Ayuntamientos del cambio, ayuntamientos antifranquistas

La llegada de las candidaturas municipalistas ha dado un nuevo impulso al cumplimiento de las demandas de las asociaciones de víctimas del Franquismo.

EL SALTO | SATO DÍAZ | 20-11-2017

“Españoles, Franco ha muerto”. 42 años de estas palabras del entonces presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro. Una frase televisada que, para muchos, supone el final simbólico de cuatro décadas de dictadura. Un año más, llega el 20N, los homenajes a Francisco Franco se sucederán en distintas ciudades: misas en homenaje al dictador, concentraciones en honor a su figura, actos políticos en el Valle de los Caídos… La efeméride puede tener este año especial interés, cuando el conflicto catalán ha despertado el sentimiento patriótico español hasta límites insospechados.

La muerte de Franco en el 1975, el inicio de la Transición, la aprobación de la Constitución tres años más tarde, la instauración del conocido como “régimen del 78″… “La Transición fue un proceso en el que se hicieron muchas concesiones a los franquistas, esto se puede entender por el complicado momento que se vivía, pero, desde luego, lo que no se puede permitir es que aquello que no se pudo hacer en el 1977 se siga sin poder desarrollar en el 2017”, describe, para El Salto, el presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, Arturo Peinado.

“No puede ser que sigan en vigor las sentencias franquistas, ni se puede permitir que permanezcan las fosas comunes clandestinas”, añade este activista contra la impunidad del franquismo. “Ha pasado el tiempo suficiente para solucionar estas cosas, la derecha dice que tratar estos temas es reabrir heridas, pero las heridas nunca se han cerrado”.

2017. La situación política ha cambiado mucho en los últimos años. El movimiento 15M, en el 2011, fue una explosión social colectiva que ponía en jaque al propio régimen del 78. Plazas llenas, acampadas por una “democracia real ya”. Movimientos sociales y nuevas formaciones políticas tomaron el testigo de este movimiento y confluyeron en las elecciones municipales del 2015, conformando candidaturas municipalistas que ganaron los ayuntamientos de las principales ciudades del Estado.

Dos años y medio después. ¿Qué han hecho estos ‘ayuntamientos del cambio’ en materia de memoria histórica y contra la impunidad del franquismo? ¿Cómo valoran estas políticas los colectivos y las asociaciones de memoria histórica? Damos un paseo por Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Cádiz, Pamplona, A Coruña, Santiago de Compostela y Ferrol, algunas de las principales ciudades en las que gobiernan estas ‘fuerzas del cambio’, estas ‘nuevas izquierdas’.

Una labor que, principalmente, se ha centrado en la modificación de la nomenclatura de calles relacionadas con el franquismo, iniciativas en muchos lugares paralizadas por la justicia por querellas interpuestas por fundaciones de la derecha y la propia Iglesia. También se han creado proyectos de resignificación de espacios, contando la historia de lugares que fueron emblemáticos para la resistencia antifranquista; el acompañamiento a las víctimas en la interposición de querellas contra los verdugos de la dictadura…

MADRID, VILLA Y CORTE

Desde el principio, el equipo de gobierno de Manuela Carmena ha sido objeto de críticas por parte de los medios de comunicación de la derecha. Madrid, capital de España, centro mediático del Estado, donde conviven los poderes fácticos –económicos, sociales y políticos– más poderosos, conservadores y neoliberales, la corte, volvía a ser gobernada por las izquierdas, por Ahora Madrid, una confluencia de partidos, movimientos y colectivos, la villa. 

El Ayuntamiento de Madrid, en esta última legislatura, ha desarrollado distintas iniciativas en este sentido desde el Comisionado de Memoria Histórica, dependiente directamente de la alcaldesa, y también desde la tercera Tenencia de Alcaldía, responsable del área de Derechos Humanos y Memoria, de Mauricio Valiente, quien explica: “En cuanto capital del Estado, Madrid sufrió con virulencia la represión franquista desde los inicios del golpe de Estado hasta el final de la dictadura”. Y, por eso, desde Cibeles, manos a la obra. 52 calles madrileñas deberían cambiar de nombres, pero esta iniciativa está paralizada por los tribunales.

Por otro lado, el equipo de Ahora Madrid ha activado la recuperación para la memoria de lugares de la capital que tuvieron importancia durante la guerra y la dictadura. Cárceles, cementerios, el Arco de la Victoria, el propio Congreso de los Diputados, la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol, donde se albergaba la Dirección General de Seguridad que fue testigo de tantas torturas…

Además, el 31 de octubre, el Pleno madrileño aprobó que la ciudad entrara a formar parte de la Red de Municipios por el Acceso a la Justicia de las Víctimas del Franquismo, un espacio de trabajo conjunto en el que también están Barcelona, Cádiz, Pamplona, Tarragona, Vitoria, Zaragoza o Rivas-Vaciamadrid. Estas ciudades implementan querellas en sus respectivos juzgados territoriales contra los crímenes del franquismo.

En Madrid, están en plena creación de un banco de testimonios de víctimas, a las que acompañarán y animarán a presentarse ante la justicia para denunciar estos hechos. También así se conseguirá un censo madrileño de víctimas de la dictadura. “Urge reparar a las víctimas y situarse en la línea de las ciudades que apoyan la querella contra la impunidad franquista. Que las ciudades –y, entre ellas, la capital del Estado– impulsen la recuperación de la memoria democrática es un paso clave para reforzar una cultura colectiva de defensa de los derechos humanos”, asegura el tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente.

BARCELONA. PUIG ANTICH Y MUCHO MÁS

La Barcelona de Ada Colau también ha dado pasos importantes en este sentido. Desde el otoño del 2016, fue una de las ciudades fundadoras de esta red contra la impunidad franquista. Jaume Asens es el referente del equipo de Colau en materia de lucha contra la impunidad franquista y explica a este periódico: “Los valores de justicia, verdad, y reparación no estaban presentes en las políticas municipales, pero las elecciones municipales del 2015 marcan un antes y un después, pues se comparte la necesidad de abrir una nueva vía complementaria a la Argentina, desde donde buscar la mejor fórmula de sentar en el banquillo de los acusados a los responsables del franquismo”.

“Hay crímenes que, por su crueldad, no admiten impunidades ni amnistías, son crímenes que no caducan y que no podemos dejar enterrados en las cunetas del olvido”, prosigue este teniente de alcalde del Ayuntamiento barcelonés, institución que desde el 2015 apoya dos querellas, una en los juzgados de Buenos Aires, donde se investigan los crímenes franquistas cometidos en la capital catalana; la segunda, la presentada por la asociación Altraitalia contra los bombardeos aéreos sufridos en Barcelona desde el 1937 al 1939. Además, Barcelona coopera y asesora a otras ciudades que también fueron bombardeadas, como Durango o Gernika, para que emprendan acciones judiciales similares.

Barcelona también presenta querellas propias en los juzgados de Barcelona contra crímenes acontecidos en esta ciudad. Especialmente significativa es la que se promueve por el caso de Puig Antich, anarquista asesinado por el franquismo en marzo de 1974, cuando la dictadura ya daba sus últimos coletazos pero mantenía su política de terror. “El problema principal que presenta esta causa es la edad, tanto de los responsables como quienes sufrieron sus actos son muy mayores o han muerto, vamos a contrarreloj”, relata Asens, añadiendo: “Por eso también hemos puesto el foco en el tardofranquismo, donde víctimas y victimarios siguen vivos. Un caso significativo es el de Puig Antich. Sus hermanas y quien firmo su sentencia de muerte, Carlos Rey, que sigue en activo, son vecinos de la misma ciudad”.

Gerardo Pisarello, por su parte, es el responsable de Memoria del consistorio de Barcelona. Desde su área han desarrollado iniciativas como la retirada de la medalla a Martín Villa, ministro de Gobernación durante la Transición conocido como ‘la porra del franquismo’ con responsabilidad en los sucesos de Vitoria de 1976, donde murieron cinco personas a raíz de la represión del Estado. Desde esta área, también se ha motivado el cierre de La Modelo, donde se activará un memorial a los represaliados y se ha retirado el nombre de Joan Antoni Samaranch de la estatua al olimpismo, pues el que fuera presidente del COI también era un reconocido falangista.

VALENCIA, CAPITAL REPUBLICANA

La ciudad, cuyo alcalde es Joan Ribó, de Compromís, fue capital de la República Española durante 11 meses de 1936 y 1937, cuando el gobierno legítimo republicano se trasladó allí desde una Madrid asediada por las tropas franquistas. Este año se cumplían 80 años de aquel episodio y desde el gobierno municipal han desarrollado diferentes iniciativas para rememorarlo. Con el objetivo de informar de lo que ocurrió durante esos meses, se han organizado intervenciones en distintos edificios y lugares que tuvieron importancia. Uno de ellos fue el Ayuntamiento, que actuaba como refugio antiaéreo.

“Este año hemos celebrado el 80 aniversario de la capitalidad de España que ostentó nuestra ciudad, en una época dura para todos que se saldó de la peor de las maneras: con el establecimiento de una dictadura que pesó sobre nuestro país durante 40 largos años”, relata el alcalde de Valencia a El Salto, añadiendo: “Lo que celebramos es la resistencia y la firmeza de los valencianos de la época en defensa de la democracia y lo hacemos recuperando la memoria histórica de nuestra ciudad”.

Para ello, Ribó explica que han rememorado “el Congreso de Intelectuales Antifascistas que tuvo lugar en nuestro Ayuntamiento, recopilando en varios volúmenes imágenes e historia viva de la ciudad, organizando exposiciones para difundir todo el material histórico y artístico a nuestros vecinos, desplegando rutas urbanas que ayudan a conocer los emplazamientos de la ciudad que fueron testigos de dicha capitalidad”.

Cambios de nombres de procedencia franquista en el callejero, retirada de honores y distinciones institucionales del ayuntamiento a personajes de la dictadura, retirada de simbología franquista, como escudos, lemas, insignias… Todas estas iniciativas, en la línea de lo que se ha llevado a cabo en otros municipios, también se han desarrollado en la Valencia ‘del cambio’.

ZARAGOZA. GLORIETA DE LAS TRECE ROSAS

Zaragoza En Común es la confluencia que gobierna la capital aragonesa desde 2015 y este equipo, liderado por el alcalde Pedro Santisteve, también ha promovido políticas de memoria y contra la impunidad de la dictadura franquista. Desde el Pleno de la Plaza del Pilar se decidió en septiembre del 2016 poner el nombre de Las Trece Rosas a una glorieta situada en el parque José Antonio Labordeta, como una forma de reparación simbólica de las decenas de miles de cadáveres que dejó el franquismo y que todavía permanecen en paradero desconocido en cunetas del Estado. 

Esta ciudad, que también forma parte de la red de apoyo a la querella argentina, acogió el año pasado el encuentro transfronterizo que anualmente celebran asociaciones de memoria democrática españolas y francesas. Además, en la fachada del Ayuntamiento, se ha colocado una placa conmemorativa a los 15 ediles republicanos y 30 funcionarios municipales asesinados por los sublevados en Zaragoza en 1936, también se trabaja en la retirada de motivos arquitectónicos y escultóricos de simbología franquista y en la colocación de otros que fomenten la memoria democrática.

Cádiz, Pamplona, A Coruña, Santiago, Ferrol… No sólo estas ciudades, son muchas más las gobernadas por fuerzas progresistas que han desarrollado políticas en este sentido en todos los territorios del Estado. Las iniciativas de las distintas izquierdas para borrar la impunidad del franquismo son muchas. Repasamos algunas otras acciones relevantes. En Cádiz, por ejemplo, gobernada por una coalición de Cádiz Sí Puede, del entorno de Podemos, y Ganar Cádiz, del de IU, cuyo alcalde es José María González ‘Kichi’, destaca el inicio de exhumaciones en el cementerio de San José, tras haber sido localizadas 16 víctimas, un proceso que seguirá más adelante.

En el mismo cementerio, hace pocas semanas se iniciaron los trabajos para las exhumaciones también de bebés robados. “La memoria histórica es un llamado vital a la conciencia de todos los que quieren hacer auténtica justicia en la historia”, define el alcalde gaditano, añadiendo: “El futuro de Cádiz y de España tiene mucho que ver con la recuperación de la memoria histórica, ahí encontramos la dignidad de nuestro pueblo”.

La Pamplona de Joseba Asirón, alcalde de EH Bildu apoyado en el gobierno por confluencias de Podemos e IU entre otros, ha sido pionera en la red de municipios por las víctimas del franquismo, como ya se ha comentado, pero también en su intención de exhumar a los generales Mola y Sanjurjo del Monumento a los Caídos, de propiedad municipal. El Arzobispado ha presentado alegaciones para evitar este hecho, pero la voluntad del equipo de gobierno pamplonica de seguir adelante es firme en este cometido.

En Santiago de Compostela, por ejemplo, donde gobierna Martiño Noriega de Compostela Aberta, se va a interponer una demanda de juicio ordinario contra Carmen Franco y Polo, hija del dictador, para reclamar las dos esculturas del Mestre Mateo que están en manos de la familia Franco a pesar de ser propiedad municipal. Durante este año, tuvo lugar la exposición 80 anos. Santiago 1936 en la que se narraba cómo era la ciudad antes del golpe y cómo fue el verano de 1936, el tránsito de una ciudad republicana a la barbarie franquista.

“En estos dos años le hemos dado mucha importancia a la memoria del 36, no sólo centrada en la represión, también en reconocer a los verdugos y en construir un nuevo relato sobre el golpe de Estado”, explica Miguel Penas, del equipo de gobierno compostelano, para ello se han desarrollado actividades centradas en la memoria de las clases populares, de la galleguidad, de la cultura, de la sociedad civil y especialmente de la memoria de las mujeres.

En A Coruña, por su parte, el consistorio presidido por Xulio Ferreiro establecerá en 2018 la Oficina de Atención a las Víctimas del Franquismo, que funcionará a través de un convenio con la Universidad de A Coruña en forma de cátedra de Memoria. “Nuestro compromiso con la memoria es inalterable, por eso en las primeras semanas del año que viene podremos en marcha esta oficina, después de incorporar el concello a la red de municipios por el acceso a la justicia de las víctimas del franquismo”, relata Ferreiro.

Además, junto a otros municipios de la provincia y la Diputación participa en la Xunta Pro-Devolución del Pazo de Meiras. En 2018 están previstos otros dos proyectos: ‘Caixa da Memoria’ y ‘A Coruña Rebelde’, que replantearán espacios culturales vinculados a la memoria y reflejarán hitos de mujeres, del movimiento libertario o liberal de la historia no oficial de la ciudad.

Nuestra última parada en el paseo por las ‘ciudades del cambio’ es Ferrol, donde en 1892 nació el dictador Franco. Ahora gobernada por Jorge Juan Suárez, de Ferrol En Común, esta localidad aprobó en Pleno una moción el pasado septiembre por la cual se decidió la instalación de un monumento con los nombres de todas las víctimas mortales de la sublevación militar y de la dictadura franquista entre los años 1936 y 1976 en la comarca.

Los familiares de las víctimas del franquismo evalúan. El presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, Arturo Peinado, se felicita y considera que los ‘ayuntamientos del cambio’ han supuesto “un avance importante en materia de memoria histórica”. Peinado recuerda cómo desde el año 1979 al 1981 en el plano municipal hubieron bastantes adelantos en la materia, pero que quedó paralizada tras el fallido golpe de Estado del 23-F. Ya en el año 2.000, los nietos de las víctimas cogieron la batuta del movimiento contra la impunidad del franquismo y la lucha volvió a tomar un impulso “que se plasmó en la fallida Ley de Memoria Histórica del 2007”.

Peinado, sin embargo, no duda en señalar algunos errores que él considera en la gestión sobre este tema en estas ciudades. “La Ley de Memoria Histórica no tiene un reglamento claro, ni relaciona qué calles y a qué periodos históricos se refiere para poder eliminar esos nombres, ni existe un régimen sancionador para las instituciones que no cumplan con esta ley”, advierte el presidente de la Federación de Foros. Por ello, pide a los ayuntamientos que “se apliquen las normativas municipales para cambiar la nomenclatura, pues la Ley de Memoria Histórica no es útil”.

Además, este activista pide un esfuerzo a las fuerzas políticas estatales para poner fin a la Ley de Amnistía. “Queremos revisar las sentencias, todas, también las anteriores como las de Billy el Niño y Martín Villa”, asegura. “Esta ley evita que las querellas que están presentando los ayuntamientos contra franquistas no sirvan para nada, pues la ley ampara a los verdugos y los jueces no pueden saltarse la ley”. 

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