Cádiz. Los fusilamientos del 29 de abril de abril de 1937 y sus enterramientos en el Cementerio de San José de Cádiz

LOS FUSILAMIENTOS DEL 29 DE ABRIL DE 1937 Y SUS ENTERRAMIENTOS EN EL CEMENTERIO DE SAN JOSÉ DE CÁDIZ

José María Aráuz Vélez
José Luis Gutiérrez Molina

Pasa el tiempo y las exhumaciones de las víctimas de los golpistas de julio de 1936 siguen esperando que administración regional y local se pongan de acuerdo. Algo que debería ser casi automático, y más ahora que han desaparecido las cuarteladas de nichos que podían dificultar su realización y hay previstos recursos económicos, continúa paralizado. Además, lo que es peor, se continúa menospreciando y ninguneando a los familiares de las víctimas que, como uno de los firmantes de estas líneas, lleva años luchando por recuperar los restos su tío.

La pelota, por intereses extraños al caso, va de una administración a otra como moneda de cambio. Consecuencia de intereses políticos en el peor sentido de la palabra, y de una determinada concepción histórica, cultural y social. Estamos seguros que se han producido exhumaciones de víctimas del franquismo siempre y cuando se haya renunciado al derecho a darlo a conocer, a reivindicar a esas personas. Como repiten a menudo, ganaron y eso es inamovible, incluyendo la pervivencia de la victoria, el ocultamiento de la verdad histórica y la negación de derechos humanos tan básicos como que las familias recuperen y entierren a sus muertos.

Una actitud que llega al desprecio cuando lanzan contra quienes reclaman a sus deudos la exclamación de “memoria histérica”. ¡Ay! ¿Se atreverían a llamar histéricos a los familiares de las víctimas de los otros terrorismos existentes en este país? Por si alguien lo dudaba las clases existen y no sólo económicas, también en lo que respecta al ejercicio del terror.

Hace unos meses pareció abrirse un rayo de esperanza cuando el equipo arqueológico encargado por la Dirección General de Memoria Histórica de la Junta aseguró primero que antes de fin de año comenzarían las actuaciones y, después, que estaban previstas empezar en breve tiempo, de acuerdo con el ayuntamiento, la intervención en las sepulturas verticales donde se encuentran un buen número de los asesinados.

Hace poco más de una semana, en una reunión con el nuevo Director General conocimos que iba a continuar con las gestiones del anterior equipo.

Con estas informaciones creemos que no hay ningún impedimento para afrontar la exhumación de Domingo Vélez Clemente y los cuatro compañeros, como señalamos a continuación, que se encuentran enterrados en una misma sepultura.

Sería el comienzo, que no el final, de una intervención continuada tanto en las sepulturas verticales como en las fosas comunes que acogen a los restos de personas víctimas de las actuaciones golpistas primero y del régimen franquista después.

Los fusilamientos del 29 de abril de 1937

La Justicia del Terror puesta en marcha en marzo de 1937 se cobró sus primeras víctimas mortales el 23 de ese mismo mes. A las cinco de la tarde, un piquete de guardias de Asalto, al mando del brigada de ese cuerpo Juan Cavieda Pérez, pasó por las armas a Fernando Otero Montesinos y Enrique Quintero Macías, dos militantes de 40 años de la UGT, que habían comparecido ante el tribunal tres días antes.

Casi un mes más tarde, el 19 de abril, nuevamente el foso de la Puerta de Tierra fue el lugar elegido para matar a otras cuatro personas que los golpistas consideraban que no tenían lugar en la “nueva España”. En esta ocasión fue un piquete de guardias civiles el que, a las 6,30 de la mañana, se encargó de disparar contra Miguel García Tejero, Antonio Martín Román, Carmen Mora Martín y José Ruiz Gallardo. Casualidad, o trágica ironía, en esta ocasión los anarcosindicalistas García Tejero y Martín Román, tenían 39 años y los socialistas Díaz Gallardo y Mora Martín, 22.

No pasaron tantos días hasta que de nuevo retumbaron las armas en los fosos de la Puerta de Tierra. En esta ocasión fueron cinco los gaditanos que pagaron con sus vidas ante un piquete de Carabineros, a las 6 de la mañana del 29 de abril, haber militado en organizaciones no gratas a los golpistas y haberles hecho frente en julio: José Díaz Mariscal, Manuel Gaviño Pardeza, Juan Antonio García Rodríguez, Domingo Rodríguez Santana y Domingo Vélez Clemente. Tres cenetistas y dos ugetistas de entre 25 y 37 años. Todos ellos conocidos militantes sociales durante los años republicanos y acusados de participar en la resistencia al golpe.

Salvo Manuel Gaviño, los otros cuatro fueron enterrados al día siguiente, 30 de abril, en una de las sepulturas en vertical existentes en el cementerio gaditano. En concreto, en la número 6, de la fila 3, del patio 6, de la línea Este. Ocupando los lugares 1º al 4º que, según los libros del cementerio, no han tenido movimiento posterior alguno.

Por tanto, no parece que en la actualidad exista impedimento alguno para que se proceda a su exhumación mas pronto que tarde. Al menos a la de Domingo Clemente Vélez que su sobrino José María Aráuz lleva años demandando. De los demás pensamos que Dirección General de Memoria Histórica de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Cádiz y las asociaciones de Memoria Histórica tiene recursos suficientes para publicitar la localización de las víctimas y que, de esta manera, sea conocida por sus familias la situación para que actúen como mejor les parezca. Si no aparecen tampoco hay nada que impida la actuación de oficio de las administraciones como ha ocurrido en otros casos.

Una actuación que debe continuarse en las otras sepulturas y fosas del cementerio y completarse con el memorial, en la forma que mejor se estime oportuno, que debe recordar a las generaciones futuras que en ese lugar fueron enterradas las víctimas del golpe de Estado de julio de 1936 y la política de exterminio social que siguió a su triunfo.

Los enterrados

José Díaz Mariscal tenía 37 años, había nacido en Cádiz y era carpintero. Estaba afiliado a la CNT, de cuya directiva había sido contador. Fue componente de la chirigota “Los maños” (1932) y dirigió la chirigota “Los pichis musicales” (1933). El policía Juan José González, jefe de la Brigada Social durante la República y para los golpistas, aseguraba que pertenecía a la FAI. Tuvo el triste honor de ser el primer procesado por los PSU el 8 de marzo de 1937. Fue acusado de oponerse al golpe, dirigir el asalto de la Audiencia Provincial en la plaza de la Reina y de patrullar las calles armado. Tenía antecedentes por su participación activa en los conflictos sociales durante los años anteriores. Fue detenido en septiembre de 1936. El fiscal le pidió la pena de muerte y el defensor la absolución o, en caso de condena, 12 años. El consejo de guerra se celebró el 19 de abril.

Juan Antonio García Rodríguez fue procesado en el PSU 71/37. Era un albañil de 27 años, natural de Cádiz y afiliado a la CNT. Le detuvieron el 2 de febrero de 1937 acusado de reunirse en una tienda de comestibles de la plaza Pinto por “hablar mal del movimiento” con otros. También de haber participado en la resistencia al golpe formando parte de los piquetes que llamaban a la huelga general y levantando barricadas en las cercanías de la Audiencia en el Corralón. El fiscal le pidió la pena de muerte y el defensor la absolución en el consejo de guerra celebrado el 12 de abril.

Domingo Rodríguez Santana tenía 35 años, era barbero y había nacido en Isla Cristina (Huelva). Pertenecía a las Juventudes Socialistas Unificadas y estaba afiliado a la Sociedad de Dependientes y Oficiales de Barbería de la UGT. Había sido detenido el 20 de enero de 1937 acusado de haber participado en e asalto al colegio de San Felipe Neri en marzo de 1936. Un hecho que ni la propia Falange consideró probado. También fue acusado de asistir a manifestaciones vestido con camisa celeste y corbata roja y de ser uno de los más activos en los conflictos de los barberos contra los patronos. El fiscal del PSU 85/37 le pidió reclusión perpetúa y el defensor, que pidió la nulidad del consejo por ser una acusación retroactiva, la absolución. Fue condenado a muerte y ejecutado.

Domingo Vélez Clemente tenía 25 años, había nacido en Cádiz y trabajaba de electricista en el astillero. Afiliado a la CNT estaba considerado como un activo militante sindical durante los años republicanos. Fue detenido el 10 de marzo de 1937, por guardias civiles afectos a la Brigada de Investigación del Estado Mayor del Gobernador Militar en el acuartelamiento de Camposoto donde estaba trabajando como peón albañil. Procesado en el PSU 105/37 fue acusado de participar en la resistencia al golpe de Estado y en el asalto de la Audiencia Provincial. Los golpistas le consideraban uno “de esos niños rojos del barrio de la Viña de pantalón azul con mucha campana y gran melena”. El fiscal le pidió reclusión perpetua y el defensor 12 años. Fue condenado a muerte y ejecutado. Habían pasado 21 días desde la apertura de la instrucción.