► El manifiesto pide equiparar las reivindicaciones de los ateneos a las que hicieron partidos y sindicatos en su día y obtener los bienes muebles expoliados por la dictadura
► Los firmantes lamentan que el Estado, “a diferencia de Alemania, que se hizo cargo de los crímenes del nazismo”, no asuma sus responsabilidades.
► “Devolvernos el patrimonio les cuesta dinero”, destaca el presidente de la Comissió de la Dignidad, Josep Cruanyes
eldiario.es | Jordi Molina | 17-4-2015
“Tenemos una identidad muy digna, pero muy tapada”. Con esta reflexión del presidente de la federación de ateneos, Xarxa Ateneu, Jaume Pieres, ha comenzado un acto que pretende recuperar los bienes muebles e inmuebles expoliados a las citadas entidades durante la Guerra Civil y el franquismo. Para ello, se ha presentado un manifiesto unitario, consensuado entre una veintena de ateneos y diversas entidades que trabajan por la recuperación de la memoria, que reclama la devolución del patrimonio expoliado.
El manifiesto nace del encuentro que se celebró el pasado 27 de septiembre, bajo el título Mesa de entidades afectadas por el régimen franquista, organizada también por Xarxa Ateneu. “Con el estallido del Golpe de Estado, muchos ateneos y centros populares fueron expoliados por el régimen”, recordó el abogado e historiador, Josep Cruanyes, que aseguró que aquellos hechos, de acuerdo con el Tratado de las Naciones Unidas, no han prescrito. “Desde el Estado no nos han querido hacer ningún caso, casi nunca”, sentenció Cruanyes que ha recordado, entre otros ejemplos, la impunidad del asesinato del Presidente Lluís Companys.
“Cuando tocamos el patrimonio vamos a tocamos el bolsillo del Estado”, explicó Pieres, que ha puesto el ejemplo contrario con los papeles de Salamanca, “en los que a pesar de ser igualmente difíciles de recuperar”, no afecta el componente económico. “El Estado alemán ha asumido que se debe hacer cargo de los crímenes que cometió el régimen nazi, España, en cambio, no ha asumido su responsabilidad, entre otras cosas porque devolver el patrimonio cuesta dinero”, explicó Cruanyes.
Los ponentes, aprovechando que el acto se celebraba en el Ateneu Barcelonès, recordaron la represión que sufrió el edificio de la calle Canuda – “en manos del Ministerio de Información y Turismo, con presidentes escogidos a dedo” – y han citado otros casos, como el del Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona, donde se quemaron los archivos, o el Centro Asturiano, todos ellos acabaron bajo el control ideológico del régimen, como otros espacios, sedes sociales e instalaciones, así como documentos u otros bienes. “El Estado español no sólo no ha pedido disculpas, sino que sigue justificando la actitud que tuvo”, criticó otro miembro de Xarxa Ateneu, Pere-Joan Pujol, que ha atribuido la perpetuación del agravio que sufren, únicamente, “a una cuestión de voluntad política”.
Los firmantes al manifiesto denuncian que desde la recuperación de las libertades -aunque Pere-Joan Pujol ha puesto en duda que estemos en una “verdadera democracia” – han sido “pocos y tímidos” los gestos del Govern de la Generalidad y del Estado. Según Cruanyes, “cuando se ha legislado la memoria histórica, ninguna ley ha hecho referencia directa a los ateneos y la devolución del patrimonio material e inmaterial expoliado”.
Diferenciación de las víctimas
Tras la promulgación de la Constitución de 1978, los sindicatos -a través de la Ley 4/1986 del 8 de enero-, y luego los partidos políticos -mediante la Ley 43/1998 del 15 de diciembre-, se pudieron acoger a unas leyes que procuraban la devolución del patrimonio expoliado. Unas leyes que no tuvieron en cuenta las entidades y ateneos, que siguen luchando por “equiparar víctimas”.
En este sentido, los firmantes han reconocido los avances que supuso la Ley de la Memoria Histórica del primer Gobierno, que si bien sirvió para ampliar los derechos y las medidas a favor de quienes sufrieron la persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, “estas medidas afectado sólo a las personas físicas, sin que se hayan podido acoger las entidades y asociaciones que también sufrieron las consecuencias del levantamiento militar”.
Ahora, y con el objetivo de poner fin a esta situación, el manifiesto reclama “medidas urgentes” tanto del Govern de la Generalitat como del Estado español para poner fin a una situación que se ha mantenido en el tiempo. Está previsto que, en los próximas semanas, el manifiesto llegue al Parlament para recoger los apoyos de los partidos políticos catalanes y hacer presión para que el Estado mueva ficha.
Entre los diferentes ateneos implicados, destacan el Ateneu de Cultura Popular del Hospitalet, el ESPLAC, el Gran Oriente Catalán, la Asociación Catalana de Esperanto, Ateneu Democràtic y Progresista de Caldes de Montbui; el Moviment Laic y Progressista, la ARMHC (Asociació Recuperació Memòria Historia de Cataluña), el Centro Asturiano de Barcelona o el Ateneu Enciclopèdico Popular. Otras entidades, como el CADCI, la Juventud Republicana de Lleida, o el Centre Obrer Instructiu d’Unió Republicana de Cervera apoyan una iniciativa que cuenta con apoyo de Federació d’Ateneus de Cataluña (FAC).
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