ACTUALIZADO. No es cuestión de leyes sino de voluntad política, Sr. Sánchez.

Pedro Sánchez Pérez-Castejón

Presidente del Gobierno en funciones

Palacio de la Moncloa

Av. Puerta de Hierro, s/n

28071 Madrid

Madrid, 26 de agosto de 2019

En las primeras semanas de su presidencia, hace casi quince meses, escuchamos diversas noticias acerca de posibles actuaciones con respecto a la memoria histórica y a la reparación a las víctimas de la dictadura que pensaba promover. La que más nos inquietó hablaba de la posibilidad de iniciar un trámite parlamentario para la modificación de la Ley de la Memoria. Ya vivimos una ley en el año 2007, que en varios de sus artículos fue incumplida por el mismo Gobierno que la propuso.

Desde esa experiencia entendemos que más que una ley hace falta verdadera voluntad política y pase lo que pase con ese procedimiento parlamentario usted, que ahora tiene firma en el Boletín Oficial del Estado, puede tomar desde el poder ejecutivo numerosas medidas que eviten el paso de algo de lo que ya casi no disponen miles de víctimas: tiempo. El gobierno autonómico vasco es el que más y mejores actuaciones ha llevado a cabo desde hace algo más de quince años, con diferentes partidos de gobierno, con verdadera voluntad política y sin una ley, algo que demuestra que una Ley sin verdadera voluntad política sirve de poco y puede servir de mucho una verdadera voluntad política sin ley.

Como hemos visto desde la entrada en vigor de la Ley de la Memoria, en diciembre de 2007, han pasado tres gobiernos diferentes por la Moncloa y todos ellos la han incumplido de algún modo. Por tanto, el trámite parlamentario que reforme la Ley no nos sirve como garantía de que se van a llevar a cabo las actuaciones necesarias. Puede tener interés en la lucha entre partidos, pero lo que importa a las víctimas son los hechos, las medidas que aparecen en el BOE y las decisiones de los Consejos de Ministros. Entendemos que el trabajo por la memoria desde el Estado debe tener vocación generalista y no debería ser enmarcado en las siglas de ningún partido político. Lo más adecuado es que el organismo que se encargue de ello sea encabezado por una persona del ámbito de los Derechos Humanos, independiente de partidos, disputas parlamentarias y confrontaciones electorales.

Desde que en octubre del año 2000 la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) llevó a cabo la primera exhumación científica de una fosa de desaparecidos asesinados por pistoleros fascistas hemos visto evaporarse la vida de muchos hijos e hijas que estaban esperando a un Estado que nunca llegó a atenderles. Hablamos de personas que han sufrido el mayor delito que se puede cometer contra un ser humano: una detención ilegal, seguida de torturas, el asesinato en cualquier cuneta y la ocultación del cadáver para que el dolor de las familias se multiplicara, se extendiera, se convirtiera en una parálisis emocional, social y política.

Incomprensiblemente, la Ley de la Memoria de 2007 no responsabilizó al Estado de la búsqueda de las personas desaparecidas por la represión franquista. Casi dos años antes de su aprobación, el Ministerio de la Presidencia se contentó con iniciar la convocatoria de unas subvenciones para ayudar a la exhumación de algunas fosas. Podemos decir que es un acto de cierta inhumanidad el hecho de que un Estado no preste ayuda a personas que han sufrido tanto para algo tan humano y básico como enterrar dignamente a un ser querido. Creemos que no hace falta esperar al recorrido de una nueva ley ya que desde el poder ejecutivo se pueden llevar a cabo con carácter de urgencia medidas que impidan que sigan muriendo familiares sin recibir ninguna atención por parte del Estado. No es necesaria la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para que  el Gobierno destine recursos materiales y humanos con tal fin. Ni un cambio en la Ley, basta con que el Gobierno asuma las recomendaciones de los dos informes de organismos del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU sobre España.

Por esas razones, la ARMH solicita al Gobierno actuaciones urgentes en materia de memoria histórica, que no dependan del devenir de un trámite parlamentario, porque son cuestiones básicas del ejercicio de una democracia, y ya han muerto en democracia cientos de miles de familiares de víctimas de la dictadura franquista sin recibir la más mínima reparación por parte del Estado, que ha llegado demasiado tarde a cualquier reparación y tiene una enorme e irreparable deuda. Desde esa perspectiva solicitamos al Gobierno:

-Un Plan de Búsqueda de Personas Desaparecidas por la Represión Franquista, que coordine las labores que ya se están llevando a cabo en algunas comunidades autónomas y que garantice a los familiares los derechos recogidos en resoluciones de Naciones Unidas y convenciones de derechos humanos ratificadas por el Estado español, además de los informes del Grupo de Trabajo Contra la Desaparición Forzada e Involuntaria de la ONU y del Relator Especial para la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición, Pablo De Greiff, que en el año 2014 dictaron las obligaciones del Gobierno de España en materia de Derechos Humanos hacia las víctimas de la dictadura. Llamarlo “Plan de Choque”, como han hecho hasta ahora, es una forma de espectacularizar el lenguaje y construir un titular, cuando el choque con la parálisis del Estado en esta cuestión lo han llevado a cabo asociaciones y voluntarios que han sentido la responsabilidad de buscar a las personas desaparecidas, han pasado del discurso al curso y han ayudado a miles de familias en los últimos veinte años.

-Políticas de urgencia que no hagan esperar más a personas cuyo reloj biológico lleva 40 años marcando el tiempo de la democracia sin haber sido reparadas por el Estado.

-La ley de Memoria 52/2007 declaraba ilegítimos los juicios por persecución política del franquismo. Es necesario anular los sumarios que fueron resultado del intento de la dictadura por disfrazar su represión de legalidad y que supusieron el uso de leyes destinadas a la persecución, la condena y el empobrecimiento de quienes no se sumaron al golpe de Estado del 18 de julio de 1936.

-Exigimos un conjunto de medidas destinadas a que el Estado deje de agredir a las víctimas de la dictadura manteniendo, por ejemplo, la tumba del dictador Francisco Franco con fondos públicos.

Es incomprensible que en un marco democrático se esté obligando a sus víctimas, y a todas las personas que creen en la democracia, a sufragar con sus impuestos los gastos del enorme mausoleo dedicado al dictador. El monumento, construido con mano de obra esclava de presos políticos, para glorificar a quién se sublevó contra un gobierno democrático, debe convertirse en un museo que cuente su propia historia. Por eso, tampoco entendemos la intención del Gobierno de trasladar los restos del dictador a un mausoleo en Mingorrubio, de titularidad pública, en el que Patrimonio Nacional ha gastado varios miles de euros para acondicionarlo ante su posible traslado.

-Solicitamos además que se lleve a cabo un estudio de los reconocimientos honores y recompensas que reciban miembros de las fuerzas de seguridad del Estado franquista y que sean revocados porque en democracia ni simbólica ni materialmente se puede recompensar a quienes ejercieron la tortura la persecución de ideas y la violencia contra quienes querían construir urnas donde entrarán papeletas de todas las ideologías.

-Que el Gobierno de España asuma el monumento de los republicanos deportados a los campos nazis, que se encuentra en Mauthausen y que está cedido y mantenido por el Estado francés.

-Solicitamos asimismo un homenaje y reconocimiento de Estado a todas las personas que de algún modo u otro lucharon contra el fascismo en España; defendieron las libertades públicas, se opusieron a la dictadura y pagaron esa defensa de los valores democráticos con su vida, con su libertad, con su integridad física psicológica o política, con el exilio, el destierro, con la humillación pública mediante la cual se le rapó el pelo a las mujeres y se las paseó por cientos de pueblos del Estado español para humillarlas, por haber defendido valores y derechos que hoy consideramos esenciales e irrenunciables. También para quienes sufrieron la deportación a los campos de exterminio mediante la intervención de la dictadura franquista con sus aliados nazis.

-Exigimos una comisión de estudio de los libros de texto para que dejen de practicar el negacionismo con respecto a los crímenes de la dictadura. El mejor homenaje a las personas que se enfrentaron al golpe de Estado del 18 de julio de 1936, y a las que lucharon contra la dictadura para que hoy tengamos derechos y libertades, está en un libro de texto. Durante décadas de democracia los manuales escolares han ignorado a las víctimas de la represión franquista, dando una visión militarista de la guerra de 1936 y pasando de puntillas por la dura y terrible represión que ejerció la dictadura. Generar ignorancia acerca de ese pasado es debilitar la cultura democrática de la ciudadanía.

-Esperamos que el Gobierno ponga todas las herramientas legales y sancionadoras para exigir la retirada de nomenclatura, monumentos, placas y reconocimientos a representantes de la dictadura franquista, así como cualquier honor, condecoración, homenaje o predilección que hayan sido otorgados por las instituciones del Estado desde el Gobierno central hasta las instituciones locales a miembros de la dictadura. Nos resulta incomprensible que en todos estos años permanezcan espacios dedicados a los golpistas y personas que usurparon el poder mediante el uso de una terrible violencia. Un síntoma del abandono que han sufrido las víctimas de la dictadura, que afecta por proximidad al Palacio de la Moncloa, es el Arco de la Victoria, junto al que han pasado todos los presidentes del Gobierno desde 1977 hasta hoy y a los que al parecer no les ha molestado suficientemente un arco que celebra la victoria de los ejércitos de Franco, Hitler y Mussolini.

-Exigimos al Ministerio de Cultura que lleve a cabo las medidas pertinentes para recuperar la propiedad de toda la documentación saqueada por la Fundación Francisco Franco que se encuentra en el archivo de la citada fundación y que según las leyes pertenece o al emisor o al receptor de esos documentos, que son mayoritariamente propiedad del Estado. No se debe permitir el expolio documental llevado a cabo por esa fundación o no investigar la documentación que fue destruida en la transición o la que ha desaparecido del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre las relaciones de la España franquista con la Alemania nazi. Denunciamos el caso a la Fiscalía que trasladó nuestra denuncia al Ministerio de Cultura por si se sentía damnificado y tomaba medidas legales y estamos esperando una respuesta del mismo.

-Que se eliminen todos los obstáculos políticos para que las víctimas de la dictadura franquista tengan acceso a la justicia, no sólo en España sino los que impiden las actuaciones dela justicia argentina que desde el 14 de abril de 2010 tiene abierta una investigación de los crímenes de la dictadura franquista, aplicando el principio de Justicia Universal. En esa fecha nos vimos “obligados” a acudir a la justicia argentina por el permanente rechazo de los juzgados españoles para investigar las desapariciones forzadas de la represión franquista, pero desde 2010 hasta hoy han sido numerosos los obstáculos de los organismos del Estado para impedir las labores del juzgado argentino. Desde esa perspectiva instamos a anular, por ejemplo, la instrucción enviada por la Fiscalía General del Estado a todas las fiscalías españolas para que cortocircuiten cualquier petición de la justicia argentina en ese ámbito.

-Que se abran todos los archivos que todavía contienen documentación relativa a la represión que no ha podido ser consultada ni conocida. Que se mejore la situación de los archivos, especialmente en lo que tiene que ver con su falta de personal, una deficiencia decidida políticamente que dificulta el acceso de los familiares a la documentación, a los investigadores y al conjunto de la sociedad. Es preciso incrementar las plantillas y digitalizar con urgencia documentos útiles para el conocimiento de todo lo ocurrido. Que salgan a la luz los “secretos oficiales”, como la documentación militar acerca de las relaciones entre las España franquista y la Alemania nazi que todavía está clasificada.

-El único organismo de derecho humanitario del Gobierno de España es la Dirección de Derechos Humanos y forma parte de la estructura del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Instamos a que cambie su ubicación en el organigrama del Gobierno y sea un organismo que deje de hacer negacionismo de las violaciones de DDHH no resueltas en España. Entre las prioridades españolas de esa Dirección no hay ninguna dentro de España, cuando hay en nuestro país al menos 114.226 personas desaparecidas, miles de personas que fueron presas y torturadas y no han recibido reparación alguna.

-Que cambie radicalmente la elección del Defensor del Pueblo para que no sea, como ha sido durante décadas, un instrumento del Parlamento que más allá de presentar sus informes anuales y quejarse o solicitar información de algunas situaciones ha permanecido demasiado pasivo ante situaciones gravísimas que ha sufrido la ciudadanía y en muchas ocasiones ha omitido Defender a quienes eran pisoteados en sus derechos. El informe del Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada e Involuntaria de la ONU ya señalaba esta deficiencia en su informe de 2014 y señalaba que la elección debería recaer en organizaciones sociales: ONGs, Asociaciones, Movimientos Vecinales….

-Que se haga un estudio detallado de todas las obras públicas y privadas que fueron llevadas a cabo por presos políticos, que sean señalizadas como tales y que la empresas que los utilizaron para hacer fortuna sin ningún escrúpulo reparen a los familiares, como ha ocurrido en numerosos países europeos con empresas que utilizaron mano de obra judía facilitada por dirigentes nazis.

-Que el Gobierno lleve a cabo un homenaje de Estado a todos los hombres y mujeres que lucharon contra los golpistas de 18 de julio de 1936 y contra la dictadura franquista. Que todas esas personas que se afanaron en el regreso de unas urnas en las que entraran papeletas que no representaran sus ideas sean reconocidas como padres y madres de nuestra democracia y se las trate como referentes del compromiso que debe tener la ciudadanía con los valores democráticos.

-Que se desarrolle un Plan de Recogida de Testimonios que almacene y perpetúe la memoria de las personas que todavía pueden contarnos muchas cosas de la terrible historia de la dictadura que no se encuentran en la documentación que se conserva y que pueden desaparecer si las instituciones del Estado no recogen sus experiencias para convertirlas en patrimonio de todos.

-Que se haga público un estudio sobre todos los beneficios de toda clase que recibieron desde el Estado franquista las familias de lo que los golpistas denominaron “víctimas de la violencia roja”. Las becas para estudiar, las pensiones especiales, la concesión de gasolineras, miles de puestos de trabajo para toda la vida en la administración pública, estancos, administraciones de lotería, exhumaciones, traslado de restos y todo aquello que se llevó a cabo con el dinero de todos pero sólo para unos para poner fin al repetido argumento de que “hay que repararlos a todos”.

Atentamente:

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica

www.memoriahistorica.org

Email: memoria36@hotmail.com

https://drive.google.com/file/d/1PLj41kMK4Wq-oWSDl37FtyNDYPfDKDl-/view

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