Andalucía ya tiene el Comisionado para la Memoria que reclamaba Vox

Arroyo Navarro será el encargado de lograr consensos para sustituir la ley en vigor desde 2017


| Sevilla  /Última actualización:23-04-2020 | 13:09 H/
 

Entre el cúmulo de referencias publicadas hoy en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) hay una que trae a la memoria iniciativas impulsadas antes de los días de ciudades adormiladas y silenciosas. Se trata de un Resolución de la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Histórico por la que se adjudica por “libre designación” el puesto de Comisionado para la Concordia a Francisco Javier Arroyo Navarro, quien asumirá las competencias de lo que hasta ahora había sido el director general de Memoria Democrática.

El acuerdo firmado entre el PP y Vox para que esta ultima formación permitiera arrancar la legislatura, dejando paso a Juanma Moreno, recogía en su punto 33:Promover una Ley de Concordia”. Ésta sustituirá a la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía que se aprobó en 2017 sin votos en contra.

Arroyo Navarro tendrá ahora por delante la tarea de trabajar para lograr puntos de entendimiento y de consenso entre todos los grupos del arco parlamentario autonómico, desde Vox a Adelante Andalucía, para “ampliar y mejorar” la actual ley, según aseveró el portavoz de la Junta de Andalucía y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo.

El elegido para el puesto es licenciado en Derecho y miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 1998, además de poseer, entre otros, un Máster en Empresas Turísticas y otro en Turismo y Administración Pública. Fue consejero de Turismo de las Embajadas de España en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador con el Gobierno del popular Mariano Rajoy, y antes jefe del Servicio Jurídico y secretario general de la Delegación del Gobierno en Andalucía. Como ese último cargo tuvo, entre otras funciones, que dirigir las unidades responsables en materias como derechos ciudadanos, autorizaciones administrativas, sanciones, administración local, extranjería, protección civil, procesos electorales o formación.

De acuerdo a lo aseverado en la resolución que se puede consultar en el BOJA, la toma de posesión “se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51″, en relación con el “65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía”.

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