Exposición "Todos (...) los nombres". PANEL 11. Ley de Responsabilidades Políticas

(...) una ley de carácter retroactivo que pretendía juzgar hechos anteriores a su promulgación, criminalizando actividades que no eran delito cuando se produjeron (...)

La ley de 9 de febrero de 1939 creo la Jurisdicción Especial de Responsabilidades Políticas, que nació con el propósito de continuar el proceso de represión económica que ya se había iniciado en 1936 y 1937 mediante la incautación de bienes. En sus artículos 10º y 15º establecía que todas las condenas conllevaban (salvo alguna excepción) una sanción económica y en caso de fallecimiento del condenado recaía en su familia la obligación de abonarla. Aparte de ésta, también sancionaba con penas restrictivas de la actividad (inhabilitación absoluta o especial) y de la libertad de residencia (extrañamiento, confinamiento, destierro).

Era una ley de carácter retroactivo que pretendía juzgar hechos anteriores a su promulgación, criminalizando actividades que no eran constitutivas de delito cuando se produjeron. Criminalizó a quienes se opusieron a la sublevación militar con actuaciones de cualquier tipo; a los dirigentes de los partidos y sindicatos que fueron ilegalizados por los rebeldes; a los candidatos y apoderados del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936; a los diputados, miembros del Gobierno y sus cargos de confianza, etcétera.

Para su aplicación se creó una estructura de sesenta Juzgados de Instrucción, dieciocho Tribunales Regionales y un Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas. A principios de 1941 se habían incoado más de 114.000 expedientes (25.520 en Andalucía) y a finales de ese mismo año se calculaba que la depuración de las responsabilidades podía alcanzar a un cuarto de millón de ciudadanos. El colapso del nuevo aparato burocrático fue tal que en 1942 fue necesario reformar la ley, suavizando los supuestos de responsabilidad y reestructurado la jurisdicción para agilizar la tramitación de los expedientes.

No importaba que los rojos ya estuviesen muertos. Si ellos no vivían para satisfacer la sanción económica, lo harían sus herederos. Por eso se expedientó a quienes ya habían sido asesinados por los propios rebeldes o se encontraban en paradero desconocido. Es el caso del dependiente de comercio sevillano Federico Alba Bauzano (en la foto con su mujer), que huyó de la ciudad poco después del golpe; Luis Muñoz Basabes, de Paradas, a quien fusilaron en Málaga en 1937; el sevillano Manuel León Trejo o Ana París García, de La Roda de Andalucía, el primero fusilado en 1938 y la segunda ejecutada con garrote vil. A todos ellos les abrieron los expedientes entre 1939 y 1941. Su apertura se publicaba en el Boletín Oficial de la Provincia con la indicación de si el encartado había fallecido o desaparecido.

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