La Jurisdicción Militar de Guerra en la represión política: las Comisiones Provinciales (CPEP) y Central de Examen de Penas (CCEP), (1940-1947)

Índice

I. Estado de la cuestión.
II. Qué fueron y por qué se crearon las Comisiones Provinciales (CPEP) y Central de Examen de Penas (CCEP).
III. Funcionamiento y resultados cuantitativos: tabla y cuadros.
IV. Extinción: razones.
V. A modo de epílogo.
VI. Anexos: Tabla 1, Cuadros I y II estadísticos del Personal militar y Personal Civil.

I. Estado de la cuestión

En la lenta y dificultosa reconstrucción que se está llevando a cabo del universo represivo con el que la Dictadura Franquista sometió a una parte de la población española durante casi cuarenta años, habría que destacar que, de las diferentes técnicas coercitivas y mecanismos de jurisdicciones especiales utilizados, la denominada Justicia Militar o Justicia de Guerra es la menos estudiada y conocida, pese a que su utilización fue masiva y generalizada durante toda la contienda con cientos de miles de procesados-condenados y tuvo carácter preponderante durante el posterior quinquenio 1940-1945 que simultaneó con las de Responsabilidades Políticas y de Masonería y Comunismo, persistiendo durante los años 1945-1952 en la represión del movimiento guerrillero, haciendo frente en la década de los 50 en la represión de las primeras huelgas obreras y movilizaciones ciudadanas hasta la creación, en enero de 1958 del Juzgado Especial Militar de Actividades Extremistas con competencia en todo el territorio nacional y el nombramiento del Coronel Enrique Eymar Fernández, que ya venía actuando como Juez Militar especializado en la represión de la oposición política desde el año 1940 hasta que se extinguió en el año 1964, cuando se puso en marcha el Juzgado y Tribunal de la también Jurisdicción Especial de Orden Publico, JOP y TOP, manteniéndose residualmente la castrense hasta enero de 1977 con intervenciones muy significativas en los últimos años del franquismo como fueron en diciembre de 1970 el Consejo de Guerra de Burgos contra activistas y militantes de ETA, el 2 de marzo de 1974 de Salvador Puig Antich y Heinz Chez y los de 16 de septiembre de 1975, con cinco condenas de muerte ejecutadas contra militantes de ETA y del FRAP.

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