A 50 años de la exhumación de Los diez de El Burgo de Osma
Día Internacional de las Víctimas del Holocausto
27 de enero de 2021
Introducción
Zoé de Kerangat 1
La exhumación de Bayubas de Abajo de 1971, la que se llevó a cabo hace 50 años y de cuya fosa se sacaron los cuerpos de “los diez” de El Burgo de Osma, fue particular: tuvo lugar en pleno franquismo y sin embargo fue autorizada, en cierta medida fue pública. Durante la dictadura, las aperturas de fosas comunes de “republicanos” y la recuperación de los restos de las víctimas del franquismo solían ser clandestinas. Las familias iban a escondidas, algunas de noche, a buscar los cuerpos mal enterrados de los suyos para darles una sepultura digna. Actuaban fuera de los procedimientos legales. Sin embargo, al entrar en la década de los 70, el caso de esta exhumación soriana es extraordinario. Por ende, la presencia de la Guardia Civil franquista en estos acontecimientos, que podemos hoy comprobar en fotografías, es reseñable: representación de la autoridad dictatorial en un acto de recuperación de los cuerpos de las víctimas del franquismo. Una autoridad presente con el objetivo de vigilar quizás. Unos años más tarde, muerto Franco, serían centenares de familias las que exhumarían los restos de las víctimas en fosas comunes de las zonas rurales de toda España.
Aquellas exhumaciones de los años 70 y 80 fueron procesos informales en su mayoría. En algunos casos las familias contaban con el permiso de las jefaturas de sanidad de su provincia o del Gobernador Civil. A pesar de ello, la realización quedaba al cargo de los familiares. A partir de su memoria, del conocimiento popular y de sus investigaciones, determinaban el lugar de la fosa común en la que pensaban que estaban los restos de sus seres queridos. Con excavadoras alquiladas, sus palas y sus manos, quitaron la tierra y recogieron los huesos y objetos que encontraron en las fosas. Tocaron los huesos, posaron con ellos para fotografías. En algunas ocasiones, reconocieron a sus padres, hermanos… por algún rasgo físico destacable o por la presencia de objetos y restos de prendas junto a los huesos. Luego, muchos repartieron los restos de manera proporcional entre los diferentes pueblos que tenían víctimas en una fosa común determinada. A continuación, cada pueblo organizaba la re inhumación de los restos. Funerales religiosos, procesiones por los pueblos con los ataúdes que llevaban los restos amontonados a hombros, para llegar al cementerio, lugar donde tenían que haber estado enterrados en su momento. Así se crearon muchos panteones colectivos en los que se listaba los nombres de los asesinados.
Las exhumaciones de los años posteriores a la muerte de Franco tienen un sentido doble. Primero, no fueron completamente clandestinas como las de los primeros años del franquismo, y desde luego significan un cambio respecto a las exhumaciones en dictadura. Eran “legales” y fueron muchas. En los años entre 1976 y principios de los años 80, las exhumaciones fueron numerosas. Hubo lo que podemos llamar “efecto cadena”, notable en las zonas de la ribera del Ebro en La Rioja y en Navarra. Cuando en un pueblo recuperaban los restos de los suyos, en los pueblos vecinos se enteraban y muchas veces se decidían a llevar a cabo el proceso. Progresivamente, se desdibujo este “boom”. Las familias que habían conseguido romper con el miedo arrastrado de la dictadura ya habían exhumado o intentado hacerlo. El 23-F pudo tener un efecto de reavivar este miedo para otras familias. Otras más ni se lo planteaban todavía. Así, las exhumaciones de finales de los 80 y de los 90 son puntuales, y se mantuvo el silencio y el olvido sobre las ocurridas en los años de la llamada transición.
El segundo aspecto importante es que aquellas exhumaciones fueron invisibilizadas. Las personas que participaron en estas exhumaciones y en las ceremonias de re-entierro se enfrentaron a muchas dificultades: se reunieron en secreto, sufrieron amenazas, vandalizaciones, limitaciones para no exhibir símbolos políticos, no usar ciertas palabras… En definitiva, se les prohibió hacer ruido, que se les viera. Formalmente había terminado la dictadura, pero el miedo seguía presente y las imposiciones “desde arriba” apuntaban a minimizar la repercusión de estos procesos de memoria. Las imágenes que retrataban las exhumaciones y los re-entierros no salieron en los periódicos de tirada nacional. Algunas se vieron en la revista Interviú, pero no alcanzaron un estatus de respetabilidad como para entrar a formar parte de lo que había que recordar. Eran los años de la “Transición” y no se podía traer el recuerdo de los asesinatos franquistas de la Guerra Civil y de la posguerra. Así, estas exhumaciones fueron olvidadas, o más bien nunca alcanzaron del todo el ámbito público. Al ser menos numerosas a finales de los 80 y en los 90, se quedaron en una suerte de estado latente. Esta invisibilidad contribuyó a que muchas veces se ha considerado que el año 2000 y las primeras exhumaciones contemporáneas marcaban el principio de las aperturas de fosas republicanas.
Sin embargo, poco a poco, investigadores, técnicos y activistas fueron recobrando información sobre aquellos procesos de memoria anteriores. Lo cierto es que ha habido exhumaciones de víctimas de la represión franquista desde 1936, a lo largo de la dictadura y hasta hoy en día. A lo largo de los años los procesos han sido muy distintos según el contexto, pero no han dejado de tener lugar y han evolucionado hasta convertirse en lo que conocemos hoy: Procedimientos legales, científicos y técnicos que ofrecen más posibilidades a la vez que alargan los procesos de recuperación.
De todas formas, cabe subrayar la valentía con la que actuaron las familias en los años 70 y 80 para recuperar los restos de sus familiares y darles una sepultura digna con los pocos medios de los que disponían y en un contexto cuanto menos hostil a la memoria de las víctimas del franquismo. Aunque la exhumación de 1971 en Bayubas de Abajo es excepcional por haber tenido lugar en plena dictadura, pero dentro de la formalidad administrativa, nos enseña que la recuperación de los restos de las víctimas del franquismo no surgió en los últimos 20 años, sino que muchas familias empezaron el camino incluso en plena dictadura y que, a veces, fue posible.
Investigación
Iván Aparicio 2
En torno a las 9 de la mañana del 15 de septiembre de 1936 diez vecinos de El Burgo de Osma eran asesinados en la carretera que une las localidades sorianas de Bayubas de Abajo y Tajueco. El lugar de enterramiento estuvo perfectamente señalizado y puntualmente cada primero de noviembre era cubierto con flores hasta que se desarrolló la exhumación en 1971.
Ubicación aproximada de la fosa común clandestina respecto a Bayubas de Abajo.
El conocimiento que tenemos de lo que ocurrió ese trágico 15 de septiembre se lo debemos casi en su totalidad a Gregorio Herrero Balsa. Su relato fue publicado en colaboración con Antonio Hernández en el libro La represión en Soria durante la guerra civil3. Los recuerdos de Agustín Alonso, concejal del Ayuntamiento de El Burgo de Osma, familiar de uno de los civiles asesinados ese día y uno de los principales responsables del desarrollo de la exhumación, han hecho posible además reconstruir en parte cómo fue el proceso del que ahora se cumple medio siglo.
Según recoge con todo lujo de detalles Gregorio Herrero: “Todos los testimonios de los familiares de los fusilados y otros vecinos coinciden en la misma versión de lo que ocurrió: sobre las 7 de la mañana del día 15 de agosto el alguacil de El Burgo de Osma, llamado Ángel “el Cabuche” acompañado de un guardia civil, fueron a los domicilios de los que luego serían fusilados, invitándoles a que se llegaran de inmediato al cuartel de la Guardia Civil, en el edificio de la cárcel. Uno a uno fueron llegando dócilmente los diez avisados, sin que llegaran a entrar en la cárcel. Fue desde el mismo cuartel donde les introdujeron en el camión. Una señora, esposa precisamente de un guardia civil, les gritó, “que os van a matar”.
Juzgado de El Burgo de Osma. Cárcel y cuartel de la Guardia Civil en 1936. Fotografía Eugenio Gutiérrez. El Día de Soria.
Antes de arrancar el camión, les obligaron a cantar el “Cara al sol”. El camión era propiedad de Pepe del Amo, que tenía un almacén de maderas y lo conducía el célebre “Charramán”, que en tantos sucesos parecidos participó. El “Charramán” era de Osma, y después marcharía de Soria. El camión arrancó sobre las ocho y media de una luminosa mañana, con un sol espléndido, única cosa buena que los infortunados presenciaron, pues a partir de ese momento empezó su calvario, atados y a solas con sus verdugos. Unos momentos antes, y después de los cantos del “Cara al sol”, había partido el coche negro propiedad de Alfredo Marqués en el que además de éste iban un tal Illana, un tal Loscos y un tal Otín, todos ellos vecinos de El Burgo. El coche y el camión, coincidieron en el paraje “Puente de la Tejada” con otro procedente de Berlanga de Duero, también con detenidos destinados al mismo trágico final. No se puede precisar si fueron fusilados en el mismo Puente Ullán o en el empalme de las carreteras locales de Bayubas y Tajueco, a la derecha de ésta última, inmediatamente después del desvío, que es donde fueron enterrados. El lugar estuvo perfectamente señalizado hasta que se realizó la exhumación. Desde El Burgo, los familiares de las víctimas iban todos los años a visitar las tumbas el día de todos los Santos. En la expedición iba el célebre López, natural de Bayubas y con destino en El Burgo de Osma. El mandó la expedición y fue quien subió a Bayubas de Abajo para avisar al alcalde que ordenara fueran enterrados los fusilados. Dicho alcalde de Bayubas y otros testigos, dijeron que, al bajar al lugar de los fusilamientos, uno de ellos todavía vivía y le dieron el tiro de gracia. Otro de los que marchaba en la expedición fue Lafuente, de Muriel Viejo.”4
Manuel Acereda Acón con sus hijos Manuel, Teresa y Carmen
Hay que precisar que estas diez personas no habían participado en ningún conflicto relacionado con la guerra, o con anterioridad a esta, que pudiera justificar este atropello. Toda la provincia de Soria cedió el poder a los militares levantados en armas en los días posteriores al 18 de julio de 1936. Y la desaparición, maltrato, asesinato y enterramiento en una fosa común clandestina, fue consecuencia del plan de terror que conllevaba la toma del poder por parte del sector rebelde del ejército. Lo mismo ocurría con, al menos, otros 590 sorianos, siendo idénticos los patrones de detención, ejecución y desaparición.
En el caso de las víctimas del Burgo de Osma, algunas familias entrevistadas aseguran que sus asesinatos fueron originados por envidias o rencores y no por circunstancias políticas. Desde esta organización memorialista hemos observado que la práctica totalidad de los asesinatos se debían a razones políticas, tal y como se recoge en las órdenes y bandos de guerra emitidos por las autoridades golpistas. Y que, tras las investigaciones en los archivos, las víctimas solían haberse pronunciado políticamente o, cuanto menos, pertenecían a algún sindicato, hermandad de agricultores… La consecuencia de la atribución de la causa del asesinato a otro tipo de razones conllevaba cierta libertad para las familias, que dejaban de ser la familia de un rojo, eludiendo la penalidad de ser víctimas de sospechas, controles y maltrato por parte de las autoridades y la sociedad franquistas. De hecho, y en el caso del que trata este artículo, la posibilidad de llevar a cabo la exhumación de los diez asesinados y su inhumación en el cementerio, se debió principalmente a las gestiones llevadas a cabo por el hijo y nieto de dos de las víctimas desde su posición como concejal del Ayuntamiento de El Burgo de Osma. Puesto que difícilmente habría podido desempeñar en 1970 si su familia hubiera corrido la suerte de otras sobre las que no había dudas de la ideología política de las víctimas.
Sí que es cierto, en este caso, que a ninguno de los asesinados el 15 de septiembre de 1936 en Bayubas de Abajo se les realizó consejo de guerra o fueron objeto de expediente por parte del Tribunal de Responsabilidades Políticas. Tampoco hemos encontrado en los archivos rastro de su paso por la saturada cárcel del Burgo de Osma. De dichos expedientes penitenciarios no se ha podido sacar mucho. Tres de las víctimas habían cumplido penas en la cárcel con anterioridad al golpe de estado del 18 de julio. Miguel Arribas fue acusado de estafa, Sebastián Orofino tuvo un juicio de faltas por desobediencia y faltas a la moral y fue condenado a 12 días de prisión por el primero y 25 pesetas de multa por desobediencia. José Orofino cumplió cuatro meses de cárcel condenado por atentado. 10 días después de llegar a la cárcel y “vistos los informes de conducta ejemplar “la Junta de disciplina le concede el puesto de ordenanza del patio de la prisión5. En cualquier caso, los tres pagaron su condena conforme a las leyes de la época y no hay nada que pueda justificar los crímenes.
Expediente penitenciario de José Orofino. AHPSo. Caja 52.214 nº 52
La ausencia de acusaciones en el Tribunal de Responsabilidades Políticas, el no pasar por prisión o no tener expedientes de depuración no era lo más habitual, pero responde a uno de los tres patrones de desaparición y asesinato que se dieron en la provincia de Soria y en toda España. Hay que tener en cuenta, eso sí, las órdenes que el Gobernador Civil publica en el Boletín Oficial de la Provincia, recordando que “las detenciones, registros, informaciones y cuanto con el orden público se relaciona, solo podrá efectuarse por agentes de mi autoridad” …” y, solo en casos especiales llevarán a efecto estas operaciones personales de las Milicias patrióticas, siendo preciso en este caso, que lleven orden escrita de la Comandancia Militar o de mi autoridad.”6
Boletín Oficial de la Provincia de Soria referido
Estas órdenes tan tajantes habían sido decretadas hacía un mes en el momento de los asesinatos, lo que hace difícil de asumir en una provincia bajo control militar que la masacre de estas diez personas fuera un acto descontrolado, motivado por envidias o rencores.
Por los escasos testimonios que hemos podido recabar y a la vista de la documentación que se conserva, la exhumación de los diez vecinos del Burgo de Osma fue llevada a cabo con mucha diligencia. Los trámites están realizados y coordinados con mucha vista, solicitando los permisos correspondientes en su momento adecuado y con mucho tacto.
Gracias a la documentación aportada por el nieto y bisnieto respectivamente de Elías y Agustín Alonso hemos podido certificar por ejemplo que la coordinación en los tiempos fue muy cuidada. Y tal y como confirman los testimonios que la familia Alonso amablemente nos ha brindado, se contaba con la colaboración de varias autoridades de la época.
Según se refleja en los trámites seguidos para poder recuperar los cuerpos de los desaparecidos asesinados, Engracia Sebastián Díez la mujer de Elías Alonso Téllez y su hijo Agustín Alonso Sebastián fueron quienes pudieron propiciar la exhumación. Especialmente relevante fue el papel jugado por Agustín Alonso Sebastián como concejal del Ayuntamiento del Burgo de Osma. También hay testimonios que relatan que pudo influir José Amezua Acereda, un sobrino de Manuel Acereda, también relacionado con el Ayuntamiento.
Hay detalles como el que las solicitudes de recuperación de los cuerpos, por ejemplo, son individualizadas a pesar de hallarse en la fosa común dos hermanos y un padre y un hijo. Cada solicitud está firmada por un familiar distinto de cada uno de ellos en lugar de encargarse una sola persona de solicitar las dos exhumaciones.
Según hemos podido saber por parte de Agustín Alonso Sebastián (hijo de Elías Alonso Téllez y nieto de Agustín Alonso Luluaga) gracias al testimonio de su hijo Elías Alonso Palomar, quienes llevaron a cabo las tareas de exhumación fueron Ángel Bernal y Pedro Elías Fajardo, enterradores de El Burgo. Parece ser que contaron también con ayuda de vecinos de Bayubas de Abajo. En el cementerio no hubo misa, pero si hubo un breve responso a cargo de Don Tomás Leal, un conocido burgense que enseñaba la catedral hasta hace bien poco.
Según los testimonios recogidos por esta asociación, el alcalde de El Burgo de Osma en 1971, Santos Iruela Poza y el Gobernador Civil Ignacio Bertrand y Bertrand colaboraron activamente en que todo se pudiera llevar a cabo. Sobre el obispo de entonces, Teodoro Cardenal Fernández, se ha recogido que afirmó que “ya era hora” (de que los enterraran dignamente), mientras otras versiones afirman que se negó a que se oficiara una misa por las víctimas. En cualquier caso y, tal y como recoge la autorización firmada por el Canciller-Secretario, Segundo Palacín, el Obispado autorizó el enterramiento en el cementerio católico capitular y otorgó a las familias la titularidad de la sepultura a petición de éstas dos años después.
A pesar de ello, no aparece inscripción alguna, según se ha podido contrastar gracias al actual párroco de El Burgo de Osma, en el libro de enterramientos del cementerio.
Autorización del Obispado para el traslado de los cadáveres.
El 16 de junio de 1971, las familias suplicaron el permiso para el traslado de los restos cadavéricos al Jefe Provincial de Sanidad, tal y como se refleja en la documentación de la época que conserva la familia Alonso.
Solicitud al Jefe de Sanidad para el traslado.
La jefatura provincial de sanidad el 2 de julio del mismo año autoriza la exhumación y concede un plazo de 8 días para su realización. La autorización al traslado de los cuerpos de las diez víctimas al cementerio por parte del Obispado de Osma-Soria se concede justo agotando el plazo, el 10 de julio de 1971. Las actuaciones estaban perfectamente coordinadas.
Autorización del Jefe de Sanidad para realizar el traslado de los cadáveres. Sellos del documento de Sanidad.
El documento iba acompañado de una aportación voluntaria en forma de sellos a la Mutualidad de Funcionarios de la Dirección General de Sanidad por valor de 50 pesetas.
La exhumación tuvo que realizarse en julio del 71. Es probable que el mismo día 10 dependiendo de los plazos de notificación, ya que la jefatura provincial de sanidad establece que debería realizarse en el plazo improrrogable de ocho días, especificando que ”transcurridos los cuales no podrá llevarse a cabo”.
Aún más sorprendente resulta que el 1 de abril de 1937 todas las víctimas fueron inscritas correctamente en el registro civil según el auto del Juzgado que así lo recoge con todo lujo de detalles, apuntando que el ministerio Fiscal “no se opone a que se ordene la Inscripción”…”CONSIDERANDO: que apareciendo debidamente comprobada la desaparición de las personas a que este expediente se refiere, procede en su vista aprobar la información practicada y ordenar la inscripción en el Registro Civil de esta villa de dicha desaparición”.
Por su interés reproducimos el documento en su totalidad.
Así, enumera a los desaparecidos:
Agustín Alonso Luluaga, de 54 años de edad, natural de San Leonardo, hijo de Feliciano y Martina, domiciliado en la calle mayor número 5 de esta villa de Burgo de Osma, de profesión industrial, viudo de Dionisia Téllez López,con cinco hijos llamados Silvestra, Agustín, María, Francisco e Isabel.
Eugenio Aylagas Antón, de 39 años, natural de Osma, hijo de Antonio y Balbina, con domicilio en la calle San Pedro 12 de esta villa de profesión hortelano, con 8 hijos llamados María, Balbino, Antonio, Andrea, Carmen, Agustina, Trinidad, y Juana
Auto del Juzgado de El Burgo de Osma donde se recoge la inscripción en el Registro Civil de los desaparecidos
Cayetano Zapatero Etxeguren, de 43 años, natural de Lahorra (Burgos), hijo de Isidro e Hilaria, con domicilio en la calle de Francisco de Federico 11 de esta villa, de oficio jornalero, sin sucesión
Manuel Andrés de Jesús, de 30 años de edad, natural de esta villa, hijo de Isidro y Emilia, con domicilio en la calle del Seminario 11, de oficio jornalero, sin sucesión.
Manuel Acereda Acón de 39 años, natural de esta villa, hijo de José y María, domiciliado en la calle de la Universidad 11, de oficio chófer, con tres hijos llamados Manuel, Teresa y Carmen.
Auto del Juzgado de El Burgo de Osma donde se recoge la inscripción en el Registro Civil de los desaparecidos
Miguel Arribas Tejedor de 44 años, hijo de Nicolás y Florentina, con domicilio en esta villa, calle de Acosta 8 natural de Bayubas de arriba dependiente de comercio, con tres hijos llamados Julio, Florentina y Piedad.
José Orofino Huerta de 36 años de edad, hijo de Pedro y Paula, con domicilio en esta villa de dónde era natural, calle de La lechuza sin número, de oficio jornalero, con dos hijos llamados Esperanza y José.
Auto del Juzgado de El Burgo de Osma donde se recoge la inscripción en el Registro Civil de los desaparecidos
Elías Alonso Téllez, de 31 años de edad, natural de esta villa, hijo de Agustín y Dionisia, domiciliado en la calle Ruiz de Zorrilla 3, con cuatro hijos llamados Agustín, Manuel, Feliciano y Sotero.
Julián Torre Carro, de 29 años, soltero, natural de esta villa, hijo de Rufino y Francisca, domiciliado en la calle de Francisco Tello 8, de oficio jornalero
Sebastian Orofino Huerta de 32 años, soltero, natural de esta villa, hijo de Pedro y Paula, de oficio jornalero.
Se conserva un desglose de los gastos de la exhumación. El total ascendió a 16.750 pesetas haciéndose cargo del pago de 1.675 pesetas cada una de las diez familias.
Según la página web del INE (https://www.ine.es/varipc/) comparando el incremento del coste de la vida con base en el IPC entre julio de 1971 y mayo de 2021(último disponible), ese dinero, a día de hoy, tendría un valor un 1.947,90% más elevado, lo que supondría ahora 326.273,25 pesetas. Es decir, 1.960,94 euros actuales. Los gastos incluyen la compra de la sepultura, el rompimiento de la lápida y los trabajos de exhumación, además del ataúd y los pagos a sanidad, 600 pesetas, por la autorización y al obispado de 50 pesetas.
Actualmente la sepultura es propiedad de todos los familiares de las personas asesinadas, aunque ha sido la familia Alonso la que ha mantenido el pago al día. Compartir el gasto y la preocupación por el pago, junto al arreglo de la deteriorada lápida es una tarea que las familias que hemos consultado están tratando de retomar en conjunto.
Exhumación en el paraje de Vallejo Barco, noviembre de 1971, en Bayubas de Abajo de las personas asesinadas en el Puente Ullán
Hoy en día la lápida contiene errores e imprecisiones y apenas se puede leer. Contiene una sencilla inscripción con los nombres y las edades de las víctimas y la fecha del asesinato, sin ninguna referencia más:
AGUSTÍN ALONSO, A LOS 53 AÑOS.
CAYETANO ZAPATERO, A LOS 44 AÑOS.
MIGUEL ARRIBAS, A LOS 44 AÑOS.
EUGENIO AILAGAS, A LOS 39 AÑOS.
JOSÉ OROFINO, A LOS 35 AÑOS.
MANUEL ACEBEDA. A LOS ?? AÑOS.
ELIAS ALONSO, A LOS 31 AÑOS.
SEBASTIÁN OROFINO, A LOS 31 AÑOS.
MANUEL ANDRES, A LOS 29 AÑOS.
JULIÁN TORRE, A LOS 29 AÑOS.
15 SEPTIEMBRE 1936.
El libro de la Represión en Soria durante la guerra civil anteriormente citado, recoge la siguiente información de las víctimas.
“1.- Agustín Alonso Zuloaga, de 53 años. Era propietario de una carnicería-alpargatería. Se comentó mucho que, al ser coaccionado para confesar, le dio una patada al sacerdote, diciéndole “que a quien tenía que confesar era a los fusiladores”. Fue fusilado antes que su hijo, Elías, y enterrado en una fosa aparte. Cuando lo montaron en el camión, se dio perfecta cuenta de cuál sería su destino y dijo a una vecina, presente en el acto casualmente: “Hasta el valle de Josafat”.”7
Realmente el segundo apellido era Luluaga. Era también concejal del Ayuntamiento de El Burgo de Osma. Su familia, cree que, por su tendencia liberal, dice que le conocían como uno de los Sagastas.
“2.- Elías Alonso Téllez, de 31 años de edad, hijo del anterior y fusilado el mismo día, después de ver cómo asesinaron a su padre.”8
Elías Alonso, así como Agustín Alonso, fue destituido del Ayuntamiento de El Burgo de Osma como concejal el 22 de julio de 1936 según recoge José Vicente Frías Balsa en Las bandas de música de El Burgo de Osma9. En la reproducción del acta de la sesión extraordinaria de dicha fecha, presidida por el delegado de la autoridad militar de la provincia Canuto Andrés de Diego, que incluye el libro se nombra al alcalde y a los concejales asistentes: Anastasio Izquierdo Miguel, alcalde, Agustín Alonso Luluaga, Mariano de Benito Navas, Mariano Martín Crespo, Gerardo Esteban Hernando, Francisco Calvo Pascual, Vicente Escudero Marco, Manuel de Miguel García y Abundio Andaluz Garrido, concejales. Subrayando la ausencia de Agustín Arroyo Serrano y Manuel del Valle Miguel.
En el oficio del comandante militar de Soria emitido dos días antes se declaraba el estado de guerra y se ordenaba al alcalde hacer entrega del ayuntamiento a D. Canuto Andrés de Diego, nombrando además al personal que debía sustituir al elegido democráticamente.
Según recoge el propio acta y José Vicente Frías refleja en su libro, el alcalde protestó enérgicamente. Abundio Andaluz Garrido, vicepresidente de la Diputación de Soria además de concejal del ayuntamiento, hizo constar que no acataría órdenes distintas a las del poder legalmente constituido y que emprendería las acciones legales oportunas. Elías Alonso Tellez y Miguel Arribas Tejedor se adhirieron a lo dicho por Abundio Andaluz. También el secretario municipal, Francisco de Urquía y García Junco, advirtió que esta destitución no era conforme a las disposiciones legales.
“3.- Cayetano Zapatero, de 44 años de edad. Era de origen andaluz y albañil de profesión. Residía en El Burgo y como contratista se había quedado con la contrata del grupo escolar hoy llamado “Juan Yagüe”.”10
“4.- Miguel Arribas, de 44 años, dependiente del comercio de telas y ferretería de un tal Ridruejo, conocido cacique de El Burgo de Osma.”11
“5.- Eugenio Aylagas Antón, de 39 años de edad. Casado con Juana Rupérez y padre de ocho hijos. Doña Juana Rupérez, en la mañana del día 15 acudió con todos sus hijos, llevando en brazos al más pequeño, al cuartel de la Guardia Civil de El Burgo, para ver qué sucedía. Cuando el infortunado Eugenio era introducido en el camión, uno de los hijos se aferró desesperadamente a los pantalones de aquél, siendo separado, dentro de la natural angustia de su madre y hermanos. Eugenio Aylagas era serrador de madera y también agricultor de unas pequeñas tierras de su propiedad. Le apodaban “el Tortas”. Cuando fue exhumado su cadáver, un hijo suyo tuvo la calavera en sus manos y comprobó que tenía dos tiros: uno en el occipital y otro en la sien.”12
Eugenio Aylagas Antón en una foto de la familia.
“6.- José Orofino, de 35 años de edad, era calderero, arreglaba sartenes e iba de pueblo en pueblo buscando trabajo. Persona de muy humilde posición económica.”13
“7.- Sebastián Orofino, de 53 años de edad, hermano del anterior. Familia afincada entre El Burgo de Osma y Almazán.”14
“8.- Manuel Acedera, de 40 años. No era natural de El Burgo, pero se casó con una burgense y sus hijos nacieron en El Burgo. Manuel Acedera era criado o dependiente de Alfredo Marqués y éste le ordenó que le reparara el coche negro de su propiedad el día 14 de agosto de 1.936. Fue este coche, precisamente, el que transportó a los falangistas que intervinieron en los fusilamientos del día 15 del mismo mes.”15
Realmente el primer apellido de Manuel es Acereda, Manuel Acereda Acón, según el testimonio de la familia que pone de manifiesto que existen errores en la publicación de 1982. Sí que era natural de El Burgo. Su mujer era la que nació fuera, en Añavieja. Era mecánico y tenía un taller. También atendía la fábrica de harinas de Eloy Marqués. El propio Manuel llevaba a Eloy a Madrid por si había percances con el coche poder resolverlos.
Aún queda viva una de las hijas, Teresa, con 92 años. Creen que no pertenecía a ningún partido pero que visitaba la casa del pueblo de Madrid.
Parece ser que fue el único de la fosa que llevaba zapatos. La familia disfrutaba de una posición social acomodada. Tras el asesinato de Manuel pasaron muchas penurias. La mujer de Manuel pudo sacar adelante a los niños vendiendo dos coches que tenían. Recuerdan que la gente era generosa con ellos, según el testimonio emocionado de una nieta:”una lechera les llevaba leche todos los días”. Bien podía ser en agradecimiento por el bien que había hecho siempre Manuel. Los testimonios recogidos relatan que muchas veces llegaba tarde a comer porque había atendido en el taller a personas con pocos recursos o con muchos hijos y no les cobraba.
En el momento de acudir a la cita en la cárcel, Manuel debió temerse lo que ocurriría. Dejó el reloj y entró a besar a los hijos. Decía su mujer que nunca había hecho nada, que no podían matarle. La abuela dijo de llamar a un tal Alejandro Ayuso falangista familiar suyo para que le ayudarán, de San Leonardo o Casarejos, pero ya fue demasiado tarde.
“9.- Manuel Andrés de Jesús, de 39 años de edad. Eran ocho hermanos, uno de los cuales marchó de fraile a San Salvador. La víctima dejó cinco hijos. De profesión obrero, trabajaba en diversas faenas. Se dice que cuando fue bajado del camión para fusilarlo, a uno de los falangistas le propinó una patada en los testículos, a consecuencia de lo cual falleció. Este falangista era de Berlanga.”16
“10.- Julián Torre Carro, de 29 años, obrero de profesión e íntimo Amigo de Eugenio Aylagas, también fusilado. Se sabe que Julián le había propuesto a Eugenio Aylagas, puesto que las cosas “olían mal”, marchar voluntarios al frente. Julián Torre en el momento de su detención llevaba ocho duros de plata.”17
Manuel Acereda Acón
Según el historiador Luis Castro Berrojo, que se tenga constancia, catorce fosas fueron exhumadas en Soria entre 1970 y 1981, de las cuales se recuperaron los restos de 69 personas que luego fueron trasladadas a los cementerios y enterradas dignamente.
1 – Doctora en Historia Contemporánea 2 – Activista y presidente de Recuerdo y Dignidad 3 – a represión en Soria durante la guerra civil, Gregorio Herrero Balsa y Antonio Hernández García. Editada por los autores. SO-133-82. Reedición: Asociación Recuerdo y Dignidad. SO-14-2010 4 – Op. Cit. P.99 y 101. / Op.cit. p.107 y 108 5 – Expediente penitenciario de José Orofino. AHPSo. Caja 52.214 nº 52 6 – Boletín Oficial de la Provincia de Soria. Núm. 108. Lunes 17 de agosto de 1936. Página 1 7 – La represión en Soria durante la guerra civil, Gregorio Herrero Balsa y Antonio Hernández García. Editada por los autores. SO-133-82. /Reedición: Asociación Recuerdo y Dignidad. SO-14-2010. Pag. 97. Volumen 1/pag. 104 8 – Op.Cit. pag. 97 Vol. 1 / Op. Cit. pag. 104 9 – José Vicente Frías Balsa, Las bandas de música de El Burgo de Osma, Soria, 2010 10 – Op.Cit. pag. 97 Vol. 1 / Op. Cit. pag. 104 11 – Op.Cit. pag. 97 Vol. 1 / Op. Cit. pag. 104 12 – Op.Cit. pag. 97 Vol. 1 / Op. Cit. pag. 104 13 – Op.Cit. pag. 99 Vol. 1 / Op. Cit. pag. 104 14 – Op.Cit. pag. 99 Vol. 1 / Op. Cit. pag. 104 15 – Op.Cit. pag. 99 Vol. 1 / Op. Cit. pag. 104 16 – Op.Cit. pag. 99 Vol. 1 / Op. Cit. pag. 107 17 – Op.Cit. pag. 99 Vol. 1 / Op. Cit. pag. 107
