Las familias de seis asesinados en los estertores de la dictadura se suman a la acusación contra el exministro Martín Villa en la querella argentina. Un ama de casa que disfrutaba de las fiestas de su pueblo, un profesor de matemáticas que paseaba con su hija, un anciano que se dirigía a casa a cenar, el maquetista de un periódico y un joven delineante fueron asesinados por miembros de la policía, de la Guardia Civil y del grupo parapolicial Guerrilleros de Cristo Rey en el año anterior a las primeras elecciones democráticas, celebradas en junio de 1977. Sus familias desvelan en este reportaje detalles de sus muertes y de sus vidas cruelmente segadas.
Interviú | Ana María Pascual | 9-3-2015
Bilbao, 15 de mayo de 1977. Domingo por la mañana. Faltaba un mes para que se celebraran las primeras elecciones democráticas tras la dictadura franquista. Francisco Javier Núñez, un profesor de matemáticas de 38 años, llevaba a su hija pequeña de la mano. En la otra, el periódico. Regresaban a casa tras asistir a la misa dominical cuando se encontraron inmersos en el fragor de una manifestación que pedía la amnistía. Núñez sintió de repente la dureza de las porras de dos policías que se ensañaron con él delante de la niña.
Días después, el profesor acudió al Palacio de Justicia de Bilbao para protestar por la paliza de los policías. Alguien les avisó y, al salir a la calle, le estaban esperando en el interior de una furgoneta los dos agentes vestidos de paisano y con la pistola en mano. Le obligaron a subir y allí comenzó una tortura salvaje.
Tras atarle las manos, los dos policías le pusieron un embudo en la boca y le obligaron a ingerir aproximadamente un litro de coñac y otro de aceite de ricino. Una práctica usada por los falangistas durante la Guerra Civil. Después le dejaron tirado cerca de su casa. Tras 13 días de fuertes dolores y hemorragias por los estragos provocados por los brebajes en el esófago, el estómago y el hígado, Francisco Javier Núñez falleció. Su asesinato sigue impune. El caso se acaba de incorporar a la querella argentina, como se conoce a la investigación que lleva a cabo la jueza argentina María Servini sobre los crímenes del franquismo.
Un mandato negro
Hace dos semanas, las familias de seis asesinados –cinco vascos y uno madrileño– se sumaron a la querella aportando pruebas y testimonios contra el exministro de la Gobernación Rodolfo Martín Villa, de 80 años. Lo consideran responsable político de las muertes de sus parientes, ocurridas entre julio de 1976 y junio de 1977, en el comienzo de la Transición. De Martín Villa dependían directamente las fuerzas del orden. Investigadores de la represión franquista estiman que mientras él dirigía el Ministerio de la Gobernación –más tarde Interior– se produjeron 25 muertes a manos de policías, guardias civiles y grupos parapoliciales, como los Guerrilleros de Cristo Rey y la Triple A. El exministro ya está imputado por la jueza Servini en relación con la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, en la que murieron cinco obreros y más de cien resultados heridos por armas de fuego.
Fueron tiempos convulsos, previos a la restauración de la democracia, en los que la dura represión de cualquier manifestación que reclamara derechos sociales era el pan de cada día en las principales ciudades españolas. La impunidad de los abusos policiales era amparada por todos los ámbitos del Estado. Los crímenes cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad eran juzgados por tribunales militares, hasta que la ley 55/1978 de 4 de diciembre atribuyó la competencia a la jurisdicción ordinaria.
Falsa investigación
La lectura del sumario sobre la muerte de Rafael Gómez Jáuregui, el 12 de mayo de 1977, pone los pelos de punta. En 1970, Franco le permitió regresar a España, tras 17 años exiliado en Francia por su actividad sindical. Siete años después, el anciano, de 78 años, paseaba con un amigo por las calles de Rentería (Guipúzcoa) cuando le alcanzó una bala. Rafael fue conducido en el coche de un particular al hospital, pero murió en el camino. El conductor y su amigo declararon que fue la Guardia Civil la que disparó. Unos jóvenes estaban montando una barricada y un grupo de unos seis guardias estaba en posición de disparar. La escena congelada forma parte del patrimonio de la familia Gómez. “Es inhumano que un ciudadano muera por el capricho de un guardia civil y nadie nos diera explicaciones”, opina Iñaki Gómez, nieto de Rafael.
Un mes después de la muerte del anciano, la guardia civil de Rentería comunicaba al Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián que no habían dado frutos las gestiones para averiguar lo ocurrido. Un año después, el juzgado ni siquiera conocía el nombre de los agentes que prestaron servicio en el cuartel el 12 de mayo de 1977. El juez se inhibió entonces a favor de la jurisdicción militar.
Lo primero que hizo el juez militar Carlos Espinosa de los Monteros Acedo fue acordar el archivo sin responsabilidad de la causa, “habida cuenta de no haberse acreditado la identidad del autor, teniendo en cuenta, por otra parte, que la Guardia Civil actuaba en el cumplimiento de su deber”. Sin embargo, sus superiores le ordenaron que recabara la identidad de los agentes. De 17 guardias, tan solo declararon cinco. Ya habían pasado dos años de la muerte de Gómez. Un agente de Málaga reconoció que había disparado al aire para intentar frenar a los manifestantes y que al instante vio tirado a un hombre. “Tenía el cañón apuntando al cielo cuando hice fuego con mi cetme. No puedo precisar si las heridas del paisano fueron por esos disparos o por otros disparos de persona ajena”, declaró el guardia civil.
Impunidad
La causa volvió al Juzgado número 1 de San Sebastián, en virtud de la nueva ley. El juez Antonio Guglieri cerró el sumario y dictó un auto de procesamiento, que no consta en la documentación que se entregó a la familia; pero un mes después la Audiencia Provincial ordenó el sobreseimiento del caso. Era octubre de 1980. “Les salió gratis el crimen –sentencia Iñaki Gómez–. Hemos convivido todos estos años con la impunidad, con las heridas abiertas. Ahora tenemos la última oportunidad para que se haga justicia: que se procese a Martín Villa porque él era el ministro responsable de aquellos policías criminales”.
Igual que a Rafael Gómez Jáuregui, a Norma Mentxaca Gonzalo la mató una bala. En su caso, fue un guerrillero de Cristo Rey. Norma tenía 44 años y tres hijos. Era una mujer luchadora, según su familia, que se había dedicado a vender pescado en Santurtzi (Vicaya). La familia tuvo que emigrar a Francia hasta el año 1968, cuando se instaló de nuevo en la localidad pesquera.
El 9 de julio de 1976 se celebraba en Santurtzi la Fiesta de la Sardina. Norma se encontraba en la calle, con su vecinos, disfrutando del evento. Unos jóvenes fascistas, conocidos de la zona, llegaron disfrazados de pescadores, con camisa azul y pañuelo al cuello. Norma cayó al suelo. Un tiro le había perforado la cabeza. Su hijo Roberto acudió al día siguiente a ver al gobernador y observó que de su despacho salía el Chape, un guerrillero de Cristo Rey. “Le dije al gobernador: «Deténgale, que es uno de los que mataron a mi madre» Pero ni caso. La impunidad fue notoria”, recuerda Roberto Fernández Mentxaca, hijo de Norma. José Luis, su otro hijo, añade: “El terrorismo de Estado acabó con la vida de una madre de familia”. ■
► “Confío en que Martín villa sea procesado”
AINGERU CANO llegó a Madrid hace quince días para dejar constancia del asesinato de su hermano Luis, el 13 de mayo de 1977, por parte de la Policía Armada en Pamplona. Traspasó las puertas del consulado argentino con un hormigueo en el estómago. La esperanza de que el exministro Martín Villa sea procesado por la muerte de su querido hermano resucitó en cuanto plasmó su firma en el documento
de la querella. Luis tenía 29 años y ambos trabajaban en el extinto periódico La Voz de España, en San Sebastián, en el área de maquetación, composición y montaje. “Luis era un hombre vital y feliz”, recuerda Aingeru.
Luis Cano se encontraba pasando unos días en la casa familiar de Pamplona y allí le pilló la segunda Semana Pro Amnistía, en la que se sucedieron manifestaciones ciudadanas que reclamaban la amnistía como señal de cambio de régimen. Durante esa semana acabaron muriendo siete personas a manos de las fuerzas del orden. El joven se había escondido de la represión policial en el interior de un bar de la calle Calderería. Varios agentes lo sacaron a la fuerza, golpeándole con saña. Se escuchó un disparo. Uno de los policías le descerrajó un tiro en la nuca. Los otros siguieron golpeando al cadáver. La causa se cerró porque la policía aseguró no poder identificar a los agentes responsables.
► Un crimen impune 39 años después
EL DÍA grande de las fiestas de Hondarribia (Guipúzcoa), después del desfile del Alarde –que conmemora la victoria sobre las tropas francesas–, un grupo de vecinos y familiares recuerdan desde hace 39 años a Jesús Mari Zabala, un chico de 24 años que murió de dos disparos efectuados por un guardia civil, el 8 de septiembre de 1976, durante una manifestación en la localidad guipuzcoana. “Este homenaje es el único reconocimiento que tiene mi tío –dice Belén Zabala–. Nadie nos ha llamado en este tiempo para pedirnos perdón. Es como si nunca hubiera ocurrido el asesinato de Jesús Mari”. El joven estudiaba Ingeniería Industrial mientras trabajaba como delineante en la empresa Laminaciones de Lesaca SA. “Tenía un futuro brillante por delante. Era el menor de seis hermanos y el ojito derecho de los abuelos”, comenta su sobrina Belén.
Tras la muerte del chico, otro golpe azotó a la familia. “La jurisdicción militar se hizo cargo de la supuesta investigación. No dejaron que los médicos de la Residencia de San Sebastián hicieran la autopsia; fueron forenses militares”, resalta Belén. La familia de Zabala cree que hasta que el Estado reconozca como víctimas a los muertos por la violencia policial “no estaremos en paz”.
► Un luchador por los derechos sociales
SUS NIETOS lo recuerdan como un hombre cariñoso, aunque fueron pocos años los que pudieron compartir con su aitona. A Rafael Gómez Jáuregui (1898-1977) su compromiso social y político le costó muy caro. Estuvo en la cárcel cinco años tras la guerra civil. En 1951, por su participación en una huelga, tuvo que exiliarse al valle del Jura, entre Francia y Suiza, donde permaneció 17 años. Allí trabajó en una fundición. A finales de los sesenta, el régimen le permitió regresar a su casa, en la localidad guipuzcoana de Rentería, donde murió en 1977 por el disparo en el pecho de un guardia civil, que nunca fue juzgado.
Su nieto Iñaki Gómez ha presentado recientemente una denuncia en el consulado argentino por el asesinato de su abuelo. La denuncia se ha incorporado a la causa 4591/10 sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo, que se investiga en Argentina.
