EL MAPA DEL TERROR FRANQUISTA DE LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN
► Carlos Hernández de Miguel publica Los campos de concentración de Franco, una investigación que concluye que en España hubo alrededor de 300 campos con entre 700.000 y un millón de víctimas
► Andalucía, con 52, fue la comunidad con más campos de concentración, seguida de la Comunitat Valenciana, las dos Castillas y Aragón
► El autor explica a infoLibre que este es uno de los capítulos de la represión franquista menos atendidos, quizá por el deseo de la dictadura de separarse del régimen nazi
INFOLIBRE | LARA CARRASCO | lcarrasco@infolibre.es @_CarrascoLara | 12-3-2019
Campo de concentración. Tres palabras que, inevitablemente, evocan a la Alemania nazi. A Auschwitz, a Mauthausen, a Dachau. Pero no hace falta ir tan lejos. Campos de concentración también hubo en Rota, en Jaca, en Oviedo, en Reus. Son menos conocidos porque han sido menos pronunciados. Y menos estudiados. Fueron campos de concentración franquistas y, como los nazis, eran centros de castigo al enemigo de la dictadura. “Para coger aquella mala comida había que hacer largas colas de hombres hambrientos, bajo una nevada, y cuando llegabas a la perola te echaban un cazo de agua con espinas de pescado que tenías que tirar, porque no te lo podías comer”. Es lo que recuerda Antonio Torres Morales del campo de concentración de Miranda de Ebro —situado en Burgos y recordado como el más longevo—, cuyo terror y crueldad sufrió en primera persona. Su relato, no obstante, es colectivo. “Comidas escasas, con bichos y piedras hervidas junto a las legumbres”, relata Emilio Fernández Seisdedos, prisionero en isla Saltés, en Huelva. Los testimonios podrían ser inacabables.
Los campos de concentración de Franco, de Carlos Hernández de Miguel.
Ha sido el periodista y escritor Carlos Hernández de Miguel quien los ha recogido en el libro Los campos de concentración de Franco. Sometimiento, torturas y muerte tras las alambradas (Penguin Random House España), que sale a la venta este jueves. Es el resultado de tres años de investigaciones y de acceso a los archivos que contenían este capítulo olvidado de la historia de España. Y es que muy poco se ha publicado sobre los campos de concentración franquista. Y no fueron pocos como para justificar este silencio. Hubo, oficialmente, 296. Repartidos por toda España. Con la misma crueldad. Y por allí pasaron, según Hernández de Miguel, entre 700.000 y un millón de españoles y españolas.
Son cifras difíciles de olvidar. Pero aun así, este capítulo no ha sido demasiado atendido. ¿Por qué? “Yo creo que hay varias razones para explicarlo. La primera de ellas es que la magnitud de la represión franquista tuvo muchas ramificaciones. Hubo muchas vías para reprimir a la gente y esta, en concreto, quedó un poco apartada, olvidada e, incluso, minimizada”, explica Hernández de Miguel en conversación con infoLibre. “Pero también hay un segundo elemento en este olvido”, añade. Uno de los objetivos del régimen franquista fue borrar “toda la huella de sus crímenes y de la colaboración con el régimen nazi”. Y “el término ‘campo de concentración’ se asocia al nazismo”.
Pero el problema es que la España democrática tampoco ha hecho bien su trabajo. El franquismo tuvo “40 años para reescribir la historia y la democracia no hizo los deberes de volver a escribirla para que no se mantuviera el relato de los herederos de la dictadura”, lamenta.
El terror repartido por la geografía española
Los hubo durante la Guerra Civil y durante la dictadura. Y fueron muchos. Según la investigación llevada a cabo por Hernández de Miguel, se cuentan por centenares. Hasta los casi 300. Y la mayoría estaban en Andalucía. Allí, concretamente, hubo 52 campos de concentración: dos en Almería, cinco en Cádiz, 12 en Córdoba, ocho en Granada, cuatro en Huelva, nueve en Jaén, cinco en Málaga y siete en Sevilla. Ninguna de sus ocho provincias se libró de estos centros.
A Andalucía la siguió la Comunitat Valenciana, donde llegó a haber 41 campos; Castilla-La Mancha, con 38; y Castilla y León, con 24. En todas las comunidades, sin ningún tipo de excepción, hubo alguno. En Aragón fueron 18 —siete en Huesca, cinco en Teruel y seis en Zaragoza—; en Asturias, 12; en Baleares, siete; en Canarias, cinco —contando con dos centros tardíos, es decir, construidos después de la Guerra Civil—; en Cantabria, 10; en Cataluña, 14 —cuatro en Barcelona, dos en Girona, seis en Lleida y dos en Tarragona; en Euskadi, nueve —cuatro en Álava, tres en Gipuzkoa y dos en Bizkaia—; en Extremadura, 17 —13 en Badajoz y cuatro en Cáceres—; en Galicia, 11 —ocho en A Coruña, uno en Ourense y dos en Pontevedra—; en La Rioja, dos; en Madrid, 16; en Murcia, 11; y en Navarra, cuatro.
Y no solo ahí: en Ceuta, en Melilla, en el Protectorado de Marruecos y en el Sáhara español hubo, al menos, otros cinco.
La mayoría eran recintos al aire libre, aunque también se usaron instalaciones y edificios ya existentes. Pero además, se trata de espacios hoy reconvertidos a los que asisten multitud de personas sin conocer que hace décadas fueron el escenario de unas de las formas de represión más duras practicadas por la dictadura franquista. El estadio del Viejo Chamartín donde jugaba el Real Madrid, el campo del Puente de Vallecas, el Hostal de San Marcos en León o el Palacio Ducal de Lerma fueron, en su momento, lugares utilizados como campos de concentración donde se hacinaban centenares de prisioneros y prisioneras republicanos.
Desde el inicio de la guerra hasta finales de los años 40
Fue una forma de represión que se practicó en toda España. Pero los tiempos no fueron los mismos en todas las autonomías. Los primeros campos de concentración comenzaron a construirse en el año 1936, después del golpe militar con el que comenzó la Guerra Civil. Y lo hicieron con un objetivo muy claro: sembrar el terror en el enemigo republicano. Así lo dijo, de hecho, el propio Franco en una orden enviada a sus generales el 20 de julio de 1936, tan solo dos días después del golpe: “Organizarán campos de concentración con los elementos perturbadores, que emplearán en trabajos públicos, separados de la población”.
Así lo dijeron y así lo hicieron. La noche del 17 al 18 de julio los militares golpistas asesinaron, como recuerda Hernández de Miguel, a 189 personas en Ceuta y Melilla. Dos días después, El Telegrama del Rif avisaba de la creación del primer campo de concentración, tal y como ordenó y avisó Franco: “Ayer fueron detenidos varios paisanos a los cuales se trasladó a la Alcazaba de Zeluán, donde ha quedado establecido un campamento de concentración de detenidos”.
“El grueso del sistema de los campos de concentración se extendió desde 1936 hasta noviembre de 1939. Es decir, duró toda la Guerra Civil y los primeros meses de la posguerra”, cuenta Hernández de Miguel. En ese momento se cierra la mayoría. La mayoría, pero no todos. “Algunos quedaron abiertos, pero sobre todo hay que destacar que siguieron funcionando por toda España decenas de batallones de trabajadores que hacían trabajos forzados”, añade. Lo hacían como todos los recluídos en los campos: sin haber sido juzgados ni, por tanto, condenados.
Fue en 1948 cuando, definitivamente, cesaron. Un año antes se cerró el campo más longevo: el de Miranda de Ebro. En aquella época, la represión franquista ya se había trasladado a las cárceles españolas.
“Huir de la sombra de Auschwitz”
Fueron doce años de represión en campos de concentración. Pero hasta ahora se desconocía el número y la ubicación de todos ellos. Hernández de Miguel tiene claro que una posible explicación de este hecho es la influencia del nazismo. Una influencia que, no obstante, no debería existir. “Yo creo que no es bueno que hagamos una comparación entre los campos españoles y los nazis. Hay que evitarlo porque, al lado de campos como Auschwitz, las víctimas españolas parecen menos víctimas”, explica. “Es necesario alejar esa comparación para no caer en estereotipos y poder estudiar la naturaleza propia de los campos franquistas, que ya tuvieron la crueldad suficiente”, remata.
Y es que entre un sistema y otro hay similitudes, pero también diferencias. “Los españoles eran mucho más caóticos. En los campos nazis había más homogeneidad. Eran más parecidos entre sí porque las normas de funcionamiento se establecían desde Berlín”, explica Hernández de Miguel. Aquí, continúa, eran los distintos generales los que marcaban cómo funcionaba cada centro.
Pero, no obstante, ambos respondían a un mismo objetivo. “Por un lado, servían para exterminar a los más significados enemigos, aquellos que habían ocupado cargos en la administración republicana o en sindicatos o partidos. Estos, normalmente, eran condenados a muerte con o sin consejo de guerra, que también podía condenarlos a prisión”, explica.
Por otro lado, también servían como lugar de adoctrinamiento. “Franco tenía sus necesidades de guerra y sabía que no podía exterminar a toda la población”, asegura. Por ello, los campos también sirvieron para “deshumanizar” a aquellos republicanos que no se consideraban tan radicales. Los “recuperables”, en palabras de Hernández de Miguel. “Con el miedo, el castigo y el hambre acababan domesticados”, afirma.
¿Y cómo se establecía esta distinción? Se investigaba a cada prisionero pidiendo información a alcaldes, curas y guardias civiles de la zona en la que vivían. Estos, a continuación, emitían un informe que enviaban al campo de concentración. Un informe que “determinaba el futuro de los prisioneros”. “Ir a misa, por ejemplo, determinaba la frontera entre la vida y la muerte de una persona”.
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TERROR EN LOS CAMPOS DE FRANCO
Reeducación, esclavismo y muerte marcaron la vida en los campos de internamiento creados por el bando ganador de la guerra. El libro Los campos de concentración de Franco regresa a aquel país de miedo y desolación. Su autor evoca en estas páginas la memoria de aquel horror. Luis Ortiz, uno de los últimos esclavos del franquismo y protagonista de este reportaje, ha muerto este jueves, 7 de marzo, a los 102 años.
12 MAR 2019 – 10:36 CET / Carlos Hernández de Miguel
A IMAGEN DE la bandera franquista ondeando al otro lado de la frontera le provocó una profunda inquietud. Nunca hasta entonces la había contemplado tan de cerca. Tras dos años y medio combatiendo en las filas del Ejército republicano, de la dura derrota y de siete meses de exilio en Francia, Luis Ortiz (fallecido este jueves, 7 de marzo, a los 102 años) estaba decidido a retornar a casa aquel 1939. Su madre había sondeado en Bilbao a personas cercanas al nuevo régimen. Todas le aseguraron que, si su hijo regresaba, nadie le molestaría ya que no existía cargo alguno contra él. El informe materno le generó más confianza que las promesas realizadas por las autoridades españolas y francesas. Luis nunca se había acabado de creer el mensaje que repetía la megafonía de los campos de concentración galos de Septfonds y Gurs, en los que había compartido cautiverio con miles de compatriotas: “Volved a vuestro país. Nada tiene que temer en la España de Franco aquel que no tenga las manos manchadas de sangre”.
Ya no era momento de echarse atrás. Luis siguió adelante y cruzó tranquilamente el puente de Hendaya. “Irún estaba plagado de guardias civiles y falangistas. No tardaron ni un minuto en detenerme”. Instantes después ingresaba como prisionero en el cercano campo de concentración habilitado en la fábrica de chocolates Elgorriaga. Allí comenzó un periplo que le llevaría a pasar por otros dos campos de concentración y por un batallón de trabajadores esclavos. Luis Ortiz fue uno más del cerca de millón de españoles víctimas de un sistema que comenzó a organizarse tras la sublevación contra la Segunda República.
Un día después de su rebelión, Franco pidió oficialmente que se organizaran “campos de concentración con los elementos perturbadores”
Los generales golpistas tardaron 24 horas en abrir el primer campo de concentración oficial del franquismo. El lugar escogido fue una vieja fortaleza del siglo XVII en el corazón del protectorado español en Marruecos. Entre el 18 y el 19 de julio de 1936, decenas de militares que habían permanecido leales al orden constitucional, miembros de organizaciones republicanas, cargos públicos, periodistas y maestros comenzaron a ser confinados en la alcazaba de Zeluán. Todos ellos eran, en cierto modo, afortunados. Solo en la primera noche de la sublevación los golpistas habían fusilado a 189 personas en Ceuta, Melilla y el territorio del protectorado. Un día después Franco oficializó esta práctica represiva. A través de una orden, pidió a sus compañeros de rebelión que organizaran “campos de concentración con los elementos perturbadores” a los que debían emplear “en trabajos públicos, separados de la población”.
Antes de finalizar el mes de julio abrieron sus puertas los campos de El Mogote, a 10 kilómetros de Tetuán, y La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria. En Mallorca, el comandante militar publicó en la prensa una nota oficial: “Firme, humanitaria y severa, la España rescatada, en defensa de sus hijos leales, no podrá tener con los traidores otra actitud que encerrarlos en campos de concentración. No será cruel porque será cristiana, pero tampoco será estúpida porque dejó de creer en el parlamentarismo liberaloide. Sépanlo todos y especialmente los señoritos comunistas de cabaret: hay plazas vacantes en los campos de concentración, y picos, palas y azadones disponibles en sus almacenes”. Siguieron los pasos de Baleares todos y cada uno de los territorios en los que triunfó rápidamente el golpe de Estado: Galicia, Navarra, zonas de Castilla la Vieja y de Andalucía… “Crearemos campos de concentración para vagos y maleantes políticos; para masones y judíos; para los enemigos de la Patria, el Pan y la Justicia”, anunciaba amenazante la Falange de Cádiz en la portada de su periódico Águilas.
Metódicamente, las zonas conquistadas por los ejércitos franquistas fueron sembradas de campos de concentración. Sus inquilinos eran mayoritariamente prisioneros de guerra capturados en el frente. También pasaron por ellos todo tipo de presos políticos: altos cargos de la Administración, militantes de partidos políticos y sindicatos, hasta mujeres cuyo único delito era el ser esposa, madre o hija de un combatiente republicano. Andalucía fue la región que albergó un número mayor de recintos, 51. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 41; Castilla-La Mancha, con 38, y Castilla y León, con 24. Fueron en total 286 los campos de concentración oficiales abiertos entre 1936 y 1939 que hemos podido documentar. Algunos, como la plaza de toros de Valencia o el campo de fútbol del viejo Chamartín en Madrid, aunque reunieron a miles de prisioneros, funcionaron solo durante unos días. La mayoría operaron durante años, como el de Miranda de Ebro (Burgos), el más longevo del franquismo, que cerró sus puertas en 1947.
A diferencia del meticuloso sistema de los nazis, el español fue poco homogéneo. Aunque en julio de 1937 Franco creó la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros (ICCP) para centralizar el control de estos recintos, la improvisación, el caos organizativo y las disputas entre generales provocaron enormes diferencias. Las condiciones de vida variaban en función de la provincia, del comandante militar a cargo de la región o del oficial designado para dirigirlo. Las posibilidades de sobrevivir crecían si el jefe impedía la entrada de falangistas que iban a la caza del hombre y descendían si era un corrupto y desviaba a su bolsillo parte del dinero que debía destinar a la alimentación. A pesar de las diferencias, todos cumplieron una misión principal: seleccionar a los cautivos. El Generalísimo no quería que ni uno solo quedara en libertad sin haber sido investigado y depurado. Lejos de respetar sus derechos como prisioneros de guerra, la España “nacional” no los consideraba miembros de un ejército, sino, tal y como verbalizó la propia ICCP, “una horda de asesinos y forajidos”.
Para dictaminar su supuesto grado de criminalidad, los cautivos fueron sometidos a complejos procesos de clasificación en los que se solicitaban informes a los alcaldes, guardias civiles y sacerdotes de sus localidades de origen. Sufrieron durísimos interrogatorios que en numerosas ocasiones terminaron con la muerte. Luis Ortiz fue testigo de este tipo de prácticas en el campo de concentración de la Universidad de Deusto, en Bilbao: “Como sabía escribir a máquina, me destinaron a las oficinas. Tomaba nota de lo que los presos declaraban. Cuando no les gustaba lo que contestaban, les daban con un palo en los riñones. Una y otra vez. Eran tremendamente duros los interrogatorios”.
Tras reunir toda la información, las comisiones los dividían, básicamente, en tres grupos: los enemigos considerados irrecuperables, que eran sometidos a juicios sumarísimos donde se les condenaba a muerte o a largas penas de prisión en cárceles inmundas; los que, aun siendo contrarios al nuevo régimen, se estimaba que podían ser “reeducados”, y, por último, los considerados “afectos”, que eran incorporados al Ejército franquista o puestos en una libertad que siempre sería condicional, bajo la eterna vigilancia de las autoridades civiles y militares.
Los campos sirvieron también como lugar de exterminio y de “reeducación”: los cautivos perecían de hambre, de frío y de enfermedades provocadas por las deplorables condiciones higiénicas y la ausencia casi total de asistencia sanitaria; centenares de hombres fueron sacados a la fuerza por grupos de falangistas, guardias civiles o comandos paramilitares que, con la complicidad de los mandos castrenses, los asesinaron en cualquier cuneta. Según fue avanzando la guerra, estos “paseos” irían siendo sustituidos o complementados por los asesinatos “legales”: ejecuciones llevadas a cabo tras unos consejos de guerra que apenas duraban una hora y que en muchas ocasiones se celebraban en los propios campos. En el habilitado en el convento de Camposancos, en A Guarda (Pontevedra), los acusados eran juzgados en grupos de hasta 30 personas. Sus abogados eran militares franquistas que solían limitarse a confirmar la gravedad de los cargos.
“Aspiramos a que salgáis espiritual y patrióticamente cambiados”, se decía en un librito entregado a los presos del campo de San Marcos, en León
Franco tenía claro que quienes sobrevivieran a los campos debían salir de ellos “reformados”. Los prisioneros de San Marcos, en León, recibieron un librito en el que se les intentaba adoctrinar sobre religión, política y conceptos morales. En él se les decía: “Aspiramos a que unos salgáis (…) espiritual y patrióticamente cambiados; otros, con estos sentimientos revividos, y todos, viendo que nos hemos ocupado de enseñaros el bien y la verdad”. Ese “bien” y esa “verdad” fueron inculcados a través de un cruel proceso de deshumanización. Los cautivos eran despojados de sus pertenencias, rapados al cero e incorporados a un grupo humano impersonal que se movía a toque de corneta y a golpe de porra. En la mayor parte de los campos se impartían además dos charlas diarias de adoctrinamiento sobre temas con títulos elocuentes: “Errores del marxismo. Criminalidad imperante antes del 18 de julio. Los fines del judaísmo, la masonería y el marxismo. Por qué el Ejército toma la labor de salvar la patria. El concepto de España imperial”.
La Iglesia desempeñó un papel clave en la “reeducación”. La asistencia a misa era obligatoria, y la comunión, conveniente para congraciarse con los guardianes. Los jefes de los campos consideraban el mayor de los éxitos lograr la conversión de los internos. Tal y como redactó el teniente coronel Cagigao, responsable militar del campo de concentración de El Burgo de Osma (Soria), en un informe elevado a Franco: “¡Espectáculo soberbio! ¡Cuadro imponente de una magestad [sic] y grandeza que solo puede verse en la España del Caudillo, el de 3.082 prisioneros de rodillas con las manos cruzadas y discurriendo entre ellos 10 sacerdotes que distribuían la sagrada forma!”.
Los campos de concentración también nacieron con el objetivo de aprovechar a los prisioneros como mano de obra esclava. En Baleares, Canarias y el protectorado de Marruecos estos recintos fueron, durante la contienda, centros de trabajos forzados destinados a la construcción de infraestructuras y fortificaciones. En Mallorca, los internos de los campos de Pollensa, San Juan de Campos, Manacor y Sóller construyeron más de 100 kilómetros de carreteras. En la Península la situación fue menos homogénea. Al principio de la guerra, los cautivos eran usados arbitrariamente. Generales, oficiales, alcaldes, falangistas y particulares afectos a los golpistas les empleaban en todo tipo de tareas: excavando trincheras, reconstruyendo puentes, rehabilitando pueblos destruidos. En 1937, con el nacimiento de la ICCP, el trabajo esclavo empezó a sistematizarse. Franco reguló ese año por decreto lo que definió como el “derecho obligación” al trabajo de sus cautivos. Y paso a paso fue surgiendo el sistema de explotación laboral de los prisioneros y presos políticos.
En los batallones de trabajadores, que surtieron de mano de obra esclava, llegaron a ser explotadas más de 90.000 personas de forma simultánea
En los llamados batallones de trabajadores llegaron a ser explotados, simultáneamente, entre 90.000 y 100.000 personas en más de un centenar de compañías desplegadas por la geografía nacional. Funcionaron hasta 1940. A partir de ese momento se garantizó la mano de obra esclava obligando a los varones en edad militar que no habían combatido en las filas franquistas a realizar la mal llamada “mili de Franco”. De ellos, quienes eran reconocidos como afectos al Movimiento ingresaban en el Ejército regular. El resto iban a parar a los llamados Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, que retomaron las labores de los batallones de trabajadores, o fueron destinados a realizar fortificaciones en el Pirineo, el Campo de Gibraltar y las costas españolas de cara a una posible entrada del país en la Segunda Guerra Mundial. Anualmente, entre 1940 y 1942, trabajaron 47.000 hombres en estos batallones. Hasta 1948 siguieron operativas algunas de estas unidades formadas por los republicanos que iban saliendo de prisión tras ser indultados o cumplir íntegramente sus penas.
La perpetuación del modelo de presos esclavos se llevó a cabo a través del Patronato de Redención de Penas por el Trabajo, un organismo controlado por el Ministerio de Justicia y ajeno al sistema de campos de concentración. En sus unidades se integraron presos políticos y comunes que veían reducida su pena y percibían un salario hasta 30 veces inferior al de un obrero libre. El patronato gestionó desde 1938 hasta 1970 media docena de agrupaciones de colonias penitenciarias militarizadas y centenares de destacamentos penales, como los que trabajaron en la construcción de pantanos y de monumentos como el Valle de los Caídos.
Los prisioneros que lograron sobrevivir nunca obtuvieron una libertad total. Durante años tuvieron que presentarse periódicamente en el cuartel de la Guardia Civil y fueron sometidos a un régimen de vigilancia. Al salir de los campos se encontraron con que habían perdido sus trabajos, sus negocios y, en muchos casos, todos sus bienes. La depuración ideológica en el sector público y privado fue sistemática. Luis Ortiz lo sufrió en sus propias carnes: “Me liberaron en 1943. Mi mujer trabajaba en una fábrica de pilas y ganaba una miseria. Vivíamos en un piso de esos que hoy llaman pisos patera. Las empresas necesitaban gente, pero solo contrataban a quienes habían hecho méritos en el Ejército franquista. Antes de empezar a trabajar en una empresa era necesario presentar un impreso de aceptación sellado por el sindicato vertical. Ibas a la sede del sindicato, te miraban los antecedentes, decían que eras desafecto y no te lo sellaban”. Luis solo logró el sello después de sobornar a uno de los jefes del sindicato: “Le tuve que pagar bajo cuerda 5.000 pesetas. ¡5.000 pesetas del año 1943! Movilicé a medio Bilbao para que me prestaran dinero”.
Campo de concentración habilitado en el convento de San Marcos, en León. Sala Capitular repleta de internos. (Dibujo realizado por Cástor González, preso de San Marcos).
Campo de concentración habilitado en el convento de San Marcos, en León. Sala Capitular repleta de internos. (Dibujo realizado por Cástor González, preso de San Marcos). Cortesía de Cástor González Ovies
Como buena parte de los hombres y mujeres que pasaron por los campos de concentración franquistas, Luis Ortiz afrontó su nueva vida en semilibertad desde el miedo y el silencio. Durante 34 años trabajó en la empresa Uralita, en la que se jubiló en 1977, el mismo año en el que votó en las primeras elecciones libres que se celebraban en España desde 1936. No fue hasta muchos años después de la muerte del dictador cuando decidió contar su historia. Este jueves 7 de marzo ha fallecido a los 102 años en un hospital de Bilbao. Días antes compartió su testimonio: “Durante mucho tiempo solo se conoció lo que el franquismo quiso contar sobre nosotros. Lo importante ahora es que se sepa la verdad. Yo estuve más de 40 años calladito, pero ahora estoy embalado. ¿Sabes aquel famoso personaje que quería morir con las botas puestas? Pues así quiero morir yo. Así moriré yo”.
https://elpais.com/elpais/2019/03/04/eps/1551726594_395569.html
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EL “HOLOCAUSTO IDEOLÓGICO” DE FRANCO: 296 CAMPOS DE CONCENTRACIÓN POR LOS QUE PASARON CASI UN MILLÓN DE ESPAÑOLES
El periodista e investigador Carlos Hernández publica este jueves ‘Los campos de concentración de Franco’, un exhaustivo estudio del sistema represivo creado por los golpistas del 17-18 de julio de 1936.
PÚBLICO | ALEJANDRO TORRÚS | 11-3-2019
En la España de Franco no hubo cámaras de gas. Tampoco se ideó una ‘solución final’ para acabar con los judíos o con los gitanos. No. La España de Franco tampoco ideó un plan para invadir a los países vecinos ni vistió de rayas a sus prisioneros. Franco no era Hitler. Pero había similitudes. En la España de Franco lo que hubo fue un “verdadero holocausto ideológico”. “Una solución final contra quienes pensaban de forma diferente”.
Así lo expresa el periodista Carlos Hernández de Miguel que este jueves publica Los campos de concentración de Franco (Ediciones B), una investigación de tres años en los que al autor documenta y explica, como nunca antes hasta la fecha, el sistema represivo y de concentración creado por los golpistas del 17-18 de julio de 1936 y que pervivió, aunque en una versión suavizada en algunos aspectos, “hasta después de la muerte del tirano en noviembre de 1975”.
Y es que para los golpistas, la Guerra Civil tuvo en muchos aspectos poco de guerra y mucho de depuración ideológica. Así, los campos de concentración franquistas nacieron apenas 24 horas después del golpe de Estado como parte de un “plan preconcebido por los sublevados” con el objetivo de “sembrar el terror y eliminar al adversario político”. El propio general Franco dejó dicho que en una guerra como la que vivía España era preferible “una ocupación sistemática de territorio, acompañada por una limpieza necesaria” que una rápida victoria militar “que deje al país infectado de adversarios”.
Así, la idea que más se repetía era la de “limpieza”. “Limpiad esta tierra de las hordas sin Patria y sin Dios”, diría José María Pemán, intelectual y propagandista de los sublevados. El general Mola, en sus directrices previas al golpe, pidió “eliminar los elementos izquierdistas: comunistas, anarquistas, sindicalistas, masones….”. El objetivo también lo señaló el general navarro: “El exterminio de los enemigos de España”. El oficial de prensa de Franco, Gonzalo de Aguilera, de hecho, puso número a esa “limpieza”. Según sus cálculos, había que “matar, matar y matar” hasta “terminar con un tercio de la población masculina de España”.
El primer paso para ejecutar esta limpieza fue la creación de campos de concentración. Durante los primeros meses de guerra, cada comandante militar de cada provincia y cada general al mando de una unidad fueron abriendo campos en el territorio de su influencia. Solo a partir de julio de 1937, con la creación de la Inspección General de los Campos de Concentración de Prisioneros (ICCP) por parte de Franco se comenzó a “centralizar la gestión”. El impacto de esta orden de Franco, sin embargo, fue limitada. Cada general quería hacer y deshacer en sus respectivos campos de concentración. En ellos, no había prisioneros de guerra. No. Había “forajidos”, “hordas de delincuentes” y “animales”. El franquismo había negado a sus enemigos hasta los derechos de la Convención de Ginebra.
¿Pero cuántos campos de concentración hubo en la España de Franco? Hay dos respuestas a esta pregunta. La primera respuesta la aporta Carlos Hernández, autor también de la obra Los españoles de Mauthausen: “Solo hubo uno y se llamaba España. La nación entera, a medida que fue siendo conquistado su territorio por las tropas rebeldes, se fue convirtiendo en un gigantesco recinto de concentración. Un recinto en el que, inicialmente, todos sus internos eran culpables”.
“La nación entera, a medida que fue siendo conquistado su territorio por las tropas rebeldes, se fue convirtiendo en un gigantesco recinto concentracionario”
La segunda respuesta la aporta el mismo autor con su investigación exhaustiva de los últimos tres años: 296 campos de concentración repartidos por todo el Estado con Andalucía y la Comunidad Valenciana a la cabeza de este ránking de la infamia. El primero de ellos, de hecho, se abrió apenas 48 horas después del golpe de Estado del 17-18 de julio en Zeluán, a unos 25 kilómetros al sur de Melilla, en el antiguo protectorado de Marruecos, donde comenzó el golpe.
También, el campo de fútbol del Viejo Chamartín, donde jugaba el Madrid, se convirtió en un campo de concentración. Y el Stadium Metropolitano, donde disputaba sus partidos hasta 1966 el Club Atlético de Madrid. Las plazas de toros de la mayoría de localidades del país, como la de Las Ventas (Madrid), la de Alicante, la de la Manzanera en Logroño o la de Baza, en Granada, fueron convertidas en campos de concentración. Igualmente muchos edificios religiosos también fueron utilizados con este fin. ¿Ejemplos? El Monasterio de San Salvador en Celorio (Asturias), el Monasterio de la Merced en Huete (Cuenca), el de la Caridad, en Ciudad Rodrigo (Salamanca) o el de San Clodio, en Ourense, hoy convertido en un hotel & spa.
Por todos estos pasaron circularon entre 700.000 y un millón de españoles, según ha estimado el autor de la obra. ¿Y cuántos murieron en ellos? Así responde Hernández de Miguel: “El número de víctimas directas supera con creces los 10.000 y el de indirectas es incalculable si tenemos en cuenta que los campos fueron lugar de tránsito para miles y miles de hombres y mujeres que acabarían frente a pelotones de fusilamiento o en cárceles que especialmente en los primeros años de la dictadura fueron verdaderos centros de exterminio”.
“Exterminio también porque los cautivos apenas recibían comida y no disponían de las más mínimas condiciones higiénicas ni sanitarias. En lugares como Albatera (Alicante), la plaza de toros de Teruel o el campo de fútbol del Viejo Chamartín, en el que jugaba el Real Madrid, hubo miles de hombres y centenares de mujeres muriéndose literalmente de hambre. En Orduña (Vizcaya), Medina de Rioseco (Valladolid), Isla Saltés (Huelva) o San Marcos (León) perecían de tifus exantemático, pulmonías y tuberculosis”, cuenta el libro.
El primer objetivo de estos campos, además de infundir el terror a toda la población, era clasificar a los cautivos. Para ello, crearon una suerte de tres categorías: “asesinos y forajidos o enemigos de la patria española”, que debían ser fusilados o condenados a largas penas; los “bellacos engañados”, que podían ser “reeducados mediante el sometimiento, la humillación, el miedo y los trabajos forzados”; y, por último, los “simples hermanos”, considerados ‘afectos’ al Movimiento y que eran liberados o incorporados a las filas del Ejército franquista.
Los fusilamientos, de hecho, se produjeron sin ningún tipo de control durante los primeros meses. Después, se fueron organizando los juicios sumarísimos donde se condenaba a muerte a 20 o 30 presos a la vez. Pero, además, de ser el escenario de una “selección ideológica” y de “lugar de exterminio”, los campos sirvieron como lugar de “reeducación”. “Franco apostó por eliminar a los irrecuperables y tratar de sanar al resto mediante el sometimiento, la humillación, la propaganda y el lavado de cerebro”. ¿Cómo funcionaba esta reeducación?
“Los cautivos eran sometidos a un proceso de deshumanización”
“Los cautivos eran sometidos a un proceso de deshumanización. Despojados de sus pertenencias más personales, la mayor parte de las veces eran rapados al cero e incorporados a una masa impersonal que se movía a toque de corneta y a golpe de porra. Las condiciones infrahumanas en el campo les degradaban psicológicamente desde el primer momento”, escribe Carlos Hernández.
En estas condiciones, los presos eran obligados a formar un mínimo de tres veces al día, cantar el Cara al sol y otros himnos franquistas y rendir honores a la bandera rojigualda haciendo el saludo fascista a la romana. Asimismo, la ICCP ordenó que en los campos se impartieran diariamente dos horas diarias de charlas de adoctrinamiento con temas como Errores del marxismo, Los fines del judaísmo, la masonería y el marxismo o El concepto de España imperial.
“La Iglesia jugó un papel fundamental en esta tarea ‘reeducativa’. En los campos de concentración se reflejó claramente la identificación absoluta de métodos y objetivos entre esta institución, los golpistas y la posterior dictadura. A diferencia de lo que ocurría con la figura del médico, la del capellán nunca se echó de menos en estos recintos. Generalmente con el mayor de los ardores, los sacerdotes lanzaban agresivos y amenazantes sermones a los prisioneros y ejercían de profesores en las clases patrióticas”, relata Carlos Hernández.
La libertad que no llega
El 1 de abril de 1939, hace ahora casi 80 años, Franco dio por concluida la Guerra Civil con aquel mensaje radiofónico de “cautivo y desarmado el Ejército rojo han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares”. Sin embargo, la paz no llegó. En ese preciso momento, el número de españoles en campos de concentración superaba “holgadamente” el medio millón, según los cálculos de Hernández. Muchos otros continuaban presos, pero ahora en batallones de trabajadores.
En noviembre de 1939, de hecho, Franco ordenó cerrar la práctica totalidad de los campos de concentración. De la noche a la mañana numerosos recintos pasaron a depender de la Dirección General de Prisiones o de otras instituciones. En algunos de ellos se evacuó a quienes no habían sido juzgados y solo permanecieron los internos que cumplían condena. En otros establecimientos, por el contrario, solo se procedió al cambio de denominación oficial.
Los ciudadanos que consiguieron abandonar el campo de concentración con vida tampoco alcanzaron la libertad definitiva y real. Cientos de miles de hombres y mujeres siguieron siendo prisioneros durante décadas en las localidades en las que residieron.
“Un buen porcentaje de ellos volvieron a ser detenidos, encarcelados o fusilados tras ser sometidos a nuevos procesos judiciales. Quienes estaban en edad militar tuvieron que hacer la ‘mili de Franco’, iniciando un nuevo período de cautiverio y trabajo esclavo. Todos, casi sin excepción, permanecieron para siempre vigilados y marginados social y económicamente: los empleos y los nuevos negocios fueron solo para quienes habían combatido en las filas del Ejército vencedor”, concluye Carlos Hernández. La guerra había terminado. Ahora comenzaba una vida de pobreza y miseria.
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FRANCO CREÓ 300 CAMPOS DE CONCENTRACIÓN EN ESPAÑA, UN 50% MÁS DE LO CALCULADO HASTA AHORA
► Una investigación del periodista Carlos Hernández, plasmada en su libro Los campos de concentración de Franco, documenta la existencia de 296 centros
► Funcionaron desde el sublevamiento militar hasta finales de los años 60 y encerraron entre 700.000 y un millón de españoles, pasando una media de 5 años
► Se sometía a los prisioneros a torturas físicas y psicológicas además de a trabajos forzosos
ELDIARIO.ES | BELÉN REMACHA | 11-3-2019
Franco creó en España un centenar más de campos de concentración de los que se creía hasta ahora. Una investigación del periodista Carlos Hernández plasmada en su libro Los campos de concentración de Franco documenta 296 en total, a partir sobre todo de la apertura de nuevos archivos municipales y militares. Por los campos pasaron entre 700.000 y un millón de españoles que sufrieron “el hambre, las torturas, las enfermedades y la muerte”, la mayoría de ellos además fueron trabajadores forzosos en batallones de esclavos. Estuvieron abiertos desde horas después de la sublevación militar hasta bien entrada la dictadura.
El estudio anterior más completo, de Javier Rodrigo, había documentado hasta 188 campos de concentración en todo el país. También en torno a 10.000 víctimas mortales entre los asesinados y los fallecidos a consecuencia de las condiciones vividas ahí, pero Hernández cree que “esa cifra se queda corta con estos nuevos datos. Es imposible documentar todos los asesinatos y muertes porque no dejaban registro, pero en solo 15 campos que han podido ser investigados ya calculamos entre 6.000 y 7.000. No es una proporción exacta porque entre esos 15 estaban algunos de los más letales, pero nos hacemos una idea de que hay muchas más víctimas”.
La comunidad autónoma que más campos albergó fue Andalucía, pero hubo por todo el territorio: el primero fue el de la ciudad de Zeluán, en el antiguo Protectorado de Marruecos, abierto el 19 de julio de 1936, y el último fue cerrado en Fuerteventura a finales de los años 60. El 30% eran “lo que imaginamos estéticamente como campos de concentración, es decir, terrenos al aire libre con barracones rodeados de alambradas. El 70% se habilitaron en plazas de toros, conventos, fábricas o campos deportivos, hoy muchos reutilizados”, explica Hernández. Ninguno de los presos había sido juzgado ni acusado formalmente ni siquiera por tribunales franquistas, y pasaron ahí una media de 5 años. Sobre todo eran combatientes republicanos, aunque también había “alcaldes o militantes de izquierdas” capturados tras el golpe de estado en localidades que cayeron en manos del ejército franquista.
Trabajos forzosos, hambre y torturas
En los campos de concentración de Franco se hacía una labor de “selección”. Se investigaba a cada uno de los prisioneros, principalmente mediante informes de alcaldes, curas, y de los jefes de la Guardia Civil y la Falange de las localidades natales. A partir de ahí, clasificaban a los prisioneros en tres grupos, en términos franquistas: los “forajidos”, considerados “irrecuperables”, iban directamente a juicio, en el que se les decretaba cárcel o paredón. Los “hermanos forzados”, es decir, los que creían en las ideas fascistas pero obligados a combatir en el bando republicano; y los “desafectos” o “bellacos engañados”, los que estaban del lado republicano pero los represores valoraban que no tenían una ideología firme y que eran “recuperables”.
Los “desafectos” poblaron de manera estable los campos de concentración y fueron condenados a trabajos forzosos. Durante la guerra estuvieron obligados a cavar trincheras, y al término del conflicto, principalmente a labores de reconstrucción de pueblos o vías. Sufrieron torturas físicas, psicológicas y lavados de cerebro: tenían que comulgar, ir a misa, o cantar diariamente el Cara al Sol, como ha documentado Hernández. También hay testimonios explícitos de hambrunas extremas, “la peor pesadilla de los prisioneros”, enfermedades como el tifus o tuberculosis y plagas de piojos. Muchos de ellos fueron asesinados en el propio campo o por tropas falangistas que iban a buscarles, y otros muchos no sobrevivieron a la falta de alimento, higiene y atención sanitaria.
En noviembre de 1939, meses después del fin de la guerra, se cerraron muchos campos, “pero lo que sucede realmente es una transformación”, relata el periodista. “La represión franquista era tan bestia y tenía tantas patas que evolucionó en función de las circunstancias. Franco, aunque aliado con Italia y Alemania, quería dar una buena imagen ante Europa, quería emitir una propaganda de respeto de los derechos humanos. Por eso oficialmente los campos terminan, pero algunos perduran durante mucho tiempo”. El último oficial, también el más longevo, fue el de Miranda de Ebro (Burgos), que duró de 1937 a 1947.
Después hubo lo que Hernández denomina “campos de concentración tardíos”, creados durante los años 40 y 50 y con denominaciones ya distintas. Fueron el de Nanclares de Oca (Álava), La Algaba (Sevilla), Gran Canaria y Fuerteventura, estos dos últimos para prisioneros marroquíes de la guerra del Ifni y cerrados en el 59. Durante el resto de la dictadura siguieron quedando vestigios: por ejemplo, en 1966 se clausuró la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía (Fuerteventura), en la que se encarcelaba y “reeducaba” a homosexuales.
“Ha habido miedo a hablar”
Según Hernández, hay que “rehuir” la comparación que parece inevitable con los campos nazis. En primer lugar porque “al lado de Auschwitz, de millones de víctimas en la cámara de gas, cualquier crimen brutal parece menos crimen”. Y en segundo porque el sistema franquista era muy diferente: así como en la Alemania nazi todo estaba más o menos estructurado y los dividían entre los de exterminio directo y los de exterminio por trabajo, los españoles eran mucho más heterogéneos y todo más “caótico”. Los campos de Franco variaban mucho en tamaño, y la suerte y destino de los prisioneros dependía en muchos casos de las decisiones del propio oficial, que los había más y menos sanguinarios.
Sobre el papel, estos centros estaban destinados solo a hombres: “En la mentalidad machista y falsamente paternalista de los dirigentes franquistas, las mujeres no encajaban en los campos de concentración”. Aunque sí hay constancia de grupos de cautivas en algunos como en el de Cabra (Córdoba), ellas fueron sometidas a idénticas torturas sobre todo en las cárceles. Las prisiones, al igual que las unidades del Patronato de Redención de Penas que construyeron el Valle de los Caídos, no están incluidas en esta investigación. Hernández la ha limitado a lo que la propia documentación del régimen categoriza como ‘campos de concentración’ –además de los cuatro tardíos– porque “la represión fue de tal magnitud y tuvo tantas estructuras que para poder explicarla tienes que parcelarla”.
La segunda parte del libro de Hernández, que se publica el próximo 14 de marzo, consta de testimonios de víctimas. Quedaban pocos supervivientes que pudieran contarlo pero el autor conversó directamente con media docena de los que fueran presos en uno o varios de los casi 300 campos de concentración. Todos ellos han fallecido en los últimos tres años, el último el pasado jueves, Luis Ortiz, quien pasó por el de Irún, por el de Miranda de Ebro y por el de Deusto.
Durante muchas décadas “ha habido vergüenza y miedo” a hablar. Además de esas conversaciones con los antiguos presos, mucho de lo recuperado por Hernández parte de publicaciones elaboradas durante la Transición y de documentos familiares: “Hubo mucha gente que dejó escritos a sus hijos y nietos de lo que ocurrió”. Él anima a eso, “a preguntar a la abuela, al abuelo, por lo que pasó: en todas las familias españolas hay alguien cercano con historias sobre esto. No quiero que esto sea un punto y final a la investigación sobre los campos de concentración, sino un estímulo para reabrir el tema”.
https://www.eldiario.es/sociedad/Franco-campos-concentracion-Espana-calculado_0_876663097.html
