Miguel Martín Moya

MIGUEL MARTÍN MOYA

Concepción Martín Pérez (nieta de D. Miguel Martín Moya)

Hijo de Manuel y Eduarda, Miguel Martín Moya, conocido como Mazmarrito, nació en 1901 en la localidad onubense de Aracena. De profesión zapatero y campesino, contrajo matrimonio con Carmen Aguilar Torres, natural de Segura de León (Badajoz), con quien tuvo dos hijos, Manuel y Emilio. A su segundo hijo no llegó a conocerlo, ya que cuando lo asesinaron, Carmen se encontraba embarazada de seis meses de él.    

Fue miembro de la Sociedad de Obreros, Campesinos y Artesanos, perteneciente a la Federación Española de Trabajadores de la Tierra, de la que llegó a ser su secretario en Aracena. Miguel fue un hombre bueno, culto, humilde y sencillo, aficionado a la lectura, al teatro y a la música. Le gustaba acompañar a su hijo Manuel al fútbol y formaba parte de la banda de música municipal de Aracena en la que tocaba el clarinete. Sensible a la problemática de su entorno, forjó fuertes convicciones e inquietudes sociales, que le llevaron a hacer frente como mejor entendió a las enormes necesidades que sufrían obreros, jornaleros y campesinos.

Esa lucha por intentar mejorar las condiciones de vida de sus vecinos, ese sueño de cambiar la sociedad, le llevó a suscribir el primero de Mayo de 1936, con motivo de la festividad del Día del Trabajo, un manifiesto, del que igualmente fueron firmantes otros representantes de los movimientos políticos y sociales del momento, como Rafael Aguilar Morillo, presidente de la Agrupación Socialista de Aracena o Marcelino González Romero, presidente de las Juventudes Socialistas, en el que se solicitaba al Ayuntamiento de Aracena una serie de medidas para paliar la desesperada situación de los obreros y campesinos de la comarca. Aunque en realidad fuesen en su mayor parte medidas simbólicas, más anhelos y sueños que exigencias realizables. De hecho, aunque algunas sí que pudieran serlo, en su mayoría ni siquiera eran competencia municipal. Por eso en él se pedía que “lo que afecte a este Ayuntamiento sea cumplimentado y lo que no, elevado a instancias superiores para su cumplimiento por ser la voluntad del pueblo”. Y es que la llegada de la República había abierto un ilusionante horizonte para las conquistas sociales y en el imaginario de las clases más oprimidas, parecía que muchas de sus aspiraciones podrían alcanzarse para ver por fin disminuir así su sufrimiento. Aun habiéndose conseguido importantes avances, tras cuatro años en un nuevo y prometedor estado, los anhelos de los campesinos y jornaleros, explotados y empobrecidos durante décadas, no se terminaban de ver cumplidos, por lo que sus reivindicaciones se intensificaban y generalizaban.

El motivo por el cual asesinaron a Miguel, fue sin duda el atreverse a exigir esas mejoras que necesitaban sus paisanos. Reproducimos algunas de las reivindicaciones que Miguel Martín Moya suscribió ante su Ayuntamiento para mejorar la vida de su pueblo:

prohibición de la usura, disminución de las rentas abusivas, extensión de los créditos agrícolas, revisión de las leyes de arrendamiento y desahucio, construcción de viviendas sociales tanto urbanas como rurales, jornadas de trabajo de cuarenta horas semanales como máximo, auxilio y ayuda urgente a los desempleados de larga duración del pueblo, instauración de un jornal mínimo, creación del delito de envilecimiento del salario, construcción de escuelas primarias, ayudas a la juventud obrera para el acceso a la universidad, formación profesional para los jóvenes del pueblo”.

Luego se incluían también otras de carácter más político unas y utópicas otras. En todo caso, de competencia supramunicipal, que no pasaban de ser más que una mera declaración de intenciones, una utopía que sin ir más lejos todavía hoy, más de ochenta años después, seguimos reclamando tal como hiciera Miguel, como son “la nacionalización de la banca y de las industrias básicas, el sometimiento de la riqueza y la industria a las necesidades del país (por cierto, este punto ya lo recoge al día de hoy la Constitución Española en su artículo 128, aunque otra cosa es que, a pesar de que personas como Miguel dieran su vida por ello, siga siendo una utopía el que se cumpla). Pero también se solicitaba en el manifiesto “el establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con la URSS” o “republicanizar la magistratura del ejército y la administración del estado” o “planes para la colectivización de tierras y para las incautaciones de bienes a la nobleza”, puntos más simbólicos que otra cosa, del todo inútil de solicitar a un Ayuntamiento como el de Aracena o a cualquier otro, pero de especial relevancia para el consejo de guerra que, un año después, le condenaría a muerte. 

Tras el fracaso inicial en la provincia del golpe de estado del 18 de julio, el Gobierno Civil de Huelva ordenó en Aracena, al igual que en el resto de localidades, la creación de los llamados comités de defensa, formados tanto por las fuerzas de orden público que se habían mantenido fieles a la legalidad vigente, como por organizaciones civiles, obreros, mineros y campesinos a sus órdenes, a los que se ordenó entregar armas. Estos comités, tenían como funciones principales mantener el orden público, defender la legalidad vigente y asegurar los suministros a la población, ya que la comarca había quedado aislada y algunos alimentos no llegaban con normalidad o por la conflictividad del momento, no se estaban produciendo suficientemente, lo que agravaba todavía más si cabe, la precaria situación de muchos de vecinos de Aracena, a los que Miguel no dudó en socorrer.

Por su condición de secretario del sindicato, fue integrado en el comité de defensa de Aracena, centrándose en la producción y el reparto de víveres, consiguiendo no sólo asegurar suministros suficientes para alimentar a la población local, sino que Aracena se convirtió en centro distribuidor para otras poblaciones de Huelva y Sevilla.

Aparte de hacer pan para el sostenimiento de la población, se instaló una cocina pública en el edificio del parador de turismo y se procedió a repartos de carne en la plaza de abastos, bajo el control del sindicato, empleándose el mismo sistema de vales que con el trigo. Se condujo ganado de las fincas cercanas y otros efectos como heno o chacinas, que se distribuyeron a la población bajo el sistema de vales consignados por Miguel Martín, que aseguraba así el pago posterior a sus propietarios por parte del Ayuntamiento, como así se hizo.

Pero ante la inminente entrada en la población de los elementos terroristas de la columna Redondo, teniendo conocimiento de los asesinatos indiscriminados y de las barbaridades que estaban perpetrando a su paso contra todo aquel que se hubiera significado mínimamente, el 19 de agosto de 1936, para salvaguardar a su familia, tal como así declararía él mismo en el juicio, Miguel huyó en compañía de su primo Manuel Martín y de los también vecinos de Aracena, Lorenzo Álvarez Ortega, Bautista Ginés, Francisco Navarro y José Pastor Domínguez.

La llegada de las tropas golpistas a Aracena dejaba escasas opciones de huida y el territorio más cercano sin su presencia era el sur de la provincia de Badajoz. Pero la huida se topaba con la propia ciudad de Badajoz, bajo el yugo del genocida Yagüe desde el 15 de agosto, creando así la denominada como bolsa de Badajoz, un territorio todavía libre, pero cercado por el ejército rebelde y las milicias asociadas, lo que convertía en una auténtica ratonera.

En un principio se refugiaron en el pueblo de Cañaveral de León y de ahí partieron a Fuentes de León, hasta que, ocho días antes de entrar los fascistas en la localidad, volvieron a huir, esta vez a la sierra de Hinojales. Allí se separaron y Miguel, junto con su primo Manuel, Lorenzo Álvarez y José Pastor, se refugiaron en la sierra de Carboneras, donde se les unió Cayetano Ginés, huido igualmente por haber sido acusado de participar en la quema de imágenes de la aldea (aunque en nuestras investigaciones, no hemos encontrado dato alguno que sostenga dicha acusación).

Estuvieron escondidos por la sierra norte de Huelva y por el sur de Badajoz, evitando los piquetes fascistas y a sus informadores, probablemente buscando alguno de los corredores organizados en la retaguardia para cruzar la frontera portuguesa, donde la labor del teniente Seixas de la Guardia Fiscal Portuguesa, que vigilaba la frontera, y la ayuda del pueblo de Barrancos, cuyos vecinos cobijaron y alimentaron a muchos de los huidos, contribuyeron a la salvación de numerosas vidas españolas.

En ese entorno estuvieron Miguel y sus compañeros hasta el 1 de marzo de 1937, día en el que, alertados por confidentes de la posible presencia de rojos huidos por la zona, la Guardia Civil, acompañados de un piquete de carabineros y otro de Falange Española, organizaron una batida en su busca, dando con el grupo en el lugar conocido como “Cuatro Vientos”. En la detención, resultó muerto su primo Manuel Martín a manos del falangista Vicente Jurado Barrero y detenidos Miguel, junto con Lorenzo Álvarez y José Pastor. Tras abandonar el cadáver de Manuel en el cementerio de la aldea de Carboneras, fueron encerrados en la prisión preventiva de Aracena, para ser trasladados el 4 de marzo de 1937 a la prisión provincial de Huelva, a la espera de ser juzgados en consejo de guerra nº 185, cuyas actuaciones se iniciarían rápidamente el 15 de marzo siguiente.

Durante el proceso, en ningún caso quedan suficientemente demostradas las acusaciones que se vierten contra Miguel Martín, como son la de participar en las detenciones y custodias de “personas de orden” tras el golpe de estado, o la de encabezar el asalto a la finca  Monte San Miguel, propiedad de la familia Sánchez Dalp, potentados caciques y terratenientes de la zona, con el objetivo de apoderarse de las armas que allí había, la de participar en el asalto a la casa cuartel de la Guardia Civil de Aracena o en los hechos y daños sufridos en la Ermita y en la imagen de San Roque. Sucesos acaecidos en Aracena y en su entorno durante los denominados días rojos y en los que en todo momento Miguel negó rotundamente haber participado.

Al contrario, si algo queda claramente relatado en el atestado, son las acciones que Miguel llevó a cabo durante el citado asalto a la casa cuartel, para garantizar la seguridad del capitán de la misma, Manuel Cuadrado Díez, haciendo incluso personalmente guardia en las inmediaciones para que nada le sucediera ni a él ni a su familia. Capitán que, no obstante, posteriormente declararía en su contra, resaltando el carácter marxista y muy peligroso del acusado. O la protección que también prestó a la esposa de otro Guardia Civil, llamado Damián García, que había quedado sola en la calle durante aquellos disturbios y Miguel se encargó de protegerla y reunirla con sus hijos, que ya estaban refugiados en otra casa. También queda constancia en el atestado de cómo Miguel impidió el almacenamiento de explosivos en la sede de su sindicato, por parte de un grupo de mineros que habían llegado al pueblo, seguramente evitando así males mayores en la localidad.

Pero daba igual. Nada de eso sirvió para salvar a Miguel de una más que segura condena a muerte. Su delito, para “la nueva España”, era mucho más grave que todo eso de lo que se le acusaba. Mucho más peligroso. Porque el delito de Miguel era el de intentar emancipar a la clase obrera, invitándola a soñar con salir por fin de la esclavitud a la que estaba sometida y eso, el nuevo régimen terrorista de Franco no estaba dispuesto a consentirlo, por lo que el 5 de abril de 1937 se dicta sentencia contra Miguel Martín Moya, Lorenzo Álvarez Ortega y José Pastor Domínguez, por rebelión militar y son condenados a muerte.

Estos consejos de guerra, no eran sino el indecente intento del régimen terrorista de Franco por disfrazar asesinatos como el de Miguel de una supuesta legalidad jurídica, en la medida en que ninguno de los condenados en ellos por rebelión militar, se levantó nunca en armas contra la Constitución del Estado, contra el Jefe del Estado, contra las Cortes o contra el Gobierno formalmente constituido, ni se adhirieron, auxiliaron, indujeron o excitaron movimientos de esta índole, que son los delitos que definían la rebelión militar, por lo que en modo alguno podría considerárseles reos de esa figura jurídica, y menos aún por quienes en su proceder, y asumiendo conductas abiertamente rebeldes, sí que actuaron de ese modo, incriminando a cuantos se mantuvieron dentro del orden legalmente establecido y defendieron la República frente a los sediciosos ahora erigidos en juzgadores, pervirtiendo así los más elementales principios jurídicos.  El nuevo régimen criminal, se permitió condenar como reos de delitos de rebelión militar, o sus delitos derivados y conexos, a quienes nunca los cometieron, pues ninguno de los condenados y las condenadas por esa falsa justicia, ni uno solo, ni una sola, fue autor o autora de cualesquiera de esos delitos, siendo así que todos y todas fueron objeto de condenas ilegítimas e injustas.

En cumplimiento de dicha sentencia, el 13 de abril de 1937 a las 5:30 de la mañana, Miguel, Lorenzo y José fueron asesinados en las inmediaciones del cementerio onubense de La Soledad por seis números de la Guardia Civil con un sargento a su mando, siendo después arrojados sus cadáveres a una de las la fosas comunes allí existentes, concretamente la ubicada en el patio San Antonio de Padua. El expediente, no obstante, quedó abierto a la espera de definir las indemnizaciones a imputar a los ejecutados, como pago de sus “responsabilidades políticas”, es decir, el posterior proceso de saqueo de sus bienes, como era lo habitual en la insaciable maquinaria de terror y expolio puesta en marcha en el país por el nuevo régimen contra la población civil desarmada. Esa represión económica se ejerció con un doble objetivo, la financiación del golpe militar y acabar económicamente con las personas vinculadas con la izquierda y la II República.

Carmen, su mujer, jamás se recuperaría del trauma que todo esto supuso para ella y para su familia. Tras el asesinato de su esposo, quedó viuda, sola, con un hijo de siete años, embarazada de seis meses y todavía tendría que enfrentarse al proceso posterior de incautación de bienes. Llegaron a chantajearla para que, si quería conservar su casa, debía declarar que su marido había muerto en combate. Y es que esa era otra práctica habitual durante la represión franquista, el falsear administrativamente, el disimular en la medida de lo posible, los asesinatos que se cometían, en previsión quizás de posibles futuras revisiones. De hecho, en el certificado de defunción de Miguel Martín Moya, el médico forense se limitó a certificar la causa de su muerte como “hemorragia”.   

Recientemente, una de sus familiares descendientes, Dª Concepción Martín Pérez, nieta de Miguel Martín, ha solicitado formalmente a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Huelva la devolución de los restos de su abuelo, solicitud que esperamos se atienda convenientemente, para poder así ofrecer un mínimo de dignidad a la memoria de Miguel Martín Moya, asesinado en nuestra tierra por intentar mejorar la vida de sus vecinos más desfavorecidos.

Desde este grupo de trabajo por la Recuperación de la Memoria Histórica y Democrática de Huelva, compartimos el orgullo con el que Concepción habla de su abuelo y no podemos sino sentirnos tan orgullosos como ella de nuestro vecino Miguel Martín, quien dio su vida en defensa de los derechos de sus paisanos y por soñar con una sociedad mejor para todos.

 

Fuentes

Concepción Martín Pérez (nieta de D. Miguel Martín Moya)

Todoslosnombres.org

Fundación Pablo Iglesias

 “Aracena, episodios de una historia olvidada” (de Omar Romero, Eduardo Romero y Miguel A. Villa)

“La Guerra Civil en Huelva” (de Francisco Espinosa Maestre)

“La justicia de Queipo” (de Francisco Espinosa Maestre)

“Las Fosas Comunes Del cementerio de La Soledad” (de José M. García y Miguel A. Harriero)

Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado

Archivo de la Diputación Provincial de Huelva

Archivo Histórico Provincial de Huelva (AHPH)

Archivo Municipal de Huelva (AMH)

Registro Municipal de Huelva

Archivo de UGT

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+ información

La labor de los colectivos memorialistas sigue siendo fundamental para la recuperación de la dignidad de cientos de represaliados onubenses tras el inicio de la Guerra Civil. Un nuevo ejemplo de este trabajo impagable está en el colectivo Por La Recuperación de la Memoria Histórica y Democrática de Huelva, quien ha respaldado la lucha de Concha Martín Pérez para recuperar los restos mortales de su abuelo, Miguel Martín Moya, natural de Aracena y asesinado en 1937.

Desde finales de agosto, han unido sus esfuerzos a los de la nieta de Miguel, para solicitar formalmente al Ayuntamiento de Huelva que inicie los trámites para averiguar si el cuerpo del aracenense se halla en una de las fosas comunes del cementerio de la capital.

Aunque nada podrá compensar el sufrimiento de la familia, especialmente los llantos de Carmen, la esposa de Miguel, ya fallecida, al menos se pretende desvelar el final del patriarca de la familia, darle merecida sepultura y el homenaje por sus desvelos hacia los vecinos de Aracena, que le llevaron a la muerte hace ahora ochenta y cuatro años.

La historia de Miguel Martín Moya es similar a la de tantos onubenses que lucharon por sus ideales y que fueron represaliados a partir del golpe de estado contra la Segunda República Española.

Siguiendo la investigación realizada por Concha Martín y por el colectivo Por La Recuperación de la Memoria Histórica y Democrática de Huelva, podemos conocer que fue hijo de Manuel y Eduarda, era conocido cariñosamente como ‘Mazmarrito’, y nació el 22 de diciembre de 1901 en la localidad onubense de Aracena. De profesión zapatero y campesino, contrajo matrimonio con Carmen Aguilar Torres, natural de Segura de León (Badajoz), con quien tuvo dos hijos, Manuel y Emilio. A su segundo hijo no llegó a conocerlo, ya que nació cuando Miguel ya había sido detenido y sus captores no permitieron nunca que su esposa se lo llevara a la prisión para conocerlo.

Fue miembro de la Sociedad de Obreros, Campesinos y Artesanos, perteneciente a la Federación Española de Trabajadores de la Tierra, de la que llegó a ser su secretario en Aracena. Miguel, a decir de vecinos y familiares, fue un hombre bueno, culto, humilde y sencillo, aficionado a la lectura, al teatro y a la música. Le gustaba acompañar a su hijo Manuel al fútbol y formaba parte de la Banda de Música Municipal de Aracena, en la que tocaba el clarinete. Sensible a la problemática de su entorno, forjó fuertes convicciones e inquietudes sociales, que le llevaron a hacer frente como mejor entendió a las enormes necesidades que sufrían obreros, jornaleros y campesinos.

Esa lucha por intentar mejorar las condiciones de vida de sus vecinos le llevó a suscribir el primero de Mayo de 1936, con motivo del Día del Trabajo, un manifiesto en el que se solicitaban al Ayuntamiento de Aracena una serie de medidas para paliar la desesperada situación de los obreros y campesinos de la comarca. El escrito fue igualmente firmado por otros representantes de los movimientos políticos y sociales del momento, como Rafael Aguilar Morillo, presidente de la Agrupación Socialista de Aracena o Marcelino González Romero, presidente de las Juventudes Socialistas.

Del análisis de su expediente judicial se deduce claramente que el motivo por el cual fue detenido y posteriormente asesinado es haberse atrevido a exigir esas mejoras que necesitaban sus paisanos. Algunas de ellas eran tan elementales como prohibición de la usura, disminución de las rentas abusivas, extensión de los créditos agrícolas, revisión de las leyes de arrendamiento y desahucio, construcción de viviendas sociales tanto urbanas como rurales, jornadas de trabajo de cuarenta horas semanales como máximo, auxilio y ayuda urgente a los desempleados de larga duración del pueblo, instauración de un jornal mínimo, creación del delito de envilecimiento del salario, construcción de escuelas primarias, ayudas a la juventud obrera para el acceso a la universidad y formación profesional para los jóvenes del pueblo.

Antes de la llegada de las tropas fascistas fue miembro del Comité de Defensa de Aracena, desde el que ayudó a aliviar la precaria situación de muchos vecinos de la localidad, repartiendo víveres y suministros que empezaban a escasear. El comité fabricaba pan para la población, instaló una cocina pública con comedor y repartió carne en la plaza de abastos, bajo el control también del sindicato.

Pero, ante la inminente entrada en la población de los elementos de la columna Redondo, el 19 de agosto de 1936, para salvaguardar a su familia tal como así declararía él mismo en el juicio, Miguel huyó en compañía de su primo Manuel Martín y de los también vecinos de Aracena, Lorenzo Álvarez Ortega, Bautista Ginés, Francisco Navarro y José Pastor Domínguez.

La llegada de las tropas golpistas a Aracena dejaba escasas opciones de huida y el territorio más cercano sin su presencia era el sur de la provincia de Badajoz y las zonas limítrofes. En un principio, se refugiaron en el pueblo de Cañaveral de León y de ahí partieron a Fuentes de León, hasta que, ocho días antes de entrar los fascistas en la localidad, volvieron a huir, esta vez a la Sierra de Hinojales. Allí se separaron y Miguel, junto con su primo Manuel, Lorenzo Álvarez y José Pastor, se refugiaron en la Sierra de Carboneras, donde se les unió Cayetano Ginés.

Estuvieron escondidos por las sierras onubenses y por el sur de Badajoz, evitando los piquetes de los sublevados y probablemente buscando alguno de los corredores organizados en la retaguardia para cruzar la frontera portuguesa.

En ese entorno estuvieron Miguel y sus compañeros hasta el 1 de marzo de 1937, día en el que, alertados por confidentes de la posible presencia de rojos huidos por la zona, la Guardia Civil, acompañados de un piquete de Carabineros y otro de Falange Española, organizaron una batida en su busca, dando con el grupo en el lugar conocido como ‘Cuatro Vientos’. En la detención, resultó muerto su primo Manuel y detenidos Miguel, junto con Lorenzo Álvarez y José Pastor. Tras abandonar el cadáver del familiar en el cementerio de la aldea de Carboneras, fueron encerrados en la prisión preventiva de Aracena, para ser trasladados el 4 de marzo de 1937 a la prisión provincial de Huelva, a la espera de ser juzgados en el Consejo de Guerra número 185, cuyas actuaciones se iniciarían rápidamente el 15 de marzo siguiente.

Durante el proceso, en ningún caso quedaron suficientemente demostradas las acusaciones que se vertían contra Miguel Martín, como fueron la de participar en las detenciones y custodias de “personas de orden” tras el Golpe de estado, la de encabezar el asalto a la finca  Monte San Miguel, propiedad de la familia Sánchez Dalpcon el objetivo de apoderarse de las armas que allí había, la de participar en el asalto a la casa cuartel de la Guardia Civil de Aracena o en los hechos y daños sufridos en la Ermita y en la imagen de San Roque.

En un proceder extensible a la práctica totalidad de los procesos, los delitos achacados al reo no fueron probados, ni tampoco tenidas en cuenta las acciones que Miguel llevó a cabo durante el citado asalto a la Casa Cuartel, para garantizar la seguridad del capitán de la misma, Manuel Cuadrado Díez, haciendo incluso personalmente guardia en las inmediaciones para que nada le sucediera ni a él ni a su familia. O la protección que también prestó a la esposa del Guardia Civil Damián García, que había quedado sola en la calle durante aquellos disturbios y a la que protegió y consiguió reunir con sus hijos, que ya estaban refugiados en otra casa. También queda constancia en el atestado que Miguel impidió el almacenamiento de explosivos en la sede de su sindicato por parte de un grupo de mineros que habían llegado al pueblo, seguramente evitando así males mayores en la localidad.

Ninguno de estos argumentos exculpatorios tuvo éxito, por lo que el 5 de abril de 1937 se dictó sentencia contra Miguel Martín Moya, Lorenzo Álvarez Ortega y José Pastor Domínguez por rebelión militar, siendo condenados a muerte. En cumplimiento del veredicto, el 13 de abril de 1937, a las 5:30 de la mañana, Miguel, Lorenzo y José fueron fusilados en las inmediaciones del cementerio onubense de La Soledad por seis números de la Guardia Civil con un sargento a su mando, siendo después arrojados sus cadáveres a una de las la fosas comunes allí existentes, concretamente la ubicada en el patio San Antonio de Padua.

El expediente, no obstante, quedó abierto a la espera de definir las indemnizaciones a imputar a los ejecutados, como pago de sus “responsabilidades políticas”, en un habitual y ulterior proceso de confiscación de bienes.

Carmen, su mujer, jamás se recuperaría del trauma que todo esto supuso para ella y para su familia. Tras el asesinato de su esposo, quedó viuda, con un hijo de siete años y un bebé recién nacido, y todavía tendría que enfrentarse al proceso posterior de incautación de bienes. Tuvo que sufrir el también acostumbrado intento de legitimar la muerte de su marido, proponiéndole los representantes del nuevo régimen que declarase que Miguel había muerto en combate, a cambio de conservar su casa. De hecho, en el certificado de defunción de Miguel Martín Moya, el médico forense se limitó a certificar la causa de su muerte como “hemorragia”.

Fallecida ya la abuela Carmen, su nieta, Concha Martín Pérez ha reactivado la búsqueda de la reparación del nombre de su abuelo, buscando datos en fuentes como Todoslosnombres.org, Fundación Pablo Iglesias, ‘Aracena, episodios de una historia olvidada’ (Omar Romero, Eduardo Romero y Miguel A. Villa), ‘La Guerra Civil en Huelva’ (Francisco Espinosa Maestre), ‘La justicia de Queipo’ (Francisco Espinosa Maestre), ‘Las Fosas Comunes del cementerio de La Soledad’ (José M. García y Miguel A. Harriero), Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado, Archivo de la Diputación Provincial de Huelva, Archivo Histórico Provincial de Huelva (AHPH), Archivo Municipal de Huelva (AMH), Registro Municipal de Huelva o Archivo de UGT. Y, con el respaldo y la colaboración del grupo de trabajo por la Recuperación de la Memoria Histórica y Democrática de Huelva, pretende que el Ayuntamiento de Huelva le ayude a rescatar los restos mortales de Miguel Martín Moya. Lo hace, después de esperar durante más de un año la respuesta de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, que no ha contestado a su solicitud de cumplimiento de la Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

Concha Martín se lamenta de que “casi todo el mundo tiene o ha tenido un abuelo con quién hablar, jugar, que te cuente historias de su niñez o juventud, pero a mí eso me faltó, y sobre todo a mi padre le faltó el suyo y bien que lo acusó durante toda su vida, al igual que mi abuela que luchó mucho, aun cuando ya sus fuerzas fueron enterradas en aquella fosa donde está su marido”. En esta lucha, tiene el apoyo de sus siete hermanos, con el objetivo de que “se dignifique la figura de un hombre bueno, culto, que solo quería el bien para los más desfavorecidos de su pueblo”.

Fuente: https://www.diariodehuelva.es/2021/09/17/la-lucha-por-el-rescate-de-los-restos-de-miguel-martin-moya/

Primer apellido: 
Martín
Segundo apellido: 
Moya
Nombre: 
Miguel
Municipio: 
Aracena
Provincia: 
Huelva