Córdoba. La comisión municipal de memoria histórica

La comisión municipal de memoria histórica

DIARIO CÓRDOBA | MANUEL DÍAZ POVEDANO* | 24-12-2017

La comisión municipal de memoria histórica (CMMH) se constituyó para redactar un dictamen que sirviera al pleno municipal para implementar las leyes de Memoria Histórica y Democrática. Tras un tiempo razonable, la Comisión ha evacuado un informe de cuya trascendencia a la opinión pública se ha derivado en polémica que opiniones e informes complementarios como el del secretario del Ayuntamiento intentan condicionar.

Los políticos que han opinado sobre la necesidad de un refrendo popular o la necesidad de un consenso lo hacen, espero, desde la presunción de buena fe, pero en su actitud denotan una desconfianza reseñable sobre las consecuencias propuestas en el dictamen.

La pretendida participación ciudadana que se aduce ya ha estado contemplada en la composición de la CMMH, que ha integrado, incluidos los tres grupos de trabajo constituidos en torno a exhumaciones, simbología y lugares de memoria, a lo largo de su andadura, entre otros: al movimiento ciudadano, a las asociaciones memorialistas, al mundo sindical, a historiadores de la Universidad de Córdoba y a representantes de todos los grupos municipales. Mayor participación ciudadana es insuperable.

Las conclusiones del dictamen han sido en su mayor parte por unanimidad y, en otros casos, los menos, por mayoría. Sin embargo, la aplicación de la ley no puede ser objeto de votación ni de una pretendida participación ciudadana. El populismo pretendidamente democrático pretende concitar la voz del pueblo para eludir la responsabilidad que la democracia representativa concede a quienes han sido elegidos. A ellos compete el cumplimiento de la ley en el ejercicio de sus competencias y no es asumible delegar en otros lo que la ley les otorga.

No hay transacción posible ni soluciones imaginativas que permitan soslayar lo inevitable. Hay que eliminar los vestigios franquistas y restablecer así la única reparación posible, y reconciliarnos con las víctimas de aquel sangriento golpe de Estado de 1936 y la ominosa dictadura subsiguiente. La contrición y el arrepentimiento, si lo hay, no eximen de asumir las responsabilidades contraídas.

La verdad, la justicia y la reparación no son negociables. Detrás del callejero, detrás de los lugares de sangrienta memoria, debajo de las fosas comunes de los desaparecidos, alienta la verdad de lo que allí ocurrió. Fue el propósito de aniquilar el proyecto legislativo y constitucional republicano, de derrotar al movimiento obrero y campesino, de acabar con las élites republicanas, lo que configuró una persecución implacable y sangrienta que alargó la represión de los sublevados durante más de cuarenta años. El exterminio que configuró el holocausto español no fue mutuo ni comparable entre los dos bandos que combatieron en la guerra civil que siguió al golpe de Estado de los alzados.

Por eso, no se trata aquí de restablecer una versión canónica del pasado ni de olvidar determinadas actuaciones en aras de hechos posteriores que rediman las culpas originales. Los que tienen una casa del Instituto Nacional de la Vivienda han de eliminar las placas con el yugo y las flechas de la Falange. Los que viven en el barrio que hizo posible Cañero han de eliminar su nombre por ser un golpista, y en esas están José Cruz Conde y el resto de los propuestos. J.M. Pemán, además de su condición de poeta, fue el presidente del Comité Nacional de Depuración de Maestros, de tan infausta memoria y de tan lamentables consecuencias. Nada de lo que se propone tiene otro propósito que el de restituir la verdad en aras de hacer justicia en aplicación de la ley.

La exhumación de las más de 4.000 víctimas estimadas que yacen en las fosas de los cementerios de La Salud y San Rafael será objeto de un convenio de colaboración con la Junta de Andalucía. Esos desaparecidos, de los que se han podido documentar más de 2.200 y cuyos nombres se han inscrito en los Muros de la Memoria existentes en ambos cementerios, están pendientes de ser entregados a sus deudos tras labores de localización, identificación y entrega de los restos a sus familiares.

La proposición de declarar lugares de memoria pretende inscribir en el acervo colectivo lugares, centros de detención y represión que nadie pueda jamás dejar en el olvido. Cárceles, comisarías, centros, colegios. Los avatares de los que lucharon por las libertades constitucionales republicanas y pagaron con su vida, su libertad o la inhabilitación para el ejercicio de sus profesiones, amén de sus bienes y haciendas, merecen una mención que les rescate de la infamia.

Por todo lo dicho, la única forma que la ciudad de Córdoba tiene de reconciliarse con su pasado es cumplir con las leyes por las que se reconocen los derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Es de justicia.

* Presidente del Foro Ciudadano para la recuperación de la memoria histórica de Andalucía

http://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/comision-municipal-memoria-historica_1194797.html