Calatayud. Patrimonio Nacional retrasa la exhumación en Cuelgamuros de los anarquistas Manuel Lapeña Altabás y Antonio Ramiro Lapeña

La familia de los anarquistas denuncia que están poniendo trabas al proceso

D. CHIC / 27/07/2016

Los familiares de los dos anarquistas de Calatayud que tienen que ser exhumados de una cripta del Valle de los Caídos denunciaron ayer que desde Patrimonio Nacional han encargado una serie de informes técnicos con el único objetivo de retrasar la ejecución de la sentencia que obliga a devolver los cuerpos para asegurar su “justa sepultura”.

El abogado de la familia Lapeña Altabás, Eduardo Ranz, reconoció que están dispuestos a tomar medidas legales para agilizar el proceso. “Nosotros tenemos los equipos científicos preparados para localizar los cuerpos, cualquier informe es innecesario”, aseguró. El letrado lamentó que desde la institución anuncien que aún están pensando en cómo llegar a esos cuerpos y qué posibilidades hay de exhumarlos, para lo cual han contactado con el Colegio Oficial de Médicos. De esta forma, Patrimonio Nacional tiene previsto proceder en las próximas semanas o meses a “abrir la puerta” a un equipo de científicos, forenses y arqueólogos que se desplazará al paraje de Cuelgamuros para realizar las tareas de recuperación.

“Es una demora innecesaria”, insistió Ranz. En un primer momento, tras la publicación por parte del Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial del auto que autoriza la exhumación de los dos cuerpos, ya reclamaron distintos informes de firmeza que fueron aportados. “Aunque Patrimonio Nacional ha vendido este proceso como un avance, no nos hace ningún favor”, destacó el abogado de la familia.

El proceso iniciado por los descendientes de Manuel Lapeña Altabás y Antonio Ramiro Lapeña Altabás, dos anarquistas fusilados en los primeros meses de la guerra civil y trasladados al paraje de Cuelgamuros en los años cincuenta, será el primer caso de exhumación judicial en el Valle, y del primer caso de exhumación por vía civil, en base al Expediente de Jurisdicción Voluntaria, en aplicación del articulado de la perpetua memoria, que ya fue modificado.

El presidente de la Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (Arico), Miguel Ángel Capapé, mostró ayer su estupor ante la decisión anunciada por el organismo público que regula los monumentos propiedad de Patrimonio Nacional. “No nos han comunicado ningún movimiento desde que les obligaron a dar el paso de la exhumación”, lamentó.

Patrimonio Nacional, organismo que administra el Valle de los Caídos, aseguró en su momento que cumplirían escrupulosamente las resoluciones judiciales en cuanto se les fuera notificado. “Si el auto es firme, que lo es, y se dice que se tiene que hacer, Patrimonio Nacional va a actuar”, aseguraron ayer fuentes de la institución pública a la Agencia Efe.