Avances y lagunas de la nueva ley de memoria, 15 años después.

PP, VOX, Ciudadanos y Junts han rechazado una norma que tiene como base la asunción por parte del Estado de las exhumaciones.

María Martín, ya fallecida, en la cuneta donde supuestamente están los restos de su madre, en una imagen de ‘El silencio de otros’. ALMUDENA CARRACEDO

El Congreso ha aprobado, 15 años después, la nueva ley de memoria democrática, que avanza en diversos aspectos con respecto a la aprobada en 2007 por el gobierno de Zapatero, pero que vuelve a poner de manifiesto que las víctimas de la dictadura son de menor categoría que otras víctimas, por ejemplo, las de ETA, como se deriva de las intervenciones de la derecha del PP y la ultraderecha de VOX.

Ambos partidos, junto a Ciudadanos y Junts, han rechazado una norma que tiene como base la asunción por parte del Estado de las exhumaciones –hasta ahora asumidas por las familias– y, entre otras novedades, declara ilegal «el régimen surgido de la contienda militar», la nulidad de las sentencias, crea un banco estatal de ADN, un censo de víctimas y prevé, además, la creación de una Fiscalía para investigar los crímenes del franquismo.

Esto lleva a la principal no novedad de la ley y por lo que ERC finalmente se ha abstenido: la Ley de Amnistía no se deroga. Entre las familias de las víctimas, muchos de las cuales han tenido que acudir a la justicia argentina ante el desamparo de la justicia española, se preguntan cómo es posible juzgar los crímenes sin la derogación de esta norma de 1977, que es lo que, en la práctica, han alegado los jueces para no investigar los asesinatos denunciados. «Se siguen cerrando las puertas de los tribunales del Estado a las exigencias planteadas por las víctimas de los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo: asesinatos, desapariciones, bebés robados, trabajo esclavo, torturas, cárcel, exilio, expolio patrimonial…», denuncia la coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina Ceaqua.

Es decir, el texto impulsado por el Gobierno (PSOE y Unidas Podemos), y que ha contado con el apoyo de EH Bildu y el PNV, fía este extremo a la interpretación: «Todas las leyes españolas, incluida la de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho Internacional, especialmente el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables«, dice la ley, que pasará ahora al Senado en su siguiente y último trámite parlamentario. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ensalzó la Transición, la Constitución y la Ley de Amnistía durante su primera intervención en el Debate sobre el Estado de la Nación.

La ley, que incide también en la represión específica que sufrieron las mujeres, es similar a la aprobada por la Junta de Andalucía en 2017. Impulsada por IU y fraguada durante el gobierno de coalición con el PSOE, salió adelante, sin embargo, sin el rechazo del PP, que se abstuvo junto a Ciudadanos. Mucho más avanzada que la estatal de entonces, partía de que los crímenes son imprescriptibles, y, en la práctica, referentes en el movimiento memorialista como el histórico sindicalista de CGT Cecilio Gordillo, aseguran que ha servido para poco. «La reparación, lejos de ser integral, se queda, como ya está ocurriendo en muchos casos, en algo puramente mediático-administrativo, en el terreno ‘moral’ y no jurídico, que es como señala el derecho internacional», añade Ceaqua.

El PP y Vox, que ya han anunciado que derogarán la nueva norma cuando lleguen al Gobierno –como han amenazado en las autonomías donde tienen poder de decisión–, se han agarrado esta vez para echar por tierra la ley y el relato de verdad, justicia y reparación que piden las víctimas de la dictadura, al acuerdo con EH Bildu, que se comprometió a apoyarla si se ampliaba hasta 1983 el reconocimiento de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos, como así se ha hecho. Será importante conocer si se dignifican a otras víctimas de segunda, las de los crímenes que quedaron impunes durante la Transición, como el de Manuel José García Caparrós o los chavales del caso Almería.

Esta ampliación tampoco ha gustado en sectores socialistas, como muestra el manifiesto emitido por la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, suscrito por antiguos líderes del PSOE como los expresidentes del Senado, Javier Rojo y Juan José Laborda, y los exministros en los gobiernos del expresidente Felipe González: Julián García Valverde, Julián García Vargas y Javier Sáenz de Cosculluela, además de varios exdiputados y miembros de la Ejecutiva socialista. El mismo Felipe González dijo: «Temo que las memorias se conviertan en desmemorias».

Avances y lagunas de la nueva ley de memoria, 15 años después