Mientras Navarra lidera la recuperación de víctimas del franquismo, 38 años después del punto final político a la dictadura y nueve de la Ley de Memoria Histórica, el Estado ignora el principio de justicia universal para crímenes de lesa humanidad
NOTICIASDENAVARRA.COM | EDITORIAL | 24-12-2016
Desde que la aprobación de la Constitución pretendió conformar el certificado de finalización de la dictadura franquista hasta que el Congreso de los Diputados aprobó en 2007 la Ley de Memoria Histórica, “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura”, las víctimas del franquismo soportaron 29 años de impunidad de sus victimarios. Y desde la aprobación de la ley, en la primera Legislatura de Zapatero, se han sucedido aún otros 9 años de incumplimiento e incluso, como acaba de denunciar una vez más Amnistía Internacional, de impedimentos y bloqueos a la investigación de los crímenes franquistas. En esta situación -en la que Navarra lidera con el Gobierno de Barkos y el cambio político la recuperación real y honesta de la memoria de las víctimas del genocidio franquista-, que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, no tenga reparo alguno en afirmar que la Ley de Memoria Histórica se cumple, cuando el Gobierno ni siquiera aprueba dotación económica alguna que permita llevar a cabo lo que esa ley contempla, no solo se inserta en la categoría de falsedad, sino que añade impunidad a la impunidad, incumplimientos a los bloqueos e impedimentos, tan evidentes como las trabas a las tomas de declaración en la causa abierta por la juez argentina María Servini por los crímenes de la dictadura. Y lo hace cuando decenas de miles de familias tratan aún de recuperar los restos de las víctimas de aquella inhumana represión que hizo del Estado español el segundo país del mundo en número de desapariciones , sólo superado por Camboya. ¿De qué sirve entonces la ley? ¿Y a qué cumplimiento de la legalidad puede apelar quien ha ignorado y tratado de minimizar, hace bien poco, en su ordenamiento jurídico el principio de justicia universal? ¿Qué pretensión de respeto por la justicia puede esgrimir quien pretende prescritos, a través de la Fiscalía, crímenes de lesa humanidad imprescriptibles por definición del Estatuto de Roma en vigor desde hace 14 años? Mantener, 38 años después de aceptar en herencia el Estado creado a base de terror y represión, esa resistencia a la justicia, la verdad y la reparación solo lleva a confirmar como atribuible al Gobierno de Rajoy, al PP, a la derecha española -y al evidente desinterés durante años del mismo PSOE a pesar del alto coste que supuso para su militancia la represión franquista-, todavía hoy, su vergonzante relación ideológica con el franquismo.
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