Aragón actúa en 35 fosas comunes y las entidades exigen cumplir la ley.

La familia de los hermanos Lapeña pone en duda que se consiga resignificar el Valle de los Caídos | Belchite, Fayón, Gurrea de Gállego y Alcañiz reciben las mayores cuantías del Estado para exhumaciones

Con los casi 200.000 euros de aportación del Estado a Aragón para dar cumplimiento a la ley de Memoria Democrática en este año, la comunidad autónoma prevé actuar en 35 fosas comunes de la guerra civil y el franquismo pendientes de excavación y exhumación.

Las mayores cuantías se destinan a las dos fosas comunes de Belchite (25.000 euros en total), a la exhumación de los 15 brigadistas polacos enterrados en la fosa de Fayón (18.089 euros) o a la identificación de una veintena de víctimas enterradas en el cementerio de Gurrea de Gállego (20.000 euros para la excavación y exhumación de ambas fosas comunes). Además, se dará un impulso a los lugares de memoria democrática en Aragón, que serán dignificados y señalizados (a través de una subvención de más de 15.000 euros) y se realizará un estudio sobre los aragoneses enterrados en el Valle de los Caídos (por 13.000 euros).

Con la reforma de la Ley de Memoria Democrática recientemente aprobada por el Consejo de Ministros, es el Estado quien asume la potestad de liderar las exhumaciones. Un cambio normativo que puede suponer que el próximo mes de septiembre “empiecen los trabajos” para traer de vuelta los restos de los hermanos Lapeña, fusilados en 1936 y trasladados en 1959 al Valle de los Caídos, sin conocimiento ni permiso de sus familiares.

La batalla judicial emprendida por sus descendientes llevó a que la Justicia les concediera la primera exhumación de restos del Valle de los Caídos en 2016, pero cinco años más tarde, la familia aún no tiene de regreso los restos de los hermanos aragoneses, naturales de Villaroya de la Sierra (Comunidad de Calatayud).

“Después de cinco años y medio, lo que importa es que se pueda hacer, porque ya toca, y nos ha hablado de que el empujón definitivo puede ser en septiembre, pero no hay nada seguro ni confirmación oficial”, resume Miguel Ángel Capapé, presidente de la Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (Arico) y pareja de Purificación Lapeña, nieta y sobrina nieta de los hermanos Lapeña.

El futuro del Valle de los Caídos

El nuevo texto de la Ley de Memoria Democrática aporta novedades, a su vez, sobre el papel que debe jugar el Valle de los Caídos, donde la norma apuesta por una “resignificación” del entorno como un lugar de memoria.

Pero para algunas familias, como la de los hermanos Lapeña, esta resignificación será difícil de conseguir. “Siempre hemos pensado que estaría bien convertirlo en un lugar de memoria donde se explique la historia, desacralizarlo y hacerlo un recinto civil. Pero no puede ser un cementerio civil por mucho que se resignifique, porque siempre será el Valle de los Caídos, un monumento fascista, con los restos de miles de víctimas”, reflexiona. Para Capapé, lo prioritario es “que cada familia pueda recuperar a sus familiares, que se entreguen las cajas con restos a cada municipio, porque están marcadas, y que si no se consigue identificar a las víctimas, los entierren en el cementerio. El Valle de los Caídos nunca lo identificaremos como cementerio”, insistió.

En el caso de los hermanos Lapeña, cuando consigan recuperar sus restos, la intención es trasladarlos a Villaroya de la Sierra “en la sepultura de la familia”.

Sin embargo, el historiador Alberto Sabio, catedrático de Historia Contemporánea por la Universidad de Zaragoza, considera que “está bien que el Valle de los Caídos se transforme en un cementerio civil, hay que desacralizar el recinto y darle una nueva significación, que no puede estar basada más que en derechos humanos y democráticos”. “Más que derruir, es interesante que se sepa el trabajo cautivo que allí se empleó y la utilización de presos políticos”, considera Sabio, que sobre la nueva ley considera un “avance” que la exhumación de fosas comunes quede en manos del Estado. “No puede recaer sobre los hombros de las asociaciones”, aseguró.

Los historiadores aragoneses, como Sabio, y las entidades memorialistas de la comunidad autónoma coinciden en que lo más importante de la nueva ley es “que se cumpla”. Pilar Gimeno, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Asesinados y Enterrados en Magallón, incidió en que lo más importante es “que la nueva ley sea ambiciosa, valiente y repare de una vez a las familias que llevamos esperando más de 80 años”. También reclamó “valentía a quienes hagan los currículos escolares y se explique bien toda la verdad”. El propio Capapé señaló que el principal “problema” que podría tener la nueva norma es “que no se cumpla, porque el papel lo aguanta todo”.

Más educación frente a los bulos

Alberto Sabio subrayó la importancia de la educación “a todos los niveles” ante “los revisionismos pseudofranquistas que estamos escuchando en los últimos meses”. “El objetivo sería que (la nueva norma) intentase suturar un abismo que existe entre las investigaciones sobre la guerra civil y el franquismo, que contrasta con la percepción que sigue teniendo mucha gente”, aseguró.

“Hay que favorecer una mayor presencia de la historia contemporánea en los planes de estudio. Tenemos que estar mejor formados para no hacer caso a tanto bulo que se está propagando”, incidió.

Y destacó que “es llamativo que muchos estudiantes conocen lo que sucedió en Mauthausen y no saben nada de los campos de concentración del franquismo, que están muy cerca de su casa; por ejemplo, en San Juan de Mozarrifar, donde quizá estuvo alguno de sus bisabuelos”, lamentó el historiador.

18.000 € para recuperar a los brigadistas polacos de Fayón

La localización, excavación y exhumación de 15 brigadistas polacos de una fosa común en Fayón representa la cuantía unitaria más alta de las recibidas por Aragón por parte del Estado en el marco de la ley de Memoria Democrática, con 18.089 euros.

Además, la excavación y exhumación de dos fosas comunes en el cementerio de Belchite sumará dos cuantías de 15.000 y 10.000 euros. En Gurrea de Gállego, se exhumarán dos fosas, donde se prevé recuperar los restos de 15 hombres y 9 mujeres, con una aportación del Estado de 10.000 € para cada caso.

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