Las tretas del franquismo con el patrimonio: expolió y entregó 8.000 obras a instituciones y amigos

Una investigación vierte luz sobre el destino de las obras de arte gestionadas por el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional en la inmediata posguerra.

David Barreira / 20.02.2021 / elespañol.com

Durante la Guerra Civil y los primeros compases de la dictadura se registró la mayor diáspora de obras de arte de la historia de España. A partir de abril de 1939, las autoridades franquistas, a través del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (Sdpan), se enfrentaron a la tarea de gestionar los cuadros y otros bienes incautados y salvados por organismos de la Segunda República, principalmente la Junta del Tesoro Artístico. ¿Y cuál fue su principal decisión? Entregar en depósito gran parte de las obras a museos, organismos públicos, la Iglesia y particulares aunque en muchos casos fuese conocido su propietario.

Esa es la principal conclusión que arroja Arturo Colorado Castellary, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, en su nueva investigación, Arte, botín de guerra (Cátedra). Este volumen, centrado en analizar la política patrimonial franquista —"comparable con el expolio nazi de las colecciones judías"—, completa otros dos publicados anteriormente por el autor: Éxodo y exilio del arte (Cátedra, 2008), sobre la masiva salida de obras artísticas como las del Museo del Prado tras el estallido de la Guerra Civil; y Arte, revancha y propaganda (Cátedra, 2018), donde analiza la instrumentalización que hizo el nuevo régimen del patrimonio durante la II Guerra Mundial —se comparó, por ejemplo, el "robo de los rojos" con el saqueo napoleónico del siglo XIX—.

En su estudio, el investigador ha analizado la gestión que hizo el Sdpan de unas 17.000 obras. Más de la mitad —8.710— fueron a parar a otros destinatarios que las llegaron a  reconocer como de su propiedad cuando hay documentos que revelan un origen distinto. Ese es el aspecto "fundamental y auténticamente revelador" de una investigación inédita para el conjunto del territorio español, apunta Colorado Castellary, y añade que sí ha sido capaz de desentrañar una cierta lógica con algunos casos: se buscó "potenciar aquellos museos e instituciones que interesaban a la política cultural franquista y, en última instancia, premiar a los amigos.

Uno de los episodios más sangrantes que se describen en el libro es el expolio de las obras de arte de los políticos, militares o intelectuales republicanos que acabaron presos, tuvieron que exiliarse o fallecieron durante la guerra. El caso más paradigmático es el de Pedro Rico, alcalde de Madrid entre 1931-1934 y en los inicios de la contienda, que contaba con una importante colección que fue diseminada entre diferentes instituciones, como si se fuese un botín de guerra, desde el Gobierno Civil de las Palmas hasta el Museo de Arte Moderno.

Lo mismo sucedió con las colecciones del nacionalista vasco Ramón de la Sota, compuesta de 93 piezas —de artistas de primer nivel como Francisco de GoyaEl Greco, Juan Carreño de Miranda o Luis de Morales—, algunas de las cuales acabaron colgadas en despachos de jerarcas franquistas como el cuñadísimo Ramón Serrano Suñer; la del judío Carlos Walter Heiss, que poseía un importante conjunto de cerámicas ibéricas y 182 monedas de oro de distintas épocas entregadas al Museo Arqueológico; o la del matrimonio formado por el "jefe militar rojo" José Sicardo y Mariana Cardera, de 104 cuadros entre los que también se encontraban varios de Goya.

La investigación de Arturo Colorado Castellary ha constatado que en el Museo del Prado, en la inmediata posguerra, ingresaron al menos 14 obras procedentes de los fondos de Sdpan, dos de ellas —La Natividad y Adoración de los Reyes Magos, de Francisco y Rodrigo de Osona— con su propietario claramente identificado: Gonzalo Rodríguez. Además, la colección de la principal pinacoteca española fue engrosada con otros dos lienzos del conjunto de Pedro Rico previa parada en el Museo de Arte Moderno de Madrid: Escena de majos y celestina y Asalto a la diligencia, obras atribuidas a Eugenio Lucas Villaamil.

Regalos a la nobleza

Los museos y los ministerios no fueron los únicos benefactores del expolio franquista. La Iglesia, uno de los principales pilares del régimen, lógicamente fue compensada por las múltiples pérdidas ocasionadas durante la Guerra Civil por la "barbarie roja" y los episodios de iconoclastia. Pero también aquellos templos que no habían sufrido ningún tipo de desperfecto, como el monasterio de Silos, en Burgos, zona sublevada desde el primer minuto, que recibió entre 1941 y 1944, a petición del abad, una entrega de 35 obras entre pinturas, tallas, tapices y piezas de orfebrería de los siglos XIV y XV, excedentes de una práctica habitual del Sdpan para tratar de identificar a los propietarios de las obras recuperadas: las exposiciones públicas.

No obstante, para Arturo Colorado Castellary, que reconoce que su capacidad de asombro durante la investigación ha sido puesta a prueba en numerosas veces, el capítulo más "insólito" corresponde al desvío de obras procedentes de un particular —o de origen desconocido— que se entregaban a otro individuo que las recibía en numerosas ocasiones asegurando que eran suyas. Fue el resultado de la "moral laxa" que imperó en esos momentos, en palabras de Luis Monreal y Tejada, comisario de Sdpan en Barcelona, resumida en esta argumentación: "Realmente esta cómoda no es la mía, pero se parece tanto que es equivalente y puedo reclamarla para reponer la que me robaron".

El caso más enrevesado y alucinante de los que se recogen en el libro es el de una tal María Teresa Álvarez y Herreros de Tejada, autodenominada marquesa de Arnuossa —título nobiliario, por cierto, que no existe en los archivos de la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España—, que juraba "por Dios" y "por su honor" ser la propietaria de las piezas que reclamaba. En total, recibió 72 conjuntos —en la lista hay dos cuadros atribuidos a El Greco—, algunos de los cuales terminarían derivando en litigios y reclamaciones.

Esta mujer fue protagonista de un trueque inverosímil: el 9 de octubre de 1940 le entregaron un lienzo de Eugenio Lucas Velázquez, titulado El condenado, que había sido enviado durante la guerra a Ginebra. Un año más tarde, esa pintura sería adjudicada en depósito al Museo de San Telmo de San Sebastián. La marquesa, como contrapartida y asegurando que era de su propiedad, reclamó un cuadro atribuido a GoyaEscenas de interior. Personas huyendo, que terminaría formando parte de su colección (!).

Los miembros de la nobleza se llevaron un importante botín en las readjudicaciones efectuadas por el Sdpan. Los marqueses de Falces se hicieron con obras de la colección Sicardo-Cardera; Cristóbal García Loygorri y Murieta, duque de Vistahermosa, recibió un lote de 20 piezas que aseguraba que eran suyas, como prometió con otras 11 Eugenio Ferraz y Alcalá Galiano, marqués de Amposta. Luis Narváez y Ulloa, marqués de Amposta, obtuvo 31 cuadros en depósito, algunos de gran interés como dos de Giovanni Domenico Tiepolo y varios de la escuela holandesa del siglo XVII.

En esta lista también surgen los nombres del conde de Romanones, tres veces presidente del Consejo de Ministros durante el reinado de Alfonso XIII, al que le fueron entregadas 88 piezas entre pinturas y una escultura de marfil, de las cuales 49 llegaron en forma de depósito; o el contrabandista y empresario Juan March, uno de los mecenas del golpe de Estado de Franco, premiado con 70 obras, como un tapiz que representa a Nabucodonosor, siete tallas en madera y un relieve en alabastro. Y mencionando al dictador, sus residencias, como el castillo de Viñuelas, donde vivió antes de mudarse al Pardo en marzo de 1940, también fueron decoradas con patrimonio procedente de los fondos del Sdpan. El rastro del expolio y el arte como botín de guerra del franquismo.

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