Exposición "Todos (...) los nombres". PANEL 09. Represión económica e incautación de bienes

(...) junto a los actos de pillaje y expolio, también hubo un mecanismo reglamentado para apropiarse de los bienes de quienes se identificaron con el Frente Popular (...)

Los rojos no perdieron sólo la vida o la libertad, también sus bienes. Se han conservado imágenes de sus viviendas con los muebles arrojados por las ventanas y amontonados en la calle. También se recuerdan los camiones que regresaban del frente cargados de botín de guerra y los improvisados mercadillos en donde las tropas moras vendían el fruto del pillaje. «Se llevaron todo lo que teníamos, hasta la bombilla», recuerda una víctima de ese expolio.

En el medio rural, las bandas de falangistas recorrieron las casas de campo incautándose de cosechas y ganados. Los abusos iban desde la insignificante consumición del café que las patrullas fascistas se negaban a abonar en el bar donde hacían un alto, hasta la invitación a contribuir en las cuestaciones patrióticas o la extorsión bajo amenaza de denuncia. Junto a los actos de pillaje y expolio, también hubo un mecanismo reglamentado por los golpistas para apropiarse de los bienes de quienes se identificaron con el Frente Popular o se opusieron al golpe militar. En Andalucía Queipo de Llano dictó el 11 de septiembre de 1936 un bando que regulaba el proceso de incautación en el territorio de la 2ª División y, a nivel nacional, la Junta Técnica del Estado creó el 10 de enero de 1937 la Comisión Central de Incautaciones. Subordinadas a ésta estaban las comisiones provinciales, presididas por los gobernadores civiles, que instruyeron los expedientes de incautación contra personas y organizaciones políticas y sindicales.

De este expolio se benefició el nuevo Estado y también sirvió para compensar a gente del régimen por los servicios prestados. Salvo contados casos particulares y el de las organizaciones sindicales y políticas, este capítulo de la represión apenas ha sido objeto de atención, y mucho menos de justicia y reparación.

La represión económica afectó tanto a los obreros de izquierda, a quienes se arrebató lo poco que tenían, como a la clase media y burguesía republicana progresista. Los expedientes de incautación se abrían por iniciativa de los comandantes militares, que en los pueblos de la retaguardia eran los de puesto de la Guardia Civil, recibían el visto bueno de los gobernadores civiles y eran resueltos por el jefe de la División Orgánica. José Pedregal, el farmacéutico de Arahal (Sevilla) a quien se abrió el expediente de incautaciones en enero de 1937, había sido asesinado cinco meses antes. Y tampoco se libraron los huidos, como Fernando Parra, el diputado provincial de Izquierda Republicana a quien en 1938 se instruyó un expediente de Responsabilidad Civil en Arcos de la Frontera (Cádiz) y que acabó sus días exiliado en Francia.

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