«Republicano en tiempos de la Monarquía, y socialista en tiempos de la República, fue concejal de este Ayuntamiento en diversas ocasiones y lo era del Frente Popular al estallar el movimiento revolucionario en esta ciudad. Se tenía por propagandista y orador, interviniendo como tal en los mítines, en ésta y fuera de esta localidad. Fue siempre opuesto a los de la CNT y la FAI. Se tenía por dirigente, pero no gozaba de verdadero predicamento entre los suyos ni en el pueblo en general pues siempre fracasó en los diversos oficios y negocios que emprendiera. Puede considerarse como un verdadero amargado. Durante el Frente Popular negociaba con asuntos relacionados con los Jurados Mixtos. Debió bullir, sobre todo en los primeros momentos de la revolución marxista, sobre todo de palabra, ignorando su intervención en los sucesos».
Tal fue el desapacible retrato que el juez municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Manuel Pérez Díaz, hizo y envió al juez militar de Utrera sobre la persona de la que éste le había pedido referencias para incorporarlas al procedimiento sumarísimo que estaba instruyendo por orden de la Auditoría de guerra del ejército del sur; un retrato, en verdad, desagradable y, en apariencia, poco favorecedor; aunque, en realidad, puede considerarse exculpatorio comparado con las acusaciones que otros le hicieron. Sólo la alusión un tanto obscura a posibles prevaricaciones relacionadas con los Jurados mixtos es la que puso en la persona aludida una tacha de indignidad, pero ya se verá después cómo fueron desmentidas imputaciones análogas a ésta.
Nacido en Alcalá el 15 de marzo de 1888, hijo de Francisco y Antonia; del comercio, casado el 16 de julio de 1916 con Dolores López Leiro, con la que tuvo cinco hijos: Consolación, nacida en junio de 1918; Ana y Manuel, en enero de 1920; Francisco, en marzo de 1922; y Dolores, en mayo de 1928; estaba domiciliado en la calle Sánchez Perrier, número 14. Aunque conocido por el apodo: Jaro, su nombre era Antonio Álvarez de Alba.
Presidente de la agrupación socialista de Alcalá cuando en enero de 1922 ésta contaba con 25 asociados y tenía establecida para cada uno una cotización mensual de 25 céntimos, estuvo afiliado a la logia Filipinas, con el nombre simbólico de Costa, hasta principios de 1931; desempeñó el cargo de concejal durante los seis o siete últimos años de la monarquía de Alfonso XIII; fue candidato del Frente Popular por la provincia de Sevilla en las elecciones de diputados a Cortes del día 16 de febrero de 1936, y volvió a ser concejal -suplente- del Ayuntamiento de Alcalá desde el 11 de marzo al 21 de julio de ese último año.
Ese día huyó de Alcalá, y cinco meses después ingresó en el ejército republicano, en el batallón de abastecimiento mecanizado, donde alcanzó el empleo de teniente. Los fascistas italianos lo cogieron prisionero el 31 de marzo de 1939, en el puerto de Alicante, como a miles de compatriotas nuestros, y lo entregaron a sus correligionarios españoles, que lo metieron en el campo de concentración de Albatera. Donde el 1 de mayo siguiente fue clasificado como retenible, a disposición de los falangistas de Alcalá, que lo reclamaban, según pusieron en su ficha, «por supuesta intervención en un asesinato», aunque nadie le formuló una acusación semejante. Jaro, por su parte, dio los nombres de Sebastián Moya González y Francisco Pallares Álvarez, cuando le preguntaron qué personas lo conocían y podían responder de su actuación.
Y, en efecto, estos dos hombres declararían meses después que lo conocían como socialista y concejal del Ayuntamiento, pero que ignoraban cual fue su actuación durante los días del dominio rojo: por haber sido detenido e ingresado en la cárcel desde el primero de tales días, Moya; y por haber permanecido oculto en su domicilio ante el «temor a ser víctima de los elementos marxistas», Pallares. Éste, un comisionista, de 62 años de edad, vecino de la calle Juan Abad, número 23, añadió que Jaro le merecía buen concepto «con anterioridad» al 18 de julio de 1936.
Las autoridades de Alcalá que en el verano de 1939 informaron al juez militar de Utrera sobre Jaro fueron: el comandante del puesto de la guardia civil, el jefe de la Falange y el presidente de la Comisión gestora del Ayuntamiento. El primero, de nombre José Pachón Serrato, le atribuyó «ideas anarquistas muy exaltadas», antes del Frente Popular, y, en los días de la dominación roja, haber capitaneado grupos en los incendios de iglesias y casas particulares, y otros desmanes cometidos por las turbas.
Mesa lo acusó de ser miembro del comité revolucionario que actuó en Alcalá desde el 18 al 21 de julio de 1936, y, para corroborarlo, dio los nombres de Francisco Bono Díaz-Silva y Manuel García Bono. Sin embargo, éste, un labrador de 48 años, con domicilio en la plaza del Duque, número 5, no corroboró lo afirmado por el jefe falangista: dijo de Jaro que era un elemento izquierdista muy destacado, agitador y gran propagandista, pero que no podía especificar su actuación durante el dominio rojo.
Tampoco confirmó la pertenencia de Jaro al comité revolucionario, Francisco Bono Díaz-Silva, conocido por Paulita, otro labrador, de 64 años, residente y dueño de la gran casa de la plaza del Duque señalada con el número 6; el cual, en cambio, sí lo calificó como elemento «muy perturbador, que constantemente amenazaba a las personas de orden», y que en los mítines procuraba «poner a los obreros en actitud levantisca». Francisco Bono también declaró, sin venir demasiado a cuento, que en los días de dominio rojo tuvo el temor, como persona de orden, de ser víctima de los elementos marxistas, y por ello permaneció en su casa, donde sufrió varios registros y que a dos de sus hijos, Manuel y Alejandro, ya fallecidos, los llevaran detenidos, al depósito municipal de la villa, el cabo de la guardia rural Antonio Martínez Miranda, alias el Chele, «significado elemento izquierdista» y otro guardia rural cuyo nombre no recordaba.
La tercera autoridad local que informó sobre Jaro fue Miguel Florido de los Ríos, en funciones de alcalde o presidente de la Comisión gestora, y dijo de él que era una persona de pésimos antecedentes político-sociales; organizador, en los días de la dominación roja, de los actos llevados a cabo por los elementos revolucionarios, «como miembro del Ayuntamiento Frente Populista». Miguel Florido también acusó a Jaro de que, como componente de la Junta de laboreo y del comité formado para resolver las reclamaciones de trabajo, había cobrado «varias cantidades» a colonos de Alcalá, entre ellos a Antonio Rincón Rodríguez, un labrador, de 48 años, natural de Los Molares, y con domicilio en la calle Mairena, número 42. Mas, llamado éste a declarar, desmintió por completo al que lo puso por testigo de su acusación: Conocía a Antonio Álvarez de Alba desde la época de la Dictadura en que era concejal, y por eso, al encontrármelo ejerciendo el mismo cargo en la República, con ocasión de haberme presentado en el Ayuntamiento de Alcalá para resolver cuestiones de obreros que me habían mandado a mi finca de Mendieta, le comuniqué el objeto de mi visita y él, espontáneamente, subió a la alcaldía y, al poco, volvió diciéndome que me marchara y estuviera tranquilo. Yo me retiré y ningún obrero fue por la finca, hasta pasados unos ocho días y por orden del alcalde. Pero ni entonces le entregué cantidad alguna a Antonio Álvarez, ni éste llegó a exigírmela en ninguna ocasión.
No obstante, ahí quedó el informe de Miguel Florido de los Ríos, que, además, terminaba con esta conclusión de significado inequívoco e inquietante: Antonio Álvarez de Alba «está» conceptuado como persona «incompatible» con el nuevo Estado por sus ideas antirreligiosas.
A continuación, y sin que conste el motivo, declararon, ante el juez militar que instruía el procedimiento contra Jaro, otras seis personas.
El conocido cabo de los municipales, José Gandul Benabal, que acusó copiosamente al encartado: Mientras fue concejal del Frente Popular amenazaba constantemente a las personas de orden, en concreto con la imposición de multas sin la menor razón que las justificase; al comenzar el glorioso movimiento nacional formó parte del comité revolucionario, y dio órdenes a las turbas para que realizaran actos vandálicos; «se le vio» más de una vez recorriendo las calles, «exteriormente sin armas aunque es de suponer la llevara oculta», siempre capitaneando grupos de entre ocho y diez individuos. Y tomó parte en la recogida de armas, aunque ignoraba el cabo Gandul en qué lugares recogió armas Jaro.
Fernando Bocanegra Martí, un empleado de José Domingo de la Portilla, el propietario del antiguo convento de San Francisco, de 54 años, domiciliado en el propio edificio del antiguo convento, calle San Francisco, número 1, declaró que Jaro siempre fue «muy agitador» y que el cargo de concejal socialista del Ayuntamiento lo aprovechaba «más aun para producir conflictos sociales» y como medio para amenazar a las personas de orden; pero que ignoraba su actuación en los días del dominio rojo porque, durante los mismos, él, Bocanegra, estuvo detenido en el depósito municipal.
Este testigo ya había estado antes detenido en el mismo depósito municipal, desde el 16 de abril de 1936, a las diez de la noche, hasta el siguiente día 19: según el alcalde Trujillo, «por haberse manifestado en un establecimiento de bebidas», de la calle de la Mina, «con gritos subversivos e injurias al Régimen e Instituciones Republicanas, alardeando públicamente de su condición de Fascista».
El industrial de 45 años de edad, con domicilio en la Cañada, número 36, Pedro Gutiérrez Calderón, conocía bien a Antonio Álvarez de Alba porque ambos coincidieron varios años en el mismo Ayuntamiento, presidido por el primero, durante la dictadura de Primo de Rivera. Gutiérrez declaró aproximadamente lo mismo que su cuñado Miguel Florido de los Ríos, pero sin cogerse los dedos como se los cogió éste con el testigo que propuso: Gutiérrez acusó a Jaro de haberse dedicado, cuando fue concejal del Frente Popular, a provocar conflictos sociales «en los que intervenía directamente, con la finalidad del lucro». No se arriesgó a citar ningún caso concreto ni dio el nombre de ningún testigo, pero explicó que los conflictos sociales, Jaro «los producía contando con la gran amistad social y particular que le unían con el Delegado Provincial del Trabajo de Sevilla». Y en cuanto a la actuación de ése en los días del dominio rojo, Gutiérrez manifestó que la ignoraba por encontrarse fuera de Alcalá «desde mucho antes del Alzamiento Nacional, por temor a ser víctima de los elementos marxistas, ya que era muy perseguido por dichos elementos por ser persona de orden muy conocida y destacada».
José Cerquera Becerra, carpintero, de 40 años de edad, vecino de la calle Dos de Mayo, número 5, dijo que desconocía la conducta de Jaro tanto en el periodo del Frente Popular como en los días 18 a 21 de julio de 1936.
Manuel del Trigo Muñoz, empleado del Ayuntamiento, nacido el 23 de julio de 1891 y domiciliado en la calle de la Mina, número 41, también conocía sobradamente a Antonio Álvarez de Alba, que fue el instructor del expediente que para destituirlo le incoó el último Ayuntamiento republicano. Ahora, casi cuatro años después, se volvieron las tornas y Trigo acumuló cargos contra el antiguo inquisidor de su quehacer administrativo: Fue un individuo muy agitador; nombrado concejal gubernativo, «por su marcada significación izquierdista», formó parte de las comisiones locales de laboreo y de revisión de alquileres de fincas urbanas, «bajo cuyo pretexto cobró dinero a labradores de este término, cuya resultante era estafar a los mismos». Durante la dominación roja de Alcalá formó parte del comité revolucionario, «y como tal dio órdenes a los elementos marxistas para que efectuasen los actos vandálicos que en dichos días se produjeron». Y al ser liberado el pueblo por las gloriosas fuerzas nacionales, Jaro huyó con los demás elementos extremistas, «en un auto que requisaron», con dirección a Morón, habiendo permanecido en la zona roja hasta la total liberación de España.
Pero la declaración más virulenta, y delirante, de las seis fue, sin duda, la de Juan Pozas Díaz, un joven de 24 años, natural de Sevilla, de profesión tonelero y limpiabotas, que vivía en la calle San Miguel, número 10, cerca del domicilio familiar de Jaro. Del que dijo: «Era un destacadísimo anarquista de la FAI, muy peligroso, que fue Delegado General de los Sindicatos, es decir, de todas las secciones que componían dicho Sindicato». Durante el periodo del Frente Popular tomó parte «activísima» en mítines y cuantos actos se organizaron por los «anarquistas, amenazando constantemente de muerte a los elementos que se oponían a secundarle en su idea de huelgas, sin otra finalidad que producir desórdenes, participando el encartado en los incendios y destrozos causados en las fincas de campo cuando la huelga de campesinos». Durante los días de dominio rojo, formó «parte principal» del comité revolucionario, «dando órdenes a los extremistas para que practicasen excesos», tales como incendios, saqueos y detención de personas. En la mañana del 19 de julio de 1936, el declarante, desde su casa, vio a Jaro cuando, llevando consigo un envase de lata, bajaba de la ermita de Nuestra Señora del Águila, ya casi totalmente quemada con todos los objetos que existían en ella, después de haberla saqueado los marxistas. Pozas manifestó, por último, que Jaro «fue visto» con un arma de fuego larga patrullando por las calles y frecuentando el Ayuntamiento, «donde radicaba el ya citado Comité Revolucionario», del que partían las órdenes, muchas de las cuales fueron dadas por Antonio Álvarez de Alba.
En un esfuerzo por contrarrestar el testimonio de este individuo, cuya declaración ratificó estampando la huella dactilar del pulgar, porque no sabía leer ni escribir, unos parientes de Jaro se atrevieron a escribir a las autoridades militares apenas un mes antes de celebrarse el Consejo de guerra que lo juzgó.
Dolores López Leiro, su esposa, escribió: He de hacer constar que Juan Pozas Díaz es persona dudosa, política y moralmente, por haber pertenecido al partido comunista; que, concretamente, estando yo en la puerta de mi casa el 21 de julio de 1936, pasó con otro individuo, ambos con armas de fuego, y se dirigió a mí diciéndome que me entrara adentro «que venían los fascistas». Y que, sin embargo, después, tras ser detenido por las tropas que entraron en Alcalá, se dedicó a acusar a personas honradas sin pruebas para ello, como ocurría en este caso.
Ana Bernal Alba, vecina de la calle Gandul (Madueño de los Aires), número 16 y esposa del alcalde republicano José Granado Morón, expuso que el betunero Juan Pozas Díaz, «conocidísimo» por su «falta de moralidad», los días del Movimiento, antes de entrar las tropas en Alcalá, anduvo por la calle con un arma de fuego «acompañado de un ratero de profesión llamado Matacaín»; y, sin embargo, después no ha reparado en lanzar acusaciones contra personas respetables y de conducta irreprochable.
Por su parte, José Rubio Morón, o Joselito el de la Morona, casado con Consuelo Álvarez de Alba, hermana de Jaro, y con domicilio en la calle José Lafita, número 2, manifestó en su escrito: Conozco hace varios años al betunero Juan Pozas Díaz, vecino también de este pueblo, y hago constar donde preciso fuere que es persona de conducta dudosa: figuraba en el partido comunista, y en los días de la dominación roja en Alcalá, empuñando armas de fuego, cometió toda clase de sabotajes contra personas de orden. Dedicándose después a acusar a personas honradas sin pruebas justificativas.
A Antonio Álvarez de Alba lo procesó el juez militar de Utrera, entre otras cosas, por haber pertenecido «a partidos muy avanzados de izquierdas, como el anarquista», y haber tomado parte como dirigente en los incendios de iglesias, casas particulares y otros desmanes. El 20 de junio de 1940 fue entregado a la guardia civil en la prisión central de Orihuela para su traslado a la de Sevilla, en la que ingresó dieciocho días después y donde prestó su primera declaración.
En ella, Jaro negó que hubiera pertenecido alguna vez al partido anarquista; es más, afirmó que no gozaba de predicamento entre la masa obrera de Alcalá, controlada por la CNT, y cuyos dirigentes eran enemigos suyos y lo hacían objeto de persecuciones, hasta el punto de que en 1934 tuvo que cerrar el establecimiento de bebidas que entonces tenía. Agregó que, al estallar el Movimiento, temeroso de que los grupos de la CNT tomaran represalias contra él, salió de su domicilio y se ocultó en la casa de su hermana y en otra inmediata, propiedad de Dolores Tello Cruz, en la calle Rabeta o Dos de Mayo, número 5; sin ir para nada al Ayuntamiento ni intervenir en nada. Jaro, por último, insistió en que no formó parte del comité revolucionario, ni del comité del Frente Popular, ni dio órdenes para la realización de actos de violencia.
Naturalmente, el juez llamó a declarar a Dolores Tello, de 36 años, conocida como «la mujer de Moreno», y ésta confirmó lo dicho por Jaro, al que conocía de haber estado varias veces en su casa acompañando a su primo Manuel Villa Tello, cuyas dos hermanas vivían en la misma casa que Dolores: Jaro, efectivamente, entró en mi casa el 18 de julio de 1936, sobre las diez y media de la noche, y no volvió a salir hasta las siete y media de la mañana siguiente; estando ausente todo el día 19 hasta las once de la noche, en que regresó. Desconozco, por tanto, si intervino en los sucesos que tuvieron lugar en Alcalá durante esos días, aunque supongo que no, toda vez que los incendios de iglesias y casas particulares ocurrieron simultáneamente en la madrugada del día 18.
Unos dos meses después de esta declaración, el auditor de guerra examinó la causa y halló que, en los informes emitidos por las autoridades locales de Alcalá sobre el procesado, se había omitido un pronunciamiento sobre la acusación de haber sido miembro del comité revolucionario, vertida sobre él por varios testigos; y con el objeto de subsanar dicha omisión, inexistente por cierto en el informe del jefe de Falange, el auditor encomendó, no al juez militar de Utrera que era el que había venido tramitando el procedimiento, sino a otro instructor, el comandante de artillería Ignacio Romero Osborne, marqués de Marchelina, asistido por el alférez provisional de infantería Manuel Rodríguez Varo, que interesara de las autoridades del pueblo se manifestasen concretamente sobre si Antonio Álvarez de Alba fue o no miembro del comité revolucionario. Cuestión ésta muy importante, por lo que se ve. Pues bien, el comandante del puesto de la guardia civil, que ahora era, no José Pachón, sino Lucio Ibáñez, contestó diciendo que Jaro perteneció al «comité rojo» de Alcalá, como «vocal».
El alcalde, ahora Francisco Mesa Santos en vez de Miguel Florido de los Ríos, dijo que formó parte del comité del Frente Popular y, durante los días del dominio rojo, del comité revolucionario. Mientras que el juez municipal, que seguía siendo el mismo, Manuel Pérez Díaz, fue tajante en su respuesta: No me consta que Antonio Álvarez de Alba fuera miembro del «comité rojo» de Alcalá, ni sé, por otra parte, qué individuos constituían dicho comité.
Para su Consejo de guerra, Jaro designó como defensor al teniente provisional de infantería Manuel Guerrero Padrón; y éste, que propuso, sin conseguirlo, que se citaran como testigos a Camilo Mantecón Jiménez, vecino de la calle Barcelona, número 10, y a Manuel Ríos Sánchez, de la calle Dos de Mayo, número 7, sí logró, en cambio, que el tribunal aceptase la incorporación al sumario de un croquis de las posibles subidas a la ermita del Águila y de varios avales sobre la conducta de su defendido.
La inexplicada finalidad del croquis no acierto a comprenderla, per o la de los avales no necesita ninguna interpretación. Uno de ellos, el del relojero José Ojeda Navarro, conocido por el apodo familiar de Pimienta, decía así: El que suscribe, domiciliado en este pueblo desde hace 49 años, en calle Nuestra Señora del Águila, número 39, garantiza donde convenga que, según opinión pública, don Antonio Álvarez de Alba no tomó parte en los desmanes producidos por los partidos de izquierda en Alcalá durante los días 18, 19 y 20 de julio de 1936, habiendo observado muy buena conducta y moralidad durante su estancia en esta localidad de donde es natural. Otro de los avales era del industrial panadero, y yerno de Jaro, Eduardo Luna Sola, con domicilio en la calle Benagila, número 4, y decía: El que suscribe, vecino de Alcalá desde hace 31 años, hace constar donde proceda que el vecino don Antonio Álvarez de Alba es persona que ha observado una conducta y moral intachables durante su dilatada permanencia en este pueblo, pudiendo asegurar, por versiones recogidas, que no tomó parte en los desórdenes producidos en Alcalá con motivo del movimiento nacional iniciado en el mes de julio de 1936.
A Jaro, en el Consejo de guerra celebrado a las diez y media de la mañana del día 29 de agosto de 1941, en la planta baja del pabellón central de la plaza de España, el fiscal lo acusó de un delito de rebelión militar, y le pidió reclusión perpetua. La sentencia lo condenó, por auxilio a la rebelión, a la pena de 18 años de cárcel, porque consideró probado que Antonio Álvarez de Alba tenía antecedentes masónicos, perteneció al partido socialista y desempeñó el cargo de concejal del Frente Popular en Alcalá de Guadaíra, formando parte, durante los días de dominio rojo, del comité revolucionario que dio las órdenes para los desmanes y atropellos realizados en la localidad, «si bien es de notar que en ésta no se perpetraron crímenes de sangre».
En la sentencia también se declaró probado que Antonio Álvarez de Alba huyó a la zona rebelde y sirvió en el batallón de abastecimiento donde alcanzó el empleo de teniente. Pero, evidentemente, ahí había un error: Antonio Álvarez de Alba huyó no «a» la zona rebelde sino «de» la zona rebelde.
Jaro, a quien en noviembre de 1936 le habían abierto un expediente para la incautación de sus bienes, en 1941 también fue expedientado por el tribunal regional de responsabilidades políticas de Sevilla. Para el que los falangistas de Alcalá dieron el día 11 de agosto de ese año el siguiente informe sobre él: tiene esposa y cinco hijos, carece de bienes y se encuentra detenido en Sevilla; «elemento destacado por su política extremista en todo tiempo, fue concejal durante el periodo del frente popular, pertenecía al comité revolucionario» y daba órdenes a los revoltosos; marchó a la zona roja y en ella permaneció «todo el tiempo de la cruzada».
Fuentes ► ATMTS: PSU números 3707/39 y 5675/39: legajos 849-23969 y 338-13476 ► AMAG: Libros 257 y 258. Legajos 25 y 26 ► ADPS: BOP de 24-11-36 y 3-5-41. Legajo 585. ► AGA: Copia microfilmada del expediente nº 192/23 del AHNS: Sección Guerra Civil: Masonería ► Leandro Álvarez Rey: Segunda parte del libro Permanencias y cambios en la baja Andalucía. Alcalá de Guadaíra en los siglos XIX y XX ► Fotografías: José Antonio Luna Álvarez y Enrique Rodríguez Ojeda.
