El alcalde, José María González ‘Kichi’, ha espetado a los dirigentes del PP, que han votado en contra, que les “siguen oliendo los pies a franquismo”.
Es el comienzo de la moción que la Plataforma de Memoria Histórica de Cádiz envió a todos los grupos municipales. Este viernes, con los votos a favor de Por Cádiz Sí se Puede, Ganar Cádiz en Común y PSOE, el Ayuntamiento liderado por José María Gonzalez Kichi ha aprobado la presentación de una querella contra los crímenes franquistas en los juzgados de instrucción de la ciudad y la solicitud de la anulación de todos los procesos y sentencias franquistas. Cádiz se suma, por tanto, a las iniciativas de ayuntamientos como el de Zaragoza y Pamplona y de otros consistorios que han pasado del mero apoyo simbólico a la querella argentina a personarse directamente en la causa.
En este caso, el PP, que se ha remitido al procesamiento del juez Garzón, ha votado en contra y Ciudadanos se ha abstenido porque considera que al consistorio no le corresponde esa función. “No vale seguir amparándose en la Ley de Amnistía porque por encima están los derechos humanos y, al ser crímenes de lesa humanidad, no prescriben”, defendió el concejal Martín Vila (Ganar Cádiz en Común), informa Europa Press. El alcalde, además, espetó a los dirigentes del PP que les “siguen oliendo los pies a franquismo”, según recoge la misma agencia. “Si en el año 2016 se sigue debatiendo sobre este asunto es porque algo no se habrá hecho bien”, afirmó el portavoz socialista, Fran González.
Los datos manejados por la asociación indican que hasta 1944 fueron asesinadas en la ciudad al menos 608 personas. De ellas, 196 se encuentran en algunas fosas comunes que todavía existen. De las 40 personas que componían el Ayuntamiento, 22 fueron fusilados, como recuerda la placa recientemente colocada a la entrada el salón de plenos.
“De estos conocemos la fecha de 16. Todos, salvo dos, murieron entre julio y diciembre de 1936. De los que fueron detenidos en la sede municipal existen las declaraciones y referencias contenidas en el sumario que se abrió. Unas diligencias que terminaron extendiéndose a todos los concejales hubieran estado o no en edificio. Las actuaciones se detuvieron en enero de 1937. Para entonces ya habían sido asesinados veinte. Solo dos terminaron ante un consejo de guerra de la justicia del terror”, explica detalladamente la asociación, que insiste en que la Ley de Amnistía no puede amparar esos delitos.
