El anteproyecto de Ley diseñado por Educación recoge que la materia será de carácter «obligatorio» y avanza la creación de una comisión a nivel regional para retirar los símbolos franquistas
EL DIARIO MONTAÑÉS | ENTIQUE MUNÁRRIZ | SANTANDER | 15-10-2017
El Gobierno cántabro llevará a las escuelas y los institutos la memoria histórica de las víctimas del franquismo. Los alumnos de Secundaria y Bachillerato, en cada uno de los niveles, tendrán como materia de estudio obligatoria una asignatura con los contenidos de la futura Ley regional sobre la Memoria y la Enseñanza de la Guerra Civil Española y la Postguerra, que entre otros objetivos se propone recuperar la dignidad de las víctimas de la dictadura franquista y cerrar heridas con vistas al futuro.
Así lo recoge el anteproyecto de la norma que diseña la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, al que ha tenido acceso este periódico, que define esta nueva materia como «el desarrollo de contenidos que permitan a los alumnos, en atención a su desarrollo y madurez personal e intelectual, adquirir una visión objetiva y ponderada de las circunstancias históricas que desembocaron en la Guerra Civil y la ulterior represión en la postguerra».
El documento, que fue encargado por el exconsejero Ramón Ruiz a la Universidad de Cantabria y ya está en manos de las asociaciones memorialistas, proyecta también la creación de una Comisión de la Memoria Histórica a nivel regional, que se encargará del diseño de las actuaciones precisas para lograr la localización, la recuperación y la identificación de las personas desaparecidas, la coordinación de las operaciones de exhumación e inhumación de sus restos, la formulación de las oportunas propuestas en relación a símbolos, monumentos y menciones que supongan la exaltación o enaltecimiento de los vencedores de la Guerra Civil al fin de que, en su caso, se proceda a la retirada y sustitución.
Asimismo las funciones de este órgano, que estará compuesto por personas de reconocido prestigio de la Universidad de Cantabria y del Centro de Estudios Montañeses, incluirán la elaboración anual de un informe en el que se recoja el planteamiento, el desarrollo y los resultados de las distintas actividades que contribuyan a la «mejor y más adecuada difusión pública de los acontecimientos que confluyeron en el desarrollo de la Guerra Civil, así como la estructura y práctica del régimen político que siguió a su conclusión».
La exhumación de los restos de las fosas se financiará y se realizarán pruebas genéticas
Para ello, el Gobierno cántabro habilitará anualmente las partidas oportunas para poner en marcha todas las acciones que se recogen en la norma. El futuro marco legal, que sigue los pasos de Navarra o Andalucía, también amplía el concepto legal de víctima de la represión franquista, al incluir no sólo a quien la padeció directamente «sino también a sus familiares». De ahí que la parte medular de la Ley, y la más costosa, es la que tiene que ver con los procesos de exhumación de las víctimas del franquismo.
Cantabria abordará la localización, recuperación y, en la medida de los posible, la identificación de los restos. Y, para ello, el Ejecutivo, en colaboración con los municipios y las otras entidades públicas, privadas y particulares, recabará la información oportuna, incluida la facilitada por los familiares directos -documentos, testimonios y la realización de pruebas genéticas-. Asimismo se prevé, con la preceptiva autorización judicial, la entrega a los familiares directos de las personas identificadas.
Mapas y monumentos
La Ley se completará posteriormente con un desarrollo reglamentario, según el borrador del anteproyecto, que permitirá al Ejecutivo establecer lugares y espacios para rendir homenaje a los que lucharon por la libertad y la democracia y servirá para reconocer oficialmente un mapa de fosas en las que reposan los fusilados.
Así lo anunció la vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, el año pasado cuando dio a conocer la redacción de la norma. El bipartito proyecta difundir en internet todos los trabajos realizados por el Ejecutivo cántabro, en la etapa 2003-2011, sobre la represión franquista, mapas de fosas o fusilamientos en la comunidad, entre otros aspectos, como «parte de la historia de Cantabria» que «ha de darse a conocer».
Se procederá a la oportuna reparación moral de las víctimas y sus familiares por el daño inferido
El Ejecutivo quiere darle la «máxima celeridad a esta iniciativa, todo para dotar de un instrumento operativo y seguro a las muchas iniciativas dispersas que se vienen registrando en este ámbito en Cantabria». El objetivo es que pueda entrar en vigor cuanto antes, una vez cumplidos los trámites de participación ciudadana, «imprescindibles en este caso», además de los trámites parlamentarios pertinentes. El bipartito confía en que esté plenamente operativa antes de que termine de la presente legislatura, de modo que con la ley de Memoria Histórica queden protegidos «tanto los bienes materiales como los intangibles».
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