Castro del Río (Córdoba). ACTUALIZADO. La estantería de la vergüenza

65 personas, todas con nombre. De una fosa común a una caja de cartón etiquetada durante cinco años. Y aún dicen que todo está en orden, que se hizo correctamente. Tiene narices la cosa

​ABC/ Rafael Ruizabccordoba Córdoba – 15/11/2015 a las 09:21:53h. – Act. a las 09:21:59h. Guardado en: Andalucía , Córdoba

Sencillamente, no entiendo qué problema puede tener nadie con la reparación básica de las víctimas de la Guerra Civil y de la represión subsiguiente. En concreto, qué dilema moral puede presentarse con que se le devuelvan a sus deudos los restos mortales de los asesinados que se encuentren en fosas comunes para que obren como consideren oportuno. Sobre todo, en un momento en que empiezan a faltar los hijos de las víctimas y los testigos directos de los hechos. Por eso no se acaba de entender que se diga que «todo está en orden» cuando los huesos de 65 personas, todo lo clasificados que se quiera, han estado apilados en cajas de cartón durante cinco años como consecuencia de que no se pudo, no se supo o no se quiso realizar una tarea de identificación. Una entidad afín al PSOE presidida entonces por la actual concejala de Cultura, Mar Téllez, abrió la fosa con una escuela taller y una subvención de medio millón de euros. Entre duras críticas, por cierto, de que se estaba realizando la excavación sin las cautelas necesarias.

El examen del ADN no es posible, se le dijo a las familias, porque las fosas son un agujero en la tierra y ésta daña la información genética de los cadáveres. Justo en 2010, en el municipio de Aguilar de la Frontera, se abrió la primera fosa común de la guerra y la posguerra donde se cruzaron los perfiles genéticos de las personas vivas con los restos óseos hallados. En agosto de ese año, se celebró en el cementerio de la localidad el sepelio de Antonio Manuel Palma Moreno, campesino, quien fue asesinado cuando contaba con 34 años de edad. Fue identificado por los análisis comparativos realizados entre la población y los restos de la fosa que excavó la entidad Aremehisa con dinero otorgado por el Ministerio de la Presidencia. Ya sé que no es un asunto para hacer bromas pero se ve que la arena de Aguilar de la Frontera corroe menos el ADN que la de Castro del Río. O es que al municipio de Castro llegan las novedades en materia científica más lentamente.

Recientemente, la Junta ha anunciado nuevas aperturas como la de una fosa común en Obejo a propuesta de la familia de José Luna Cartán, un guerrillero antifranquista abatido en 1949. La primera fase, según Cultura, ha consistido en la recogida en el municipio de muestras para futuras comparaciones. Aremehisa ha iniciado también otras actuaciones como la de una fosa en Guadalcázar donde se pretenden localizar los restos de siete miembros de una misma familia para devolver los cuerpos a sus seres queridos. Es decir, existen protocolos suficientes para que las cosas se hagan con el rigor necesario. Para que la apertura de un enterramiento cumpla su objetivo definitivo, que no es otro que entregar a las familias lo que en justicia les pertenece.

Desde 2009 existe una directriz oficial que dice cómo han de hacerse las cosas en la comunidad de Andalucía. Perseguir la identificación de los cadáveres no es una opción. La norma obliga, al menos, a intentarlo con los mecanismos que disponga la ciencia en cada momento. La primera vez que se identificó en España un cadáver exhumado de una fosa común fue en mayo de 2003. Se utilizó la técnica del ADN mitocondrial. Eran los restos mortales de Emilio Silva Faba, un militante del partido del presidente Azaña -Izquierda Repúblicana- asesinado cerca de Villafranca del Bierzo. Desde entonces, se imagina uno que se han producido avances en este campo de la ciencia.

Esta es una cuestión de sentimientos. No se debe levantar una piedra si no existe un plan claramente marcado que persiga -ya no digo que consiga sino que lo intente- la identificación de las víctimas, si no hay un equipo de profesionales contrastados. La memoria no puede ser objeto de subvenciones de este tipo sin control técnico, de casos como el de Castro del Río, donde las familias reclaman desde hace años una respuesta justa a sus justas demandas. Si las fosas dan vergüenza, no menos sonrojo provoca conocer la pasividad oficial, la complicidad política, que ha llevado a 65 personas de un enterramiento común a una estantería no menos comunitaria. Pero, tranquilos, que todo está en orden.

http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-estanteria-verguenza-201511150921_noticia.html

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La exhumación de la fosa obvió también la normativa de la Junta

Los familiares denunciaron la ausencia de personal técnico cualificado durante el proceso

ABC | J. M. C.|  Córdoba | 15/11/2015

La expresidenta del Foro Ciudadano para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía, Mar Téllez, apuntó a ABC que en el proceso de rescate de los huesos aparecidos en la fosa común de Castro del Río se hizo sin irregularidades, «con el aval científico de la Universidad de Granada» y con «personal autorizado».

El caso es que ya existía una normativa autonómica del 7 de septiembre de 2009 sobre el protocolo a usar para las exhumaciones. Es decir, una orden anterior a esta actuación iniciada el 24 de noviembre del mismo año y que ya estaba en vigor.

En concreto, la orden, cuyo objeto es «regular el procedimiento de exhumación y el protocolo al que deberán sujetarse las exhumaciones realizadas en el marco del Decreto 334/2003, de 2 de diciembre».

Éste, por lo pronto, determina que tiene que haber una persona «con experiencia cualificada» que actúa como coordinador del proceso y que tiene que estar designada por el Comité Técnico de Coordinación, pero al que nadie en esta historia ha puesto nombre aún. Esta persona es la encargada de velar por que se cumpla el protocolo y de elaborar informes al respecto, que a día de hoy no han sido expuestos públicamente.

Material documental

Más en profundidad, el protocolo determina la necesidad de «conocer, con la mayor exactitud posible, la identidad de la persona desaparecida, la historia del caso y el contexto histórico local».

Eso requiere de un trabajo documental previo, con entrevistas a familiares «preferentemente mediante grabación o filmación», transcripción de las cintas y asegurándose su conservación. Algo que no se llevó a cabo, según han denunciado las familias de las 170 personas allí enterradas, quienes han asegurado que no se les avisó del inicio del proceso ni se les solicitó permiso.

Otro punto importante al que obliga la orden es la elaboración de la «ficha ante mortem» con datos detallados sobre la persona desaparecida, acompañados de documentación identificativa, circunstancias de su desaparición y posterior informe con traslado a la Consejería de Justicia, amén de publicaciones en tablones municipales, boletines provinciales o autonómicos o diarios de mayor difusión «en las que se anuncie la actividad a desarrollar para conocimiento general de los interesados».

Esto último, según Francisco Merino, presidente de la Agrupación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de Castro del Río, Mar Téllez lo obvió al «aconsejarnos no dar publicidad a los trabajos por el impacto que se produciría entre la población».

Pero donde más falla la operación es en la investigación forense. Corresponde al estudio en laboratorio para identificar al detalle el cadáver, las circunstancias de su muerte y una identificación comparativa (con ADN de familiares que no se practicó), y todo ello con expertos en biología forense, patología forense, odontología forense y antropología forense. La organización de la escuela taller explicó que los análisis no eran fiables por el contacto con la tierra.

http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-exhumacion-castro-obvio-normativa-junta-sobre-fosas-201511150922_noticia.html

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+info:

500.000 euros por una fosa sin identidad.

ABC | D. Delgado – S. Núñez – R. A. | Córdoba | 13-11-2015

El 24 de noviembre de 2009, el Foro Ciudadano para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía, presidido por la hoy concejal de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Mar Téllez (PSOE), inició en Castro del Río la exhumación de una fosa de represaliados de la Guerra Civil que se hallaba en el cementerio desde 1939 con unos 170 cadáveres.

Los trabajos han quedado inconclusos y con una larga estela de malestar por parte de sus familiares y un velo sobre el posible paradero judicial de este asunto. Contaron con una subvención de la Consejería de Empleo por valor de 496.136 euros aprobada el 23 de enero de 2009 por el mismo delegado provincial que hoy está imputado en el caso de los cursos de formación (Antonio Fernández). Se trataba de una escuela taller.

Seis años después, el Ayuntamiento castrense y la Junta dicen que van a retomar a finales de año el trabajo que se paró en mayo de 2011. Más de cuatro años llevan centenares de restos mortales apilados en cajas en un cuarto del camposanto esperando a que alguien los identifique y se los entregue a sus familiares.

Los 500.000 euros de la Junta de Andalucía para un colectivo de memoria histórica afín al PSOE y nacido al albur de la ley que auspició el Ejecutivo de Zapatero en 2007, no parecen haber servido para restituir lo que el BOE decía.

Todo lo contrario. Han dejado un reguero de denunciasy críticas por una «exhumación plagada de irregularidades», apuntan desde laAgrupación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de Castro del Río y dudas sobre el uso de unos fondos públicos que pretendían formar a desempleados levantando una fosa de la Guerra Civil y sin los expertos ni el protocolo de actuación adecuados y que para estos casos requería la normativa.

Solicitud de permiso

En abril de 2010, este colectivo presentó ante la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta, cuyo titular era Luis Pizarro, una denuncia dirigida al Comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica, Juan Gallo , al objeto de que se procediera «a la paralización inmediata de los trabajos que se están realizando, hasta que no se ejecuten con las debidas garantías». En concreto, los familiares exponían que en ningún momento se les avisó del comienzo de esta actividad, «ni se nos ha solicitado permiso alguno para realizarla», señalaron en su escrito.

Además, denunciaban que para la exhumación no se contó con personal cualificado, con experiencia en estas tareas (se ocuparon los integrantes del taller de empleo); el equipo técnico carecía de un antropólogo forense, historiadores, psicólogo (que debiera atender a los familiares) y documentalistas (para una adecuada difusión), y que la intervención estuvo dirigida por un único arqueólogo. Además, tampoco existió un trabajo documental previo de archivo.

La respuesta entonces de esta Consejería fue que se trataba de untaller de empleo cuyo objetivo real a inserción laboral, por lo que no estaba bajo la competencia de la nueva área creada por IU. «No podemos participar», apostillaron.

Cuenta el presidente de esta asociación de familiares, Francisco Merino, que Mar Téllez, la presidenta del foro encargado de esa exhumación y subvencionado por la Junta,«nos aconsejó no dar publicidad a los trabajos por el impacto que se producía entre la población en cuanto a curiosidad no siempre bien entendida».

Incluso, explica, descartó realizar cualquier análisis identificativo por ADN al no «considerarlos fiables, al estar los restos enterrados directamente en tierra y porque la cal habría podido contaminarlos».Mar Téllez carece de formación en materia forense y genética.

Téllez ha negado en declaraciones a ABC que hubiera irregularidades en este desenterramiento. La que es hoy concejal de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, se refirió al cumplimiento de los protocolos normativos y que contaban con un aval científico de la Universidad de Granada.

Miembros de otras asociaciones de memoria histórica y un equipo de arqueólogos comprobó en su momento que los desenterramientos no se estaban realizando con un mínimo rigor científico.

La opinión de Mar Téllez

La expresidenta del Foro Ciudadano para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía, Mar Téllez, descartó ayer durante una conversación con ABC que en el proceso de rescate de los huesos de la fosa de Castro del Río se haya producido irregularidad alguna. «Las exhumaciones han estado validadas por la Administración competente y además cuentan con una validación científica por parte de la Universidad de Granada, en concreto delDepartamento de Antropología Forense. Está todo en orden», señaló la hoy responsable de Cultura del equipo de gobierno municipal.

«Esos restos siguen ahí [en un cuarto del cementerio de Castro del Río] porque una vez que han sido debidamente catalogados y ordenados se encuentran perfectamente custodiados, en la sala de autopsias, que es donde tienen que estar. Están en estanterías hechas expresamente para los restos. Las dependencias son municipales y eso lo sabe la corporación desde que comenzó a hacerse la exhumación», añadió.

Y agregó: «Estamos a la espera de que el Ayuntamiento tome una decisión. En un momento dado se habló de hacer un memorial para colocar esas cajas dentro y que sirviera de reconocimiento a las víctimas. Los restos se encuentran bajo llave. Es el procedimiento normal: que estén en dependencias del Ayuntamiento».

http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-500000-euros-fosa-si