Cómo funcionan los bancos de ADN para la memoria democrática en los que el Gobierno se podría inspirar para crear uno estatal

El Gobierno propone en su ley de memoria democrática crear un banco de ADN a nivel estatal. Existen ejemplos de su funcionamiento en comunidades autónomas, además de en Chile y Argentina

Por Andrea Real / 15 agosto 2022 | 4 min lectura

Foto: Guillermina Gómez, de Palma del Río, una de las primeras donantes de ADN de Andalucía.

La ley de memoria democrática del Gobierno incorpora en uno de sus puntos la creación de un banco de ADN estatal para identificar los restos de las víctimas de la Guerra Civil española. Estos bancos son laboratorios en los que se analizan muestras de ADN de restos humanos y se cotejan con otros para identificar familiares de víctimas.

Aunque a esta ley todavía le quede su tramitación y aprobación en el Senado, uno de los objetivos que persigue con la creación de este banco de ADN estatal es la búsqueda de desaparecidos y un mapa de dónde se encuentran de estas personas.

En España ya existen bancos de ADN autonómicos, como el de Navarra, que es del propio gobierno autonómico, o los de Andalucía y País Vasco, que están concertados con universidades públicas. Otras comunidades autónomas, como Aragón, aprobaron en su ley hacerlo con el Instituto de Medicina Legal de su comunidad.

Fuera de las fronteras españolas también hay ejemplos de estos bancos de ADN para la identificación de víctimas, como los de Argentina o Chile.

El banco de ADN estatal tendrá en cuenta las muestras recogidas por las comunidades

Las comunidades autónomas se han adelantado durante años al Gobierno central a la hora de crear bancos de ADN para intentar encontrar familiares vivos de víctimas exhumadas. Con esta ley, y si finalmente se crea un banco a nivel estatal, este trabajo no se perdería.

Francisco Etxeberria, profesor de Medicina Especialista Forense en la Universidad del País Vasco, explica que en el proceso de identificar los restos de personas exhumadas existen varios problemas. Uno de ellos es que tal vez la víctima esté enterrada en Navarra, pero los datos de sus familiares se estén recogiendo en Andalucía.

“Con la nueva ley el Estado se atribuye más competencias sin despreciar lo que han hecho las comunidades. Lo que se va a favorecer es la creación de un banco nacional de ADN, como un repositorio, donde todos los laboratorios que ya hacen este tipo de investigaciones puedan sumar sus perfiles genéticos”, asegura Etxeberria.

No todas las comunidades autónomas tienen un banco de ADN

El experto afirma que la idea no es hacer las pruebas genéticas desde el Gobierno central –estas las seguirán haciendo los laboratorios de las comunidades, ya sean privados, de las universidades o del propio gobierno autonómico–, sino facilitar la identificación y el cruce de datos.

Etxeberria pone un ejemplo de por qué los laboratorios valoran positivamente la idea del Gobierno. “El problema de todos ellos es que cuando manejas pocas muestras las controlas caso a caso, pero cuando tienes muchas te quedas perdido y no puedes hacer los cotejos de ADN de forma manual. La idea es que con esto, si eres un investigador del laboratorio de Santiago de Compostela y subes la muestra a la base de datos, [esta] sea capaz de decirte si coincide con la de una familia que donó la suya en Madrid”, explica.

El experto también señala que muchas comunidades autónomas no tienen bancos de ADN, por lo que la identificación puede ser más complicada, como Castilla y León, Cantabria o Castilla-La Mancha. “Lo que ha sucedido en muchas ocasiones es que los análisis se han hecho en otras comunidades, como el País Vasco o Madrid, por lo que la información está muy dispersa o controlada solamente por la comunidad que hizo ese análisis. Pero puede haber otro laboratorio privado que también hizo análisis de otras muestras. Y esto es lo que hay que superar con la creación del banco de ADN estatal”, afirma Etxeberria.

Sobre la financiación, desde que en 2011 el Partido Popular recortó  los proyectos que inició el anterior gobierno socialista, ha ido llegando a través de la Secretaria de Estado de Memoria Democrática, asociaciones de familiares de víctimas, comunidades autónomas o ayuntamientos. Para el experto “esto retrasó mucho los avances para encontrar y exhumar las fosas”. Algo que también recoge un estudio publicado por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática sobre las exhumaciones desde el 2000 hasta 2019 (página 29).

La gestión de las muestras: no todos los restos de víctimas sirven para conseguir ADN

Otro de los problemas que existe en la identificación de víctimas muchas veces tiene que ver con la conservación de los restos, y no tanto con si existen o no muestras de ADN de familiares que coincidan en bancos. También hay que tener en cuenta que la responsabilidad para pagar el proyecto de exhumación recae en la entidad que decide abrir la fosa.

Así lo explica Etxeberria: “Hay una serie de gastos, como la documentación de archivo, hacer la búsqueda, la exhumación, un estudio antropológico y otro genético. Y en el caso de que, por ejemplo, el ayuntamiento que lo haya decidido no tenga presupuesto, puede solicitarlo a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que desde hace dos años está apoyándolos, y tiene entre manos más de 300 proyectos”.

Sobre el problema de identificar a las víctimas con restos de ADN, el experto afirma que “en estos momentos sabemos que el 10% de los esqueletos recuperados, ya sea en una fosa de Canarias o de Galicia, no rinden para extraer ADN. La preservación está degradada. Pero además ya no solo es eso, sino que en ocasiones no hay familiares para realizar el cotejo”. Es por eso que Etxeberria resuelve que en la “mejor de las ocasiones se está identificando a uno de cada cuatro, siempre y cuando más o menos se conozca de qué va la fosa. Si es, por ejemplo, una trinchera, se limita mucho más la identificación”.

Casos fuera de España: los bancos de ADN de Argentina y Chile

Aunque su intención sea la de identificar a las víctimas, tanto el banco de ADN chileno como el argentino difieren de lo que quiere hacer el Gobierno español.

Para empezar, por el número de desaparecidos: en Argentina no hay una cifra oficial, aunque según Etxeberria hay una horquilla que va desde los 15.000 hasta los 30.000, y en Chile calcula que son 3.000, aproximadamente. Además, en estos casos los análisis los hace el Estado. “En Chile han hecho campañas para recoger muestras a los familiares”, explica Etxeberria.

Pero para el experto esto no tendría sentido hacerlo en España, ya que no será el Estado el que analice las muestras de ADN, sino los laboratorios de cada comunidad autónoma.

Fuentes

Francisco Etxeberria, profesor de Medicina Especialista Forense en la Universidad del País Vasco

Estudio publicado por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las cortes y Memoria Democrática. ‘Las exhumaciones de la Guerra Civil y la dictadura franquista 2000-2019’

Página web del Congreso de los Diputados

Banco de ADN de Navarra

Banco de ADN del País Vasco

Banco de ADN de Andalucía

Banco de ADN de Aragón

https://www.newtral.es/como-funciona-banco-adn-memoria-democratica-historica/20220815/