Veinte asociaciones de España y Francia han participado durante este fin de semana en Canfranc (Huesca) en el noveno Encuentro de Asociaciones de Memoria Histórica, Democrática y Antifascista
Estas entidades apuestan por “dotar de herramientas éticas y políticas a una sociedad que, de lo contrario, y como podemos comprobar hoy día, se encuentra inerme frente a los asaltos de la extrema derecha y sus discursos”
En ese sentido, el programa de este año llevaba por lema ‘La memoria en el futuro: el futuro de la memoria’. La propuesta se articula en torno a dos espacios interrelacionados de debate, uno más teórico y otro de carácter más propositivo, que pretenden ofrecer bases de trabajo para el futuro, “en un contexto político, social y económico cambiante y amenazador”. Para estas entidades, la memoria tiene que convertirse en instrumento de transformación social, con lo que eso implica en la reorganización de sus actores.
Los asistentes han trabajado objetivos como los de trascender “sin desatender” las reivindicaciones de reparación de las víctimas; construir una conciencia social que se nutra precisamente de las enseñanzas derivadas de experiencias traumáticas que han marcado la historia y el desarrollo como sociedad, además de condicionar miles de vidas privadas, y asimilar los valores democráticos de quienes, en una coyuntura histórica determinada, supieron anteponerlos a su propia vida. Se trataba de “dar sentido al trabajo y al papel que han de jugar las asociaciones memorialistas”.
El documento sobre el que se ha trabado durante este fin de semana, ‘La memoria en el futuro: el futuro de la memoria’, está firmado por Irene Abad, Luis Arduña, Juan Mainer y Marién Martín. Se plantea el futuro y el papel de las asociaciones memorialistas, “no entendido simplemente como una labor de sensibilización hacia las víctimas y sus descendientes, sino que contextualice y extraiga consecuencias de las memorias diversas (de clase, género y etnia) de esas personas, poniendo en valor su compromiso ético y político, en muchas ocasiones mantenido a costa de las propias vidas, de forma que sirva para dotar de herramientas éticas y políticas a una sociedad que, de lo contrario, y como podemos comprobar hoy día, se encuentra inerme frente a los asaltos de la extrema derecha y sus discursos”.
Doce años de la Ley de Memoria Histórica
En diciembre se cumplirán doce años de la promulgación de la Ley de Memoria Histórica, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”. El balance, según el informe, es “poco estimulante”. De hecho, “tanto Amnistía Internacional, como la ONU y la Comisión Internacional de Juristas calificaron el texto legal como “inaceptable”, “decepcionante”, “ocasión perdida” y “peligroso antecedente en la lucha contra la impunidad”.
Entre los temas que se consideran pendientes por los asistentes a Canfranc se hallan hechos como que las “desapariciones” del franquismo sigan sin ser calificadas como crímenes de lesa humanidad. “No se ha reparado moralmente a las víctimas de juicios por causas políticas durante la guerra y el franquismo: esos juicios siguen siendo plenamente legales y válidos de pleno derecho; no ha habido condena explícita ni declaración de ilicitud del sistema jurídico franquista. Por eso, “los textos legales y oficiales en España siguen refiriéndose al franquismo como “el orden institucional vigente”. La vigencia de la ley de amnistía deja impunes los crímenes de Estado “y a sus cómplices como la Iglesia católica” perpetrados entre 1936 y, al menos, 1977. Continúan sin esclarecerse ni investigarse los casos de los niños robados y siguen sin inventariarse los bienes incautados”.
Asimismo, según estas conclusiones, “sigue pendiente la puesta en marcha de una auténtica política pública de exhumaciones; la apertura de los archivos y la desclasificación de toda la documentación de la guerra, la dictadura o la Transición; y están muy lejos de cumplirse las garantías de no repetición, que incluyen: la protección del derecho a la verdad o la consideración de un cambio profundo de los planes de estudio tanto en la educación obligatoria como en la superior, especialmente en la formación del magisterio y del profesorado”.
Trabajo por el futuro
La agenda de la memoria histórica permanece “intacta” y la “ausencia de coherencia, seriedad y sistematicidad de las políticas públicas de memoria por parte del Estado sigue siendo una muy preocupante lacra de nuestra cada vez más debilitada democracia representativa aquejada, por cierto, de una grave crisis institucional y política”.
Todo ello otorga “un protagonismo en el escenario político y social a las asociaciones que exige la construcción de nuevos discursos, la asunción de nuevos papeles y, sobre todo, la defensa acérrima de una memoria democrática sana y robusta que inmunice a la sociedad frente a las vueltas al pasado o, peor aún, a la construcción de un futuro que se olvide de los valores de la solidaridad, el compromiso, la justicia social y la igualdad”.
En consecuencia, las asociaciones memorialistas tienen, según este texto “un futuro que va más allá de unos pocos años, siempre que enfoquen adecuadamente su objeto y, por lo tanto, su papel en la sociedad actual. Porque, además, de ello va a depender un rejuvenecimiento necesario y perentorio, tarea indispensable para asegurar ese futuro más allá de meros deseos y declaraciones”.
