Diez años son muchos para los que buscan y esperan desde hace década

OPINION / Publico/ 13/04/2020/Ana Messuti/ Abogada de la querella argentina

Si queremos encontrar  motivos por los que se concibió la idea de presentar la querella por las víctimas del franquismo, sin duda los encontramos en, por una parte, la situación que se vivía en Argentina, donde ya algunos años atrás se habían iniciado los juicios contra los autores de los crímenes cometidos durante la dictadura y, por otra parte, la situación que se vivía en España, tras la reacción de la justicia española ante los intentos de Garzón, en 2008, de dar una respuesta a quienes la esperaban desde hace tantos años.

Por otra parte, el derecho argentino, desde la jurisprudencia, particularmente de la Corte Suprema, manifestaba una franca apertura hacia el derecho internacional y, por consiguiente, hacia el ejercicio de la jurisdicción universal. Esa evolución jurídica iba acompañada y alimentada por un infatigable movimiento social, encabezado desde siempre por las Madres y las Abuelas, que no bajó nunca los brazos. Sin duda el contraste entre una situación y otra era notable, por un lado se abrían las puertas de la justicia, y por otro, se cerraban. Pero la universalidad de la justicia consiste precisamente en que haya una sola puerta, y que siempre esté abierta.

La idea de la querella nació en Madrid, de una reunión entre Emilio Silva, presidente de  la ARMH, Raúl Zaffaroni, Joan Garcés y un joven abogado argentino, Matías Bailone. Para llevarla a la práctica se formó en Buenos Aires un equipo de letrados dispuestos a ocuparse de la querella. Algunos desde hacía tiempo se dedicaban a los juicios de lesa humanidad, “juicios de lesa”, como los llaman en Argentina, y que estaban participando en el juicio sobre el Plan Cóndor. El equipo se reunió varias veces  durante  2009, pero faltaba algo esencial para que la querella se pusiese realmente en marcha.

El 22 de marzo del 2010 apareció una larga entrevista a Carlos Slepoy en el diario Página 12. Llevaba como título una frase que había dicho Carlos: “Necesitamos un Garzón argentino”. Es decir, compartíamos, sin saberlo, el mismo proyecto. Carlos era admirado por todos nosotros, todos recordábamos el brillante papel que había desempeñado en los juicios de Madrid. Había que aprovechar su presencia en Buenos Aires, invitarlo a unirse al proyecto. Nos encontramos el 24 de marzo en la Plaza de Tribunales, donde todos los años se celebra un homenaje a nuestros colegas argentinos desaparecidos.

Era un contexto ideal para comenzar a “hacer algo” por nuestros compañeros españoles. Ya en la primera reunión con Carlos se decidió que había que presentar la querella el 14 de abril, Día de la República, para lo que teníamos que empezar a trabajar inmediatamente. Hubo que resolver de modo provisional algunas cuestiones dudosas, que tarde o temprano se plantearían y tendrían que resolverse. Además, era necesario finalizar el escrito unos días antes para dar tiempo a que la firmasen las asociaciones de derechos humanos que quisiesen unirse a nuestros dos primeros querellantes individuales: Darío Rivas e Inés García Holgado. La ARMH ya había enviado desde España a su representante  de entonces.

El 14 de abril de 2010, las víctimas del franquismo entraban al Palacio de Justicia argentino, que, para acogerlas, se transformaba en tribunal internacional en ejercicio de la jurisdicción universal.

Ya en España. quienes tuvimos el privilegio de entrar en contacto con los primeros candidatos a querellantes pudimos ponderar el peso del silencio impuesto y mantenido durante años. El enorme esfuerzo que suponía para muchos quebrar ese silencio, contar lo que habían sufrido, o descubrir cuán hondo llegaba ese sufrimiento que estaban contándonos a nosotros por primera vez.

Los querellantes, al recurrir a un tribunal de otro país, y ampararse en el derecho penal internacional, han puesto en marcha la jurisdicción universal. Y así nos han dado y nos están dando una lección a los juristas del mundo entero: no importa el lugar ni el tiempo, no se puede admitir la impunidad de crímenes de tal magnitud.

En estos 10 años hay algunas cosas que festejar, y otras que llorar. Hemos perdido a muchos querellantes, que no pudieron ya seguir el combate. Hemos perdido a Carlos Slepoy y recientemente a Chato Galante; basta mencionar sus nombres para que comprendamos y sintamos todo lo que hemos perdido. Pero en su recuerdo, en homenaje a ellos, celebremos este aniversario, festejemos los logros obtenidos. La querella sigue abierta, ¡Salud!

Diez años son muchos para los que buscan y esperan desde hace décadas

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Diez años de querella argentina: cuando tienes que cruzar el Atlántico para encontrar justicia.

Este 14 de abril se cumplen diez años de la interposición en Buenos Aires de una querella contra los crímenes del franquismo. La causa sigue abierta a día de hoy a la espera de que el exministro Martín Villa declare por su posible responsabilidad en la matanza que tuvo lugar en Vitoria, el 3 de marzo de 1976.

El 14 de abril de 2010 el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez-Esquivel y dos víctimas de la dictadura franquista con residencia en Argentina (Inés García Holgado y Darío Rivas) acudieron a los juzgados de Buenos Aires. La razón: interponer una querella por genocidio y crímenes de lesa humanidad durante la Guerra Civil y el franquismo. La causa abierta en España por el juez Garzón había terminado en nada y con el propio juez procesado. Ya habían pasado 32 años desde la aprobación de la Constitución de 1978 y los crímenes del franquismo seguían impunes. 

“En España hubo un genocidio en cuanto que hubo el propósito por parte de quienes se alzaron contra la democracia y las instituciones de la República de eliminar de la sociedad española a grupos humanos, sociales, culturales, políticos, sindicales, agrarios, obreros… para crear una sociedad distinta, de recrear, de remodelar la sociedad española, como efectivamente consiguieron”, explicaba entonces el abogado Carlos Slepoy. “El interrogante es qué se quiere ocultar en España”, se preguntaba el Nobel Pérez-Esquivel en una entrevista concedida a Público sólo un día antes de la presentación de la querella.

Junto a ellos estaban Inés García Holgado, sobrina de Elías García Holgado, asesinado en 1937 tras ser encarcelado cuando era alcalde de Salamanca; y Darío Rivas, hijo de Severino Rivas, fusilado en 1936 cuando era alcalde de Castro de Rei (Lugo). Rivas había conseguido en 2005 rescatar los restos mortales de su padre de una fosa común. Nueve años después, con 90 años, acudía a la Justicia de Argentina para poner fin a la impunidad franquista: “Sólo quiero el resto de víctimas que puedan sentir el mismo alivio que yo”, indicaba Darío en una entrevista con Público.

El plan de los juristas Carlos Slepoy y Ana Messuti, acompañados por decenas de organizaciones de Derechos Humanos y memorialistas (como la ARMH o Abuelas Plaza de Mayo), anunciaba que en los próximos meses cientos de víctimas de todo el Estado español se irían uniendo paulatinamente a la querella. Había que recorrer cada localidad de España, cada Ayuntamiento para conseguir los testimonios de la represión franquista. Y así fue. 

La querella argentina fue creciendo con los casos de los incontables desaparecidos durante el franquismo; los bebés robados, los torturados en el tardofranquismo; mujeres que habían sufrido los preventorios franquistas; y con familiares de asesinados como Salvador Puig Antich. “El fin de la impunidad es irreversible, la única duda es cuándo”, decía cinco años después Carlos Slepoy a Público, en 2015. 

Los éxitos comenzaron a llegar. Por un lado, decenas de consistorios y comunidades autónomas del país se adhirieron a la causa mostrando la fragilidad de la tesis de la impunidad franquista en el país e incluso presentaron sus propias querellas en juzgados españoles. Por otro, la opinión pública comenzó a conocer casos que, hasta la fecha, apenas tenían cabida en periódicos y telediarios.

Ascensión Mendieta consiguió recuperar los restos de su padre gracias a la Justicia de Argentina y al trabajo y solidaridad de la ARMH y un sindicato noruego. Mendieta, además, se convertía en símbolo de toda una generación que jamás olvidó el asesinato de los suyos y luchó hasta el final por recuperar sus restos.

El policía González Pacheco, alias Billy el Niño, comenzó a aparecer en tertulias televisivas y sus torturas, y reconocimientos, llegaron al Congreso. La propia Justicia de Argentina reclamó su extradición y la Audiencia Nacional tuvo que pronunciarse en contra de la misma poniendo negro sobre blanco que España no juzga los crímenes del franquismo ni tampoco permite que otros países lo hagan en nombre de la justicia universal.

Ministros de la dictadura como Fernando Suárez y Utrera Molina o de la Transición, como Martín Villa, fueron imputados. También médicos, policías y jueces. Los organismos de Derechos Humanos aumentaron su vigilancia a los gobiernos españoles. La ONU y sus mecanismos de vigilancia denunciaron la impunidad e instaron a las autoridades españolas a derogar o modificar la Ley de Amnistía y a buscar a los desaparecidos.

Diez años después de su inicio la querella argentina sigue viva y sus efectos en España se siguen notando. El exministro Martín Villa tiene pendiente acudir a declarar ante la jueza por su posible responsabilidad en la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, entre otros casos; y en el juzgado argentino se continúan acumulando denuncias y querellas que dan una idea de la ingente cantidad de violaciones de derechos humanos que se cometieron durante la dictadura. Los últimos en sumarse, de hecho, han sido descendientes de españoles que fueron asesinados en los campos de concentración nazis con el conocimiento de los responsables de la dictadura.

Por el camino, sin embargo, fueron murieron muchos de los protagonistas de estos diez años de lucha judicial al otro lado del Atlántico. Carlos Slepoy falleció en 2017 tras toda una vida luchando contra la impunidad de los regímenes dictatoriales en España y Sudamérica. También María Martín, que conmovió a medio país con su participación en el documental El silencio de otros, de Almudena Carracedo y Robert Bahar. Ascensión Mendieta falleció en 2019 tras haber conseguido su objetivo de dar digna sepultura a los restos de su padre. Por último, el que fuera preso político de la dictadura Chato Galante y voz de los torturados por la dictadura falleció hace apenas quince días. 

El esfuerzo de víctimas de la dictadura, de hijos, hijas, nietos y nietas por acabar con la impunidad franquista, no obstante, sigue adelante. La querella argentina sigue abierta, la jueza María Servini aguarda a la evolución de la covid-19 para regresar a España; y las víctimas y asociaciones memorialistas continúan interponiendo denuncias también ante los juzgados españoles.

Han pasado 10 de años desde el inicio de este proceso judicial. Cuarenta y dos años desde la aprobación de la Constitución y España sigue sin conocer cuántos muertos dejó el franquismo en las cunetas, cuántos bebés se robaron ni cuántos policías y jueces violaron derechos fundamentales en nombre de una dictadura para, al día siguiente, defender la Constitución. El camino está siendo largo, pero, en un camino lleno de trampas, aún resuenan las palabras de Carlos Slepoy: “Las batallas por los derechos humanos siempre se ganan“. 

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