Almería. El botín franquista en Andalucía rondaría los 35 millones de euros

Fernando Martínez explica ante el Parlamento Andaluz que están documentados saqueos y multas por 120 millones de euros de la época

El catedrático de la Universidad de Almería e investigador sobre la Guerra Civil y el franquismo, Fernando Martínez, ha comparecido ante la comisión del Parlamento Andaluz que elabora la llamada Ley de Memoria Democrática, y en ella ha apuntado que “el botín” en Andalucía para los vencedores fue de 120 millones de pesetas “de la época”, lo que hoy podría equivaler a unos 35 millones de euros.

Martínez, que valoró muy positivamente las líneas maestras en las que está trabajando la comisión, recordó que entre 1936 y 1945, en Andalucía fueron fusiladas 57.413 personas “por la represión franquista, principalmente por los bandos de guerra de los militares contra la República”, frente a 8.715 personas “asesinadas en zona Republicana” en esas mismas fechas, por lo que concluye que esa “violencia física no fue simétrica en cuanto a su impacto y alcance”.

Quien también fuera alcalde de Almería por el PSOE, recordó que mientras unas víctimas fueron “olvidadas y estigmatizados en los largos años de la dictadura franquista, y sus cuerpos siguen yaciendo en muchos casos en las 614 fosas comunes, cementerios, parajes abiertos y cunetas de nuestra tierra”; las otras, desde los primeros años de la postguerra, fueron objeto de homenajes y reparaciones “ellas y sus familiares” tras la investigación de la Causa General.

Martínez detalló la “depuración profesional” del franquismo tras ganar la Guerra Civil. Así, el 18% de los maestros andaluces fueron inhabilitados para ejercer su empleo, lo que también pasó con el 11% de los médicos, y “un número muy amplio de empleados públicos apartados de sus funciones”.

Pero a la eliminación física mediante fusilamientos, y a la eliminación social por la expulsión laboral, le siguió la incautación de bienes, que según Martínez aún no está suficientemente estudiado. Cerca de 60.000 andaluces fueron víctimas de la llamada Ley de Responsabilidades Políticas, perdiendo sus propiedades total o parcialmente, o fueron sancionados por un montante de 120 millones de pesetas de la época.

De este modo no es extraño otro dato relevante, el de los 50.000 andaluces que tuvieron que abandonar su patria, lo que unido a los fusilados, y los muertos de la propia Guerra, dejaron muy mermada la población andaluza, principalmente de gente joven con capacidad de trabajo.

El ponente añadió a todo eso las “vejaciones a las mujeres andaluzas”, la lucha contra “el maquis”, y los “centenares” de presos ordenados por el Tribunal de Orden Público, por lo que resumió que “hay datos suficientemente elocuentes del alcance que tuvo la violencia política en Andalucía durante la Guerra y el franquismo, sin parangón con ninguna otra región de España”.

Martínez, que alabó el papel de la Junta de Andalucía en la recuperación de la memoria de aquellos hechos, y destacó que la Ley de Memoria Democrática viene a completar la de Memoria Histórica aprobada bajo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y reclamó que se abandone los planteamientos tradicionales de “todos fuimos culpables” o aquellos de claro sesgo revisionista de la necesidad de equidistancia y la responsabilidad compartida, poco riguroso con la génesis y las causas de la Guerra Civil, y centre ese relato su discurso en la destrucción de la democracia y la destrucción de los demócratas”.

El especialista insiste en que no se trató de una “amalgama fruto de una contienda”, y que la filiación política de las víctimas ha impedido que algunos consideren lo ocurrido como un ataque a los Derechos Humanos como tal.

Se mostró partidario de crear una Comisión de la Verdad, aunque reconoció su inutilidad por estar muertas muchas de las víctimas o los responsables, pero “podría ser una contribución importante al reconocimiento y la dignidad de las mismas, a su reparación, y sobre todo a favorecer un relato histórico más verídico e imparcial, que contribuya a la prevención de la violencia, a la promoción de la paz, y al fortalecimiento de la democracia”.

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