► Asociaciones memorialistas y familiares de represaliados copan la tribuna de invitados del Parlamento de Andalucía durante el pleno en el que la Ley de Memoria Democrática supera el debate de totalidad
► La dura crítica del PP al marco legal andaluz, y la más tibia de Ciudadanos, levanta ampollas entre quienes sufrieron crímenes franquistas
► “¿Mirar hacia adelante dice la derecha? No tengo más remedio que mirar para atrás, mi vida me la cambiaron los que mataron a mi padre y mi hermano”, dice Francisco Matarán
Juan Miguel Baquero | 11-2-2016
“Mi padre era concejal en Granada. Lo mataron el 7 de agosto de 1936. Se llamaba Juan Fernández Rosillo. Teníamos una imprenta, nos la quitaron y nos echaron de nuestra vivienda. Éramos tres hermanos, de 13, 10 y 6 años. Vivo sólo quedo yo”. El breve relato corresponde a Gabriel Fernández Valladares, víctima del franquismo que ha asistido a la entrada de la Ley de Memoria Democrática para Andalucía en el Parlamento regional.
Un trámite parlamentario manchado en cierta forma por el agrio debate suscitado desde las filas del PP, muy críticos con una ley que rechazan por “innecesaria”. Gabriel entorna los ojos al ser preguntado por cómo ha vivido la sesión. “A mi padre lo mataron los franquistas”, repite. Muestra su foto, junto a su madre, y “revistas extranjeras donde ha salido nuestro caso”.
Los populares, durante su intervención, han defendido la Transición y la ley de Amnistía de 1977 a la que incluso se opone Naciones Unidas. “Por poco me echan” del palco de invitados, refiere. “Me han indignado las palabras y la actitud de la derecha, también de Ciudadanos”, precisa. La formación naranja, ambigua en la asunción de la ley, ha pecado de una actitud equidistante entre víctimas y verdugos.
Fusilados “cuatro días antes que Lorca”
“Yo soy hijo del maestro de Alhendín, un pueblo de Granada. Su nombre era Ángel Matarán y fue fusilado junto a mi hermano mayor, Alfonso, que tenía 19 años. Los mataron el 13 de agosto del 36, cuatro días antes que a Lorca”. El crudo testimonio pertenece a Francisco Matarán.
“¿Mirar hacia adelante dicen los del PP? Eso dice la derecha. Pues que sepan que yo no tengo más remedio que mirar atrás porque mi vida me la condicionaron desde pequeño. La cambiaron los que mataron a mi padre y mi hermano”. Francisco no sabe dónde yacen sus restos. Nunca los ha podido localizar y exhumar. Sus familiares son, según la terminología legislativa internacional, desaparecidos forzados.
Crímenes de lesa humanidad que riegan Andalucía de fosas comunes, más de 600, donde yacen alrededor de 50.000 ejecutados, gran parte en los primeros años del denominado terror fundacional del franquismo. “Mi madre también era maestra y lo más que habían hecho era quitar el crucifijo de la escuela. Eso el cura no se lo perdonó jamás”.
“Y en Granada no hubo guerra”, continúa, “solo represión sistemática y fría que llevaba a la gente a las tapias del cementerio“. Las críticas de “las derechas” son “indignas”, apunta. Y la Transición “una bajada de pantalones que hizo que todos los franquistas de pronto eran demócratas y aquí no había pasado nada. Nunca pasó nada. Los que asesinaron a mi padre y a mi hermano siguieron en sus puestos y murieron en sus camas”.
“Emocionante” jornada e “indignante” actitud del PP
Desde la asociación Nuestra Memoria, María Luisa López tilda la ley de memoria andaluza como “un gran paso” para la recuperación de la dignidad de las víctimas del franquismo. La jornada en el Parlamento de Andalucía ha sido “emocionante”, señala, “y también indignante al escuchar las palabras del portavoz del PP”. Las palabras de la bancada popular “nos ha levantado de los asientos” cuando la cámara trataba “un tema tan sensible”.
“Es importantísimo el trámite superado y el proceso que se abre”, resume el coordinador del grupo de trabajo de CGT-A Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA), Cecilio Gordillo. “El texto, que ha cambiado a lo largo de estos años, también es trascendental aunque no definitivo, siempre es mejorable”, entiende.
En este sentido, Gordillo celebra “que se dé por hecho que van a ser llamados tanto técnicos –arqueólogos e historiadores– como familiares y asociaciones” durante la comisión parlamentaria. Espera, por esto, que los colectivos memorialistas “hagan sus peticiones para ser llamados y que sean tenidas en cuenta sus opiniones, sobre todo en artículos algo ambiguos y que no están totalmente desarrollados”.
Desde Unidad Cívica Andaluza por la República (UCAR) entienden que arranca “una ley para todos los andaluces” que llega para satisfacer “las justas reivindicaciones de las víctimas, sus familiares y la sociedad”. Subrayan el “compromiso legislativo” hacia un plan de exhumaciones “públicas” además de otros aspectos de la norma como la inclusión memorialista en el currículo educativo o la señalización de Lugares de Memoria.
Para el portavoz del colectivo, Juan Morillo, la ley merece “la respuesta afirmativa de todos los grupos parlamentarios y que su posterior desarrollo sea lo suficientemente ágil y participativo”. De este modo, percibe, “asociaciones y familiares de víctimas” encontrarán cauce para sus “aportaciones necesarias”. UCAR ha mostrado su “sorpresa” ante dos intervenciones plenarias. De un lado, “la de Podemos, porque ha explicado la cuestión de las exhumaciones y el tratamiento como restos arqueológicos”. Y de otro, “la del PP, que constata lo que es la derecha, y Ciudadanos igual. Los dos partidos han participado desde un mismo nivel demostrando que no solo son la misma derecha económica sino también ideológica”.
http://www.eldiario.es/andalucia/Indignacion-victimas-franquismo-palabras-derecha_0_483301667.html
“Rechazo sin paliativos el régimen del general Franco y apoyo a las víctimas. Pero hay votantes, también de izquierdas, que ven innecesarias las leyes que despiertan rencor. ¿Cómo traéis aquí la derogación de la ley de amnistía? Si hasta Zapatero dijo que formaba parte del ADN de la democracia?”, preguntó Ferreira al PSOE. “Venga ya, hombre”, se escuchaba en la tribuna de invitados. “Queremos cerrar una etapa y abrir otra. Nosotros los comunistas hemos enterrado nuestros muertos y nuestro rencores. ¿Quién se siente con autoridad moral para revisar eso que dijo Marcelino Camacho?”, cuestionó Ferreira a Izquierda Unida. Aun así, la ley sigue su curso parlamentario sin ninguna enmienda a la totalidad.
“Mira cómo estamos, esto ya no sirve, qué va a pasar, con 86 años que tenemos ya”, susurra Paco Matarán, cansado de pelear. A él le asesinaron a su padre, maestro, por retirar un crucifijo de la escuela. ¿Qué le ha parecido el debate? Mueve de un lado a otro la cabeza sin hablar, como el que ya nada espera. La ley, una de las normas que quedaron en el aire tras la ruptura del pacto de Gobierno entre PSOE e IU, acumula un par de años de retraso desde la aprobación del anteproyecto, en marzo de 2014. “Es nuestra obligación mirar al pasado y asentar una verdadera cultura democrática. Tenemos una oportunidad histórica”, destacó la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, de cuyo departamento dependen ahora las políticas de memoria.
En la tribuna de invitados, el exvicepresidente Diego Valderas atendía sin pestañear. “Estoy emocionado, es un proyecto con mucho sentimiento y una carga de profundidad histórica”, afirmó al lado de la presidenta andaluza, Susana Díaz. Ambos pasearon este miércoles por el Parlamento como en los viejos tiempos del pacto. En la sala de usos múltiples, mezclados de nuevo los diputados del PSOE y los diputados de IU, expresaron a familiares de víctimas y miembros de asociaciones su máximo apoyo. “Hoy hemos dado un paso importante. No es una ley de un gobierno ni de un partido, es una ley del trabajo de muchos de vosotros, de quienes hace muchos años hablabais de una ley de memoria histórica”, afirmó Díaz.
Más allá de la ley estatal
Con la futura norma, sustentada en las recomendaciones de la ONU, será la Administración, en este caso la Junta de Andalucía, la que asuma como una política pública las exhumaciones, hasta ahora realizadas por las asociaciones y familiares. En los últimos años, han sido exhumadas 3.600 víctimas en más de 70 intervenciones, según los datos aportados por la consejera de Cultura. En Andalucía hay más de 600 fosas localizadas. Este aspecto, que es el que venían reclamando durante años familiares y asociaciones no termina de convencer a algunas personas que integran el movimiento memorialista. “Estoy en contra porque deja fuera del proceso a los familiares”, insiste Paco Pimentel, que protagonizó en noviembre de 2014 una huelga de hambre a las puertas del cementerio de Ronda (Málaga).
Más avanzada que la ley estatal de 2007, la ley abarcará desde la Segunda República hasta la entrada en vigor del primer Estatuto de Andalucía (1931-1982). Y reconocerá como víctimas, además de a los familiares directos, a las personas que hayan realizado trabajos forzados, a los exiliados, a los familiares de niños robados, a las personas torturadas en los campos de exterminio nazis, a las personas represaliadas por su orientación sexual, al movimiento feminista, a los guerrilleros antifranquistas y a los andaluces que fallecieron fuera de la comunidad en defensa de la libertad, la justicia y la democracia. Ninguna de estas dos ampliaciones gusta al PP: “Es un disparate, Franco murió en el 75”, alegó el diputado Ferreira.
La norma también obligará a las administraciones a retirar los símbolos franquistas -también en los edificios privados con proyección a un espacio o uso público- y eliminará las razones artísticas que la ley de Zapatero admitía para mantenerlos, que es lo que ocurrió con el polémico monumento a Primo de Rivera en el centro de Granada. La infracción de este apartado conllevará multas de hasta 10.000 euros. La ley también incluirá en el currículo escolar la memoria histórica, que no será una asignatura específica.
Esa será otra de las cuestiones por las que el PP no pasará: “Rechazamos el intento de incluir en primaria, eso y bachillerato un contenido controlado desde el poder político”. La diputada de IU Inmaculada Nieto, que incidió especialmente en la importancia de la educación y en lo inaudito que resulta tener tiradas en las cunetas a decenas de miles de personas que defendieron la República, recordó al PP, con una bandera en la mano, que ya es hora de que empiecen a hablar de ella como un icono constitucional y democrático. Desde el PSOE, la María Márquez mencionó varias barbaridades lanzadas por miembros del PP: “Buscan excusas para no mirarse en el espejo de la historia”, espetó la diputada socialista.
Ciudadanos mostró su apoyo a las víctimas, pero sin desprestigiar ni menospreciar la transición: “En ese debate no nos van a encontrar. No nos vamos quedar atrapados en el pasado”, defendió el diputado Sergio Romero. Podemos centró su intervención en las críticas al Gobierno de Susana Díaz por enmarcar la ley en Cultura y Patrimonio Histórico, en vez de hacerlo en Justicia: “Las víctimas serían objetos arqueológicos“, denunció Lucía Ayala.
Para Cecilio Gordillo, un referente en el movimiento memorialista, el debate parlamentario fue pobre: “Aunque al menos ya sí se contempla en la tramitación la participación de asociaciones y familiares”. Otras asociaciones, como la Unidad Cívica Andaluza por la República consideran que la ley comienza a satisfacer “las justas reivindicaciones de las víctimas, sus familiares y la sociedad”. Gabriel y Paco terminaron su café en el bar del Parlamento y pusieron rumbo a Granada
.http://www.lamarea.com/2016/02/11/81726/
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La ley de Memoria de Andalucía pasa el primer corte parlamentario con la crítica del PP
► El proyecto de Ley de Memoria Democrática para Andalucía arranca su recorrido parlamentario sin enmiendas a la totalidad del texto
► El PP tacha el marco legal andaluz de “innecesario” y dice que despierta “rencores y revanchas”
► El PSOE pide a los populares que afronten el debate memorialista “con naturalidad y madurez democrática”
► Ciudadanos pone una línea roja en la defensa de la Transición y propone, como Podemos, retoques parciales a la ley
eldiario.es | Juan Miguel Baquero | 11-2-/2016
La Ley de Memoria Democrática para Andalucía arranca su recorrido en el Parlamento andaluz sin enmiendas a la totalidad. Tras el pleno, y casi dos años de espera desde la presentación como anteproyecto, el texto sigue ahora su tramitación en comisión parlamentaria. En el debate, el PP ha tachado el marco legal de “innecesario” mientras Ciudadanos marca una línea roja en la defensa de la Transición.
La actitud del grupo popular ha sido afeada por los socialistas en una intervención en la que su ponente, María Márquez, ha recibido comentarios despectivos desde la bancada del PP que unían su edad y el tema tratado: “qué pena, tan joven y hablando de estos temas”. Los conservadores han sido los más críticos con un texto que es ejemplo, dicen, de “leyes que despiertan rencores y revanchas”.
Para el Gobierno regional, el proyecto legislativo es “imprescindible” y llega “con vocación reparadora”. Podemos, por su parte, duda del tratamiento de los restos óseos exhumados por la legislación sobre patrimonio histórico al recaer las competencias en Cultura. Para Ciudadanos existe una condición innegociable: la defensa de la Transición. IU, de su parte, considera el proyecto legislativo una herencia del trabajo realizado por la formación durante la anterior legislatura.
Víctimas del franquismo, familiares y asociaciones podrán aportar su visión de la ley en un proceso parlamentario que no resultará un camino de rosas a tenor del posicionamiento de los grupos. La refriega política en el debate plenario y las enmiendas parciales previstas –Podemos y Ciudadanos las han anunciado–, así lo hacen prever.
Bajo “recomendaciones de Naciones Unidas”
La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, ha presentado el proyecto de ley ante el primer pleno Parlamento de Andalucía del nuevo periodo de sesiones. Un texto que recoge “las recomendaciones de Naciones Unidas en materia de memoria histórica” y es “resultado del diálogo” y la participación de colectivos memorialistas.
La ley es la misma que fuera remitida a sede parlamentaria por el Gobierno de coalición PSOE-IU y que no pudo ser aprobada al agotarse la legislatura. Entre sus propósitos, extiende el horizonte temporal del inicio de la II República (14 de abril de 1931) hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía (11 de enero de 1982). Amplía además la consideración de víctima, incluye su estudio en el currículum educativo, establece la prohibición de simbología fascista y facilita la intervención en las más de 600 fosas comunes que existen en Andalucía, entre otras aspiraciones.
Aguilar ha solicitado a los grupos políticos “el mayor apoyo posible” a una ley “necesaria e imprescindible, porque tiene que ver con las víctimas y con la reparación que se les debe”. El marco legislativo “viene a sumar” y ayuda a “garantizar el derecho ciudadano a la verdad, cerrando heridas y reparando daños, construyendo así juntos desde el presente un futuro de convivencia asegurada”.
Para posicionar al PP-A, Juan Ramón Ferreira defiende que el texto es “innecesario” y “estira el debate el límite de lo posible”. A su juicio, “hay votantes, también de izquierdas, que no quieren hablar de leyes que despierten rencores y revanchas”. La iniciativa obedece a quienes el partido conservador define como “neoantifranquistas”, es decir, aquellos “que luchan contra la dictadura cuando ésta ya no existe”.
Los populares critican así que la normativa memorialista andaluza “pone en cuestión el espíritu de la Transición” e incluso “la ley de Amnistía” de 1977 con artículos “dominados por ese espíritu revisionista”. Un “intento”, entiende, “de reescribir la historia y remover un pasado trágico”. El PP rechaza apartados concretos como la inclusión de planes de estudio “controlados por el poder político” o que la norma abarque hasta 1982, “como si el franquismo hubiera durado hasta entonces”.
“Cerrar juntos las heridas”
La diputada socialista, María Márquez, ha indicado al PP que el debate sobre la ley memorialista hay que afrontarlo con “naturalidad y madurez democrática, persiguiendo la verdad, la justicia y la reparación”. El PSOE, explica, quiere “lograr un acuerdo que suponga construir entre todos un relato común y cerrar juntos las heridas para que los errores del pasado no vuelvan a cometerse”.
La norma llega tras el trabajo en la pasada legislatura de PSOE e IU, una labor que retoma el Gobierno andaluz y lo lleva a la cámara regional “con el ánimo de que a ese consenso se sumen el resto de fuerzas políticas”. La comunidad autónoma “vuelve a ser vanguardia a nivel nacional” con una ley “que honra a quienes defendieron la libertad y la democracia”.
La propia presidenta de Andalucía, Susana Díaz, valora la ley de Memoria Democrática como “un paso importantísimo” cuyo “triunfo” será “el reconocimiento a los que se jugaron incluso la vida para que Andalucía fuera lo que es hoy”. Tanto Díaz como la consejera de Cultura han agradecido el trabajo realizado al anterior vicepresidente andaluz, Diego Valderas.
La diputada de Podemos, Lucía Ayala, ha criticado que el proyecto de ley “se enmarque en las competencias de Cultura y en el marco legislativo del patrimonio histórico andaluz”. Desde la formación tachan de “inconcebible” la cuestión porque viene a “equiparar a víctimas de delitos de lesa humanidad con bienes materiales” objeto de estudio arqueológico.
Ayala defiende así que el marco legal quede tramitado a través de la consejería de Justicia. Podemos pide al Gobierno socialista “que haga las cosas bien por la dignidad de las víctimas y sus familiares”. Y expresa dudas, además, sobre si la norma “se podrá ejecutar” por la “tan incierta” dotación presupuestaria que recaerá sobre la misma.
Desde Ciudadanos, Sergio Romero asegura que su partido “no se podrá de perfil” en un debate que ponga en tela de juicio el papel de la Transición por lo que esta etapa “representó para la democracia”. Una línea roja que sí toca la ley memorialista y en el que a la formación naranja, precisa, “no la encontrarán”.
El proyecto de ley pretende “reparar lo que haya que reparar”, en referencia a dar una sepultura digna a los ejecutados por el franquismo. “Un país se mide por la dignidad que da a sus muertos”, apela Romero. Ciudadanos aboga así por cerrar este capítulo “con altura política” y liberándolo de “cualquier politización”.
La diputada de IULV-CA, Inmaculada Nieto, defiende el trabajo realizado por su formación en el anterior Gobierno andaluz y que, como resultado, el concepto de memoria democrática “amplía” el de memoria histórica. Ha resaltado también que el deber público de la memoria “corresponde esencialmente al Estado democrático” y, en ese sentido, la Junta “asume como propio” ese débito. Desde IU piden una “tramitación sin sorpresas” de la ley, sin enmiendas que puedan “frustrar” las aspiraciones de las asociaciones memorialistas.
http://www.eldiario.es/andalucia/Memoria-Andalucia-parlamentario-critica-PP_0_482952907.html
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La Ley de Memoria supera el debate de totalidad con el rechazo del PP
MARÍA SERRANO | 11-2-2016
La gran familia de la memoria se agolpaba a las puertas del Parlamento andaluz, sin importar la fuerte lluvia que caía en la tarde de ayer en la capital andaluza. En el interior de la sala de plenos, familiares de víctimas y asociaciones memorialistas sostenían el retrato de alguno de los suyos, su padre, su abuelo o su bisabuelo en un día histórico para el “el refuerzo de los lazos de concordia entre todos los andaluces y las andaluzas”, tal y como destacaba Rosa Aguilar, consejera de Cultura de la Junta de Andalucía en la presentación del proyecto de ley.
El exvicepresidente del Gobierno andaluz y ex coordinador autonómico de IU, Diego Valderas, era uno de los invitados más especiales en esta cita, pues no en vanos fue una figura clave en el impulso de la ley de esta Ley de Memoria Democrática que Izquierda Unida elaboró durante la anterior legislatura junto al Partido Socialista.
ROSA AGUILAR: UNA DEUDA HISTÓRICA
Aguilar fue la primera en hablar en el turno de intervenciones. “Tenemos que responder a la deuda histórica con las víctimas y sus familiares”. El trámite parlamentario de la ley había arrancado el pasado mes de octubre desde el departamento de Cultura que dirige Aguilar con el compromiso de no introducir cambios significativos en el proyecto aprobado por IU. “Hoy Andalucía vive un prolongado período de estabilidad que nos permite preguntarnos qué queremos tener como sociedad, como ciudadanía con nuestra memoria democrática. La sociedad andaluza es perfectamente capaz de asumir la verdad y la reparación de las víctimas de nuestro pasado”, dijo desde la tribunal la consejera, que recordó a las 3.600 víctimas que se han recuperado en las fosas andaluzas gracias a las 72 intervenciones realizadas por la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta.
Tras la lectura de los puntos más destacados de la ley, la consejera concluía su intervención con una frase del filósofo y experto en memoria Reyes Mate. “El político debe entender que no solo tiene que haber justicia para los vivos sino también para los muertos y estamos obligados a no retrasar más nuestro deber con esos miles de víctimas y sus familiares, víctimas también”.
IU: CORREGIR EL DÉFICIT DEMOCRÁTICO
La diputada de Izquierda Unida Inmaculada Nieto defendió la posición de su partido propugnando “una tramitación de este proyecto de ley sin sorpresas, sin enmiendas parciales que frustren las expectativas de las asociaciones memorialistas que sienten el texto como suyo porque responde a sus demandas y a su trabajo en el mismo”.
La parlamentaria calificó la ley, elaborada por el equipo de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta en la legislatura anterior, como “necesaria para restablecer y dar veracidad al hilo conductor de nuestra historia” y para “corregir el déficit democrático en que estamos inmersos como país y como sociedad”.
CIUDADANOS: ELOGIO DE LA TRANSICIÓN
Sergio Romero destacaba como diputado de Ciudadanos que “si en este momento político e histórico en el que hoy nos encontramos hay algo que estamos dejando patente desde Ciudadanos es nuestro espíritu de consenso”. El partido naranja reiteró que quieren “sumar propuestas por encima de crear protestas”. Romero se refirió a la etapa de Transición como un período “digno de ser recordado en un tiempo donde los españoles aparcaron sus cicatrices y con gran valentía y diálogo se miraron a los ojos para poner por delante el futuro de un gran país”.
Apelando a su lado más personal, Romero recordó que sus abuelos, “que vivieron la guerra, la posguerra y la dictadura, la Transición y esta nuestra democracia me dirían que condenara con todas mis energías el franquismo para que permita que cualquier ciudadano tenga el derecho y la oportunidad de enterrar dignamente a un familiar víctima de la dictadura”. Por último resaltó que su partido apuesta por “la reparación para que las víctimas puedan descansar en paz y para que desde las administraciones se facilite esta labor, ya que un país se mide por la dignidad que se da a sus muertos”.
PODEMOS: SON VÍCTIMAS, NO RESTOS ARQUEOLÓGICOS
El partido morado criticaba duramente, en cambio, algunas medidas de la ley de memoria. Lucía Ayala señaló la modificación de la Ley de Patrimonio Histórico andaluz como una ofensa para una Ley de Memoria que trata de víctimas asesinadas en la guerra civil y la posguerra. “No se puede enmarcar la memoria histórica dentro de las competencias de cultura ni del marco legislativo de patrimonio”. Haciendo referencia a las recomendaciones tomadas por parte de Naciones Unidas en el anteproyecto de ley, Ayala destacó que “si realmente se hubieran hecho eco de estas recomendaciones”, pondrían la memoria en las competencias de justicia. “No podemos tratar a las víctimas como restos arqueológicos”.
PP: UNA LEY INNECESARIA
Juan Ramón Ferreira, diputado popular, veía las cosas de otra manera bien distinta: no considera que haya necesidad de esta ley. El PP fue la única formación contraria a la tramitación parlamentaria del texto, aunque no presentó ninguna enmienda a la totalidad. Ferreira expresó el total rechazo de su partido a un nuevo intento de “reescribir la historia y de remover nuestro pasado más reciente”.
Entre los artículos con los que mostró su disconformidad resaltó el de promover en las aulas contenidos relacionados con la memoria democrática. Además de “no compartir la ampliación del rango de víctima hasta el año 1982, como si el franquismo hubiera durado hasta esa fecha, tampoco defendemos que entren en el mismo argumento los bebés robados y otros colectivos”. Para Ferreira en el texto de la ley “hay muchas cosas que reparar para no crear un disparate político”.
PSOE: EL PAPEL DE LAS FAMILIAS
La socialista María Márquez comenzaba su intervención hablando de la historia de una familia protagonista de esta ley. “Agustín Serrano tenía trece años cuando asesinaron a su padre. Era el mayor de cinco hermanos. Poco después falleció su madre y tuvo que hacerse cargo de toda su familia. El sepulturero le dijo que los del cerro de Andévalo estaban en Calaña. Cuando se abrió la fosa donde le habían dicho que estaba su padre no se movió de allí sin verlo. Agustín murió al poco tiempo con la tranquilidad de haber encontrado los restos de su padre”.
La diputada socialista subrayó “el importante papel de las familias de las víctimas que han dedicado toda su vida a buscar la verdad para hacer justicia”. Márquez puso en duda la madurez democrática del Partido Popular, incapaz de “mirarse en ningún momento en el espejo de la historia”. Entre sus reproches, la diputada socialista formuló este en forma de pregunta: “¿Cómo se sienten orgullosos cuando su presidente Mariano Rajoy ha destinado cero euros de su legislatura a esta ley estatal, aprobando incluso una partida presupuestaria al Valle de los Caídos el mismísimo 18 de julio?”. Márquez cosechó muchos aplausos en su intervención.
LAS NOVEDADES DE LA LEY
El proyecto normativo, que sigue las recomendaciones del relator de las Naciones Unidas sobre esta materia, siempre en el ámbito de las competencias autonómicas, se adapta y supera la legislación estatal en vigor, además de ampliar su horizonte temporal. Así, además de la Segunda República, la Guerra Civil y la Dictadura franquista, incluye la Transición a la democracia hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía, con un periodo total que abarca desde el 14 de abril de 1931 hasta el 11 de enero de 1982.
Entre otras novedades, la ley ampliará la consideración de víctima a colectivos como los familiares o los niños robados; reforzará el régimen de protección legal de los espacios, enclaves y bienes muebles y documentales vinculados a la recuperación de la memoria democrática; incluirá su estudio en los currículos educativos, y facultará a la Administración autonómica para emprender acciones y denuncias de crímenes ante los juzgados, de acuerdo con el principio de justicia universal. Asimismo, establecerá la prohibición expresa de exhibición de simbología fascista y obligará a las instituciones a eliminar cualquier vestigio en este sentido.
El texto refuerza el régimen jurídico de protección de los denominados Lugares de Memoria Democrática, y se contempla la creación del Inventario de Lugares y Senderos de la Memoria. Además, en relación con los símbolos, se fija un plazo de 18 meses para la retirada de escudos, placas y nombres de calles, plazas y avenidas que todavía exaltan el golpe de 1936 y el franquismo. Además, se faculta a la Administración autonómica para llevar a cabo esta medida subsidiariamente.
Los artículos dedicados a las fosas comunes incluyen disposiciones parafacilitar la recuperación e identificación de los restos y establecen la elaboración de un plan cuatrienal que dará prioridad a las medidas de localización y exhumación. Estos trabajos deberán ser iniciados por la Junta o por los ayuntamientos a instancias de las familias, las entidades memorialistas y los investigadores.
También contempla la norma incluir los contenidos relacionados con la Memoria Democrática en los planes de enseñanza de Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Educación Permanente de personas adultas. De este modo, se revisarán los textos escolares para que ofrezcan información rigurosa sobre los acontecimientos ocurridos antes y después de la Guerra Civil, con contenidos basados en la investigación historiográfica.
http://www.andalucesdiario.es/politica/los-grupos-politicos-se-unen-ante-el-proyecto-de-la-ley-de-memoria-andaluza-con-un-claro-rechazo-de-pp/
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El Parlamento andaluz tramita sin oposición la Ley de Memoria Histórica
RAÚL LIMÓN | Sevilla | 10-2-2016
- La Ley de Memoria Democrática de Andalucía ha llegado al Parlamento sin oposición. Ninguno de los grupos ha presentado enmiendas a la totalidad al texto que elaboró IU durante el pasado mandato, cuando gobernaba la Junta de Andalucía con el PSOE, y “se ensanchará y ampliará con las aportaciones de los familiares y de los colectivos memorialistas en el trámite parlamentario”, según ha afirmado la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, en la presentación del Proyecto de Ley de Memoria Democrática para Andalucía.
La norma, que responde a las recomendaciones de Naciones Unidas en materia de memoria histórica y acata la legislación internacional en materia de derechos humanos, amplía la consideración de víctima al incluir a los colectivos que padecieron persecución o violencia, a las familias de las víctimas directas y los niños o niñas robados. También amplía el plazo de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica, desde la II República (14 de abril de 1931) hasta el 11 de enero de 1982, para incluir a los que lucharon en Andalucía por la autonomía plena.
La norma refuerza el régimen de protección legal de espacios, enclaves, bienes muebles y documentales vinculados a la recuperación de la Memoria Democrática y establece la incorporación de la Memoria en los currículos educativos. Por último, como ya estaba previsto en las normativas previas, prohíbe la exhibición de simbología fascista y franquista y apuesta por su eliminación por parte de las instituciones.
Ciudadanos, con cuyo apoyo fue investida la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y aprobado el presupuesto autonómico, también se ha sumado al apoyo a la ley, que debe facilitar, según su portavoz, Juan Marín, “que todas las personas que lo soliciten puedan recuperar los restos de sus familiares con dignidad“. El líder de Ciudadanos ha asegurado que su formación “huye del debate de rojos contra azules y de criminalizar y condenar un periodo como la Transición”, en referencia a la extensión del ámbito temporal de la ley hasta 1982.
Inmaculada Nieto, de IU, ha defendido el texto que elaboró su formación antes de las últimas elecciones y ha reclamado “una tramitación sin sorpresas, sin enmiendas parciales que frustren las expectativas de las asociaciones memorialistas que sienten el texto como suyo porque responde a sus demandas y a su trabajo en el mismo”.
Solo el PP ha criticado la iniciativa al considerar, en palabras del diputado Juan Ramón Ferreira, que “el texto es innecesario” y “estira el debate al límite de lo posible”. “Hay votantes, también de izquierdas, que no quieren hablar de leyes que despierten rencores y revanchas”, ha argumentado, pese a que su grupo no ha presentado una enmienda a la totalidad.
La socialista María Márquez ha trasladado al PP que este debate hay que afrontarlo con “naturalidad y madurez democrática, persiguiendo la verdad, la justicia y la reparación”.
La diputada de Podemos Lucía Ayala ha criticado que este proyecto de ley “se enmarque en las competencias de Cultura y en el marco legislativo del patrimonio histórico andaluz”, algo que ha tachado de “inconcebible”.
PRINCIPALES ASPECTOS DE LA LEY
Estos son los principales aspectos del proyecto de ley:
Definición. La norma define la memoria democrática como “el derecho a conocer la verdad de la historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades, derecho a la justicia y derecho a la reparación, como garantías de no repetición”. En este sentido, además de la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura franquista y la transición a la democracia, la norma extiende el periodo que regula hasta la entrada en vigor del Estatuto de Andalucía.
Víctimas. A los fusilados, guerrilleros, condenados, exiliados, familiares de desaparecidos y represaliados se suman los niños y niñas robados o quienes sufrieron la tortura de estar en los campos de exterminio nazis. El censo de víctimas, que serán homenajeadas cada 14 de junio, será público.
Lugares y senderos. Se creará el Catálogo de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía, que incluirá espacios, inmuebles o parajes de singular relevancia vinculados con la represión y violencia por la resistencia al golpe de 1936, la dictadura y la autonomía de Andalucía. Tendrán un grado de protección para garantizar su conservación. Cualquier modificación tiene que ser autorizada por la consejería con las competencias de Memoria Democrática. Esta podrá impedir su derrumbe o modificación.
Símbolos. Se fija un plazo de 18 meses para la retirada de escudos, placas y otros símbolos, como el nombre de calles, plazas y avenidas que exalten el golpe de 1936 y el franquismo. A diferencia de la Ley Estatal, no se considerarán que concurren razones artísticas para el mantenimiento de elementos de exaltación de la dictadura en placas, escudos, inscripciones sobre edificios o lugares históricos. De lo contrario, la Junta podrá efectuar la retirada subsidiariamente.
Fosas. La Junta llevará a cabo las actuaciones necesarias para recuperar e identificar los restos de las víctimas desaparecidas. El Plan Andaluz de Memoria Democrática priorizará las medidas y actuaciones para la localización, exhumación y, en su caso, la identificación y se concretarán otras políticas. La localización, exhumación e identificación se incoará de oficio por la Junta o por los Ayuntamientos, a instancias de familiares, entidades memorialistas e investigadores. Si los enterramientos están en terrenos de propiedad privada y el propietario no da su consentimiento, se procederá a la expropiación temporal de uso de los terrenos.
Infracciones y sanciones. Serán infracciones muy graves la construcción o remoción de terrenos donde haya fosas u otros restos humanos, excavaciones sin autorización y la destrucción de fosas (sanción de 10.001 a 150.000 euros). Serán infracciones graves el incumplimiento de la orden de retirada de escudos, insignias o placas, no conservar o realizar obras en los lugares de Memoria Histórica sin autorización, trasladar restos humanos sin autorización o no informar del hallazgo casual de restos (sanción de 2.001 a 10.000 euros). Por último, se considerarán infracciones leves la exhibición pública de placas, escudos, insignias y otros elementos, impedir la visita pública o daños a espacios o mobiliario que estén catalogados como Lugares de Memoria (sanción de 200 a 2.000 euros). Las infracciones supondrán la pérdida de subvenciones o ayudas públicas.
Pruebas genéticas. La Junta realizará las pruebas genéticas que permitan la identificación de los restos óseos. Se constituirá un banco de ADN.
Justicia. La Junta denunciará ante los órganos judiciales la existencia de indicios de comisión de crímenes de lesa humanidad en las localizaciones o identificaciones.
http://politica.elpais.com/politica/2016/02/10/actualidad/1455127117_595274.html
