Para ello invitaban a “a todas aquellas personas, asociaciones y grupos políticos interesados en la defensa del homenaje, justicia y reparación que afectan a las víctimas del golpe de Estado y de la dictadura, a que nos acompañen para informarse y valorar la posibilidad de unirse a nuestra demanda”. 

Ese movimiento generó malestar entre los propietarios del edificio del ‘granero’, de tal manera que Natalia Rodríguez, como afectada, lanzó un vídeo por las redes sociales en el que criticaba duramente tanto a Los Comunes como el Ayuntamiento, y en el que negaba que existiese ningún tipo de consenso o acuerdo cerrado. Sus declaraciones generaron un enorme debate en la sociedad conileña y contó inmediatamente con el apoyo de una gran parte de la opinión pública.

“No es nuestra intención ir contra lo que parece ser una parte considerable de la opinión pública y mucho menos alentar una polémica que no entra en el ámbito de nuestra asociación”, indicaron a través de una nota de prensa.

Los Comunes insisten, eso sí, en que “la realidad es que después del golpe de estado de Franco utilizaron de calabozo una propiedad privada, el Granero, propiedad entonces de la familia Mora Figueroa. Muchos jóvenes conileños fueron encarcelados y algunos de ellos sacados con nocturnidad y alevosía, siendo asesinados. Sus cuerpos, aún están perdidos, en alguna cuneta desconocida”.

Además, indican que “se falta a la verdad cuando se dice que se le quiere ‘robar’ o perjudicar a la propiedad, en ningún momento se ha planteado eso por esta asociación ni por el Ayuntamiento, sino que se adquiera la propiedad por parte de éste mediante negociación”, por lo que Los Comunes “van a seguir reivindicando el Granero como lugar de la memoria histórica y democrática de Conil, por la dignidad y por la memoria de colectiva de nuestro pueblo”.

Los propietarios actuales del Granero, que cuenta con tres registros catastrales, dos pertenecientes a la familia de Natalia Rodríguez y otro a la familia de Joaquín Pérez, llevaban años trabajando en un proyecto para desarrollar en esas parcelas, el cual se entregó en el Ayuntamiento sin todavía tener conocimiento de la intención de crear un lugar para la Memoria Histórica. Y desde entonces se inició una negociación que aún está activa. Pero para los propietarios la misma ha adolecido de “transparencia”.

Por su parte, el alcalde, Juan Manuel Bermúdez, en declaraciones efectuadas en Radio Juventud de Conil y reproducidas en sus propias redes sociales, indicaba sobre la suspensión del acto que “la decisión le correspondía a Los Comunes, que como asociación tenían que decidir”.

Una asociación que “entre sus objetivos aparece la recuperación de la memoria histórica de Conil y que el Ayuntamiento también entiende que ese es un espacio” para ello “por todo lo que allí aconteció”.

Bermúdez recordó que allí fueron encarcelados 60 jóvenes de la localidad, “y algunos de ellos, un 8 de septiembre, el día de la Virgen de las Virtudes, de 1936, fueron sacados y asesinados”.

Por ello entiende que “ese espacio se debe recuperar y crear allí un museo y equipamientos para desarrollar actividades relacionadas con la Memoria Histórica”.

Pero “yendo a la concreto, nosotros nos hemos sentado en multitud de ocasiones con la propiedad, al menos cinco o seis reuniones, y si hay que tener 20 reuniones, así se hará, pero el objetivo, para que todo el mundo lo tenga claro, es que queremos llegar a un acuerdo en el que se satisfaga lo que ellos crean que valga ese suelo, ese patrimonio”.