La ley de Memoria Democrática planea suprimir los títulos nobiliarios que representan la exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura
La principal impulsora del anteproyecto de ley de Memoria Democrática fue la ya exministra Carmen Calvo. A pesar de su marcha del Ejecutivo en la última restructuración llevada a cabo por Pedro Sánchez, el texto ha sido enviado a las Cortes por el Consejo de Ministros. Estaba aprobado desde septiembre de 2020, pero es ahora cuando se da el verdadero pistoletazo de salida a una ley que, entre otras cosas, despojará de su título nobiliario a treinta y siete nobles que han heredado de sus antepasados títulos otorgados por Francisco Franco entre los años 1948 y 1977, así como de concesión posterior. El proyecto de ley recoge en el capítulo IV sección 2 que “se revocarán las distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales, de condecoraciones y recompensas o supresión de títulos nobiliarios que supongan la exaltación de la Guerra y la Dictadura”.
Pero de ese total de treinta y siete nobles, cinco de ellos podrían conservar su título cuando la ley sea aprobada y entre en vigor. El motivo no es otro que el hecho de que la ley contempla que se podrán mantener activos “los títulos vinculados a rangos intelectuales, científicos o académicos”. Los cinco afortunados que podrán librarse de lo que el Gobierno socialista denomina “saneamiento de la aristocracia” serían: Jaime de la Cierva Alvear, nieto del inventor español Juan de la Cierva; también María Urioste Ramón y Cajal, quien ostenta desde julio del año pasado el título de marquesa de Ramón y Cajal tras la muerte de su progenitora, y Ramiro de Maeztu y Manso de Zúñiga, conde de Maeztu. Asimismo, el prestigioso oftalmólogo Jorge Arruga Ginebreda, conde de Arruga, y José Antonio Torroja Cavanillas, quien fuera segundo marqués de Torroja y padre de la cantante Ana Torroja, fallecido el pasado 15 de julio, por lo que serán sus herederos los que se encarguen de este asunto si deciden solicitar el título. La cantante es la mayor de los seis hermanos, por delante de Celia, Yago, Laura, Javier y Carlos, así que tendría prioridad a la hora de convertirse en marquesa. Este digital ha intentado recabar su opinión sobre el tema, pero no hemos obtenido respuesta.
La otra cara de la moneda la tienen aquellos nobles cuyos antepasados recibieron títulos por ser destacados empresarios, políticos o militares durante la Dictadura. En este caso parece que sus condados o marquesados tienen los días contados. Entre ellos se encuentra Carmen Martínez-Bordiú, quien ve peligrar su título de duquesa de Franco. La nieta del dictador recibió este título el 31 de mayo de 2018. Preguntada por este digital sobre el tema, ha declinado hacer declaraciones al respecto. También el ducado de Primo de Rivera, que ostenta ahora Fernando Primo de Rivera Oriol, sobrino segundo de José Antonio y biznieto del general Primo de Rivera. En la misma situación está su hermano Pelayo Primo de Rivera, conde del Castillo de la Mota, quien es gran amigo del rey Felipe y está casado con Inés Entrecanales. También el tercer duque de Mola, Emilio Mola y Pérez de Laborda, nieto del conocido general, o José Calvo Sotelo y Orly de Labry, tercer duque de Calvo Sotelo, o el segundo marqués de San Leonardo de Yagüe, Juan Yagüe y Martínez del Campo. Luis Carrero-Blanco y Pichot, duque de Carrero Blanco, o Gonzalo Queipo de Llano y Mancos, marqués de Queipo de Llano, son otros de los treinta y dos afectados.
Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, en conversación con Vanitatis declara que “es una propuesta de ley que aún está en trámites, por lo que puede cambiar bastante. De todos modos es insuficiente, hay muchos muertos aún que desenterrar que priorizaría. Pero que, en pleno siglo XXI, se mantengan unos títulos que otorgó un dictador no debería ser legítimo. Y no solo los militares y políticos, sino todos ellos”, afirma tajante.
En contra de esta puesta en duda sobre la legitimidad que tendría Francisco Franco para haber otorgado los títulos nobiliarios está el abogado especializado en derecho nobiliario Martín de Oleza, del bufete de abogados Sociedad Jurídica Nobiliaria, quien es a su vez barón de Alcalalí. “Desde el punto de vista del derecho nobiliario son títulos otorgados por un jefe del Estado, que en aquel momento hacía las veces de monarca, por lo que una de sus potestades era otorgar títulos a quien considerara oportuno y contaba sin duda con esa legitimidad. Además contaba con la ley de 1948 con la que había restablecido la legislación nobiliaria, por lo que son perfectamente válidos. No hay que olvidar que Franco era un dictador pero también un jefe de Estado”. Sobre la ley de Memoria Democrática, de Oleza opina que “es un tema que está muy politizado y que de aprobarse aquello que se dice que va a ocurrir con los títulos nobiliarios va a ser muy complicado decidir quiénes son meritorios de conservar su título y quiénes no”.
Una ley que aún está en trámite, pero que ya ha puesto a la nobleza en guardia. Una nobleza que no tiene intención de rendirse ante lo que considera un derecho heredado de sus antepasados. Para ellos también es cuestión de memoria histórica.
