Carmona (Sevilla). La batalla perdida de una familia para recuperar la casa que les quitó Queipo

andalucesdiario.es | María Serrano | 18-3-2016

Paqui Maqueda recuerda con angustia a Andalucesdiario la historia del fusilamiento de su abuelo Juan Rodríguez Tirado el 23 de agosto de 1936. La causa de la muerte en su registro de defunción: “Operaciones militares habidas en esta ciudad”, concretamente en el pueblo de Carmona (Sevilla). En el municipio era conocido por el sobrenombre de ‘El Cubero’, al tener como oficio la fabricación de cubas de madera. Treinta años antes el abuelo de Paqui había comprado una casa en el centro del pueblo donde vivía con su segunda mujer, el hijo de ésta con cuatro años y sus tres hijos, José, Pascual y Enrique. “Le había costado 475 pesetas en 1916 y tras su fusilamiento y la huida al bando republicano de sus dos hijos mayores le incautaron la casa por orden del excelentísimo general de Sevilla Queipo de Llano”.

La historia de la familia de Paqui se encuentra confusa en medio de esos años de guerra. La biografía de Juan Rodríguez en la web Todos los Nombres apunta que “después de su asesinato sus bienes fueron incautados según el Bando de Guerra con fecha de noviembre de 1938. (…) La casa pasó a manos del Estado, y su mujer y sus dos hijos de 17 y 5 años de edad fueron acogidos por familiares temporalmente. Los mayores (de 30 y 27 años) habían logrado huir para defender la República durante los tres años de Guerra Civil”.

INCAUTACIÓN SIN PAPELES

Maqueda se entera de toda la historia de los suyos en el año 2003 y decide contratar un abogado para ir al Registro de la Propiedad en Carmona. La inscripción a nombre del Estado se produce en 1938, fecha de la incautación, cumpliendo el artículo 20 del bando militar el 5 de noviembre de 1938. En la nota simple del Registro aparece como primer propietario Juan Rodríguez Tirado. Tras la incautación, no se especifica ningún propietario posterior de esta vivienda, que pudo saber Paqui había sido durante muchos años negocio “de una tienda” en el casco histórico de Carmona.

“Cuando a mi bisabuelo lo matan mi tío Pascual y mi tío Enrique huyen con la columna Espartaco y se van a Madrid con el Ejército republicano. No sabemos qué ocurre porque ellos nunca vuelven a esta casa”, cuenta Paqui. El resto se quedaría en la vivienda hasta que al tío más joven, José, lo obligan a alistarse a filas con los falangistas. “Lo único que pudimos comprobar al margen de la nota era la anotación de una hipoteca a nombre de una persona donde no está claro nada”.

59.000 EXPEDIENTES EN ANDALUCÍA

La fuerte represión económica hizo que muchos inmuebles de aquellos ajusticiados por aplicación del Bando de Guerra fueran incautadas por el nuevo Gobierno franquista sin que ningún tribunal o juez que avalara este tipo de acciones. El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Almería Fernando Martínez ha evidenciado en sus investigaciones que no había manera legal de justificar estos embargos. La única vía era alegar calificativos en los informes donde se repetía el de “socialista peligroso” o el de “haber contribuido eficazmente al triunfo del Frente Popular”. La incautación de bienes, al inicio de la Guerra Civil y la posterior Ley de Responsabilidades Políticas, de 1939, afectó en su período de ejecución a más de 59.000 andaluces de la época.

“Mi tío José, que murió hace dos años, me pedía siempre la llave de su casa. Yo le contestaba, en eso estamos, tito”. Tras el asesinato de su padre, José tuvo que vivir también la muerte de su hermano Pascual, asesinado en La Carolina en 1939, y las penalidades de su hermano Enrique, que termina trabajando en el Canal de los Presos del Bajo Guadalquivir y entrando y saliendo durante casi más de dos décadas de la cárcel de Sevilla.

EL VACÍO LEGAL

Paqui presenta un escrito al Ministerio de Hacienda para reclamar la propiedad de la vivienda. “El abogado le hace un poder notarial a mi madre para pedir en su nombre la propiedad de esta casa”. Un año más tarde, el Ministerio de Hacienda respondería a la familia con una negativa amparándose en un vacío legal. “Se comunica que actualmente no existe disposición legal vigente que ampare o pueda dar cobertura a una posible restitución de bienes y derechos incautados a particulares durante el período de 1936 a 1939”. La ley solo ampara la devolución si se trata de partidos políticos y organizaciones sindicales.

Paqui no pudo devolver a su tío José la casa familia de los Rodríguez en el centro de Carmona, aunque había que intentarlo. ”Mi madre y yo sentimos mucha angustia al conocer la noticia porque no se podía hacer nada ante una ley que no devuelve a las familias los que les fue arrebatado sin derecho”. Paqui Maqueda sigue en pie con la causa de su abuelo ante la justicia argentina. Nunca volvió a reclamar contra la injusticia de haberle sido arrebatada la casa familiar.

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