ACTUALIZADO. Exhumar al dictador: y romper el concordato de la democracia con el franquismo.

Para la amplia derecha española, se viene encima la profanación de una reliquia de la historia de España, el último salvador de las esencias de España, el fiel heredero del Cid Campeador y de los Reyes Católicos

¿Se puede aceptar que una víctima financie la tumba de honor de su verdugo? En España se ha aceptado y se seguirá aceptando esa forma de maltrato hacia las víctimas de la dictadura

Que el Tribunal Supremo haya dedicado más tiempo a atender a la familia del dictador explica de manera especialmente gráfica el concordato que se firmó en la transición a la democracia con el franquismo

Emilio Silva / 24/09/2019 – 23:37h

Desde hace unos meses, en el Valle de los Caídos, una red de apoyo a la permanencia de los restos del dictador Francisco Franco en el recinto vigila la basílica, desde que abre al público hasta que cierra, para detectar cualquier señal que permita anticipar que el Gobierno inicia la operación de extracción de los restos del dictador para darles un tratamiento más democrático. La noticia de que el Tribunal Supremo no acepta la reclamación de la familia del dictador y da luz verde a su exhumación ha debido caer entre ellos como la entrada del hocico de un oso en una colmena. Sus horas de vigilancia, en la cafetería, en la Basílica, incluso en la hospedería, se van a intensificar de aquí al día en que la maquinaria para levantar esa pesada losa que lleva más de cuatro décadas arrastrada por nuestra democracia, sea alzada y apartada para permitir el acceso al cuerpo del dictador.

Para la amplia derecha española, esa que no ha terminado de comulgar con la democracia aunque haga uso de ella, se viene encima la profanación de una reliquia de la historia de España, el último salvador de las esencias de España, el fiel heredero del Cid Campeador y de los Reyes Católicos, el hombre que fue elegido por Dios para ser Caudillo por designación divina.

La exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, reclamada desde hace año por sus víctimas, tenía por objeto normalizar nuestra democracia, desterrando su momia del territorio del Estado y privatizando su figura, entregándolo a sus opulentos herederos. Se trataba de que las víctimas de la dictadura dejaran de pagar con sus impuestos la tumba del dictador. ¿Se puede aceptar que una víctima financie la tumba de honor de su verdugo? En España se ha aceptado y se seguirá aceptando esa forma de maltrato hacia las víctimas de la dictadura, que han sido obligadas por el Estado democrático durante décadas a financiar el mausoleo del líder militar del fascismo español.

Que el Tribunal Supremo haya dedicado más tiempo a atender a la familia del dictador, para ver qué ocurre con sus huesos, que a las familias de las más de cien mil personas desaparecidas por la represión franquista explica de manera especialmente gráfica el concordato que se firmó en la transición a la democracia con el franquismo. Lo que de manera eufemística se ha llamado “franquismo sociológico” ha sido un franquismo que forma parte de nuestra cultura política, de nuestra fragilidad democrática y de la politización de los poderes del Estado, que van mucho más allá del judicial y alcanzan el poder educativo, mediático o diplomático.

Que durante 15 meses hayamos visto a la familia de un dictador echando un pulso, de tú a tú, con un gobierno democrático, nos explica la debilidad con la que la política se ha enfrentado a la dictadura. La familia del dictador ha conservado sus privilegios intactos durante cuatro décadas; ningún gobierno ha investigado el origen de su fortuna, las apropiaciones indebidas, el expolio a Patrimonio Nacional o los favores políticos que han recibido en democracia para multiplicar su patrimonio con la burbuja inmobiliarias.

Ningún gobierno hasta hoy ha rendido un homenaje a los hombres y mujeres que lucharon contra el dictador, que se jugaron la vida, que dejaron de lado sus proyectos personales y que apostaron por defender el regreso de una democracia en la que se abrieran de nuevo las urnas para acoger ideas iguales o contrarias a las suyas. Todos los gobiernos de la recuperada democracia han mantenido una política educativa que fabricaba ignorancia acerca del pasado reciente, que blanqueaba las biografías de los altos dirigentes del franquismo. Y todos planificaban la muerte silenciosa de víctimas y testigos para que en un futuro la dictadura se despojara de su terrible uso de la violencia, de su autártico apartheid  en el que los vencedores disfrutaban de derechos y recursos del estado y los perdedores, defensores de la democracia, sobrevivían en el subsuelo de la pirámide social del que sólo pudieron salir en la mayoría de los casos formando parte de los casi dos millones de españoles y españolas que salieron del país en las dos décadas siguientes al final de la Segunda Guerra Mundial. Ningún gobierno ha trabajado para abrir la puerta de los juzgados a las víctimas de la dictadura, a las familias de los desaparecidos, a los homosexuales torturados, a las mujeres sin derechos, a quienes fueron saqueados por las autoridades franquistas o utilizados como esclavos por las grandes constructoras que actuaron en muchas ocasiones como testaferros del dictador.

El cuerpo de Franco ha permanecido intacto, como una reliquia, en el lugar que él mismo programó, sin que la democracia lo contradijera o tomara una decisión al respecto. Pero la recuperación de la memoria es, entre otras muchas cosas, una lucha por el significado del pasado y en los últimos años el significado de un monumento como el Valle de los Caídos se ha transformado hasta convertir los residuos del franquismo en una realidad incómoda para amplios sectores sociales.

El catolicismo ha sido en España una identidad política antes que una identidad religiosa. El de la transición a la democracia firmó un concordato con el franquismo para evitar obstáculos y esfuerzos. Pero el peso de ese pasado amable con la dictadura ha generado un duro coste político en nuestro presente. El cuerpo de Franco en la basílica del Valle es como el tapón de un desagüe. Simboliza muchas carencias democráticas, muchas injusticias con los padres y las madres de nuestra democracia, muchas personas que han muerto durante décadas con una enorme angustia por acercarse a la muerte sin haber podido enterrar dignamente a un ser querido y saber qué pasó.

Los restos de Franco, si el Gobierno actúa para trasladarlos, terminarán enterrados en un monumento que pertenece a Patrimonio Nacional. Una vez allí, sus víctimas seguirán obligadas a pagar con sus impuestos la tumba del dictador, en un gesto de gatopardismo. Que el dictador obedezca al Estado democrático es algo que no había ocurrido antes. Pero las víctimas de las cunetas, sus familias y una sociedad que rechaza las violaciones de Derechos Humanos seguirán reclamando un Boletín Oficial del Estado en el que se reconozca su defensa de los valores democráticos y la obligación de todas las instituciones del Estado de garantizar verdad, justicia y reparación y exhumar e identificar a todas las personas desaparecidas. Si el traslado de Franco es una declaración de intenciones de romper el concordato de la democracia con el franquismo, debe ser el principio de un proceso que termine con su impunidad, como si sus restos fueran trasladados al cementerio de un prisión, ese lugar que nunca ha pisado ninguno de los responsables de tanta violencia, tanto miedo y tanto dolor.

https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Exhumar-dictador-concordato-democracia-franquismo_6_945665467.html

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El Gobierno aún no podrá exhumar a Franco, pese al fallo del Supremo

Un juez de Madrid mantiene suspendida la licencia de obras para levantar la losa del dictador, en base a un informe encargado por la Fundación Francisco Franco. La Abogacía del Estado aún espera poder presentar un ‘contrainforme’.

MADRID / 24/09/2019 12:02 /ALEJANDRO López de miguel /

La losa que protege los restos de Francisco Franco aún seguirá en su sitio durante un tiempo. El fallo del Tribunal Supremo sobre la exhumación y posterior inhumación del dictador, que avala el acuerdo del Gobierno y ratificado por el Congreso, no basta para sacar a Franco del Valle de los Caídos de forma inmediata, ya que un juez mantiene suspendida la licencia para ejecutar las obras.

El magistrado José Yusti Bastarreche, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3, acordó en febrero la suspensión cautelarísima del informe técnico del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que concedía licencia para realizar las obras. El juez fue recusado por la Abogacía del Estado, y fue apartado del caso hasta el pasado junio, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró que no había motivo para asignar el caso a otro magistrado.

El informe en el que se basa el magistrado fue encargado por la Fundación Francisco Franco

Desde entonces apenas ha habido avances en la causa, según trasladan fuentes jurídicas a este diario. Las mismas fuentes añaden que el juez fue sometido recientemente a una intervención quirúrgica, y en su agenda de señalamientos no figura la convocatoria de la vista donde las partes puedan exponer sus argumentos a favor y en contra de la suspensión cautelar de la licencia de obra. Hasta entonces no será posible proceder al traslado de los restos del dictador, apuntan.

La Abogacía del Estado prepara un contrainforme pericial, si bien las fuentes citadas insisten en que el magistrado no muestra prisa alguna para celebrar esta vista.

Por si fuera poco, el informe técnico en el que se basó el magistrado para suspender la licencia fue elaborado para la Fundación Francisco Franco. Lo firman los arquitectos José Ismael de la Barba y Enrique Porto Rey, que fue director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2006, durante la primera etapa de Esperanza Aguirre al frente del Gobierno autonómico. Porto fue imputado por supuesta corrupción, si bien su caso fue archivado.

La decisión de exhumar al dictador fue aprobada en Consejo de Ministros y ratificada por el Congreso de los Diputados, si bien el juez sostuvo en su auto del 25 de febrero que “por legítima y conforme a la legalidad que sea” una decisión del Consejo de Ministros, “no puede ejecutarse sin las garantías técnicas y mecánicas” necesarias.

Desde que el Gobierno de Pedro Sánchez anunció su decisión de sacar a Franco del Valle -la medida estrella del Ejecutivo, ahora en funciones-, la familia del dictador y la Fundación que ensalza su figura han recurrido a varias acciones legales para torpedear sus planes. 

Sin embargo, distintos jueces ya han rechazado la adopción de medidas contra la exhumación en base al informe que sí ha asumido Yusti. El magistrado entiende que el peso de la losa que cubre el féretro del dictador, que ronda los 2.000 kilogramos, “puede desestabilizar el conjunto”, esto es, la basílica del Valle. “Falta un riguroso análisis de la seguridad, estabilidad e instalaciones subterráneas que pudieran existir bajo la sepultura de Francisco Franco”, reza el informe.

Las “oscuras intenciones” que ve el juez en la Ley de Memoria

El magistrado es un viejo conocido en el debate sobre el franquismo y la memoria histórica. La Abogacía del Estado lo recusó basándose en la opinión que había vertido en artículos en prensa contrarios a la Ley de Memoria Histórica del Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Entre otras cosas, Yusti lo acusó de “revivir” con “oscuras intenciones todos los hechos y situaciones que llevaron a nuestra patria a aquellos momentos difíciles”. También se refiere la República como la “antesala de la Guerra”, y acusó a los políticos de la misma de ser “los grandes fogoneros de la hoguera que vino después”. Pese a todo, el TSJ de Madrid no considera que el magistrado haya visto afectada su apariencia de imparcialidad.

https://www.publico.es/politica/valle-caidos-pese-supremo-gobierno-no-podra-exhumar-franco.html

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El Tribunal Supremo avala por unanimidad que los restos de Franco salgan del Valle de los Caídos

ÁNGELA MARTIALAY /@AngelaMartialay /Madrid / Martes, 24 septiembre 2019 – 13:36

Rechaza la pretensión de la familia de que el cuerpo del dictador sea enterrado en la Catedral de La Almudena y, por lo tanto, será depositado en el cementerio de Mingorrubio (El Pardo)

El Tribunal Supremo avala por unanimidad que los restos de Franco salgan del Valle de los Caídos

El Tribunal Supremo avala por unanimidad que los restos mortales del dictador Francisco Franco salgan de la basílica del Valle de los Caídos, según avanzan fuentes jurídicas a EL MUNDO. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha desestimado este martes el recurso interpuesto por la familia del caudillo dando así luz verde a una de las medidas estrella del Gobierno de Pedro Sánchez en plena precampaña electoral.

La Sala, compuesta por los magistrados Jorge Rodríguez Zapata (presidente), Pablo Lucas (ponente), Pilar Teso, Celsa Pico, Segundo Menéndez y José Luis Requero, ha acordado que es una medida conforme a derecho exhumar los restos de Franco de Cuelgamuros.

Además, el tribunal ha rechazado la pretensión de la familia de que el cuerpo del dictador sea enterrado en la Catedral de La Almudena y, por lo tanto, será depositado en el cementerio de Mingorrubio (El Pardo) en contra del criterio de los nietos.

Esta era la última esperanza que albergaban los nietos del caudillo: que el Alto Tribunal les permitiera elegir el lugar de reinhumación de los restos de su abuelo. La familia Franco pidió a los jueces de la Sala Tercera que reconocieran “el legítimo derecho a inhumar a su antepasado en su sepultura familiar en la cripta de La Almudena” para no ver mermados sus derechos fundamentales. Era, a priori, el principal escollo jurídico que fuentes de la Sala apreciaban.

Sin embargo, el Supremo ha conseguido mantener este martes la misma unanimidad que recabaron el pasado 5 de junio cuando decidieron paralizar de forma cautelar la exhumación aprobada por el Ejecutivo mediante decreto ley.

Recurso al Constitucional

Fuentes de la defensa de la familia Franco consultadas por este medio aseguran que acudirán al Tribunal Constitucional alegando vulneración de derechos fundamentales. En la demanda de amparo los nietos del caudillo podrían solicitar además al tribunal de garantías que adopte como medida cautelar la paralización de ejecución de sentencia hasta que se resuelva dicho recurso. La batalla legal del Gobierno con los Franco no acaba aquí.

https://www.elmundo.es/espana/2019/09/24/5d89e133fdddff25b18b4698.html

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+ info:

La Asociación para la Recuperación de la Memoria denunciará al Estado si Franco sigue en el Valle o en suelo público

  • La asociación asegura en un comunicado que obligar a las vícitmas a mantener con sus impuestos la tumba “es una forma de maltrato y una patología democrática”
  • Señalan al magistrado José Luis Requero, que deliberará sobre la decisión final del Tribunal Supremo, por mantener “una estrecha relación con uno de los bufetes de abogados que defiende los intereses de la familia Franco”
infoLibre /contacta@infolibre.es 23/09/2019 a las 18:04 /Europa Press

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha hecho público un comunicado este lunes en el que advierte de su intención de proceder judicialmente contra el Estado en el caso de que el Tribunal Supremo falle en contra de la exhumacion de Francisco Franco o si lleva sus restos a otro suelo público, como sería el cementerio de Mingorrubio en El Pardo, propiedad de Patrimonio Nacional, según informa Europa Press.

El anuncio lo realiza de cara a este martes, cuando una Sala de seis magistrados debe reunirse a partir de las 10.00 horas para tratar de resolver definitivamente este asunto. El colectivo, según recuerda en su nota, lleva años reclamando la salida de los restos del dictador de la Basílica del Valle de los Caídos, y asegura asegura que obligar a las víctimas de la dictadura a pagar con sus impuestos la tumba “es una forma de maltrato y una patología democrática”, en palabras de su presidente, Emilio Silva.

Por ello considera que tras la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de sacar los restos del Valle de los Caídos en El Escorial (Madrid) para su posterior entierro en el cementerio de Mingorrubio “es el momento de que la democracia española demuestre que ha madurado y deje de financiar con fondos públicos monumentos que rinden homenaje a un dictador”, añade.

Señalan a un magistrado

Este colectivo, que lleva diecinueve años exhumando fosas comunes de personas asesinadas en el postfranquismo, lamenta que hasta el momento ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo no hayan tomado ninguna medida para apartar de la decisión sobre la exhumación al magistrado José Luis Requero, uno de los seis que mañana deliberarán sobre este asunto.

Le señalan por tener “una estrecha relación con uno de los bufetes de abogados que defiende los intereses de la familia Franco“. “Hay que terminar con los privilegios de la familia del dictador y el Estado debería investigar el origen de su fortuna y luchar para recuperar todo aquello que sea de propiedad pública; ya haya sido expoliado, malversado o indebidamente apropiado”, explica Silva en el comunicado.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/09/23/la_asociacion_para_recuperacion_memoria_denunciara_estado_si_franco_sigue_valle_suelo_publico_99102_1012.html

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+ info.

Diga lo que diga el Tribunal Supremo, el Gobierno aún no podrá exhumar a Franco

PÚBLICO | ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL @Alopezdemiguel | MADRID | 23-9-2019

La losa que protege los restos de Francisco Franco aún seguirá en su sitio durante un tiempo. El esperado fallo del Tribunal Supremo sobre la exhumación y posterior inhumación del dictador, previsto para este martes, no bastará para sacar a Franco del Valle de los Caídos de forma inmediata, ya que un juez mantiene suspendida la licencia para ejecutar las obras.

El magistrado José Yusti Bastarreche, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3, acordó en febrero la suspensión cautelarísima del informe técnico del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que concedía licencia para realizar las obras. El juez fue recusado por la Abogacía del Estado, y fue apartado del caso hasta el pasado junio, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró que no había motivo para asignar el caso a otro magistrado.

Desde entonces apenas ha habido avances en la causa, según trasladan fuentes jurídicas a este diario. Las mismas fuentes añaden que el juez fue sometido recientemente a una intervención quirúrgica, y en su agenda de señalamientos no figura la convocatoria de la vista donde las partes puedan exponer sus argumentos a favor y en contra de la suspensión cautelar de la licencia de obra. Hasta entonces no será posible proceder al traslado de los restos del dictador, apuntan.

La Abogacía del Estado prepara un contrainforme pericial, si bien las fuentes citadas insisten en que el magistrado no muestra prisa alguna para celebrar esta vista.

Por si fuera poco, el informe técnico en el que se basó el magistrado para suspender la licencia fue elaborado para la Fundación Francisco Franco. Lo firman los arquitectos José Ismael de la Barba y Enrique Porto Rey, que fue director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2006, durante la primera etapa de Esperanza Aguirre al frente del Gobierno autonómico. Porto fue imputado por supuesta corrupción, si bien su caso fue archivado.

La decisión de exhumar al dictador fue aprobada en Consejo de Ministros y ratificada por el Congreso de los Diputados, si bien el juez sostuvo en su auto del 25 de febrero que “por legítima y conforme a la legalidad que sea” una decisión del Consejo de Ministros, “no puede ejecutarse sin las garantías técnicas y mecánicas” necesarias.

Desde que el Gobierno de Pedro Sánchez anunció su decisión de sacar a Franco del Valle -la medida estrella del Ejecutivo, ahora en funciones-, la familia del dictador y la Fundación que ensalza su figura han recurrido a varias acciones legales para torpedear sus planes. 

Sin embargo, distintos jueces ya han rechazado la adopción de medidas contra la exhumación en base al informe que sí ha asumido Yusti. El magistrado entiende que el peso de la losa que cubre el féretro del dictador, que ronda los 2.000 kilogramos, “puede desestabilizar el conjunto”, esto es, la basílica del Valle. “Falta un riguroso análisis de la seguridad, estabilidad e instalaciones subterráneas que pudieran existir bajo la sepultura de Francisco Franco”, reza el informe.

Las “oscuras intenciones” que ve el juez en la Ley de Memoria

El magistrado es un viejo conocido en el debate sobre el franquismo y la memoria histórica. La Abogacía del Estado lo recusó basándose en la opinión que había vertido en artículos en prensa contrarios a la Ley de Memoria Histórica del Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Entre otras cosas, Yusti lo acusó de “revivir” con “oscuras intenciones todos los hechos y situaciones que llevaron a nuestra patria a aquellos momentos difíciles”. También se refiere la República como la “antesala de la Guerra”, y acusó a los políticos de la misma de ser “los grandes fogoneros de la hoguera que vino después”. Pese a todo, el TSJ de Madrid no considera que el magistrado haya visto afectada su apariencia de imparcialidad.

https://www.publico.es/politica/diga-diga-tribunal-supremo-gobierno-no-podra-exhumar-franco.html