Tras un largo periplo internacional en el que fue designado por la Secretaría General de la ONU para dirigir la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (2007-2010), entre otros cargos, Castresana trabaja desde 2020 en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Su amplia trayectoria en materia de derechos humanos a nivel internacional hace que desde diferentes sectores de la carrera fiscal se le perciba como el candidato idóneo para un cargo que tendrá la categoría de Fiscal de Sala, el máximo escalafón en la carrera fiscal.

Castresana estaría dispuesto a postularse, según fuentes cercanas al fiscal consultadas por THE OBJECTIVE. Pero solo lo hará en el caso de que Dolores Delgado renuncie a presentarse como candidata a esa nueva plaza. La exministra de Justicia partía inicialmente como favorita indiscutible para el cargo. Distintas fuentes de la carrera fiscal creen que Delgado aún mantiene su interés, a pesar de que en octubre ya fue ascendida a la máxima categoría fiscal, al ser nombrada fiscal jefe de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo.

La creación de esta nueva fiscalía especializada, contemplada en la Ley de Memoria Democrática que el Congreso aprobó el 19 de octubre, está pendiente de aprobación y dotación presupuestaria por parte del Ministerio de Justicia. El sucesor de Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, tendrá la última palabra para designar a la persona que dirigirá la nueva Fiscalía de Memoria Democrática. «Es una plaza a medida para ella. Si la pidiera, la tendría prácticamente garantizada», coinciden varias fuentes de la carrera fiscal consultadas por este diario.

Las dudas del fiscal

Sin embargo, García Ortiz es reticente a proponer a Dolores Delgado para evitar que la nueva Fiscalía de Memoria Democrática nazca sumida en la polémica y las críticas, según fuentes del entorno del fiscal general del Estado consultadas por este diario. En contra del criterio mayoritario del Consejo Fiscal, García Ortiz ya promocionó a Delgado a la máxima categoría de la carrera recientemente y no quiere que la nueva fiscalía especializada en derechos humanos y memoria democrática se vea cuestionada desde el inicio. Ahí se abre una ventana de oportunidad para Castresana, que como Delgado y García Ortiz también se sitúa en la órbita de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que fue portavoz.

La Ley 20/2022, de 19 de octubre, estableció la creación de esa nueva fiscalía. Con categoría de Fiscal de Sala, y enmarcada en el seno de la FGE, entre sus funciones estarán la de coordinar la acción del Ministerio Público en todos los procedimientos y actuaciones a los que se refiere la nueva ley. Deberá coordinar y unificar criterios de actuación entre todas las fiscalías en materia de derechos humanos y memoria democrática.

Según la ley aprobada por el Congreso, será la fiscalía encargada de intervenir en aquellos procesos penales de especial trascendencia apreciada por la FGE y ejercerá la acción pública en «cualquier tipo de procedimiento, directamente o a través de instrucciones, exigiendo las responsabilidades que procedan, cuando se refieran a hechos que constituyan violaciones del Derecho Internacional de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, incluyendo los que tuvieron lugar con ocasión del golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura». «Así como facilitar y coordinar los instrumentos de cooperación internacional para la reparación de las víctimas», añade.

El titular de la Fiscalía de Memoria Democrática también tendrá entre sus competencias la de relacionarse con los representantes de España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y será el cauce de coordinación entre la Fiscalía del Tribunal Supremo y la Fiscalía del Tribunal Constitucional y las unidades especializadas en materia de memoria democrática y derechos humanos.