El suelo andaluz está sembrado de fosas comunes y desaparecidos forzados: al menos 45.566 víctimas del terrorismo franquista yacen en 708 tumbas ilegales, un tercio del total en España.
ELSALTODIARIO.COM | JUAN MIGUEL BAQUERO | 15-2-2019
Unos zapatos de tacón devorados por el tiempo. Las niñas violadas y ejecutadas en El Aguaucho, su recuerdo eterno. Las lágrimas de Luis y Miguel, ancianos, buscando a los suyos ocho décadas después de unos tiros en la nuca. Y la sonrisa temblorosa de las hermanas Sarmiento ante el agujero donde afloran los huesos de su padre.
Andalucía está sembrada de fosas comunes. De heridas abiertas, historias silenciadas, ignominias sin cicatrizar. Escenarios que laten como paradigmas de la barbarie fascista. Del terror ejercido a sangre y fuego por los golpistas de Francisco Franco y la canalla genocida de Queipo de Llano.
En Andalucía hay al menos 45.566 personas que yacen tiradas en 708 tumbas colectivas. Un tercio de las víctimas civiles del franquismo de toda España, como atestigua el Mapa de Fosas elaborado por la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de Andalucía.
Y Andalucía es tierra con memoria. Porque atesora la verdad heredada en la íntima complicidad de una mesa camilla. Porque no olvida a sus muertos. Porque distingue entre el recuerdo a flor de piel y el olvido impuesto por las equidistancias disfrazadas de falsas concordias. Como dice la vieja frase: “Porque fueron, somos. Porque somos, serán”.
Pero vuelan pájaros oscuros. La mundialización de los discursos del odio tiene rostro; desde Donald Trump a Jair Bolsonaro o Matteo Salvini y Marine Le Pen. Y en el país de la desmemoria brotan réplicas del creciente nacionalpopulismo que rememora el trágico discurso tiránico que dinamitó el siglo XX.
FALSA CONCORDIA Y MEMORIA
La extrema derecha afila sus garras planeando sobre el Gobierno andaluz, con la Ley de Memoria Histórica ofrecida como una suerte de trofeo ideológico. El pacto entre PP y Vox vende la aniquilación del marco legal que protege a las víctimas del franquismo para dejar en la cuneta del desprecio a miles de familias andaluzas.
Los sucesores del nacionalcatolicismo plantean derogar la ley, arrancarla de cuajo o, como mínimo, tejer una supuesta Ley de Concordia de la que nunca han dado detalle más allá de lo previsto: que servirá para dinamitar la reparación a quienes sufrieron la represión poliédrica del régimen franquista.
La amenaza está diseminando una inquietud inhumana entre quienes buscan dar un entierro digno a sus muertos. La ojeriza hurgando en la herida abierta de la tierra arropada en la blanca y verde. Esa Andalucía que busca verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, como defiende la legislación internacional y recomiendan organismos como Naciones Unidas.
En el aire queda la aplicación del I Plan Andaluz de Memoria Democrática. El proyecto dispone de más de 5 millones de euros para exhumaciones de fosas comunes en el periodo 2019-2022. Una cifra sin precedentes: los últimos presupuestos para intervenciones arqueológicas fueron 238.000 euros en 2017 y 413.000 un año después.
Está por ver que el Ejecutivo de PP y Ciudadanos destine dinero a la Memoria Histórica. Las asociaciones de derechos humanos temen que el Gobierno presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla ahonde en el maltrato oficial a las víctimas del terrorismo franquista.
ABRIR LA TIERRA, GANAR DIGNIDAD
Andalucía es la comunidad autónoma española que ha abierto más fosas y cunetas. Y la que ha exhumado a más desaparecidos forzados. Unos cuatro millares de asesinados por los golpistas han sido rescatados del suelo andaluz desde la primera exhumación pública realizada en El Bosque (Cádiz) en 2004.
Andalucía registra también la mayor fosa común abierta en España, en el cementerio de San Rafael, en Málaga, donde el trabajo arqueológico sacó los cuerpos de 2.840 personas. Porque Andalucía es tierra de fosas. Y una tierra con memoria.
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