Castilla y León contará con uno de los mapas de fosas comunes más completos de España. El proyecto, encargado por el anterior consejero de Transparencia, Ordenación y Buen Gobierno, Francisco Igea, estará listo a finales de este mes de enero y se publicará en la web de la Junta de Castilla y León, o al menos esa era la intención del anterior titular. En su elaboración ha participado un equipo multidisciplinar de investigadores de la Universidad de Burgos (UBU), con historiadores, antropólogos, documentalistas y forenses. “El proyecto llega 20 años tarde”, reconoce Juan Montero, arqueólogo y director de las labores de campo y de documentación del nuevo mapa. Calculan que han catalogado unas 530 fosas que podían albergar a unos 7.000 represaliados.

La Guerra Civil fue particular en las provincias de la actual Castilla y León respecto a otras zonas del país. El golpe de estado triunfó desde el principio en todas las provincias, salvo en el norte de aquellas que limitaban con Asturias y Cantabria. Esto propició que, sobre todo en las provincias centrales como Valladolid, la represión se produjese especialmente en las primeras semanas de la contienda civil: en el verano de 1936. “Después, con la guerra enquistada, hubo consejos de guerra en todas las provincias en los años 1936, 1937 y 1938, y fusilamientos al menos hasta 1942 y 1943”, recuerda el arqueólogo de la Universidad de Burgos por teléfono.

Las cifras provisionales indican que podría haber en las actuales fosas catalogadas unas 7.000 personas. En la comunidad se han producido ya la apertura un número importante, sobre todo desde los años 2.000, lo que ha permitido recuperar unas 2.800 víctimas. La mayoría de los enterramientos del mapa, señala Montero, son represaliados por el bando golpista. “Tenemos documentadas muy pocas fosas de violencia republicana”, indica. Entre todas las víctimas, su mayoría republicanas, hay documentadas unas 16.000 personas, la mayoría de ‘paseos’, ‘sacas’ y consejos de guerra, aunque también fallecidos en los campos de concentración y en las prisiones, por enfermedad y hacinamientos. Esto hace que la tipología de las fosas comunes sea variada en Castilla y León.

Fosas diseminadas

“En el norte nos encontramos con fosas diseminadas en parajes muy extensos, y hay enterramientos que corresponden a una única persona”, señala Montero. En León y en Burgos, donde más fosas se han documentado, es habitual que las inhumaciones ilegales se hicieran para una, dos o tres personas. Estas, además se sitúan en zonas montaraces de difícil acceso, lo que ha complicado su catalogación. “Era gente del frente norte, que eran ejecutados cuando volvían a sus casas”, indica. Muchas veces les interceptaban antes de llegar. “Eso provoca que esas víctimas no sean de los pueblos del entorno donde están enterrados”, explica.

En las provincias de Ávila y Segovia, limítrofes con el frente madrileño, hay documentadas fosas más numerosas. Hay más personas enterradas porque corresponde a las ‘sacas’, las falsas excarcelaciones extrajudiciales, y en el mismo punto se iban acumulando cadáveres según se desarrollaba la contienda. Como sucede en el norte de la comunidad, los investigadores han documentado muchas fosas en los mismos parajes. Eso ha motivado un cambio metodológico importante, y en lugar de catalogarlas por municipio se ha hecho por zonas geográficas.

El mapa tenía que haber estado terminado el 31 de diciembre de 2020, pero los investigadores pidieron una prórroga. Se presentará oficialmente el 31 de este mes de enero. Antes de que la Junta de Castilla y León confirmase la ampliación Montero ya señalaba a este diario que el proyecto no terminará cuando se presente oficialmente. “Incidimos a la Junta en que no es un documento cerrado sino abierto y en que van a tener que comprometerse a seguir haciendo acopio de información, porque saldrá nueva”. En 2011, el Ministerio de Justicia impulsó un mapa similar con datos procedentes de las distintas Comunidades Autónomas. Este, según el investigador de la UBU ha quedado “desfasado”.

Como sucede con el resto de mapas similares, para su elaboración, el de Castilla y León ha utilizado los trabajos que las asociaciones de memoria histórica han ido elaborando durante años, aunque también se ha hecho nuevo trabajo de campo, entrevistando a descendientes de familiares y vecinos, que conocían la situación aproximada de los enterramientos. “Decimos que son secretos a voces, porque todo el mundo tiene una idea aproximada sobre dónde están”, insiste. “Si este trabajo hubiera empezado antes los mapas serían mucho más completos”, se lamenta Montero.

Memoria definitiva

Cuando entreguen la memoria definitiva será la Junta quien plasme los datos en un mapa interactivo. El siguiente proyecto previsto por la administración es el de elaborar un censo de víctimas mortales. Para ello se ha firmado un convenio con las cuatro universidades públicas de Castilla y León. El censo contará con datos relativos a la identidad de los represaliados, como profesiones, edades, lugar de asesinato, etc. Para Montero, ambos proyectos son importantes desde un punto de vista humanitario. “Desde nuestra posición investigadora tenemos que ayudar, con un trabajo riguroso, a que se conozca la verdad de lo que sucedió”.

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