Cuando el 16 de mayo de 1944 los 6.000 gitanos encerrados en el Zigeunelager —la sección donde retenían a los prisioneros de esta etnia— del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau supieron que aquella noche serían gaseados, tomaron una determinación: evitarían a toda costa su exterminio. A tal fin se pertrecharon de todo lo que encontraron para preparar su levantamiento contra las SS y así, insurgiendo, lograron escapar.

No fue por mucho tiempo. Aunque menos conocido que el genocidio judío, el holocausto del pueblo gitano —al que se ha llamado Samudaripen o Porraimos— supuso la aniquilación de hasta 800.000 romaníes. De hecho, pocos meses después de aquel 16 de mayo, la noche del 2 de agosto de 1944, 4.000 gitanos murieron en las cámaras de gas del mismo Auschwitz-Birkenau por orden del comandante en jefe de la SS Heinrich Himmler. Aquella matanza se recuerda como “La noche de los gitanos”.

La persecución al pueblo gitano no es monopolio de los nazis. “El primer genocidio gitano que ocurre en la historia no es el de la segunda guerra mundial”, remarca Celia Montoya integrante de las organizaciones Rromani Pativ y Ververipén. Esta activista recuerda cómo casi dos siglos atrás, el 30 de julio de 1749, miles de gitanas y gitanos fueron capturados en la península, en un episodio que ha quedado registrado como “La gran redada” o “La prisión general de gitanos” y que supuso un salto adelante en un proceso iniciado dos siglos y medio atrás, cuando en 1499, bajo el reinado de los Reyes Católicos, se decretaron las primeras leyes contra el pueblo Roma. Así, aquel 30 de julio de 1749, relata Montoya, “decidieron que nos querían exterminar físicamente y borrarnos del mapa”.

 

El marqués de la Ensenada fue quien ordenó La gran redada, “un dirigente al que se estudia hoy en día en los libros de texto como el gran modernizador del estado español”, denuncia por su parte Cayetano Fernández de Kale Amenge. “Separaron a los niños mayores de siete años de sus madres, a quienes apresaron y aislaron con el fin de impedir la reproducción de nuestro pueblo. Mientras, los hombres fueron encadenados y forzados a trabajar levantando los puertos de Ferrol, Cartagena y la Carraca”, describe.

Como los gitanos retenidos en Auschwitz-Birkenau, en aquella ocasión las mujeres se resistieron a los planes de exterminio, cuenta Montoya: “En Zaragoza, en el Palacio Pignatelli —que ahora curiosamente es la sede de la diputación— metieron presas a las mujeres y a los niños gitanos. Ellas hicieron una resistencia brutal con lo único que tenían que eran sus cuerpos y sus manos, se desnudaban para llevar al infierno a esos monjes que las tenían prisioneras”.

El plan de exterminio del Marqués de la Ensenada continuó por 14 años más, hasta que en 1563 se dictaminara la puesta en libertad de las gitanas y los gitanos presos. Fue la resistencia la que permitió que el pueblo gitano sobreviviera. Siglos después, los descendientes de aquellas personas cazadas y apresadas durante años aún pueden leer el nombre de quien planeó su extinción en las placas de las calles: “Imagínate la violencia simbólica: la sede del Consejo General del Poder Judicial está en la calle Marqués de la Ensenada”, denuncia Iñaki Vázquez, también de Rromani Pativ y Ververipén, “cada vez que se nos cita ahí porque tenemos interlocución para aclarar temas judiciales se nos revuelve el estómago”.

Han pasado 75 años desde aquel 16 de mayo, 270 desde la Gran Redada y el antigitanismo sigue manifestándose en Europa y en España. Siguen frescas en la memoria propuestas como la del censo de gitanos de Salvini, o la gran deportación que Sarkozy puso en marcha en el 2010. Mientras, en los países del este, se escuchan discursos explícitamente antigitanos, como los que provienen del gobierno del Jobbik en Hungría, liderado por el actual presidente Viktor Orban. 

SOBRE LA INCLUSIÓN

En España, durante las últimas décadas la cuestión gitana se ha abordado desde la óptica de la integración o la inclusión, con iniciativas lideradas durante mucho tiempo por organizaciones cuyas integrantes, o dirigentes, eran personas payas. Actualmente cada vez más gitanas y gitanos realizan este trabajo. “Las personas payas, con buena voluntad, pero que vienen de servicios sociales tienen una mirada más caritativa. Siendo ellas quienes ejecutan, la mirada va a ser siempre una mirada paya, nosotros marcamos diferencia porque la junta es gitana aunque el equipo es mixto, somos 20 gitanas y 10 payos”, cuenta Isabel Giménez, trabajadora social e integrante de la Asociación Gitana por el Futuro de Gipuzkoa. Las actividades de esta organización van desde la lucha contra los prejuicios a la colaboración con servicios sociales. Respecto a estos últimos reconoce que “hay cierto control, no sé si esa es la palabra, entendemos que del mismo modo que la hay en la sociedad en general, hay una mirada muy acusada sobre las familias gitanas. Aquí muchas familias dependen de ayudas y la contraprestación es que servicios sociales hace un seguimiento muy exhaustivo”.

Para Iñaki Vázquez el marco de las políticas de inclusión tiene un trasfondo problemático: “Cuando hablan de incluirnos habría que pensar dónde quieren incluirnos. Quizás no nos queremos incluir e integrar ahí. Esa palabra lleva implícita una parte de pérdida de identidad y eso no lo queremos. Lo que sí que queremos es convivir y mezclarnos, intercambiar”. Más allá de lo erróneo del punto de partida, para este activista, este marco ha mostrado su ineficacia: “después de 40 años de políticas de integración la situación de los gitanos no ha cambiado sustancialmente, no en proporción a la cantidad de recursos públicos y esfuerzos realizados”, concluye este activista. “Son realidades complejas pero lo que atraviesa a esta situación es el antigitanismo, el racismo estructural antigitano”.

Nosotros pensamos que la integración ha sido una ideología que ha servido a veces para controlar a nuestro pueblo, una zanahoria que pones delante del burro

“Nosotros pensamos que la integración ha sido una ideología que ha servido a veces para controlar a nuestro pueblo”, apunta Fernández, “una zanahoria que pones delante del burro”. El problema para Kale Amenge es que la agenda, el camino, “siempre ha sido la agenda del payo, siempre se ha entendido que los gitanos teníamos un problema de adaptación”. Se habla de convivencia, se habla de integración, prosigue, pero “nadie habla de racismo, ni siquiera cuando hay una larga tradición de progromo en el estado español”.

A la cuestión de la integración le sigue la de la representación. Para Montoya y Vázquez se trata de una cuestión clave: se preguntan por qué se destina más del 80% de los que se dedican al pueblo gitano a “una organización de la Iglesia Católica gobernada por un cura miembro de la Conferencia Episcopal” y que además, apuntalan, usa el dominio gitanos.org, circunstancia de fuerte carga simbólica. Pero también plantean que, aún habiendo cada vez más gitanos en las asociaciones, son pocas en las que estos ocupan espacios de toma de decisiones y de interlocución ante el poder: “En el Parlamento español las Cortes llaman al presidente de esta gran organización para hablar en nombre de los gitanos pero los gitanos tenemos voz, tenemos voces diversas”, defiende Vázquez.

Como las voces de las personas que integran Kale Amenge, que ponen en el centro del debate lo que denominan antirracismo político —que apunta al racismo como estructura— frente al antirracismo moral —que presupondría que el racismo es algo no deseable que se supera con más educación. “Cuando formamos Kale Amenge lo hicimos con una dimensión política porque entendemos que el antigitanismo es un problema político y que necesitamos herramientas políticas para confrontarlo”, explica Fernández.

El colectivo parte de una doble frustración, la que sus integrantes sienten respecto al asociacionismo gitano que acaban identificando como una parte del sistema incapaz de generar un cambio y por otro lado, la que les queda tras su paso por organizaciones de la izquierda blanca: “Todos al final compartíamos esa frustración de ver que no se entendía realmente la lucha gitana, que la izquierda buscaba referencias en Palestina, en Chiapas que son luchas evidentemente muy loables en sí pero que eran incapaces de entender la violencia que se genera contra el pueblo gitano que en muchos casos está enfrente de su casa”, explica Fernández.

UNA MEMORIA HISTÓRICA MÁS AMPLIA

Los activistas entrevistados proponen ensanchar el debate sobre la Memoria Histórica, pues hallan límites en su temporalidad y en su sujeto. Para empezar los represaliados durante la guerra civil y el franquismo también fueron gitanos, para continuar, el solo hecho de ser gitanos ya constituía un motivo de persecución. Así lo explica Montoya: “En el pueblo gitano había mucha gente con ideología revolucionaria republicana: hablo de mi abuelo que era sargento republicano y decidió coger las armas y defender a su familia, las mujeres gitanas durante la dictadura actuaban como mensajeras con la gente que estaba en el monte para llevarles comida”. Por otro lado estaban las leyes antigitanas, como la Ley de Vagos y Maleantes —que no solo perseguía a los calés, pero que les nombraba de manera explícita. “Mis abuelos me han contado”, explica Montoya, “que si un guardia civil durante el franquismo decidía que una familia tenía que irse de un pueblo pues tenían que irse. Su palabra era ordeno y mando en ese momento en el que cualquiera que tuviese el más mínimo roce con alguien podría ver señalada a toda una familia”.

Nuestra batalla por la memoria histórica es doble, pues se trata de decidir que se reconozca esa memoria histórica, pero también de criticar los marcos blancos donde se ha discutido, no para confrontar, pero sí para ampliarlos

Fernández coincide con la izquierda blanca en la necesidad de que se afronte la memoria histórica del franquismo, pero en su opinión es necesario ir más allá. Considera que el antigitanismo constituye la identidad española desde 1499, cuando, por vía de las primeras leyes antigitanas, se obligó al pueblo romaní, que hasta entonces tenía libertad de movimiento y capacidad de autogobierno, a sedenterizarse y someterse a los Reyes Católicos, los mismos que expulsaron a judíos y musulmanes en la búsqueda de una identidad unitaria, al tiempo que invadían el continente americano.

La invisibilización de la historia del pueblo gitano y del antigitanismo se pone de manifiesto en las escuelas e institutos: “Lo que se estudia es muy frustrante, una historia donde los gitanos no existimos, como tampoco se habla de la venta de esclavos negros aquí en España, ni de las barbaridades de la colonización”, denuncia Fernández. “Hay una batalla por delante respecto a la memoria histórica, pero nuestra batalla aquí es doble, pues se trata de conseguir que se reconozca esa memoria histórica, pero también de criticar los marcos blancos donde se ha discutido esta memoria, no para confrontar, pero sí para ampliarlos”.

DEL RECONOCIMIENTO A LA REPARACIÓN

El pasado 8 de abril  se conmemoró el día Internacional del Pueblo Gitano. Ayuntamientos y otras administraciones se sumaron a los actos de conmemoración, luciendo banderas romaníes —como en Zamora— o iluminando el consistorio con los colores de la bandera —como se hizo en Madrid. También se celebró la Ceremonia del Río en numerosas ciudades, un ritual de ofrenda en el que se depositan pétalos de flores en el agua en memoria de los ancestros perseguidos. Pocas semanas antes la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, promovió una petición institucional de perdón al pueblo gitano. Un año antes el gobierno había reconocido sus símbolos: la bandera, el himno, y el día internacional del 8 de abril. Se diría que hay en marcha indicios de reparación simbólica.

Si bien los activistas valoran positivamente estos gestos, urgen a ir más allá, lo que demandan es un auténtico “proceso de la verdad”: “Igual que se ha hecho con otros pueblos como con el pueblo judío, o en Sudáfrica tras el apartheid”, explica Vázquez:  “En este caso debería empezar con un proceso de reflexión no sólo hecho por personas gitanas, sino en general, en el que haya reconocimiento, por ejemplo, de las más de 200 leyes expresamente antigitanas que hubo en España,” propone. A partir de ahí, evaluar el daño hecho al pueblo y que las políticas públicas pivoten desde ese eje, para no centrarse solo en políticas contra la pobreza. Un ejemplo de política pública necesaria sería contribuir a la recuperación de la lengua, plantea Montoya: que en España se haya perdido el romanés “tiene que ver, no con una incapacidad nuestra, sino con que se prohibió hablar nuestra lengua bajo pena de cortar las orejas a quien lo hiciera”.

Por todo esto, señala Vázquez, “trabajar lo simbólico es muy importante pero queremos políticas concretas de reparación: el tema de la lengua, el de la falta de referentes, quitar del nombre de las calles a quienes han sido nuestros verdugos, poder contar nuestra historia no solo a las gitanas y gitanos sino para que toda la población la conozca”.

“El reconocimiento simbólico ayuda a sanar esa herida colonial del pueblo gitano. Pero lo simbólico debe ir acompañado de la materialidad”, opina por su parte Fernández. “¿Qué pasa con los beneficios económicos de esos puertos que están construidos sobre la sangre y el dolor de nuestros antepasados? También habría que hablar del fracaso del sistema educativo hacia el pueblo gitano y pensar cómo cambiar eso, que pasaría por la inclusión de nuestra historia y nuestra cultura como materia de estudio, de cuotas en las universidades, o de sistemas de becas que nos ayuden a remontar esas brechas”.

En las elecciones generales del pasado 28 de abril, cuatro personas de etnia gitana accedieron a un escaño: Juan José Cortés del PP, Beatriz Carrillo del PSOE, Sara Giménez por parte de Ciudadanos e Ismael Cortés proveniente de En Comú. El dato es histórico, hasta ahora había sido testimonial la presencia de personas gitanas en las instituciones. Sin embargo, no está dicho que una mayor presencia de gitanas y gitanos en el Congreso se traduzca automáticamente en avances en la lucha contra el antigitanismo y en la mejora de las condiciones de vida del pueblo gitano. 

De hecho, recuerda Vázquez, “hay gente que habla de cupos como los que ya existen en los países balcánicos —aunque la situación de los gitanos en esos países no ha cambiado mucho siendo incluso más dramática—, pero también hay otra que habla de una autonomía política gitana como una especie de parlamento gitano autonómico pero no territorial”. El problema viene de que un proyecto así implicaría tener un censo, algo que despierta muchas resistencias. “Es un debate que está absolutamente abierto, pero lo que sí que es cierto es que en una posible reforma constitucional o un proceso de repensar España el tema gitano tiene que estar encima de la mesa”.