ACTUALIZADO / La justicia estudia la primera exhumación del Valle de los Caídos

Una familia de Zaragoza pleitea por la vía civil para sacar los restos de dos parientes del monumento franquista

El Pais.es | Fernando J. Pérez | Madrid | 21-9-2015

La primera exhumación de fusilados del bando republicano enterrados en el Valle de los Caídos está sobre la mesa de la justicia. Purificación Lapeña Garrido, nieta y sobrina nieta de dos fusilados por el franquismo en la zona de Calatayud (Zaragoza) en las primeras semanas de la Guerra Civil, y supuestamente enterrados en el monumento de El Escorial (Madrid), ha recurrido a la vía civil —una fórmula inédita hasta ahora— para recuperar los restos de sus parientes. Por primera vez, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de El Escorial ha tomado declaración a los familiares de las víctimas como paso previo para decidir si autoriza la exhumación de los restos.

Manuel Lapeña, inspector veterinario y abuelo de la demandante, y su hermano menor Antonio, herrero de profesión, fueron detenidos en julio de 1936 en Villarroya de la Sierra, localidad cercana a Calatayud. Su familia se encontraba entre los fundadores del sindicato anarquista CNT en la comarca. Según su nieta, Manuel fue «sacado» de la cárcel por miembros de la Falange y fusilado en el barranco de la Bartolina, en las afueras de la localidad, y supuestamente enterrado en una fosa común del mismo paraje. Su hermano, que consiguió escapar en un primer momento, cometió el error de entregarse a las fuerzas franquistas y, tras un breve periodo en prisión, fue asesinado en la tapia del cementerio bilbilitano e inhumado en un enterramiento colectivo.

En 1959, el Ministerio de Gobernación, antecedente del Ministerio del Interior, trasladó al Valle de los Caídos los restos de varias fosas comunes, entre ellas las de la zona de Calatayud, para enterrarlos junto a la que posteriormente sería la tumba de Franco. Existe una certificación del abad benedictino de Cuelgamuros de que los restos procedentes de esa comarca se encuentran en un columbario concreto. La familia de las dos víctimas ha esgrimido este documento en sus reclamaciones judiciales por las vías penal y contencioso administrativa, que no han puesto en duda su validez.

Purificación Lapeña reclama al juzgado que se permita la exhumación de los restos del columbario de Calatayud para poder practicar pruebas de ADN y tratar de averiguar si alguno de los huesos pertenece a su abuelo y a su tío abuelo. También pretende modificar los expedientes en los que sus parientes constan como delincuentes y que en los archivos públicos quede constancia de que sus familiares fueron asesinados por sus ideas.

Tanto la demandante como su abogado, Eduardo Ranz, han salido de la declaración con buenas sensaciones. «El juez ha sido muy respetuoso, nos ha dejado hablar y ha hecho preguntas muy lógicas y pertinentes», afirma el letrado. El magistrado ha dado a los demandantes un plazo de 30 días para que presenten un certificado de que en las fosas comunes de Calatayud ya no hay restos humanos. «Esa prueba tiene todo el sentido», afirma el abogado.

La familia espera que la justicia se pronuncie sobre el fondo de la cuestión antes de Navidad. «Se trata de que se reconozca el derecho de una familia a enterrar a su abuelo donde desee. Esto lo tiene que pagar el Estado, que es responsable tanto de la ejecución de las víctimas como de su traslado al Valle de los Caídos», afirma Ranz.

http://politica.elpais.com/politica/2015/09/21/actualidad/1442835624_960540.html

 

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Primer juicio en España para exhumar los restos de dos republicanos enterrados en el Valle de los Caídos

Purificación Lapeña, nieta y sobrina nieta de los fusilados comparece ante el juzgado de lo Civil en la localidad madrileña de El Escorial.

nuevatribuna.es | 21-9-2015

Este lunes se ha celebrado en el juzgado de 1ª Instancia nº2 de la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial el primer juicio para la exhumación de víctimas del franquismo en Cuelgamuros. Purificación Lapeña Garrido, nieta y sobrina nieta de dos fusilados republicanos ha comparecido como “víctima indirecta” y junto a ella su marido, Miguel Ángel Capapé, presidente de la Asociación de Memoria Histórica de Aragón (ARICO).

Se trata del primer caso de Memoria Histórica que se tramita por vía civil, y es la primera vez que se cita en sede judicial española a una nieta que reclama los restos de su abuelo.

El proceso para recuperar los restos de sus familiares comenzó en 2012. Asistidos por el abogado especializado en memoria histórica Eduardo Ranz, los familiares acudieron a varias instancias judiciales como la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal de Estrasburgo para intentar abrir el proceso por la vía penal. Todas las peticiones fueron denegadas, de ahí la razón de abrir el procedimiento por la vía civil

El escrito fue presentado el 20 de noviembre de 2014 y en el se solicitaba la aprobación y protocolización de información bajo el concepto legal de “Ad perpetuam memorian”, autorizando la recuperación de los restos mortales de los hermanos desaparecidos durante la Guerra Civil, don Manuel (fusilado en el barranco de La Bartolina) y don Antonio-Ramiro Lapeña Altabás (fusilado en la tapia del cementerio municipal de Calatayud).

La única información de la que disponen los familiares de los hermanos Lapeña–Altabás es de una circular firmada en 1959 por el entonces ministro de Gobernación informando del traslado de 9 ataúdes enterrados en Calatayud al Valle de los Caídos. Es allí precisamente donde se encuentran los archivos con el lugar de procedencia de los cuerpos.

En Cuelgamuros hay enterrados 36.000 cuerpos, pero a diferencia de los Nacionales (donde figuran con nombre, apellidos y profesión), las víctimas republicanas están registradas por un número y lugar de procedencia en su correspondiente columbario.

Purificación Lapeña pide que se reconozca la muerte violenta de sus familiares (su propio padre cuenta ahora con 91 años), que se les exhume y se proceda a la identificación de los cuerpos con la prueba de ADN para poder ser enterrados en el lugar que elijan, todo ello realizando la debida inscripción de traslado ante el Registro Civil y con las garantías de la policía mortuoria. El ministerio fiscal ha emitido un informa favorable a su admisión a trámite. 

«Pese a la lucha de tanta gente durante tantos años, con tantas dificultades, intencionadamente silenciada, esta declaración será el reconocimiento de la verdad de lo que se pide y la denuncia de los que tratan de ocultarles», señala el abogado Eduardo Ranz. 

El juez ha dado un plazo de 30 días para aportar documentación sobre los desaparecidos. En este sentido, será la propia ARMH de Aragón la que facilite al juez las pruebas de que dichos cuerpos no se encuentran en Catalayud, con el testimonio del arqueólogo y del propio forense que investigaron las fosas iniciales, cuyos cuerpos fueron exhumados sin permiso de los familiares.

Purificación exige que se sepa la verdad y que se normalice este proceso de exhumación de las fosas franquistas, también en el Valle de los Caídos. Al respecto, tanto el PSOE como IU presentaron enmiendas a los PGE de 2016 para habilitar una partida que exhume los cuerpos y convierta Cuelgamuros en un Centro de la Memoria, enmiendas que han sido rechazadas de plano por el PP.

Solo hay un precedente a este caso según cuentan el abogado Eduardo Ranz. Fue en 1980 cuando se exhumaron 130 cuerpos de víctimas del franquismo procedentes de Navarra en Cuelgamuros, aunque poco después volvió a cerrarse esta posibilidad. 

http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/primer-juicio-espana-exhumar-restos-republicanos-enterrados-valle-caidos/20150921125845120380.html