Elena Fernández Muñoz tenía cuatro años de edad cuando el 18 de julio de 1936 estalló la Guerra Civil. Poco podía imaginar entonces que ni ella ni sus otras tres hermanitas -Amalia, Mª del Carmen y Josefa- volverían a ver a su padre, José Mª Fernández Gómez, joven alcalde de Puerto Real, que por entonces contaba con 33 años de edad y vivía de alquiler con su familia en una casa de la calle Nueva.
Al día siguiente, tras la ocupación de la población por las fuerzas sublevadas procedentes de San Fernando, fue detenido en su despacho del ayuntamiento, sito en la plaza de Jesús, junto a varios concejales. El delito de este político y padre de familia numerosa fue el de estar afiliado a Izquierda Republicana y “haber tenido intervención directa como alcalde, armando al pueblo en defensa del Gobierno y contra el movimiento del Ejército”, tal y como se citaba en un informe fechado el 30 de diciembre de 1936.
Pero ya para entonces llevaba varios meses “desaparecido” aún a pesar de que aquella acusación había sido públicamente desmentida en la prensa local a raíz de la publicación el 16 de agosto de una valiente carta firmada por alguien muy poco sospechosa de simpatizar con el Frente Popular: Loreto Goenaga, madre superiora de las Hermanas de la Caridad del Hospital de la Misericordia de Puerto Real.
“En estos días de júbilo, en estos momentos en los cuales la tranquilidad y la paz del señor vuelve a reinar en España, queremos, porque viene siendo nuestra preocupación hacerlo así, hacer justicia a la persona de don José María Fernández Gómez, alcalde que era de Puerto Real el día18 de julio. En ese día las turbas se disponían a incendiar la iglesia de la Victoria de Este Hospital de la Misericordia, sin respeto a nada ni a nadie. En este Hospital a nuestro cargo existen acogidos ancianos y la angustia ahogaba nuestros pechos ante el inminente peligro que todos corríamos.
Bastó que habláramos por teléfono con el entonces Sr. Alcalde para que seguidamente enviara fuerzas de Carabineros y de la Guardia Municipal y quedaran garantizadas la Iglesia, el Hospital y tal vez las vidas de los acogidos ancianos y las nuestras propias. Desde aquel mismo momento nos consideramos seguras, así como no tuvimos ya el menor temor por que incendiasen nuestra Iglesia de la Victoria.
Antes hubiéramos tropezado con dificultades para comunicar este Hospital con el Excmo. Ayuntamiento. La implantación del teléfono en estas dependencias se debe también al señor Fernández Gómez (don José), que dio las órdenes oportunas para su colocación. Si en los momentos angustiosos del día 18 de julio no hubiéramos contado con este medio de comunicación nos hubiéramos encontrado aisladas de todos”.
El propio director del periódico “La Información” publicaba al final de dicha carta una inhabitual nota personal muy esclarecedora al respecto: “Algo sabíamos de esto y aún más de lo que en la misma carta se expresa. Sabíamos que el entonces alcalde de Puerto Real, que consiguió con su presencia evitar que fuese saqueado y quemado dicho edificio, en cuanto tuvo conocimiento de haber sido declarado el estado de guerra en Cádiz y su provincia, anuló las órdenes que poco antes recibiera del Gobierno que moría y recogió todas las armas a las turbas, lográndose con ello que al llegar las fuerzas en la mañana del día 19, no tuvieran que hacer un solo disparo”.
De poco le sirvió todo ello pues el alcalde, tras pasar tres días detenido en el propio ayuntamiento fue internado en el penal de El Puerto de Santa María junto a otros muchos vecinos de Puerto Real. Su esposa, María Muñoz Arteaga, pudo entonces acudir a visitarle, pues hasta entonces no le habían dejado siquiera hablar por teléfono con él. El desplazamiento lo hacía en tren acompañada de su suegro, Juan Fernández Lamela, quien tras haber sido cochero y cartero en Puerto Real, había montado una pequeña librería en la calle de la Plaza, clausurada por los sublevados quienes además le incautaron todos los libros que nunca más volvió a ver.
El 22 de agosto, seis días después de publicada la carta, cuando acudieron al penal portuense a visitarle como de costumbre, les comunicaron que allí ya no estaba y que no volvieran más. No obtuvieron más datos pero con el tiempo supieron que alguien lo había sacado y también al parecer lo había hecho fusilar sin necesidad de recurrir a la farsa de un juicio sumarísimo previo, habiéndose enterrado su cadáver en un lugar desconocido. La justicia sevillana de Queipo de Llano había empezado ya a aplicarse en la provincia de Cádiz.
Desde entonces su desconsolada viuda -que no pudo entonces siquiera cobrar pensión por no poder acreditar la muerte de su esposo- inició una ardua búsqueda de sus restos para darles cristiana sepultura que nunca llegó a culminar ya que falleció hace una década. Sus hijas, y en especial Elena, continuaron también infructuosamente tan solitaria labor.
El pasado 14 de febrero, Elena acudía -acompañada de Isabel de Azcárate Ristori, hija del capitán de fragata Tomás de Azcárate García de Lomas, fusilado en Cádiz el 16 de agosto de 1936- a la conferencia que se impartió en el salón regio de la Diputación Provincial sobre la guerra civil y la represión en nuestra ciudad. Tenía esperanzas de obtener algún indicio sobre el paradero de su padre y llegó a exponer su caso al propio orador.
Días después, y gracias a la historiadora gaditana Alicia Domínguez Pérez -que está culminando su tesis doctoral sobre la represión bajo la dirección de Alberto Ramos Santana, catedrático de historia contemporánea de la UCA- se tuvo constancia de un irónico edicto publicado el 25 de enero de 1941, en el boletín oficial de la provincia gaditana: “Por el presente se cita a D. José María Fernández Gómez, en ignorado paradero, mayor de edad, casado con cuatro hijos menores, Agente Comercial y vecino de Puerto Real, para que en término de cinco días hábiles comparezca ante el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Sevilla, calle Amor de Dios nº 18, a fín de notificarle la sentencia dictada en el expediente instruido contra el mismo”.
Aquel hombre, honrado, cristiano y caballeroso, fue también periodista y corresponsal del “Noticiero Gaditano”, habiendo dirigido el semanario literario “Juventud”. Se trataba de una persona muy culta y afable siempre dispuesto a ayudar desinteresadamente a quien lo necesitase, lo que le granjeó el cariño y aprecio de sus convecinos.
El ser antiguo amigo personal del general Varela y su familia, tampoco le salvó de tener un trágico e ignorado final, cuando quien precisamente había encabezado la sublevación militar en Cádiz se encontraba al frente de sus columnas en la provincia de Málaga. DIARIO DE CADIZ en su edición del 4 de mayo de 1929 publicó en portada una fotografía en donde se le veía acompañando a la madre y hermanas del bilaureado militar con ocasión de un homenaje de los Regulares de Ceuta en Puerto Real, existiendo numerosos testimonios gráficos más de dicha amistad.
Han pasado más de seis décadas y entre las hijas del último alcalde republicano de Puerto Real, la única esperanza que les queda es que alguien tenga la generosidad de corazón suficiente para que puedan saber donde enterraron los restos de su padre al objeto de poder recuperarlos y darle cristiana sepultura junto a los de su madre.
Posiblemente existan todavía personas que conocieran directa o indirectamente lo sucedido. Es por ello que su hija Elena hace este llamamiento a las conciencias y poder así finalizar el último capítulo de su particular pero verdadera recuperación de la memoria histórica.