Asturias sepulta la memoria histórica

► Las víctima de la represión franquista afirman sentirse decepcionadas por la falta de apoyos institucionales

► Activistas e investigadores suplen con voluntarismo la supresión de las subvenciones

asturias24.es | Pablo Zariquiegui | 17-8-2015

Una inmensa hoja de excel, ordenada alfabéticamente, con 20.522 nombres. De momento. Son víctimas republicanas de la Guerra Civil y de la represión franquista. Son también el trabajo de media vida de Luis M. Cuervo, activista por la recuperación de la memoria histórica en Asturias. La lista, siempre inacabada, impresiona pese a su aparente frialdad. Figuran en ella, repartidas por columnas, los nombres y apellidos de los muertos, la forma en que fallecieron, el lugar y, en algunos casos, su profesión e incluso datos familiares. Sabemos así, por citar solo tres ejemplos, que Guillermo Abad murió asesinado con apenas 19 años. Que Enrique Abello, de 29, falleció en prisión. O que José Aboli cayó en combate cuando apenas alcanzaba la mayoría de edad.

Luis M. Cuervo comenzó a recopilar datos sobre memoria histórica, debido a su interés por el estudio de la Guerra Civil, de la Segunda Guerra Mundial y del fascismo. Su investigación se plasmó en un sitio web, Todos los nombres de Asturias, una inmensa base de datos de los republicados caídos en combate o víctimas de la represión franquista. La página tuvo que ser cerrada tras sufrir distintos ataques de hackers. Estas agresiones a la web dan cuenta, según este activista, de lo difícil que resulta, todavía hoy, cumplir con esa máxima de verdad, justicia y reparación. 

“La de memoria histórica es la única ley que, en el Estado español, puede incumplir todo que quiera. No hay más que echar un vistazo al callejero de Oviedo; y así todo”, comenta Cuervo. La llamada ley de memoria histórica, aprobada a finales de diciembre de 2007 bajo el mandato de Zapatero, perseguía un doble objetivo: reconocer derechos y  reparar, en la medida de lo posible, los daños causados a las víctimas de la Guerra Civil y de la posterior represión franquista. 

Mapa de fosas

La norma, en las que las familias habían depositado enormes esperanzas, genera hoy decepción en Asturias. ¿Por qué? El Gobierno del Principado encargó, hace ya años, a la Universidad de Oviedo una prolija investigación, a modo de diagnóstico de situación, de punto de partida. El trabajo, dirigido  por la profesora de Historia Contemporánea Carmen García, concluyó con la publicación de un mapa interactivo de fosas comunes que puede consultarse todavía hoy en el portal oficial del Gobierno del Principado, pese a que está pendiente de actualización. 

El mapa, que pretendía dar respuesta a una demanda social, recoge pormenorizadamente las fosas comunes donde yacen personas caídas en combate durante la Guerra Civil o asesinadas durante la posterior represión franquista. Más de 200 enterramientos, los más grandes ubicados en los cementerios de Oviedo y Gijón, con miles de víctimas. La historiografía, aunque aquí no siempre hay consenso, estima en 26.500 personas el número de muertos, por ambos bandos, en la Guerra Civil en Asturias, y en 7.000 las víctimas específicas de la represión franquista. 

El mapa de fosas, pese a haber quedado ya desactualizado, supuso un buen punto de partida para la reparación del daño infligido a las víctimas. El siguiente paso era permitir a las familias recuperar los restos de sus seres queridos, en muchos casos sepultados en las cunetas, y poner fin a años de luto, permitirles descansar. La exhumación de los cadáveres, al menos, en el caso de Asturias se ha topado con muchas dificultades. La primera es resultado de las infraestructuras. La construcción de obras como la Variante de Pajares, por citar un ejemplo, arrasó numerosos enterramientos. 

Conflicto de intereses

No fue ni el único ni el principal obstáculo. Amaia Caunedo, historiadora, formó parte del equipo de investigación de la Universidad que realizó el mapa de fosas. Caunedo señala que una de las cuestiones más polémicas de las exhumaciones tiene que ver, por llamarlo de alguna forma, con un conflicto de intereses.

Quienes perdieron a sus padres en la represión, fueron educados en orfanatos o con familias católicas que forjaron una manera de ver y entender la vida muy diferente a la de sus padres. “Su deseo es recuperar los cuerpos para darles un entierro cristiano que puede chocar con el deseo de las propias víctimas, en muchos casos no creyentes”, afirma Caunedo. “Y también entra en colisión con el de los represaliados que corrieron mejor suerte y lograron sobrevivir”, añade.

El activista Luis M. Cuervo agrega un obstáculo más y es que, para algunos estudiosos, la exhumación de los cadáveres puede suponer la destrucción de pruebas de un momento fundamental en la historia más reciente de España. Cuervo, que colabora con la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, señala que en Asturias se han exhumado muy pocas fosas. Valdediós, Grandas de Salime, Aller, Llanes y poco más. La mayoría de los cadáveres siguen enterrados en las fosas comunes de los cementerios o esparcidos por distintos puntos de Asturias, con la única señalización, y no siempre, de monolitos.

La polémica de los monolitos

Los descendientes de quienes fueron asesinados y los represaliados que lograron sobrevivir llegaron, en el caso de Asturias,  a un acuerdo de mínimos: la señalización de fosas con monolitos a modo de reconocimiento, de reparación del daño. El objetivo, que no se ha cumplido del todo, era colocar un monolito en cada una de las fosas señalizadas en el mapa. La adjudicación irregular de los contratos que le costó el puesto a Ángel González, viceconsejero de Bienestar Social con Izquierda Unida, condenado por prevaricación, vino a sepultar aún más la reparación del daño.

Su sucesor con competencias en materia de memoria histórica, el director general de Justicia, en funciones, el socialista José Luis Villaverde, da cuenta de los monolitos colocados. 81 hasta ahora. Muchos de ellos ya durante su gestión. Villaverde, un apasionado de la historia, reconoce, pese a todo, que queda tanto trabajo como se quiera hacer.

El director general de Justicia ha ido recogiendo, a título personal, información sobre la aparición de nuevas fosas, casi una docena. “Haría falta una actualización del mapa. Hay fosas mejor o peor estudiadas. Hay fosas excavadas parcialmente, otras de forma ilegal”, admite.

Villaverde recuerda que el Gobierno de Rajoy suprimió las subvenciones a las asociaciones por la recuperación de la memoria, lo que obliga a los colectivos a armarse de voluntarismo para continuar el trabajo. ¿La ayuda del Principado? “Se hizo el mapa, se compraron y colocaron los monolitos y no hubo más”, reconoce. Y añade: “En Asturias hay muchas fosas y las políticas (financiación) son limitadas. Es el Estado quien deben costear los gastos, lo que no quiere decir que la comunidad no pueda aportar más en el futuro”, concluye. 

De voluntarismo saben bien quienes llevan años trabajando sobre el terreno. “La gente se va desanimando. Quienes continuamos somos muy pocos. Algunos hemos recibido amenazas de muerte, a otros se nos ha seguido por la calle o incluso nos hemos expuesto a que te rompan la cara”, afirma Cuervo. 

Y todo ello mientras un constante goteo de fosas sigue saliendo a la luz, no en vano, Asturias fue una de las comunidades más castigada por la represión franquista. Cuervo apunta dos nuevos hallazgos, uno en Piloña y otro en Oviedo, muy cerca de San Esteban de las Cruces. “En esta última fosas, estamos hablando de decenas de personas, traídas en cuatro camiones desde la cárcel de Laviana”, comenta este activista, empeñado en que las historias de todos ellos no caigan en el olvido. 

Oportunidad perdida

Cuervo y Caunedo, que discrepan en las cifras de la represión, coinciden, sin embargo, en que en Asturias se ha perdido una oportunidad histórica para hacer las cosas bien. Cuervo recuerda la labor ejemplar del Ayuntamiento de Gijón, durante el mandato de PSOE e IU, que debería haber servido de modelo para una gestión autonómica de la memoria histórica. “Llegó a haber una concejalía de Memoria Histórica y se creó una oficina de desaparecidos para atender a las víctimas”. Y añade: “Pero llegó Foro Asturias y se lo cargó todo”.

Caunedo hace hincapié en que otras comunidades han demostrado mayor sensibilidad con la reparación del daño. Cita, por ejemplo, a Cataluña o Andalucía. “Los catalanes cuentan con una oficina de memoria democrática para atender a los familiares”, señala. “Aquí la oficina –comenta irónicamente– somos los propios investigadores”. “La oficina es mi teléfono móvil. Dejé mi número en todos los ayuntamientos donde aparecieron fosas para poder atender a las familias. Lo hice personalmente”, comenta.

Amaia Caunedo cree que las cosas pudieron hacerse mucho mejor, de forma más efectiva y, además, barata. La Universidad de Oviedo, por ejemplo, cuenta con personal perfectamente formado y con el aparataje necesario para llevar a cabo trabajos. Los investigadores siguen, en muchos casos, realizando estudios por su cuenta y riesgo, pese a no contar ya con el apoyo de la Administración autonómica. “El mapa de fosas está siendo actualizado porque quedó incompleto”, señala esta historiadora.

La opción de las familias

De vuelta a las exhumaciones, las familias que quieren recuperar en Asturias los restos de sus padres o abuelos lo tienen realmente difícil. Pueden solicitar la ayuda de la Administración autonómica, pero no servirá de mucho. “No sabrán ni a dónde dirigirse. No hay una simple ventanilla”, comenta Caunedo. En el caso de que encuentren un interlocutor, lo más probable es que acaben siendo derivados a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, recientemente galardonada con el Premio Trece Rosas que conceden los socialistas ovetenses.

La asociación, con la que colabora Cuervo, ha perdido, desde la llegada de Rajoy al Gobierno, todas las ayudas públicas. Sus investigadores trabajan como voluntarios y costean las pruebas necesarias, por ejemplo, los análisis de ADN, con el remanente de un premio de 100.000 euros conseguido en Estados Unidos que permite además, de momento, mantener operativo el laboratorio de Ponferrada. 

Fin del duelo

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, una vez decidida la exhumación, corre eso sí, con todos los gastos. El momento de recuperación de los cadáveres resulta para las familias no solo profundamente emotivo, sino también terapéutico. “Las familias no pasan página, viven en un duelo permanente, recuperar los restos les ayuda a seguir adelante”, comenta Cuervo. Esta asociación realiza ante la excavación de cada fosa un sencillo y simbólico acto institucional para que los hijos, sobrinos o nietos de los desaparecidos puedan sentirse orgullosos. Cuervo ha estado presente en algunas de las exhumaciones y asegura que se trata de una “experiencia muy fuerte, quizás de las más fuertes que he vivido”.

La reparación del daño para algunas víctimas llegará tarde o no llegará nunca. Lo sabe bien Asunción Mendieta. A sus 89 años esta activista de la memoria histórica aún trabaja para recuperar los restos de su padre Timoteo, asesinado en Guadalajara. Asunción, a pesar de la edad, conserva intactos los recuerdos. Su caso forma parte de la querella argentina que instruye la jueza argentina María Servini. Hasta allí se trasladó Asunción, con su maleta plagada de vivencias, para contar su historia. Hace poco la repetía en Oviedo con ocasión de la concesión del premio Trece Rosas. “Por qué los padres de la Constitución se olvidaron de los cadáveres”, decía entonces con la voz entrecortada, aunque fuerte. Y concluía: “España es todavía hoy una fosa común”.

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