Las asociaciones memorialistas del estado hacen frente común en la Unión Europea y no descartan acudir a los tribunales para defender los derechos de las víctimas del franquismo.
La mayoría de autonomías donde la derecha y la ultraderecha gobiernan en coalición han comenzado una ofensiva para derogar los avances legislativos en el reconocimiento a las víctimas del franquismo. Era una cuestión previsible, dado que Vox exigió al PP que constase expresamente en los documentos donde suscribieron sus acuerdos para gobernar en coalición.
Paralelamente a esta esperada catarata de derogaciones de leyes de memoria y apuntalamiento de leyes de “concordia”, se han lanzado mensajes profundamente revisionistas desde figuras como Esperanza Aguirre. La ex presidenta madrileña señaló que “el origen de la Guerra Civil es que el PSOE no acepta la alternancia en el poder”. Jesus Jurado, de la balear Plataforma en defensa de memoria democrática, que agrupa a más de 50 entidades de las islas, explica que este tipo de declaraciones son la prueba de “que no son batallas locales, es una batalla cultural global, hay que actuar de una manera eficaz y disputar el relato, nos van a venir con las tonterías de la concordia y hay que tener claro que no hay concordia sin justicia, y lo que se pide para las victimas del franquismo es justicia”.
Aragón es la primera autonomía que ya ha terminado los trámites parlamentarios y ha derogado su ley de memoria, aprobada en 2018. En el preámbulo del texto se afirma que “La Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón, impone un relato oficial. Cualquier pretensión de crear una historia oficial vulnera las mencionadas libertades públicas, puesto que al legislador no le corresponde construir un relato histórico de ninguna época determinada. La memoria es algo subjetivo y personal y no debe ser objeto de desarrollo legislativo”.
Para Pilar Gimeno, de la Asociación de Familiares y Amigos Asesinados y enterrados en Magallón (AFAAEM) y cofundadora de la Plataforma de Acción por la Memoria en Aragón (PACMA), esto es la prueba de que “querrían arrancar las páginas de la historia que no les interesa, quieren hacer una ley de concordia para igualar a víctimas y sus asesinos”. Gimeno recuerda las palabras del poeta Juan Gelmán: “lo contrario del olvido no es la memoria, sino la verdad, los memorialistas somos la voz que grita entre los huesos de las cunetas verdad, justicia, reparación, sobre todo luchamos por la no repetición”.
El texto, que ya está en vigor, suprime el censo de memoria democrática, las rutas de memoria democrática, el inventario de lugares y rutas, el centro de Investigación, así como el registro de entidades de este ámbito. Además, elimina el 3 de marzo como Día de la Memoria Democrática de Aragón, efeméride que se estableció por ser la fecha del bombardeo que hizo la aviación fascista italiana, en 1938, sobre Alcañiz.
En el caso del País Valencià, la tramitación parlamentaria de la ley ha comenzado esta misma semana. El redactado, más extenso que en el caso aragonés, también borra de un plumazo la mayoría de avances que establecía la anterior ley de memoria democrática. Para Ángel González, de la Coordinadora de Memoria Democrática del País Valencià (CAMDE-PV), esta ley “niega absolutamente nuestra existencia como víctimas de la dictadura, en la medida que hace un totum revolutum. En el texto, la represión franquista desaparece y se habla de víctimas de carácter social, carácter político, víctimas del terrorismo… No se tiene que pasar por alto que las víctimas del terrorismo ya tienen su propia ley; no hay razón para incorporarlas aquí”.
En Baleares la situación es un poco diferente, ya que se aprobaron dos leyes distintas, una sobre la apertura de las fosas y exhumaciones, y otra con todo lo que tiene que ver con la memoria democratica. Esta segunda es la que quieren derogar desde el gobierno de las islas y es en la que se incluyen los derechos de las familias víctimas del franquismo. “Las certificaciones de víctimas del franquismo, que podrían servir para hacer determinados tipos de reclamaciones, va a desaparecer al derogarse la ley”, explica Jurado.
Además, también es previsible que el gobierno balear, al igual que el aragonés, elimine los censos de monumentos franquistas. Aunque algunos se retiraron durante la pasada legislatura, Jurado lamenta que “aún sigue en pie el monumento al crucero de Baleares, que está en Palma, en el parque Sa Feixina, donde celebra sus reuniones y mitines Vox”. El otro más emblemático que queda en pie, está en la plaza de la explanada de Maó, en terrenos del ministerio de defensa. “Se les pidió desde el govern que se desmontara y desde el ministerio dijeron que no estaban obligados, un monumento que fue construido con mano esclava”, lamenta Jurado.
Otro aspecto que además de en el balear también desaparece en el caso valenciano es el régimen sancionador en la ley frente a la exaltación fascista, que en ambas leyes quedaba tipificada como infracciones sancionables a nivel económico. En este sentido, Jurado explica como se acaba de archivar una denuncia por unos comentarios en el Consell de la Mallorca, cuando un conseller de Vox califico el golpe de estado como “cruzada de liberación” .“Aunque es evidente que está cometiendo apología del franquismo, que por parte de un representante publico es falta grave según la ley en vigor, la conselleria competente en sancionarle ha archivado el caso. Nosotros vamos a recurrir, pero mientras hacemos eso, derogarán la ley, y no pasará nada, van a continuar tan impunes como siempre, y las víctimas igual de denigradas que lo han estado siempre”, expone.
En el caso de Extremadura, la ley autonómica de 2019 también corre riesgo de ser derogada, aunque aún no se han dado pasos legislativos en ese sentido. Aún así, Chema Álvarez, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura ( ARMHEX) afirma que “la actual ley de memoria histórica nunca se llegó a desarrollar del todo, lamentablemente”. Álvarez explica que“solo a través de del Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (PREMHEX), un organismo creado a través de un convenio entre la Junta de Extremadura. Diputaciones de Cáceres y Badajoz y la Universidad de Extremadura se hizo un mapa de fosas y un archivo documental muy interesante sobre consejos de guerra y represaliados”.
Álvarez señala también la hipocresía de la presidenta María Guardiola, ya que “mientras que ha pactado derogar la ley con Vox, desde El PP está jugando a vender como propuesta propia las exhumaciones que quedan por hacer, que se están licitando con un dinero que tenían transferido desde el estado de forma finalista”. De igual forma, desde el movimiento memorialista se están movilizando. Han realizado varias acciones, “cuando ha habido jornadas o congresos donde acudían cargos del PP nos hemos presentado a protestar, y además hemos elaborado un manifiesto en defensa de la ley firmada por numerosas personalidades”.
El frente europeo
Invitados y acompañados por las eurodiputadas de Podemos, Idoia Villanueva y Esther Sanz,representantes de cerca de un centenar de asociaciones memorialistas visitaron la sede del Parlamento Europeo en Bruselas el pasado 10 de abril. En su visita, se reunieroncon eurodiputados y eurodiputadas de la Comisión de Libertades y del Intergrupo de Memoria del Parlamento Europeo, así como con la eslovaca Irena Moozová, Directora General de Justicia de la Comisión Europea. A ella le entregaron una misiva dirigida a los comisarios de Justicia y Valores y Transparencia, Didier Reynders y Vera Jourova, respectivamente, donde les alertan sobre el contenido de las leyes de “concordia”, que podrían suponer la vulneración de resoluciones del Parlamento Europeo e incluso el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU.
“La comisión europea no puede intervenir directamente, aunque yo pienso que hay resquicios, por la legislación que ampara los derechos humanos y los derechos de las personas”, explica Jurado, que acudió al encuentro desde Baleares. El memorialista relata que Moozová se solidarizó con las víctimas, “ya que ella personalmente ha vivido bajo un régimen totalitario y podía entender lo que habían sufrido las víctimas y lo que supone derogar leyes que les protegían”.
González, que viajó desde el País Valencià, explica que “somos conocedores que la UE y el parlamento europeo no tiene competencia alguna, que es un asunto de derecho interno pero en tanto en tanto, estas leyes de la discordia se vayan desarrollando, en la medida que van a incurrir en violaciones de derechos humanos, y violaciones de libertades, si podremos ir mandando denuncias concretas”. Jurado considera que “ va a hacer falta una legislación europea al respecto, y habría que trabajarla de una manera seria, visto que hay estados que se emperran en no respetar derechos, aquí en este caso gobiernos autonomicos”.
Frente judicial y movilizaciones
Las diferentes organizaciones memorialistas no han dejado de movilizarse desde que se plasmaron las intenciones de derogar las leyes autonómicas de memoria. Concentraciones, jornadas, marchas, la actividad memorialista ha seguido incluso con más vigor del que tenía antes. Y el plan es continuar con esta dinámica. Para Jurado, “el viaje a Bruselas nos ha servido mucho para coordinar los esfuerzos de diferentes lugares donde se están derogando, para que empecemos a dialogar entre las diferentes asociaciones por si hay que llevarlo de forma conjunta a los tribunales”.
Desde Extremadura, Álvarez opina que “mientras que el PP y Vox están interesados en la mentira y la ignorancia, el camino para fomentar el olvido, las asociaciones memorialistas estamos empeñadas en que se sepa la verdad, como medio para lograr la justicia que en su día las víctimas no tuvieron y la reparación que se les debe, a ellas y a una sociedad a la que le fue robado un pasado constitucional y democrático”.
En este sentido asegura que “las asociaciones mostramos un gran nexo de unión, independientemente de la comunidad autónoma en la que se esté, porque la verdad une, e independientemente de que la derecha se empeñe en derogar leyes que se fundamentan en los derechos humanos, las asociaciones memorialistas seguiremos realizando nuestro trabajo, buscando a las personas desaparecidas, esclareciendo los hechos que llevaron a su desaparición y apoyando a los familiares de las víctimas. No nos podrán parar. Con o sin ley de memoria seguiremos reivindicando verdad, justicia y reparación, como garantía de no repetición”.
El gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que también recurrirá las nuevas leyes que sustituyen a las de memoria democrática. González explica que “si finalmente acuden al Constitucional, apoyaremos, aunque sea críticamente”. Está convencido que las nuevas normas “violan todas las recomendaciones del relator de la ONU sobre verdad justicia y reparación, el propio tratado de Roma para los derechos civiles y políticos, en definitiva, se opone frontalmente a toda la materia que está recogida en el derecho internacional”.
Jurado cree que “ parlamentariamente la derogación no se va a poder parar. Pero pensamos que la derogación de derechos no es legal, y trataremos de litigar y poner recursos que ya veremos adonde llegan. Nuestra intención es llegar hasta el final, también a nivel del estado, el Constitucional está para proteger y amparar, y nosotros entendemos que las vícitmas del franquismo deberían estar amparadas por la constitución”.
Desde Aragón, Gimeno también apuesta por llegar judicialmente hasta el final, “la memoria es imprescindible, por muy doloroso que sea. Un país sin memoria no vale nada, no es nada y es muy manipulable, por eso algunos y algunos están empeñados en que olvidemos. Ahora vivimos tiempos convulsos y toca ser responsables. Debemos restaurar nuestra memoria democrática con dignidad, conocerla, contarla, aprenderla y sobre todo, debemos asegurarnos de que trascienda a generaciones futuras,para que no se repita”.
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