Andalucía. El Gobierno de Susana Díaz aparcó la exhumación de Queipo de Llano

Un informe le advirtió de que debía actuar para desarrollar la Ley de Memoria Histórica

Chema Rodríguez / Sevilla 27.09.2019 / elmundo.es

https://www.elmundo.es/andalucia/2019/09/27/5d8cbc03fdddff505f8b4601.html

El general golpista Gonzalo Queipo de Llano, o más bien sus restos, podrán quedarse en la Basílica de la Macarena de Sevilla sin problemas legales y sin temor a que corra la misma suerte que su superior, el dictador Francisco Franco, cuya exhumación ha avalado esta misma semana el Tribunal Supremo del Valle de los Caídos.

Legalmente, el general franquista que tomó Sevilla y la gobernó como un auténtico virrey, las tiene todas consigo para quedarse en la tumba donde reposa desde su muerte, en 1951, en una de las capillas de la sede de la Hermandad de la Macarena, de la que fue devoto y mecenas y cuyo título de hermano mayor honorario ostenta incluso después de fallecido.

Un informe de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía rechaza que existan argumentos legales para forzar a la cofradía de la Madrugá sevillana, una de las más populares y poderosas de la ciudad, a sacar de su tumba el féretro de Queipo de Llano. Y responsabiliza, aunque no lo menciona expresamente, al gobierno que presidía Susana Díaz y que impulsó y aprobó en el Parlamento la actual Ley de Memoria Histórica de Andalucía, en 2017, pero que nunca llegó a desarrollar.

El documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía, está firmado por el letrado de la Junta Manuel Andrés Navarro, de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Presidencia, a la que entonces estaban asignadas las competencias en materia de memoria histórica. A lo largo de seis páginas, el abogado de la Junta desgrana la situación legal de la tumba del general para llegar a una conclusión sobre si la tumba incumple o no la ley: “Resulta cuando menos discutible”. Incluso, añade el informe, en relación a la lápida, puesto que a con el paso de los años ha ido perdiendo los símbolos y lemas franquistas que tenía originariamente y ahora sólo aparece el nombre del difunto y un título, el de hermano mayor honorario de la Macarena, junto al escudo de la cofradía. Ni rastro de yugos, flechas y títulos militares.

El informe detalla que la tumba de Queipo, “dirigente del golpe militar contra el gobierno legítimo de la Segunda República”, está en un espacio privado de uso público como es la Basílica de la Macarena y responde a una petición del ejecutivo que presidía Díaz para conocer cuáles eran exactamente sus competencias en lo que se refiere a la hipotética retirada de dicha tumba después de que diversos colectivos memoralistas y republicanos se hubiesen ya pronunciado exigiendo el traslado del enterramiento del general.

El letrado, cuyo criterio no es vinculante, trae a colación el artículo 32 de la Ley de Memoria Histórica de Andalucía, que obliga a retirar los elementos contrarios a dicha norma, pero sin especificar qué elementos deben reunir para ser considerados de este modo.

La ley, señala el autor del informe tras citar el dictamen del Consejo Consultivo sobre el anteproyecto legal, deja a los propietarios la iniciativa en un primer momento de retirar los elementos que consideren, ellos mismos, contrarios a la Memoria Democrática. Sólo en segunda instancia, añade, y si no lo hacen voluntariamente, se contempla la creación de un comité técnico para determinarlo.

El problema es, señala también el informe de los servicios jurídicos, que el gobierno autonómico del PSOE nunca dio el paso y creó ese comité técnico ni desarrolló la ley, lo que dejó un vacío legal que, a la postre, impide cualquier traslado forzoso de la tumba de Queipo de Llano.

Podría el anterior gobierno, abunda, haber creado dicho comité mediante una orden y que éste hubiese iniciado  el procedimiento para la exhumación, que en un plazo máximo de seis meses hubiese estado finalizado.

Fuentes del actual ejecutivo del PP y Cs señalaron que la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico ya está en estos momentos elaborando la orden que permitirá la creación del comité técnico