Exposición "Todos (...) los nombres". PANEL 06. Cárceles y campos de concentración

(...) frecuentes cambios de destino buscaban alejar al preso de su familia y sumar a las malas condiciones carcelarias el desarraigo afectivo y las ayudas que éstas pudieran facilitarles (...)

Cárceles municipales, comisarías, cuarteles de Falange, cualquier edificio más o menos grande, e incluso barcos, fueron antesala de la muerte y de la desaparición de miles de personas durante el verano y otoño de 1936. Se fueron vaciando a medida que unos iban siendo eliminados y otros eran excarcelados tras semanas o meses de privación de libertad. Volvieron a llenarse cuando se ocupó Málaga (1937) y fueron regresando las primeras oleadas de huidos. Entonces comenzaron a actuar sistemáticamente los tribunales militares, imponiendo penas frecuentes de 20 y 30 años de cárcel. Se saturaron, por tercera vez, cuando en 1939 regresó la nueva avalancha de evadidos desde las últimas provincias libres.

Antes habían estado detenidos en campos de concentración y clasificación de prisioneros desde donde se pidieron informes sobre sus antecedentes a las autoridades de sus localidades de origen. Permanecieron en los depósitos municipales mientras los juzgados militares instruían los sumarios por rebelión militar y fueron pasando a otros centros de reclusión una vez concluidos: cárceles, colonias penitenciarias…

Los presos andaluces recorrieron estos centros de dentro y fuera de la región. Frecuentes cambios de destino que buscaban alejar al preso de su familia y sumar a las malas condiciones carcelarias el desarraigo afectivo y las ayudas que éstas pudieran facilitarles. El denominado turismo penitenciario los llevó por cárceles distantes y mortíferas como las de Burgos, El Dueso (Cantabria), la Isla de San Simón (Galicia), o el Fuerte de San Cristóbal (Navarra). La alta morbosidad registrada en estas fechas también en cárceles andaluzas, como el Penal de El Puerto de Santa María –cuya población reclusa era mayoritariamente de fuera de la región– o la Prisión de Sevilla (Ranilla), son un indicador de sus pésima condiciones de vida, higiénicas y alimenticias.

Los archivos de cárceles como la Prisión Provincial de Sevilla o la Prisión Central de El Puerto de Santa María nos permiten conocer el historial penitenciario de millares de presos políticos andaluces y de otras comunidades autónomas que cumplieron en ellas las condenas impuestas por los tribunales militares. Los decretos de indulto y el mecanismo de revisión y conmutación de penas permitieron que gran parte de los que habían sido juzgados durante la guerra e inmediata posguerra disfrutasen de libertad condicional a mediados de la década de los cuarenta, incluso quienes tenían condenas de 30 años. Si las autoridades creían inconveniente el regreso del reo a su localidad, se le concedía la libertad condicional con destierro. En no pocos casos, las resoluciones de reducción de pena se notificaron cuando el reo ya había fallecido en presidio.

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