Rodrigo Muñoz Gómez

Málaga
Málaga
Manuel Lloret Corpas, Mallco

Un trabajador, un padre de familia

Málaga es ocupada por las fuerzas italianas y alemanas, aliadas de los golpistas españoles, el día
8 de febrero de 1937. Al día siguiente, el capitán de la Guardia Civil Francisco García Alted
(1937-39) el nombrado gobernador civil de Málaga: será el encargado de organizar la represión
en la provincia contra los defensores del régimen constitucional.

El 9 de febrero, García Alted convoca al ingeniero jefe de la Junta de Obras del Puerto de
Málaga, Manuel Valcárcel, y a Bernabé Dávila como secretario, para que se haga cargo y
organice todos los servicios del Puerto de Málaga, de acuerdo con las autoridades militares de
Marina. Les encarga las autoridades militares de Marina. Les encarga la suspensión de aquellos
trabajadores de la Junta de Obras del Puerto de Málaga que consideren, y que den conocimiento
de sus nombres al Gobierno Civil. Se suspenderá de empleo y sueldo a 41 trabajadores de Junta
de Obras del Puerto (J.O.P.), y por orden del Gobernador Civil serán todos ellos puestos a
disposición del Juzgado Militar n.o 18, quien ordena su ingreso en prisión. Entre los detenidos
se encuentra Rodrigo Muñoz Gómez, empleado de la Junta de Obras del Puerto de Málaga, con
la categoría de capataz de guardamuelles.

Rodrigo Muñoz Gómez, nacido en Almería, hijo de Enrique y  Fernanda, casado con María Brígida de la Torre, son padres de 10 hijos; es capataz de guardamuelles en la Junta de Obras del Puerto de Málaga, y tiene su domicilio en la avda. Juan Sebastián Elcano, n.o 1 de Málaga; se identifica mediante su cédula de personal de clase 11a, n.o 8154, expedida en Málaga el 11 de enero de 1937, tiene 38 años de edad cuando es detenido.

Estuvo afiliado a la Agrupación al Servicio de la República (ASR), creada entre otros por Ortega y Gasset; cuando la ASR es disuelta, se afilia al partido Izquierda Republicana (I.R.), militando hasta el final. En el plano sindical estaba afiliado a la Sociedad de Obreros y Empleados de la Junta de Obras del Puerto de Málaga, afecta a la Unión General de Trabajadores.

Cuando se produce el golpe de estado del 18 de julio de 1936 y su fracaso en gran parte del país
gracias a la intervención de las organizaciones del Frente Popular, el gobierno presidido por José
Giral, publica en el 22 de julio de 1936, en la Gaceta de Madrid, Diario Oficial de la República,
n.o 204, pág. 770, el decreto del Consejo de Ministros en cuyo Artículo 1 el Gobierno dispondrá
la cesantía de todos los empleados que hubieran tenido participación en el movimiento
subversivo o fueran notoriamente enemigos del Régimen, cualquiera que sea el Cuerpo a que
pertenezcan, la forma de ingreso y la función que desempeñen, ya se trate de funcionarios del
Estado o empleados de Organismos o Empresas administradoras de Monopolios o Servicios públicos.

La capacidad de depurar, cesar a aquellos funcionarios, empleados públicos, tiene su base en la Ley
de Defensa de la República de 21 de octubre de 1931. Gaceta de Madrid, n.o 295, página 420.

En base al decreto anterior, la Junta de Obras del Puerto (J.O.P.) de Málaga comunica el 22 de agosto
1936 a las distintas autoridades la constitución del Comité de Depuración de Obreros y Empleados
de la J.O.P. cuyas oficinas se establecen en la planta baja del propio edificio de la Junta. El Comité,
lo componen representantes de las organizaciones del Frente Popular con presencia entre los
trabajadores de la J.O.P., así como representantes de la Administración. El objetivo es que se declaren
cesantes de acuerdo con el decreto del Consejo de Ministros, publicado en la Gaceta de Madrid el 22
de julio del 1936, a todos los empleados, obreros de la J.O.P., ya sean fijos o eventuales indicándose
a todos ellos que tienen 10 días para solicitar su reingreso, mediante instancia dirigida al presidente
del Comité de Depuración. Así mismo se hace constar que deberán continuar desempeñando sus
funciones hasta que se falle sobre la petición de reingreso. Aquellos que no realicen tal petición de
reingreso, se consideraran que causan baja de empleo y sueldo como empleado de la J.O.P.

Rodrigo Muñoz Gómez es elegido por sus propios compañeros guardamuelles, miembro -en calidad
de vocal- de este Comité de Depuración. En la declaración que realiza ante el Juzgado militar, Rodrigo
afirma: Acepté el cargo como forma de hacer el bien a los demás.

La función del Comité se limitaba a la revisión de las peticiones de reingreso y a dar por buena la
fidelidad de los peticionarios a la República. El Comité de Depuración solo daría de baja como
empleados de la J.O.P. a seis empleados, por falta de asistencia y deslealtad al Régimen y a otro
empleado por percibir dos sueldos, uno como miembro del Cuerpo de Carabineros y otro por ser
empleado de la J.O.P.; estos acuerdos son comunicados a las instancias superiores. El Comité fija
para todos los empleados sin excepción e independientemente del cargo que ocupen, la obligación de
firmar en un libro de registro la entrada y salida de sus puestos de trabajo, algo que es considerado
por el juez militar como un delito, obligar a firmar a todos los empleados la hora de entrada y salida
a sus puestos de trabajo, incluyendo a los altos cargos.

La actuación de Rodrigo en el Comité no tuvo mayor trascendencia; en una de esas actuaciones
acompañó al presidente y secretario del Comité a la casa de un empleado cesante para comprobar si
en su máquina de escribir se habían escrito unas cartas enviadas a distintos empleados de la J.O.P. en
las que se decía que todos los miembros del Comité eran unos dictadores y asesinos.

El 24 de febrero de 1936, se entrega al represor García Alted la relación de 41 empleados de la J.O.P.
que deben de ser detenidos como resultado de un informe titulado “Resultado de la Investigación
practicada acerca de la dominación roja en la Junta de Obras y servicios del puerto de Málaga”; el
documento iba firmado por el ingeniero director de la Junta de Obras del Puerto de Málaga, Manuel
Valcárcel y como secretario contador, Bernabé Dávila. El relato que establece dicho informe será
utilizado como prueba de cargo. Se hace responsable al Comité de todo lo ocurrido en la J.O.P., así
como de las muertes de algunos directivos de la J.O.P. que fueron detenidos y cesados por desafectos
al régimen republicano. Incluso llegan a acusar al Comité de ser el responsable de la falta de liquidez,
al indicar que bajo lo que llaman dominación roja, solo se recaudaron 136.997,20 ptas., cantidad muy
inferior al 1.200.000 ptas. que dan como cifra habitual, sin señalar que en esta ocasión se trata de
cifras de recaudación en un periodo en el que se está en guerra.

Rodrigo es llevado ante el juez del Juzgado Militar n.o 11 el 23 de febrero de 1937; él declara que fue
elegido como representante en el Comité por sus propios compañeros, que no fue patrullero ni portó
armas, que no participó en detenciones de nadie y que en las reuniones del Comité nunca se trataron
temas relacionados con la muerte de personas; reconoce que denunció ante el Tribunal Popular, junto
a todos los miembros del Comité de Depuración, a Juan Pérez Gascón por llamar mangante a Jiménez
Asúa, Largo Caballero y a Martínez Barrio, y que no denunció a nadie por lanzar laudatorias a José
Antonio Primo de Rivera. Que solo intentó ayudar a todo el mundo y nunca se trató temas de muertes,
ni detenciones en el Comité de Depuración. Que el Comité se dedicaba solo a estudiar las alegaciones
de los trabajadores para continuar como activos, no teniendo nada que ver con las detenciones por
grupos de milicianos de algunos empleados, acusados de desafección al Frente Popular y al régimen
republicano.

En el Auto-Resumen que elabora el Juez se dice respecto a Rodrigo que no fue uno de los elementos
más señalados del Comité, que estuvo en la casa del Sr. Calafat comprobando una máquina de
escribir, así como que firmó una denuncia contra el Sr. Pérez Gascón.

El día 4 de junio de 1937 se celebra el Consejo de Guerra Permanente n.o 3 en el que son juzgados 29
personas, entre ellas una mujer, hermana de Antonio García Prieto, alcalde socialista de Antequera.
En la sentencia se dice que Rodrigo era uno de los elementos más influyentes del Comité y que tenía
antecedentes de mala conducta; se afirma que ha auxiliado en distintas formas a los comités, aunque
no con la peligrosidad de los otros miembros.

Se dictan diez penas de muertes por el delito de adhesión a la rebelión con agravante, tres penas de
reclusión perpetua por adhesión a la rebelión, sin agravante, tres condenas a doce años y un día de
reclusión temporal por el delito de auxilio a la rebelión, siendo absueltos el resto de los encausados.

Las penas son elevadas al Auditor de Guerra de la II División Orgánica, el cual ratifica las sentencias
el día 22 de junio de 1937 así como el enterado, comunicándose la sentencia a los condenados en día
30 de junio, siendo ejecutados en las tapias de cementerio de San Rafael en la madrugada del día 1
de julio de 1937. Su cuerpo sería arrojado a una fosa común.

Quedó su esposa como responsable de sacar adelante a sus 10 hijos en una Málaga de hambre, miseria,
miedo y terror.

“Que su nombre no se borre de la historia”

 

FUENTES

▪ Procedimiento Sumarísimo de Urgencia n.o 25 del Juzgado n.o 10. Archivo del Juzgado Togado
Militar Territorial n.o 25 de Málaga (en Sevilla).
▪ El Holocausto español. Paul Preston. Editorial DEBATE (2011).
▪ Gaceta de Madrid. Varios ejemplares. Referencias en el propio texto.
▪ Causa General de Málaga.
Fotografía facilitada por el nieto de Rodrigo Muñoz Gómez, llamado también Rodrigo Muñoz Canto.