Una delegación del Parlamento Europeo ha visitado Sevilla para denunciar la impunidad del franquismo
Han recorrido las dos caras que ofrece la ciudad: las fosas comunes con miles de víctimas y el entierro con honores del golpista Queipo de Llano en La Macarena
“Es muy impresionante estar en este lugar”, dice la eurodiputada Ana Miranda (BNG) ante la fosa donde yace Blas Infante, Padre de la Patria Andaluza
Han participado en una reunión en el Parlamento andaluz con PSOE y Adelante Andalucía a la que no han acudido PP y Ciudadanos, y Vox no ha sido invitado
Las víctimas de la represión franquista expresan “preocupación ante el nuevo escenario político”
Juan Miguel Baquero / 18/01/2019 – 23:24h
El grupo de Memoria Histórica del Parlamento Europeo ha visitado Sevilla para denunciar la impunidad de los crímenes del régimen de Francisco Franco. Y en la capital de Andalucía han puesto en el mapa comunitario la anomalía española con el fascismo que la ciudad soporta con un simbolismo dual: las víctimas, aún en cunetas, y los golpistas, enterrados con honores.
Con anterioridad, la delegación señaló otros paradigmas como el Valle de los Caídos, donde recibieron amenazas, o el Pazo de Meirás, con un trabajador de la Fundación Franco como guía.
En Sevilla, los eurodiputados han vivido la quietud del cementerio donde reposan miles de víctimas del terrorismo franquista con el contraste del estruendo metálico de las celebraciones religiosas con el que han sido recibidos a las puertas de la Basílica de la Macarena donde está la tumba del genocida Gonzalo Queipo de Llano. El silencio contra el repicar de campanas.
“Es muy impresionante estar en este lugar”, dice la eurodiputada Ana Miranda (BNG) ante la fosa común donde yace Blas Infante, Padre de la Patria Andaluza, y otro millar de víctimas del terrorismo fascista. “En el Parlamento Europeo hay preocupación por la situación de involución democrática que puede vivir Andalucía con este tripartito que se ha permitido el lujo de invocar a Federico García Lorca y Blas Infante”, explica.
“España es una excepción en Europa porque nunca ha juzgado su dictadura, ni sus crímenes ni a sus criminales”, sostiene el europarlamentario Miguel Urbán (Podemos). Una prueba “es que tengamos a un genocida como Queipo aquí enterrado y a Blas Infante tirado en una cuneta, lo mismo que Lorca y 50.000 andaluces”, dice a las puertas de La Macarena.
“Monstruos del pasado”
“Estamos volviendo a ver monstruos del pasado y no se puede ser demócrata sin ser antifascista. El ejemplo son estas personas que están aquí enterradas”, apela Urbán. Por eso la expedición diplomática quiere poner el foco de la “comunidad internacional” en el incumplimiento español con los derechos humanos. “Con impunidad no hay democracia”, subraya.
Los europarlamentarios han pedido “que se complete la exhumación de las fosas” en la región más castigada por el terror golpista, con al menos 45.566 asesinados y arrojados a 708 tumbas ilegales. Además, han denunciado “la situación que nos hace tener a un genocida enterrado con honores en Sevilla, igual que tenemos al dictador en el Valle de Cuelgamuros”. Y han expresado la “preocupación” de “los grupos progresistas del Parlamento Europeo” por la situación política de Andalucía.
La visita institucional, que adelantó eldiario.es, ha arrancado con un encuentro de la delegación europea con asociaciones memorialistas de la región. De ahí han partido al cementerio, acompañados de familiares de represaliados y representantes del Ayuntamiento de Sevilla. Luego, la tumba de Queipo y una reunión en el Parlamento de Andalucía a la que han sido invitados todos los partidos, excepto la formación de extrema derecha Vox, y a la que solo han acudido PSOE y Adelante Andalucía.
El grupo de Memoria Histórica del Parlamento Europeo está compuesto por Clara Aguilera (PSOE), Izaskun Bilbao (PNV), Marina Albiol (IU), Jordi Solé y Josep-María Terricabras (ERC), Ramón Tremosa (PDeCAT) y Ernest Urtasun (Catalunya en Comú). Además de los propios Ana Miranda (BNG) y Miguel Urbán (Podemos). En visitas como en Cuelgamuros o Meirás también participaron eurodiputados como Martin Schirdewan (Die Linke, Alemania), Stelios Kouloglou (Syriza, Grecia), Ana Gomes (PS, Portugal) y Jill Evans (Plaid Cymru, Gales).
La idea es romper “el olvido” al que han sido sometidas las víctimas del franquismo. Y respaldar “la historia de los familiares, el trabajo de muchos años, con mucho sacrificio personal, muchas lágrimas y también mucha impotencia porque este Estado no ha cumplido con los derechos humanos”, en palabras de Ana Miranda.
“Acabar con la impunidad es el eje central de nuestro trabajo en Bruselas”, ha explicado Miguel Urbán. De ahí, “el apoyo a las víctimas y la búsqueda de justicia” a través “de la Querella Argentina o denuncias que se hacen a través de la Comisión de Peticiones como la fosa de Paterna (Valencia) o las torturas de Billy el Niño”.
La voz de las asociaciones
“En políticas de Memoria Histórica en esta comunidad se ha avanzado bastante pero quedan asignaturas pendientes”, ha resumido Paqui Maqueda, de la asociación Nuestra Memoria. “Y con la entrada de esta gente en el poder no sabemos cómo van a quedar”, apunta.
Porque en boca de todos han estado la actitud del nuevo presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), que ha tomado posesión del cargo a escasos metros de la tumba de Queipo mientras en la sesión de investidura apelaba a Lorca o Infante como andaluces ejemplares y días antes anunciaba un pacto con la extrema derecha para la “modificación de la Ley de Memoria Histórica regional” por una Ley de Concordia.
La inquietud es palpable entre las víctimas del franquismo por el anuncio de liquidar el marco legal imperante. Y plantan cara a las derechas. “Existe preocupación ante el nuevo escenario político y los peligros para continuar avanzando en los escenarios de Memoria, vienen malos tiempos”, han puesto sobre la mesa desde la Asociación Manuel Barrios Jiménez.
Los colectivos le ven las orejas al lobo con el nuevo Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos apoyados en la extrema derecha. “El futuro es bastante negro con el cambio político”, ha expuesto Antonio Ortiz, de UGT. “Si se va a derogar [la ley], estaremos combatiendo”, según Rafael Gil, de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Otros han puesto el dedo en llagas concretas. Como la “necesaria pedagogía de la Memoria; aquí el holocausto no se enseña en ningún sitio y qué mejor manera que hacerlo a través de nuestros deportados”, en opinión de Ángel del Río, delegado de la Amical de Mauthausen en Andalucía. “En charlas en institutos y universidades la gente se queda perpleja porque no conocen” la historia de los internados andaluces en campos de concentración nazis.
El Banco de ADN, a expensas del nuevo Gobierno
O la “investigación y el freno que puede significar el cambio político”, precisa Cecilio Gordillo, del grupo de memoria de CGT y la base de datos Todos (..) los nombres. O el Banco de ADN, asociado a un convenio entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada que queda en el aire, a expensas de asignación presupuestaria por el Ejecutivo de PP y Ciudadanos. “En Utrera hemos exhumado una de las tres fosas, con 21 ejecutados” que están en el laboratorio granadino, tercia Juan Valle. “Ahora no sabemos qué va a ocurrir con los trabajos de ADN”, lamenta.
Y la cartografía de la represión fascista. “En las fosas del cementerio de Sevilla deberían haber más de 4.500 personas”, ha señalado Raúl Sánchez, de Memoria Histórica de PT y Joven Guardia Roja. El Gobierno conservador “puede usar la ley para prohibir las exhumaciones”, ha apuntado Antonio Manuel Mateos, de la asociación de El Coronil.
El caso de la sustracción de menores también ha sido expuesto. “La venta de bebés empezó en 1940 y llega hasta más allá del año 92”, cuenta Lydia Acebo, de la Asociación Afectados por Bebés Robados de Andalucía. “Hay que dignificar a todas las víctimas del franquismo”, han pedido desde la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática.
“Este país es una anomalía; la ley 2007 quedó muy por debajo de la legislación internacional y es necesario que se aplique el derecho internacional sobre crímenes de lesa humanidad”, pide Manuel Velasco Haro, de la Asociación Guerra y Exilio. Desde CCOO han felicitado la declaración de la Comisaría de la Gavidia, antiguo centro de tortura de la dictadura, como Lugar de Memoria de Andalucía aunque reclaman “que una parte se quede para un uso que sirva como pedagogía de la Memoria”.
La comitiva ha entrado después en el cementerio municipal de San Fernando en Sevilla, donde han conocido la ubicación de varias de las fosas comunes donde hay enterrados más de 4.500 ejecutados por los franquistas. De ahí han partido hasta La Macarena, donde está la tumba del máximo responsable de la represión fascista en Andalucía, el golpista Queipo de Llano.
En el camposanto, los europarlamentarios han sido recibidos por el olvido cubierto de tierra de las víctimas. En el templo, con el tañer de las campanas sobrevolando la tumba del genocida.
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+ información
80 años enterrados en el olvido de Pico Reja: “A solo 20 centímetros del suelo ya es posible hallar cadáveres”
Familiares y asociaciones memorialistas piden a las autoridades que salden esta “deuda pendiente” con los asesinados por el franquismo y sepultados en la fosa común del cementerio de Sevilla
LAVOZDELSUR.ES | SETEFILLA R. MADRIGAL | 18-1-2019
Sevilla fue la primera ciudad peninsular que cayó ante el Golpe de Estado militar de aquel verano de 1936. Días después de la toma de la ciudad comenzaron los asesinatos. La fosa de Pico Reja, situada en mitad del cementerio sevillano de San Fernando, fue la primera en abrirse y colmatarse. Apenas unas semanas después del inicio de la Guerra Civil ya albergaba a más de 1.000 cuerpos sin vida arrojados en su interior. Hoy, los familiares de aquellos represaliados claman justicia. Es con la llegada al gobierno municipal de Juan Espadas (PSOE) cuando las asociaciones memorialistas presentan ante el Ayuntamiento de Sevilla una moción pidiendo la dignificación de aquel lugar, que aún se encuentra sin delimitar. “La gente pasa por encima porque no existe nada que indique que allí debajo hay personas”, explica Paqui Maqueda, presidenta de la asociación sevillana Nuestra Memoria.
En la fosa común de Pico Reja, tan solo una de las seis que se encuentra en este cementerio, al menos se distingue el contorno gracias a un gran jardín que, sin embargo, pasa desapercibido al visitante. Ni una placa, ni un monumento. Tan solo algunas de las fotografías de las personas fusiladas por el bando nacional. “A tan solo 20 centímetros bajo el suelo ya sería posible encontrar cadáveres”, claman las familias afectadas.
Un primer contacto con la fosa llevó a las instituciones a llevar a cabo la exhumación de los cuerpos a través de una investigación. En mayo del año pasado, algunos familiares fueron citados en la fosa común de Pico Reja para tomar muestras de su ADN. Pero desde esa fecha el asunto “está parado”, con la incertidumbre que se extiende en el horizonte debido a un cambio de rumbo ideológico y político en la Junta de Andalucía.
Las historias enterradas y silenciadas de Pico Reja
Un grupo de familiares se agolpa alrededor de los visitantes parlamentarios. Todos necesitan expresar lo que sienten, el abandono que han sufrido por parte de las autoridades durante tantos años, 41 de etapa democrática. “No les interesa sacar esto”, grita una mujer que sostiene una fotografía de su familiar. Lourdes Farratell es una de las familiares afectadas que no ha querido perderse la visita. Joaquín Farratell (1881-1936), su abuelo, era periodista de la publicación republicana Canela en Rama, situada, según la historia, en el número 11 de la calle Puente y Pellón, en el centro de Sevilla. Una publicación de corte crítico que se erigía en contra de todo lo injusto desde una visión mordaz. Una especie de “Charlie Hebdo de la época”, explica su nieta. Un periodista bastante reconocido en Sevilla escondido tras pseudónimo de El loco.
“Era un hombre culto y fiel a sus creencias”, indica Lourdes, una de las mujeres más jóvenes de la reunión. Se había metido en varios líos por defender a gente del pueblo y por enseñarles a leer y escribir, ya que su mujer, Lourdes Martínez, procedía de San Juan de Aznalfarache. “Mi bisabuelo, su padre, llegó a ser alcalde de San Juan”, explica Lourdes. Esto demuestra que “la nuestra era una familia acomodada, de gente culta a la que la guerra se lo arrebató todo”, explica.
“Mi investigación comenzó después de leer un artículo en prensa sobre la fosa de Pico Reja. Me dio por pensar que mi abuelo podría estar allí porque yo el tema de las cunetas no me lo he creído nunca”. Tras escribir un correo a una de las asociaciones que figuraban en la pieza de prensa, Lourdes comenzó a tirar del hilo. Enseguida la pusieron en contacto con otras personas que podrían saber más sobre su abuelo. Fue así como llegó hasta el historiador José María García Márquez, que sostenía que reconocía a su abuelo entre las personas que había estado estudiando en los últimos años. “Después de un tiempo de investigación me citaron en la fosa común de Pico Reja. Ese día estaba muy emocionada porque mi padre siempre pensó que su padre podría estar allí”. Pasar por el monolito de Monumento (otra de las fosas comunes de San Fernando) donde él está enterrado para esclarecer esta causa “fue un hecho muy emotivo”.
Está segura de que a su abuela “se la cargó la pena”. Lourdes Martínez murió muy joven, víctima de un cáncer. Cuenta su nieta que tras el arresto y “desaparición” de su abuelo “le echaron la casa abajo”. Ellos vivían en Triana, y tras la guerra tuvieron que mudarse a un basurero durante cuatro años. “De tener una vida acomodada a vivir prácticamente en la calle”, declara la nieta. Es por eso que considera que también su padre es “un represaliado, aunque no haya estado en la cárcel” que pagó las consecuencias de una guerra injusta. “Con tan solo siete años tuvo que salir a pedir por las calles de Sevilla”.
Francisco Farratell, su padre, era el segundo de cinco hermanos. Con esa misma edad se iba cada día a la Iglesia de la O con otros niños callejeros. Después de escuchar misa, accedían a una cartilla de racionamiento que les daba derecho a una determinada cantidad de comida.
La clave para esclarecer toda la historia fue una partida de bautismo de su abuelo que coincidía en fecha con la de su padre. Posteriormente, supo que el sacerdote Pedro Ayala tenía una buena amistad con Joaquín padre y un año antes de que estallara la guerra les propuso bautizar a toda la familia porque “la cosa se estaba poniendo muy fea”.
Sabe a ciencia cierta que su abuelo se encuentra en la fosa de Pico Reja porque fue uno de los primeros en caer. “Lo asesinaron el 29 de agosto, un mes después del comienzo de la guerra”. La fosa de Pico Reja fue la primera que quedó colmatada. Con el avance del enfrentamiento bélico fue la de Monumento la que se abrió años después. La investigación también ha puesto sobre una nueva pista a Lourdes. “Creía que mi abuelo tenía 45 años cuando fue asesinado, pero eran 10 más”. Esto es de vital importancia según los investigadores, ya que no es lo mismo el cuerpo de un hombre de 45 que de 55. “Me basta con encontrar un trozo de la falange del pie de mi abuelo, para sentir que se ha hecho justicia”, comenta Lourdes, que se ha unido además a la denuncia colectiva presentada ante la justicia argentina.
Ana Sánchez busca “cerrar heridas” con dos de sus familiares. Ramón y Antonio Sánchezeran dos jóvenes muy concienciados políticamente que pertenecían al sindicato de CC.OO. Su familia procedía de un pueblo de Málaga, Nerja, pero se habían venido a Sevilla en busca de una mejor vida. “Al principio vivían en las chabolas de Villalata, lo que hoy es Amate, pero le tocó la lotería a mi abuelo y pudieron comprarse una casita en el Cerro”, cuenta. Sus tíos eran unos jóvenes muy implicados con el barrio y “eso no gustaba”, comenta. En el caso de Ramón, zapatero de profesión, “solía tener muchas discusiones con mi abuelo porque a la mitad de la gente no les cobraba”, explica Ana.
Su tío Ramón, caracterizado por una cojera, es uno de los que se encuentran en la fosa de Pico Reja. La fecha de defunción aproximada (puesto que no fue fusilado oficialmente) se presupone el 22 de julio. “Lo mataron en el Parque de María Luisa y lo dejaron varios días allí”, indica Ana. Con una doble intención: “la de servir de aviso y la de propiciar que alguien lo reconociera”. A Antonio lo fusilaron en diciembre, por lo que todo indica que su cuerpo se halla en la fosa común de Monumento.
Ana Sánchez, como el resto de familiares afectados decide romper el silencio cuando se entera de que una asociación de víctimas del franquismo, Nuestra Memoria, se reúne el último sábado de cada mes en la plaza de la Gavidia de Sevilla. “Mis padres tenían asumido que eso pasó y que no se podía hacer nada, pero yo desperté y me di cuenta de que eso no era cierto”, asegura.
Blas Infante, uno de los que se encuentra en la fosa común
María Jesús Infante es otra de las familiares que pide justicia. La nieta de Blas Infante asegura que nunca se le comunicó nada a su abuela Angustias sobre el fusilamiento de su marido, pero que “al ser uno de los primeros fusilados tras el Golpe de Estado, todo parece indicar que el cuerpo se encuentra en Pico Reja”, indica.
Respecto a la recuperación de los cuerpos se muestra algo escéptica. “Encontrar los restos y poder exhumarlos es el objetivo de todos los familiares que se encuentran en nuestro mismo caso. Pero, siempre se ha comentado que una vez muertos los calcinaban con cal viva”, explica. Pero lo que sí que espera “es poder mostrar el respeto y dignificación que estos hombres y mujeres se merecen”. Y cómo no, darles “su lugar en la historia y el reconocimiento como luchadores por la libertad”.
No siente que el Estado tenga una deuda con ella o con su familia, pero sí le gustaría que se anulara la sentencia dictada en aplicación de una ley franquista del año 1939 por ser “una barbaridad e infamia jurídica”. Dicha Ley la dictó el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas el 4 de mayo de 1940. Debemos condenar y condenamos a D. Blas Infante Pérez, como incurso en un caso de responsabilidad política de carácter grave a la sanción de pago de dos mil pesetas. Sentencia que se dictó “cuatro años después de muerto y con una ley que se promulga posteriormente al hecho”, explica María Jesús. Fue recientemente, con la aprobación de la Ley de Memoria Histórica en 2007, cuando la sentencia se declara ilegítima, aunque no nula, de ahí la petición de la nieta del considerado padre de la patria andaluza.
“Mi abuelo, desde su niñez, ya visualizaba la pobreza y la desprotección que el jornalero sufría a manos de los terratenientes. Su vida fue una aventura por intentar dar respuesta a ello. Ese ideal andaluz que compartieron algunos de los ateneístas y que les llevó a crear los centros andaluces primero y, luego, las juntas liberalistas, no tenían otro fin que intentar dotar a Andalucía de un ente que administrara sus recursos para no seguir siendo una colonia de España”, explica.
Un momento convulso para la familia Infante debido al triunfo de las ideas supremacistas que han llegado al parlamento andaluz. No obstante, María Jesús expone su talante más conciliador: “Estamos en una democracia. Todas las ideas deben estar visibles y deben ser respetadas, aunque con unas personalmente nos sintamos más identificadas que con otras”, indica. “Ya Blas Infante en aquellas Charlas del Cristina de principios de los años 30, manifestaba que Andalucía debemos construirla entre todos. Todos tenemos la obligación de luchar por su liberación” zanja citando una cita de su abuelo.
El deseo de las asociaciones memorialistas
La iniciativa de la apertura de la fosa nace gracias a una moción presentada ante el Ayuntamiento de Sevilla en la que se pide la retirada de simbología, una mayor apuesta por la educación histórica y la exhumación de los cuerpos de las fosas comunes del cementerio. Hace dos años se crea la Oficina de la Memoria, una institución con una sola funcionaria al frente que no puede con la multitud de solicitudes que llegan a diario por parte de familiares e investigadores.
Ahora, las asociaciones temen que el proceso quede paralizado por el reciente cambio de gobierno en la Junta de Andalucía. “Lo único que queremos es dejar de recordarles la deuda pendiente que tienen con miles de familiares y que se dignifiquen estos lugares en el cementerio de San Fernando”, sostienen Eva Oliva y Paqui Maqueda, presidentas de sendas asociaciones de memoria democrática. “A día de hoy las fosas no están delimitadas y cualquiera puede pasar por encima, reconocerlas y erigir un monolito no es tan costoso”, indica Eva sumándose al deseo de todas las familias. Un deseo que ojalá “no peligre con el nuevo gobierno .
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