Entre esos elementos «contrarios a la memoria democrática» figuran la Cruz de los Caídos, situada entre Doctor Gadea y Federico Soto; el Monumento a los caídos de la Vega Baja, y el Memorial ‘Huella de José Antonio’ en el cementerio de Alicante, junto a plaza de Calvo Sotelo, que la conselleria exige que se cambie de nombre, reabriendo un debate que ya se abordó durante la etapa del tripartito, cuando se revisó el callejero para retirar decenas de calles con relación a la dictadura franquista. También el Gobierno central debe retirar la vidriera con el escudo del águila de San Juan en el edificio del Banco de España.

En este contexto, el grupo municipal de Vox ha decidido llevar la polémica al pleno municipal previsto para este jueves. Una propuesta que se debatirá solo si supera el trámite de la urgencia, es decir, si una mayoría de los grupos dan luz verde al debate y posterior votación. Desde la formación ultra se pretende que el Pleno inste a la Generalitat Valenciana a «abstenerse de realizar cualquier actuación tendente a la retirada de la Cruz de los Caídos de Alicante«, mostrando además «su más absoluto rechazo a la intención de la Generalitat Valenciana a su retirada«.

Además, entre los acuerdos, también figura que el Pleno exhiba su «más absoluto rechazo a la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática por suponer un instrumento de confrontación entre los españoles y de la manipulación de la historia». El Senado aprobó definitivamente la ley del PSOE y Unidas Podemos con el respaldo de Bildu, Más País, PDeCAT y PNV, frente al rechazo de PP, Vox, Ciudadanos y UPN.

Según figura en la declaración institucional presentada por Vox, «la Ley de Memoria Democrática, cuya entrada en vigor se produjo el pasado 21 de octubre, es una norma que ataca directamente a la verdad y lo hace intentando construir una ‘memoria colectiva’ en base a criterios estrictamente ideológicos, impidiendo que los españoles ejerzan su libertad de pensamiento e imponiendo una visión subjetiva y malformada de la realidad histórica de España».

Y el grupo ultra va más allá, señalando a la consellera: «La titular de dicha consejería [sic] es Rosa Pérez Garijo, reconocida comunista y, por ende, seguidora de la ideología en cuya historia se enumeran más de 100 millones de asesinatos en todo el mundo, decenas de miles de ellos en España entra la que se destaca la matanza de más de 5.000 personas inocentes -entre ellos una gran cantidad de mujeres y niños- en Paracuellos del Jarama en 1936, con la colaboración del gobierno socialista de Largo Caballero. Ante la redacción de la declaración institucional, desde Unidas Podemos han solicitado al gobierno municipal que no admita la propuesta.

Procedimiento

Mediante una resolución de septiembre de 2021, de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, se publicó el acuerdo de la Comisión Técnica de Coordinación, por el que se aprobó el Catálogo de vestigios de la Guerra Civil y la Dictadura en el ámbito de la Comunidad Valenciana, junto a la relación de los elementos contrarios a la memoria democrática y la dignidad de las víctimas que deben ser retirados o eliminados por no haber sido retirados o eliminados voluntariamente, y los criterios generales de actuación sobre los vestigios de la Guerra Civil y la Dictadura.

Ahora, transcurrido más de un año desde aquella publicación, la conselleria considera que ha resultado procedente actualizar el Catálogo de estos vestigios, «incluyendo aquellos que han sido comunicados y suprimiendo los que han sido retirados«.

El Catálogo, según insisten desde el Gobierno autonómico, «es un documento abierto y no definitivo que se nutre, en primer lugar, de la información comunicada por las administraciones públicas, fundamentalmente los ayuntamientos, y también de las comunicaciones y denuncias que realizan las entidades memorialistas, así como las realizadas por la ciudadanía».

Al respecto, la Dirección General de Calidad Democrática, Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno ha remitido escrito a todos los ayuntamientos, incluido el de Alicante, donde se mantengan vestigios como calles, placas, honores u otros elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública, de competencia municipal, que no hayan sido retirados. «Se les ha hecho constar, en todos los casos, que de no retirar los vestigios contrarios a la memoria democrática de forma voluntaria, en el plazo de un mes, procede la incoación del procedimiento previsto en el artículo 39.7 de la Ley 14/2017, de 10 de noviembre», según aseguran desde la conselleria.

Ese artículo de la ley señala que «no habiéndose producido la retirada o eliminación de los elementos a que se refiere este artículo de manera voluntaria, el Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas incoará de oficio el procedimiento para la retirada de dichos elementos«. Esto supone que la Administración valenciana actuará para retirar los vestigios que estén a su alcance. En los que no tenga competencias, como modificar el callejero municipal, la negativa de los ayuntamientos a cumplir con la ley acabará en los tribunales, según fuentes de la conselleria.

Vuelve la polémica por los vestigios franquistas en Alicante (informacion.es)