Una memoria no compartida por todos no es una memoria democrática, como no lo es que no llegue a todos los que sufrieron, injustamente, la violencia durante la guerra y la potsguerra. Muchas autonomías han desarrollado en el ámbito la llamada Ley de Memoria Histórica, publicada el 26 de diciembre de 2007, titulándola ya alguna de ellas “de memoria histórica y democrática”, palabra esta última que sirvió a Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria democrática para presentar en febrero de 2020 un anteproyecto de Ley que modificase a la anterior.

El propio ministerio, del que es ahora titular Bolaños, ha constituido una Secretaría de Estado de Memoria Democrática desde esa fecha para impulsar y colaborar con las administraciones acciones de información, divulgación, formación y capacitación sobre el tema. La Ley no sale adelante por el interés de Esquerra Republicana en modificar la Ley de Amnistía del año 77 y ampliar las reparaciones de víctimas y entidades que sufrieron en su día daños y perjuicios por la acción de la dictadura.

El 19 de octubre se publicó el Decreto por el que se creó y reguló la composición y el funcionamiento del Consejo Asesor de la Memoria Democrática de Castilla-La Mancha, adscrito a la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Su finalidad sería “el estudio y propuesta de medidas encaminadas al reconocimiento público y a la rehabilitación moral de aquellas personas que fueron objeto de represión como consecuencia de su compromiso democrático durante la Guerra Civil y la Dictadura Franquista”. La Gavilla Verde de Santa Cruz de Moya (Cuenca) fue la única asociación que, además de pedir participar en el futuro consejo Asesor pidió ampliar el los objetivos del Consejo más allá de la Ley de 2007, mientras que Amnistía internacional, asimismo, lamentó que la búsqueda de los desaparecidos se hiciera extrajudicialmente.

Nos preguntamos cómo si el Consejo Asesor de la Memoria Democrática de Castilla-La Mancha, que está compuesto por una amplia representación institucional, tanto de la Administración regional, como de la provincial y local, así como de tres representantes de las universidades de la región y otras tres de las “Asociaciones, fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, constituidas para actividades en materia de memoria democrática, con implantación en Castilla-La Mancha”, deja finalmente en manos de la Universidad de Castilla-La Mancha la tarea investigadora y difusora firmando un ‘Acuerdo Marco’ para elaborar “el Plan Regional de Estudio sobre Memoria Democrática”.

Realmente la presentación del apartado e) del art. 3 del Decreto que define las funciones del Consejo Asesor, ofrece un párrafo farragoso y mal redactado o impreso: “Presentar iniciativas para promover la cultura de memoria democrática en los centros de enseñanza. la investigación científica y la divulgación de sus resultados”.

La Universidad de Castilla-La Mancha, aunque es la de referencia en nuestra región, no es la única. La provincia de Guadalajara pertenece al campus de la Universidad de Alcalá de Henares, y, además, hay estudios en marcha en la región promovidos por centros de investigación foráneos como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), hay academias de la Historia, centros de investigación provinciales, etc.

Hay regiones que han desarrollado bajo el espíritu de la Ley del 26 de diciembre de 2007 un vaciado de datos en internet de los expedientes de sus ciudadanos y ciudadanas existentes en fondos documentales de otros lugares del país o del extranjero, al igual que las fichas de los catálogos de sus archivos provinciales ¿No tendría obligación la propia Consejería de Educación, Cultura y Deporte de hacer lo propio? ¿No tendría que fijar pautas para eliminar o conservar [declarándolos Bien de Interés Patrimonial] objetos de interés histórico o artístico en museos, instituciones o en el lugar dónde se crearon?

Lógicamente el objeto del Consejo es más ambicioso y, en su primera reunión realizada el 28 de marzo de 2022, se fijó un objetivo cuatrienal: de “localización, exhumación e identificación de víctimas; divulgación de trabajos y resultados de acuerdo con los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición; y favorecer el enterramiento regular de las víctimas halladas o, en su lugar, dignificar los lugares de enterramientos irregulares conforme a los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.

Ya en esa reunión, el vicepresidente de la Junta José Luis Martínez Guijarro pidió a los presentes “plantear iniciativas de proyectos de divulgación, investigación y exhumación”. Hay que recordar que para aseverar el principio de “verdad” debe la Consejería de Educación, Cultura y Deporte hacer cumplir la ley de acceso al documento archivístico, haciendo que la normativa legal la aplique también la Iglesia católica en sus archivos.

Pero el Consejo debe ir más allá en sus objetivos. Debe tener información preparada para que, cuando se apruebe la Ley de Memoria Democrática, estén documentadas las entidades que exalten a la dictadura y a sus protagonistas, los títulos y reconocimientos de aquellas personas que se acredite realizaron actos u observaron conductas “incompatibles con los valores democráticos” y todos los nombres de calles, instituciones o monumentos que hagan apología de la dictadura o de sus protagonistas.

Asimismo, se necesitará el concurso de centros de investigación, investigadores e investigadoras, asociaciones de familiares e instituciones para dar cumplimiento la anulación de las sentencias realizadas desde los Tribunales Militares con Consejos de Guerra constituidos para aplicar las Leyes de Responsabilidades Políticas, o los Tribunales de Represión de la Masonería y el Comunismo, aquellos constituidos como Tribunales de Orden Público o los que aplicaron las Leyes de Vagos y Maleantes basadas únicamente en razones étnicos o de orientación sexual. Una segunda línea de investigación y recopilación de datos facilitaría la reversión de bienes incautados por el régimen franquista atendiendo a razones políticas o de aquellos que fueron obligados a trabajar en Campos de Trabajo, Batallones de Trabajo o Colonias penitenciarias. Por último, tribunales de familia, asociaciones e instituciones colaborarán para que se esclarezca lo más amplia y urgentemente la situación de aquellos “bebes robados” durante el franquismo.

Esperamos que los miembros del Consejo Asesor de la Memoria Democrática de Castilla-La Mancha tengan más iniciativas para conseguir que el objeto que conllevó su constitución llene lo más posible el vacío que ha dejado tantos años de olvido e injusticia.

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