Cádiz. La placa vuelve, una vez más, a ocupar el espacio de Puerta Tierra.

 

para TLN / 22.07.2020

Ayer nos reunimos unas decenas de personas ante la placa que señaliza como lugar de memoria los fosos de la Puerta de Tierra de Cádiz. Queríamos recordar a las víctimas del golpe de Estado de julio de 1936 en la ciudad. No sólo a las asesinadas en ese lugar sino también al resto de los varios centenares que también lo fueron en otros lugares de la población. Muchos de ellos todavía continúan desaparecidos.

Estos actos tienen varias funciones. Una es la de conmemoración y, de camino, reconocernos en una sociedad un poco mejor. Otra es la de socialización de los familiares de las víctimas, el intercambio de informaciones, el establecimiento de contactos y la expresión pública de la necesidad de verdad, justicia y reparación. Todo de ello ocurrió ayer tarde.

Algunos de los familiares de quienes puede que todavía continúen en las sepulturas, a pesar de los desalojos producidos, están más cerca de poder salir de su incertidumbre. Ya se sabe que de una fosa hasta que no se abre no se puede decir con seguridad qué contiene. También se cruzaron informaciones sobre aquellos que no sólo fueron asesinados sino también continúan desaparecidos. Es decir que se desconocen donde los mataron y enterraron. Hay ochenta personas enterradas como desconocidas en el cementerio gaditano.

Además ayer advertimos, gracias a las informaciones de unos familiares, una ausencia en la relación de quienes fueron asesinados en ese lugar. Se trata del que fue concejal, José Corripio del Rey. Una omisión que había pasado por alto estos años a pesar de tener datos precisos de su detención, encarcelamiento y asesinato. Incluida la inscripción de enterramiento en un nicho del cementerio en donde se especifica la procedencia del cadáver de los fosos de la Puerta de Tierra.

José Corripio del Rey había nacido en Cádiz la madrugada del 11 de abril de 1897, vivía en la actual calle Feduchy, entonces Carlos Marx, y era propietario de una cristalería en la calle Feduchy y de un bazar en el número 16 de la calle Columela en donde vivió durante algún tiempo. Estaba casado con Dolores Suárez Berry una gaditana nacida en La Habana. Había sido miembro del Partido Republicano Radical Socialista y, después, de la Izquierda Republicana de Manuel Azaña. Masón desde 1932, pertenecía a la logia gaditana Hijos de Hiram y utilizaba el nombre simbólico de Unamuno. Fue elegido concejal en 1931 y nombrado teniente de alcalde. Cesó en el municipio cuando fue nombrado delegado del Gobierno en la Zona Franca en agosto de 1932. Lo fue hasta febrero de 1936 cuando volvió al consistorio.

Fue detenido el 22 de julio de 1936, y puesto a disposición del gobernador militar. Conocemos sus vicisitudes gracias a las diligencias que las autoridades golpistas adjuntaron al sumario abierto por los hechos ocurridos durante la ocupación del ayuntamiento la mañana del 19 de julio y que terminó convirtiéndose en un procesamiento general de toda la corporación municipal. Como otras personas destacadas de la vida social y política de la ciudad, tras pasar unos días en la Prisión Provincial, el 31 de agosto fue trasladado al castillo de Santa Catalina. Después estuvo un periodo indeterminado en libertad. Fue de nuevo detenido al mediodía del 11 de noviembre en unas dramáticas circunstancias.

Cuando el agente de policía y el miliciano se lo iban a llevar Corripio saltó, desde el primer piso, por un patio interior de la casa de la calle Columela en la que se encontraba. Su cuerpo rompió la cristalera que protegía el techo del comercio situado en los bajos del edificio. Según el informe de los agentes intentó suicidarse. Según informaciones familiares en realidad intentó escapar. Fuera como fuese fue trasladado a la casa de socorro de los Caballeros Hospitalarios de la calle Benjumeda en donde tras reconocerlo lo enviaron al hospital de Mora sin lesiones de gravedad. En el mismo centro hospitalario fue interrogado cuatro días después. Se ratificó en la declaración que había hecho en agosto insistiendo en que en ningún momento había hecho resistencia ni portado arma alguna.

Unos días después el juez citó en el hospital a Joaquín Arcusa Corbacho que se encontraba detenido en las dependencias gubernativas la tarde del 18 de julio tras los incidentes ocurridos en la armería que su familia tenía en la calle de San Francisco. El juez pretendía un careo para aclarar las divergencias que existían en sus declaraciones. Arcusa había dicho que había visto a Corripio con un arma y animando a resistir el asalto de “los fascistas y al Ejército”. Por su parte, Corripio insistió en que no era cierta la acusación. Declaró también el comisario jefe de la policía gaditana Adolfo de la Calle que había estado en el interior del edificio del Gobierno Civil. Éste aseguró que Corripio tenía una pequeña pistola, no la Astra que decía Arcusa que había quedado en el despacho del gobernador Zapico cuando abandonó el edificio.

Corripio, tras ser reconocido por médicos militares, fue enviado a la prisión gaditana el 14 de diciembre. Mientras, la familia había hecho diversas gestiones para intentar salvarle la vida. Pidieron un certificado municipal que atestiguara su dimisión como concejal en mayo de 1936 y un escrito de abjuración de la masonería convalidado por el obispado gaditano. Son los últimos documentos que figuran en la instrucción. El siguiente es una providencia del juez que instruía el sumario, de abril de 1937, solicitando del Gobernador Militar información sobre la situación en la que se encontraban los detenidos en el ayuntamiento y Corripio. Había terminado la época de las aplicaciones de los bandos de guerra y había comenzado a rodar la Justicia del Terror.

Un mes tardó en que la dirección de la prisión gaditana informara que el concejal había salido el 18 de enero de ella para, en teoría ser trasladado a la prisión de El Puerto de Santa María. Iba junto al jefe de la Guardia Municipal Manuel Baras Artés. Más tarde aún, a fines de julio, el Delegado de Orden Público comunicó al gobernador que, a ambos, le habían aplicado el bando de guerra. Es decir habían sido asesinados. Así había sido. En consecuencia la instrucción fue sobreseída y archivada. Lo ocurrido había sido que, tras ser sacado de la prisión, los guardias se los habían llevado a los fosos y allí matado. Al día siguiente sus cadáveres quedaron registrados como enterrados.

Pero con su asesinato no cesó su persecución. Unos días después, el 22 de enero de 1937, le fue abierto expediente de incautación de bienes a resultas del cual le fue arrebatada la cristalería. Tras la promulgarse la ley de responsabilidades políticas en 1942, le abrieron expediente que se solventó, dos años más tarde, con una multa de 500 pesetas que su viuda tuvo que pagar.

Gracias a su familiares José Cabeza Barrio y Fermín Moral Cabeza.

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