El Parlamento Europeo, la memoria histórica y el caso español (I): el puzle anticomunista
Lo que sigue es la primera parte de una versión ligeramente modificada de mi intervención, por Zoom, en las II Jornadas de Memoria organizadas por AMESDE (Asociación de la Memoria Social y Democrática) y dirigidas esencialmente al profesorado de enseñanza media a finales de noviembre.
La entrada de España en la Comunidad Europea significó, cuando menos, dos fenómenos de importancia histórica, aparte del fin del aislamiento o de la peculiar situación española en el viejo continente:
- En primer lugar, la necesidad de adoptar el acervo comunitario con la transformación subsiguiente de nuestra economía y nuestra sociedad de manera exponencial. Una forma de modernización que no tuvo mucho que ver con lo acaecido en el franquismo tardío. Es una dimensión que economistas, juristas, sociólogos y politólogos no han cesado de explorar. El resultado es claro: España ha seguido desde entonces una línea muy clara de homologación con los países de nuestro entorno en la Europa occidental.
- En segundo lugar, la posibilidad de exportar a la entonces Comunidad Europea una parte de nuestras ambiciones seculares. Es un tema menos conocido.
En todo caso hay que recordar, enfatizar y aclarar que la CE, y su sucesora la UE, se mantienen como un ejemplo avanzado de cooperación intensa entre Estados y sociedades en los que se da una feliz circunstancia. La posibilidad de compartir un modelo de pluralismo político, económico, social y cultural basado en la combinación de tres tradiciones, la liberal, la conservadora y la socialdemócrata.
España exportó, entre sus intereses, muchos relacionados con la dimensión exterior, en especial hacia América Latina, y reforzó la vertiente mediterránea del colectivo europeo. En lo que se refiere a la situación en el hemisferio occidental no es necesario recordar que era entonces muy preocupante, en particular en América Central y en Chile, bajo la dictadura de Pinochet, tras el derrumbe de la sangrienta dictadura argentina.
A quien esto escribe le correspondió incorporar este último interés a la acción comunitaria. Por supuesto no en solitario, sino con la aportación de los comisarios españoles, franceses, italianos y alemanes esencialmente y el Parlamento Europeo. A ello se añadió la posibilidad de exportar algunos aspectos de lo que la CE estaba entonces haciendo con los países de la Europa Oriental, llamados a incorporarse a la misma, y con una Unión Soviética en acelerado proceso de transformación en los tiempos de Gorbachov.
La ayuda a los refugiados y la introducción de cláusulas de protección de los derechos humanos fueron dos de los ángulos de tal actuación. La revalidé años después cuando se me encargó de la dirección de relaciones multilaterales, política de seguridad y derechos humanos.
Todavía me dio tiempo a ver los prolegómenos a la admisión de un grupo de países a principios del presente siglo que, desde 1945, habían compartido otro destino como integrantes de la órbita soviética o con otros modelos (caso de Yugoslavia). La UE se hizo más heterogénea, más diversa, más plural.
En el ámbito de la MH no es de extrañar que al repudio original y permanente de los regímenes nazi-fascistas se uniera el de los comunistas. Tal repudio se basó en un concepto difuso, y controvertido, pero propio de la guerra fría, como es el del totalitarismo.
Los historiadores llevamos discutiendo muchos años sobre si tal modelo es aplicable más o menos mecánicamente a todas las situaciones de excepción antidemocrática en la Europa central y oriental. Tiene la ventaja de que es cómodo y, en particular, desde el punto de vista político.
En la actual UE, el peso de los nuevos Estados miembros de la Europa central y oriental ha sido muy superior al que tuvieron, a su entrada, los mediterráneos no democráticos (Grecia, España, Portugal).
Tampoco es de extrañar que, consolidado rápidamente en estos últimos el sistema democrático, la atención se haya desplazado hacia el pasado del centro y del este de Europa.
Hoy el rechazo del franquismo, del salazarismo o de la dictadura (corta) de los coroneles griegos no levanta, en general, pasiones dentro de la UE. El rechazo del comunismo, sí. Se ha convertido en una nueva seña de identidad europea. Quizá también impulsada por la no democratización, con arreglo a los estándares de la UE, de Rusia y de Bielorrusia, y desde el comienzo de la guerra en Ucrania con la preocupación por la amenaza al sistema de seguridad europea e intercontinental que se mantuvo tras el final de la guerra fría.
Con todo, es obvio que, en términos históricos, con el rechazo del comunismo, en la UE sigue sólidamente implantado el repudio del nacionalsocialismo y del fascismo. Es imposible disminuirlo a la sombra trágica y perenne de la Shoah.
Lo que antecede es ampliamente conocido.
Sin embargo, la UE no es hoy demasiado beligerante contra el franquismo. Lo fue, en su encarnación primitiva de la CE, antes de la Transición. No obstante, muchas voces han lamentado que, en los envites ideológicos y políticos del presente siglo, el recuerdo de la dictadura española se haya desvanecido en gran medida de la conciencia europea.
La evolución en España ha sido diferente. El resultado es que parece haberse creado una cierta asintonía entre la atención que el pasado de los regímenes nazi-fascistas y comunistas despiertan en Europa y los casos de España y Portugal, cuyas peculiaridades han dejado de estar presentes. No conozco lo suficiente el caso portugués, pero sí el español.
En los combates por la historia y la memoria que se han desarrollado en España durante los últimos años ha aparecido, en mi opinión, un fenómeno fundamental: el intento derechista de cobijar el franquismo bajo la amplia capa del anticomunismo.
¿Por qué?
Mi respuesta es porque las derechas españolas, que ganaron la Guerra civil, no tienen, en la encarnación de sus sucesoras, el menor interés —o no son capaces— de renunciar a los mitos que cultivaron durante la dictadura y a su amparo. Con ello han mantenido una asociación estructural de difícil ruptura. Cabe pensar que lo que está en juego es perpetuar una cierta interpretación de la historia que las legitimaría indefinidamente en el futuro.
En todo caso, han sido incapaces de mirar hacia atrás con nuevos ojos y asumir los resultados de la investigación llevada a cabo por tres generaciones de historiadores. Son quienes han ido desentrañando los motivos directos e indirectos, las causas inmediatas y mediatas, las condiciones necesarias y suficientes que provocaron la guerra civil y que, con ella, dieron paso a una dictadura de carácter militar y fascista. Que duró casi cuarenta años pero cuyo recuerdo ha ido difuminándose en el resto de Europa por mor de perentoriedades más urgentes.
Las derechas españolas, que ganaron la guerra civil, no tienen, en la encarnación de sus sucesoras, el menor interés —o no son capaces— de renunciar a los mitos que cultivaron durante la dictadura y a su amparo
Desde mi punto de vista, los rasgos fundamentales que tipifican tal postura de las variopintas derechas españolas son dos:
- La Guerra civil fue inevitable y la culpa de ella la tuvieron las izquierdas de la época.
- La Guerra civil salvó a España de caer en las manos del comunismo.
Desde el punto de vista europeo, el rasgo más importante siempre fue este último. Recientemente un egregio periodista no ha tenido inconveniente en acudir a manifestaciones de autores y políticos extranjeros, sabiamente descontextualizadas, que manifestaron su gratitud ante la figura de Franco.
Lo cierto es que la dictadura española, apadrinada desde 1953 por Estados Unidos, se convirtió en una pieza del dispositivo anticomunista no de forma directa sino indirecta a través de los Pactos de Madrid. Esto reforzó la capacidad de disuasión occidental sin tener que cargar con el coste político de dar un abrazo a la dictadura e integrarla en las organizaciones europeas. Durante los largos años del franquismo, los gobiernos de Madrid no pudieron congraciarse debidamente con la Europa institucionalizada.
Añádase hoy que el conocimiento de la historia de España, y en particular de la época franquista, es bastante limitado en los círculos políticos decisionales de la UE. España ha sido un miembro leal y cooperador (con mayor o menor intensidad, según el color de los gobiernos del momento) desde su adhesión hasta la actualidad.
Desde otro punto de vista, también cabe afirmar que España no ha hecho, por su parte, demasiado para que no se debilite en la UE la percepción del significado del sentimiento antifranquista.
Esto es, en parte, un resultado del hecho que, en general, la política española no ha sabido, querido o podido reconciliar el pasado de todos los españoles. Se ha mantenido siempre a distancia de lo que, por ejemplo, ha hecho —con cierto retraso— la RFA al enfrentarse con la sangrienta historia alemana durante los años nacionalsocialistas. U otros países occidentales europeos con respecto a los años de colaboración con el nazifascismo durante su ocupación.
Como historiador, solo puedo decir que los investigadores, esencialmente españoles pero también extranjeros, hemos aportado nuestro granito de arena a la mejor comprensión de nuestro pasado. Pero solo de forma limitada hemos tenido éxito a la hora de interpelar al poder político, particularmente durante los largos años de gobiernos del PP. En la actualidad hay gente que celebra con fruición el que en los años Rajoy no se aboliera la LMH pero dejara de llevarse a la práctica (¡qué listos!). Ya se anuncia que, de ganar las próximas elecciones, se eliminará la reciente LMD aprobada en octubre por el Parlamento. Cabe preguntarse, a la mayor gloria ¿de quién?
(Continuará)
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