único que hice fue presentarme, «por orden de Antonio Cano Serrano», en la casa particular de «D. José Mª Fernández Palacios, provisto de una escopeta de salón, para que nadie molestase a dicha familia». Y por este motivo fui detenido «por las Milicias de Falange Española». Permanecí detenido 12 días y luego me pusieron en libertad.
Veintiocho días después de su detención, Ataulfo de la Cruz fue juzgado en un Consejo de guerra, donde el fiscal pidió que le impusieran la pena de reclusión perpetua, y cuya sentencia lo condenó como autor de un delito de rebelión militar: por haber sido directivo de «Izquierda Republicana» e interventor del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936; por haber sido masón de la logia Filipinas, con el nombre simbólico de «Galiano»; y porque, hallándose destacado en la unidad «que coopera en la limpieza de la Sierra», dijo en una taberna, «después de hacer bastantes consumiciones de alcohol, y en presencia de varios paisanos», «que a su Capitán le habían destrozado los rojos ya tres Batallones, hablando mal así mismo de la organización del subsidio procombatientes y comentando también en forma despectiva la labor del Generalísimo respecto a la Milicias en relación con el Ejército».
El tribunal le impuso la pena de muerte. Y el coronel Francisco Bohórquez Vecina, que era el auditor de la segunda región militar, aprobó la sentencia. Que le fue notificada al condenado, en la cárcel municipal de Cortegana, a las dos de la tarde del 16 de noviembre de 1937.
Diez horas después, a las doce de la noche de ese mismo día, fusilaron a Ataulfo de la Cruz en las inmediaciones del cementerio municipal de Cortegana. El crimen lo ejecutó un piquete compuesto por «dos números de la Guardia Civil y seis soldados del Segundo Batallón de Falange, al mando de un Sargento del mismo». Y el médico forense que «reconoció el cuerpo del reo certificando su defunción» se llamaba José Vázquez Vázquez. El cadáver fue enterrado en el mismo cementerio de Cortegana, «en el lugar del Pozo para abajo a mano derecha, Segunda Calle, personas mayores»; y en la inscripción de la muerte, practicada, a las siete de la tarde del día 17 siguiente, en el folio 77 vuelto, tomo 43 de la sección tercera del Registro Civil de dicho municipio, consta que Ataulfo «falleció en el Valle de la Gata» por «heridas de armas de fuego».
Ataulfo de la Cruz Bono, que en las elecciones de diputados a Cortes celebradas el día 16 de febrero de 1936 actuó como interventor en la sección 3ª del distrito 4º, era alto, moreno, de pelo castaño; hijo de Manuel de la Cruz y Rafaela Bono Crespo, había nacido en Alcalá el día 26 de julio de 1910, vivía aún soltero en la calle Barrio Nuevo, número 10, y tenía cuatro hermanos: Andrés, de 29 años; Amadeo, de 21; Rafaela, de 14, y Manuela, de 11. A su hermano mayor, Andrés, lo habían enterrado en el cementerio de Alcalá el día 1 de agosto de 1937. Y cuando mataron a Ataulfo tres meses y medio después, su madre, que era viuda, tenía 57 años de edad.
Fuentes
- Archivo de Tribunal Militar Territorial Segundo: Causa número 560/37: Caja 31-382.
- Archivo Municipal de Alcalá de Guadaíra: Libros 257 y 258.
- Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla: Legajo 584.
- Archivo General de Andalucía: Copia microfilmada de expediente nº 192/23 del AHNS: Sección Guerra Civil: Masonería.
